LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 120/2002. **********
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA, RAFAEL COELLO CETINA, MALKAH NOBIGROT KLEINMAN y MAURA A. SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General 5/2001 de veintiuno de junio del año dos mil uno; en virtud de que se interpuso contra una sentencia de amparo dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que reclamó el artículo 8 del Decreto por el que se establece la tasa aplicable para el 2001 del impuesto general de importación para las mercancías originarias de América del Norte, la Comunidad Europea, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile, Nicaragua y el Estado de Israel, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre del año dos mil dos, emitido por el presidente de la República con fundamento en el artículo 131 de la Constitución Federal y porque el estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa recurrente reviste interés excepcional, pues se trata de un caso en el cual se estima conveniente fijar un criterio que resulta de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.
Sobre el particular debe indicarse que con fundamento en el punto tercero del Acuerdo General 5/2001, ya citado, este Tribunal Pleno analizará únicamente el planteamiento de la parte quejosa referido a la jerarquía de los tratados internacionales que supone la interpretación directa del artículo 133 de la Constitución Federal, reservando jurisdicción a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan los restantes argumentos hechos valer por las partes.
Esta medida tiene como propósito respetar el espíritu primordial de las reformas constitucionales que tienden a fortalecer el carácter de Tribunal Constitucional de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, posibilitando que únicamente conozca de aquellos casos en los que sea necesario establecer criterios trascendentes para el orden jurídico nacional.
SEGUNDO. Establecido el alcance de la intervención de este Tribunal Pleno en el asunto que nos ocupa, y toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y reservar jurisdicción a esta Suprema Corte, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, se procede al estudio del concepto de violación hecho valer por la sociedad quejosa en relación con la violación al artículo 133 constitucional, por la contradicción existente entre lo que establece el decreto reclamado y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puesto que de conformidad con la jerarquía que guardan los tratados internacionales dentro del orden jurídico nacional, en caso de existir dicho conflicto debe prevalecer el texto de los instrumentos internacionales por encima de las leyes nacionales.
Ahora bien, con el propósito de estar en condiciones adecuadas de analizar y dar respuesta al concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, en tanto plantea un problema relativo a la interpretación del artículo 133 constitucional que permita dilucidar la jerarquía de los tratados internacionales dentro del sistema jurídico nacional, este Tribunal Pleno estima necesario replantear las consideraciones que han llevado a esta Suprema Corte a estimar que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por encima de las leyes federales, modificando para tal efecto la tesis aislada que aparece publicada en la página 46 del Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", de tal manera que, eventualmente, se determine, en el caso concreto, si debe o no prevalecer el Tratado de Libre Comercio sobre el decreto y acuerdo impugnados en esta vía.
Para este efecto, es necesario partir de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución General de la República, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."
La lectura del precepto transcrito permite advertir con claridad que fue intención del Constituyente establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentran apegadas a lo previsto en la Constitución General de la República, constituyen la "Ley Suprema de la Unión".
Así, para determinar si existe una relación de jerarquía entre los tratados internacionales y las leyes federales o disposiciones de la misma jerarquía emitidas por el presidente de la República, es necesario identificar, en primer lugar, qué disposiciones generales constituyen la "Ley Suprema de la Unión", a la cual deberán sujetarse, inclusive, los Jueces de cada Estado. En el entendido de que la interpretación que se haga del artículo 133 constitucional deberá ser acorde con el sistema constitucional en el cual se inserta ese numeral, tal y como este Tribunal Pleno ha establecido en la tesis que aparece publicada en la página 25 del Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe a continuación:
"INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente."
Una lectura superficial de lo previsto en el precepto constitucional que nos ocupa podría llevarnos a sostener que en éste se establece una misma jerarquía entre las leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales e inclusive que coloca a las leyes federales por encima de las Constituciones y leyes de los Estados, dado que los Jueces de éstos están obligados a sujetarse a lo dispuesto en aquéllas, aun cuando las normas locales se contrapongan o sean distintas a las leyes federales.
Esta primera conclusión partiría del supuesto de que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 133 constitucional son exclusivamente las federales.
Sin embargo, esta conclusión preliminar estaría sustentada en una premisa equivocada, puesto que se estaría confiriendo a las palabras utilizadas en el precepto constitucional un sentido contrario al sistema que deriva de lo previsto en los artículos 41, párrafo primero y 124 constitucionales, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal."
"Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
Esto es, de conformidad con lo establecido en esos preceptos fundamentales, en el Estado mexicano convergen diversos órdenes jurídicos o niveles de gobierno entre los cuales no se advierte la existencia de una relación de jerarquía, sino que operan como diversos ámbitos de competencia fijados constitucionalmente.
