A) ACTIVO, IMPUESTO AL. DETERMINACIÓN DE SU OBJETO PARA PROCEDER AL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD, DE LA LEY QUE LO REGULA. B) ACTIVO. IMPUESTO AL. REQUISITOS QUE EL QUEJOSO DEBE CUMPLIR PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS. ACTIVO, LEY DEL IMPUESTO AL. ASPECTOS RELACIONADOS CON SU OBJETO, CÁLCULO, ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y CON SU TASA FIJA DEL 1.8%, RESPETAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. ACTIVO, LEY DEL IMPUESTO AL. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA POR IMPOSIBILIDAD DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LA GARANTÍA VIOLADA. ACTIVO, LEY DEL IMPUESTO AL. FORMA DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO PARA IMPUGNAR ALGUNA DE SUS DISPOSICIONES.
AMPARO EN REVISIÓN 2764/96. CALIDATA, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-En el primer agravio expresado, la autoridad recurrente aduce que indebidamente se desestimó la causal de improcedencia que adujo, derivada de la actualización de la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la sociedad controladora quejosa, manifestó expresamente que las quejosas consolidan sus resultados fiscales para efectos del impuesto sobre la renta y, por ende, para efectos del impuesto al activo, de conformidad con la autorización contenida en oficio de treinta de noviembre de mil novecientos noventa.
Es infundado el agravio antes resumido, en atención a que si bien es cierto que la quejosa realizó la manifestación a que alude la responsable, dicha manifestación no puede considerarse como un acto que implique consentimiento con las disposiciones legales reclamadas ni acredita que la quejosa se haya sometido a las mismas.
En efecto, aun cuando las empresas quejosas, a través de la controladora, manifestaron que tenían autorización para consolidar los resultados fiscales para efectos de los impuestos sobre la renta y al activo, no obra en autos constancia alguna de la que se desprenda que hayan cubierto el impuesto en cuestión, ni que se hayan acogido al régimen que se establece en la ley impugnada, por lo que, aun cuando tuvieran la mencionada autorización, si no existe constancia de que se hayan concretado sus efectos por no haberse actualizado los supuestos de las normas reclamadas, no puede presumirse, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, que las quejosas hayan consentido las normas legales que reclamaron en su demanda y por tanto, que se haya actualizado la causa de sobreseimiento invocada, ya que la improcedencia del juicio de amparo debe quedar plenamente probada y no inferirse a base de presunciones.
Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, visible en la página 191, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI; Parte SCJN, cuyo texto es:
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.-Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones."
En estas condiciones, si la quejosa acreditó haber cubierto el impuesto al activo con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y seis y presentó su demanda el ocho de julio siguiente, el juicio debe entenderse promovido oportunamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo.
Por otro lado, en el segundo agravio expresado por el presidente de la República, se impugna lo resuelto en la sentencia recurrida por cuanto al acto consistente en el Decreto por el que se exime del pago de diversas contribuciones federales y se otorgan estímulos fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en virtud de que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 73, en sus fracciones XII y XVIII, esta última en relación con el artículo 80 de la Ley de Amparo.
A fin de lograr una mejor precisión, es conveniente transcribir, en lo que interesa, el decreto citado, cuyo texto es el siguiente:
"Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39 del Código Fiscal de la Federación y
"Considerando:
"Que en los términos de la Alianza para la Recuperación Económica, los sectores productivos del país consideraron necesario redoblar esfuerzos para asegurar la recuperación económica y el empleo y consolidar las bases para el crecimiento sostenido de la economía."
"Que en congruencia con lo anterior, el Gobierno Federal ha determinado que la política tributaria se oriente a apoyar decididamente la recuperación económica para que se traduzca, a la brevedad en mayor inversión y generación de empleos, así, como a iniciar un profundo proceso de simplificación fiscal modernización de la administración tributaria, que redunde en una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes.
"Que para llevar a cabo el impulso de la reactivación económica y del empleo, se propone disminuir la carga impositiva de las empresas pequeñas y medianas, importante fuente de empleo, estimándose pertinente exentarlas temporalmente del impuesto al activo.
"Que la reactivación del empleo requiere del otorgamiento de incentivos fiscales a la contratación de nuevos trabajadores.
"Que también resulta necesario estimular nuevas inversiones de las empresas, para lo cual se considera oportuno permitir esquemas de deducción más favorable.
"Que hasta en tanto las tasas de interés de mercado del país no retornen a niveles estables, se requiere mantener los instrumentos que atenúen la carga fiscal extraordinaria que impacta a los trabajadores que recibieron de sus empleadores préstamos con tasas preferenciales y que actualmente gozan de una condonación parcial del impuesto sobre la renta, y
"Que el sector automotriz reviste gran importancia para México, ya que participa con casi el 10 por ciento del producto interno manufacturero, con un impacto significativo en el desarrollo de otras industrias y constituyendo una importante fuente de empleo. A pesar de ello, la situación actual de la economía ha provocado una disminución en más del 70 por ciento de la demanda doméstica de dicho sector durante el presente año, por lo que conviene adoptar medidas fiscales que reactiven a esta importante industria inclusive por las ventajas que para el mejoramiento del medio ambiente representa la renovación del parque vehicular, he tenido a bien expedir el siguiente:
"Decreto por el que se exime del pago de diversas contribuciones federales y se otorgan estímulos fiscales.