Así, el orden jurídico federal se distingue de los órdenes jurídicos locales de conformidad con el principio de facultades residuales, es decir, las atribuciones no conferidas expresamente por la Constitución Federal a la Federación se entienden reservadas a los Estados.
La existencia de estos diversos órdenes jurídicos, con esferas competenciales propias y delimitadas, se corrobora con lo previsto en las fracciones II y III del artículo 103 y en el inciso a) de la fracción I del artículo 105, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen:
"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I. ...
"II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.
"III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal."
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
"a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal."
Conforme a estos preceptos es factible la promoción de un juicio de amparo por invasión de la esfera federal a la de algún Estado o viceversa y resulta igualmente posible que una controversia constitucional se suscite entre la Federación y un Estado.
La existencia de estos supuestos de procedencia, en relación con el ejercicio de los medios de control constitucional existentes en nuestro orden jurídico, revela que en nuestra Constitución Federal existen esferas delimitadas entre la Federación y los Estados y, por ende, diversos órdenes jurídicos parciales que, sumados, integran el orden jurídico nacional.
Igualmente, el Distrito Federal y los Municipios poseen órdenes jurídicos propios, distintos de los anteriores y sujetos a otras reglas, pero que indudablemente también conforman el orden jurídico nacional.
Apoya lo hasta aquí considerado la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en la página 56 del Tomo VII, marzo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es el siguiente:
"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la Norma Fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su competencia constitucional."
En este contexto, estimar que en el artículo 133 constitucional se pretendió modificar ese sistema de distribución de competencias sujetando a las autoridades locales a lo que disponen las leyes federales, supone realizar una interpretación contraria al sistema constitucional que rige nuestro Estado Federal, máxime que en dicho precepto no se habla de leyes federales, sino de leyes del Congreso de la Unión.
Para corroborar lo anterior, resulta pertinente recordar que desde el texto original de la Constitución General de la República, aprobada el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, se establecía un orden jurídico supremo integrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ciertas leyes dictadas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales.
En ese tenor, podemos afirmar que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 133 constitucional no corresponden a las leyes federales, considerando como tales aquellas que se limitan a regular las atribuciones que en la Constitución se confieren a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de las leyes generales, esto es, aquellas que válidamente pueden incidir en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano.
En efecto, desde el texto original de la Constitución General de la República de mil novecientos diecisiete, y en la actualidad con mayor intensidad, se ha previsto esa categoría de leyes expedidas por el Congreso de la Unión, cuya validez no se circunscribe al ámbito federal, sino que permean los ámbitos locales, del Distrito Federal y municipales.
Dicho de otra manera, las leyes generales son aquellas respecto de las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional.
Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que se originan en cláusulas constitucionales que constriñen al Congreso a dictarlas y que una vez promulgadas y publicadas, por disposición constitucional, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.
Inclusive, como hecho revelador de que, por su naturaleza, las leyes generales previstas en la Constitución no se encuentran en la misma situación que las leyes federales y que, por ende, son jerárquicamente superiores a éstas y a las leyes locales, debe tomarse en cuenta que el Pleno de este Alto Tribunal ha reconocido que la validez de las leyes locales sí se encuentra sujeta a lo previsto en una ley general e incluso que si aquéllas no se apegan a lo previsto en este tipo de leyes, resultarán inconstitucionales, como deriva de las tesis jurisprudenciales P./J. 143/2001, P./J. 145/2001 y P./J. 150/2001, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"EDUCACIÓN. LAS LEYES QUE EXPIDAN LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN ESTA MATERIA, DEBEN SUJETARSE A LA LEY RESPECTIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De lo dispuesto en los artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV, del Ordenamiento Fundamental citado, se aprecia que el Congreso de la Unión está facultado para distribuir la función social educativa mediante las leyes que expida, proponiendo así un sistema de legislación coordinada a efecto de que los Gobiernos Locales, dentro de los lineamientos de carácter general que marquen las leyes expedidas por ese órgano legislativo, dicten las normas destinadas a la materia de educación dentro del territorio nacional. Por tanto, las normas que expidan las entidades federativas, los Municipios o el Distrito Federal sobre educación, deben sujetarse a la ley general que en dicha materia expida el Congreso de la Unión." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, tesis P./J. 143/2001, página 1039).
"EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD DE IMPARTIR LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y MEDIA SUPERIOR, NO CONTRAVIENE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. El artículo 3o. de la Ley General de Educación establece la obligación del Estado de prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria, dentro del marco de la concurrencia prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa que establece la propia ley en mención; y el numeral 14 de dicho ordenamiento general dispone que corresponde a las autoridades educativas, federal y locales, de manera concurrente, entre otras atribuciones, la de prestar servicios educativos distintos a los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13 de tal ordenamiento, esto es, los relativos a los de educación inicial, básica, indígena, especial, normal y demás para la formación de maestros, así como los de actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica. Por tanto, el artículo 4o. de la Ley de Educación del Distrito Federal, al señalar como obligatoria la impartición de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, lejos de transgredir aquella legislación, se apega a la distribución de la función social educativa que establece." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, tesis P./J. 145/2001, página 1036).
"EDUCACIÓN. LOS ARTÍCULOS 135 Y 137 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVADEN LA FACULTAD DE REGULAR EL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITOS, REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS, QUE CORRESPONDE DE MANERA EXCLUSIVA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, se desprende que el Congreso de la Unión confirió a la autoridad educativa federal, de manera exclusiva, la facultad de regular el sistema nacional de créditos, revalidación y equivalencias, y a las autoridades educativas locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, sólo la relativa a revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad federal expida. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que los artículos 135 y 137 de la Ley de Educación del Distrito Federal, al regular la revalidación, señalando los niveles en que se otorgará y los requisitos para autorizarla, transgreden la distribución de la función social educativa establecida en la citada ley general, pues invaden las atribuciones que le han sido conferidas, en forma exclusiva, a la autoridad federal educativa." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, tesis P./J. 150/2001, página 1040).
En este orden de ideas, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 133 constitucional no son las leyes federales, es decir, las que regulan las atribuciones que en la Constitución se confieren a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino las leyes generales que inciden en los diferentes órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano, podemos concluir que, conforme a lo previsto en ese precepto constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión constituyen la "Ley Suprema de la Unión", en la inteligencia, por supuesto, de que la validez de dichos tratados y leyes generales estará sujeta a que se apeguen a lo establecido en la propia Constitución, en tanto del mismo precepto constitucional se desprende una clara regla de supremacía constitucional respecto de los ordenamientos que de ella derivan.
Así interpretado el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda claro lo que significa el principio de "supremacía constitucional", conforme al cual la Constitución General de la República, las leyes del Congreso de la Unión o "leyes generales" y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, esto es, conforman un orden jurídico nacional en el que la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella, las mencionadas leyes generales y los tratados internacionales.
Consecuentemente, si la Constitución General de la República junto con las leyes generales y los tratados internacionales forman parte del orden jurídico nacional, es incuestionable que estos últimos se ubican en un plano jerárquicamente superior en relación con las leyes federales y las leyes locales.
Asimismo, para corroborar la interpretación y alcance que debe darse al artículo 133 constitucional, debe indicarse que ya desde el acta constitutiva y de reformas sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos de dieciocho de mayo de 1847, jurada y promulgada el veintiuno del mismo mes y año, se distinguía entre leyes generales y leyes federales, específicamente en sus artículos 5o., 11, 12, 13, 14, 17, 23 y 24, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 5o. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad é igualdad de que gozan los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas."
"Artículo 11. Es facultad exclusiva del Congreso general dar bases para la colonización, y dictar las leyes conforme á las cuales los Poderes de la Unión hayan de desempeñar sus facultades constitucionales."
"Artículo 12. Corresponde exclusivamente a la Cámara de diputados erigirse en Gran Jurado para declarar, á simple mayoría de votos, si ha ó no lugar á formación de causa contra los altos funcionarios, á quienes la Constitución ó las leyes conceden este fuero."
"Artículo 13. Declarado que ha lugar a la formación de causa, cuando el delito fuere común, pasará el expediente á la Suprema Corte; si fuere de oficio, el Senado se erigirá en jurado de sentencia, y se limitará a declarar si el acusado es ó no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las tres quintas partes de los individuos presentes, y hecha que sea, la Suprema Corte designará la pena, según lo que prevenga la ley."
"Artículo 14. En ningún caso podrá tenerse por aprobado un proyecto de ley, con menos de la mayoría absoluta de votos de los individuos presentes en cada una de las Cámaras."
"Artículo 17. Los secretarios del despacho responden de todas las infracciones de ley que cometan, ora consistan en actos recomisión, ó sean de pura omisión."
"Artículo 22. Toda ley de los Estados que ataque la Constitución ó las leyes generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores."
"Artículo 23. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General, fuera reclamada como anticonstitucional, o por el presidente, de acuerdo con su Ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto. ..."
"Artículo 24. En el caso de los dos artículos anteriores, el Congreso General y las legislaturas a su vez, se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en todo declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general a que se oponga."
De la transcripción anterior se advierte que en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 se hablaba de leyes del Congreso en el caso en que incidían sólo en el ámbito federal, y que al referirse al control de la constitucionalidad de las leyes locales expresamente se señalaba que éstas podrían vulnerar lo establecido en las leyes generales, lo que permite establecer que desde mil ochocientos cuarenta y siete ya se contemplaba la existencia de disposiciones generales que, junto con la Constitución General de la República, incidirían en los diversos órdenes jurídicos parciales que integraban el orden jurídico nacional.
Más adelante, en la Constitución Política de 1857, también se hacía referencia a leyes generales, como se advierte de su artículo 115, que disponía:
"Artículo 115. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso puede, por medio de leyes generales, prescribir la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos."
De este precepto constitucional se advierte también que ya desde esa época se concebía como integrantes de un orden jurídico nacional a las leyes generales, otorgándoles alcance para incidir en los diferentes órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano.
En las condiciones relatadas, es posible concluir que, en términos del artículo 133 constitucional, los tratados internacionales, al ser parte de la Ley Suprema de toda la Unión, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y, por otra parte, atendiendo a las consideraciones de derecho internacional que serán desarrolladas a continuación, también por encima de las leyes generales; en el entendido de que esta Suprema Corte no se ha pronunciado respecto a la jerarquía de aquellos tratados internacionales cuyo contenido esté referido a derechos humanos, caso en el cual, pudiera aceptarse que la jerarquía de éstos corresponda a la de la Constitución Federal misma, al concebirse dichos instrumentos internacionales como una extensión de lo previsto por ésta.
Ahora bien, bajo un diverso enfoque del problema y partiendo siempre de la interpretación sistemática del Texto Constitucional, podemos considerar que la Constitución mexicana contiene en su texto una visión internacionalista, es decir, que hace referencia a diversos principios dispersos en varios de sus preceptos, en los cuales claramente se advierte una vocación para la convivencia pacífica con las naciones que integran la comunidad internacional.
Sobre este particular debemos reconocer que la Constitución Federal de mil novecientos diecisiete no contiene cláusulas o preceptos que específicamente hagan referencia a la validez o jerarquía del derecho internacional, sin embargo, de varios de sus artículos se desprende el reconocimiento del Constituyente a la necesidad de establecer principios o guías que permitan al Estado mexicano insertarse en el contexto internacional.
Tal es el caso del principio de solidaridad internacional al cual se refiere el artículo 3o. constitucional, que si bien se ocupa primordialmente de las condiciones bajo las cuales deberá impartirse la educación en el país, evidentemente refleja un espíritu de cooperación internacional, que solamente puede construirse mediante la participación de aquellos individuos que han aprendido a desarrollar armónicamente sus capacidades intelectuales, interiorizando los principios de dignidad de la persona, democracia, nacionalismo y solidaridad internacional.
El artículo 15 constitucional, a su vez, establece los límites que deberán respetarse en la celebración de tratados internacionales de extradición, prohibiendo que en éstos se vulneren los derechos humanos. Asimismo, el artículo 89 de la Constitución, al establecer las facultades del Ejecutivo, específicamente en relación con la conducción de la política exterior nacional, exige que se respeten los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, de no uso de la fuerza, de igualdad jurídica entre los Estados, de cooperación para el desarrollo y el de la lucha por la paz y seguridad mundiales.
En un sentido más formal, el artículo 42 constitucional, al referirse a la extensión de los mares nacionales y del espacio aéreo, hace mención expresa a que ésta deberá fijarse conforme al derecho internacional, circunstancia que evidentemente supone un reconocimiento expreso a la aplicabilidad de las normas de derecho internacional dentro del territorio nacional en la medida en que, de hecho, son éstas las que determinan la extensión territorial de la nación, por encima de cualquier norma interna.
Por otra parte, es claro que estos principios, si bien dispersos en la Constitución mexicana, adquieren mayor relevancia en el mundo globalizado contemporáneo, en el cual el tráfico de mercancías, de tecnología, de personas y de ideas, nos acerca de maneras y en formas antes impensables y, por ello mismo, nos obliga a poner énfasis en las normas de colaboración y solidaridad internacional.
En otras palabras, en los albores del siglo XXI, la interpretación del texto constitucional debe realizarse buscando una congruencia no sólo interna, es decir, del texto consigo mismo, sino también del texto con las condiciones sociales, económicas y políticas a partir de las cuales se susci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21402-9d1a98bb/leyes-generales-interpretacion-del-articulo-133-constitucional-supremacia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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