"Artículo primero. Se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de 1996 a los contribuyentes del citado impuesto cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 1995, no excedan de siete millones de nuevos pesos."
Asimismo, conviene transcribir los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39 del Código Fiscal de la Federación, en el que se apoyó la emisión del decreto anterior.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
"I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia."
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
"Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"I. Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el plan nacional correspondiente;
"II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal;
"III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las Leyes de Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal;
"IV. (Derogada, D.O. 23 de diciembre de 1993);
"V. Manejar la deuda pública de la Federación y del Departamento del Distrito Federal;
"VI. Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público;
"VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito;
"VIII. Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito;
"IX. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que no competa a otra secretaría;
"X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y con la participación de las dependencias que corresponda;
"XI. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;
"XII. Dirigir los servicios aduanales y de inspección y la Policía Fiscal de la Federación;
"XIII. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;
"XIV. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional;
"XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos, junto con el del Departamento del Distrito Federal, a la consideración del presidente de la República;
"XVI. Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la administración pública federal;
"XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los presupuestos de egresos;
"XVIII. Formular la cuenta anual de la hacienda pública federal;
"XIX. Coordinar y desarrollar los servicios nacionales de estadística y de información geográfica, establecer las normas y procedimientos para la organización, funcionamiento y coordinación de los sistemas nacionales estadísticos y de información geográfica, así como normar y coordinar los servicios de informática de las dependencias y entidades de la administración pública federal;
"XX. Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria para la formulación del informe presidencial e integrar dicha documentación;
"XXI. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y desincorporación de activos, servicios y ejecución de obras públicas de la administración pública federal;
"XXII. (Derogada; D.O. 28 de diciembre de 1994)
"XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;
"XXIV. Ejercer el control presupuestal de los servicios personales así como, en forma conjunta con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, aprobar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones, así como establecer normas y lineamientos en materia de administración de personal;
"XXV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos."
Código Fiscal de la Federación:
"Artículo 39. El Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general podrá:
"I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago, a plazo, diferido o parcialmente, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
"II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.
"III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.
"Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados."
De las disposiciones transcritas, se advierte que el decreto reclamado se expidió por el presidente de la República en ejercicio de la facultad reglamentaria concedida por la fracción I del artículo 89 constitucional y con apoyo en la facultad que le fue otorgada por el Congreso de la Unión en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación para, entre otras, condonar o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, para dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; y para conceder subsidios o estímulos fiscales.
Por consecuencia, el decreto de referencia constituye un acto formalmente administrativo emanado del titular del Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad que le es otorgada por la Constitución y por el legislador para que, en su calidad de aplicador de la norma, se organice de la manera más conveniente y útil para cumplir con sus finalidades públicas, específicamente, en este caso el de llevar a cabo el impulso de la reactivación económica y del empleo, disminuyendo la carga impositiva de las empresas pequeñas y medianas que constituyen importante fuente de empleo, como se asienta en dicho decreto.
Ahora bien, la función legislativa desde el punto de vista formal, es decir la que realiza el Estado a través de los órganos que conforme a la Constitución constituyen el Poder Legislativo, se realiza en los términos del artículo 50 constitucional por el Congreso de la Unión, cuyas resoluciones tienen el carácter de ley o decreto, por disposición del artículo 70 de la propia Constitución General de la República.
El artículo 72 de la Constitución, en la fracción f) dispone que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación, lo que significa que las resoluciones del Poder Legislativo no pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra resolución del propio Poder Legislativo y siguiendo los mismos trámites establecidos para su formación.
En tal virtud, si bien es cierto que el decreto emitido por el titular del Ejecutivo Federal, exime totalmente del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de mil novecientos noventa y seis, a los contribuyentes del citado impuesto cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de mil novecientos noventa y cinco, no excedan de siete millones de pesos; esta resolución en modo alguno constituye una reforma o modificación a la Ley del Impuesto al Activo, pues su naturaleza jurídica de resolución general expedida por el titular del Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad reglamentaria concedida por la Constitución Federal y por el Código Fiscal de la Federación en hipótesis como las que en este decreto se precisan, por sí misma, constitucionalmente, no puede ser considerada como una reforma a la Ley del Impuesto al Activo que al ser un ordenamiento emanado del Congreso de la Unión, sólo es susceptible de ser reformado a través de otro acto legislativo de la misma naturaleza; es decir, por otro acto legislativo en el que se sigan los mismos trámites que se efectuaron para su formación, lo cual sólo puede ser posible por el órgano que lo emitió.
En tal virtud, un decreto emitido por el presidente de la República en ejercicio de la facultad reglamentaria y particularmente en ejercicio de las facultades que le fueron concedidas en el Código Fiscal de la Federación, no constituye una reforma al acto legislativo denominado Ley del Impuesto al Activo, pues aun cuando en ese decreto se exima a determinados contribuyentes del pago del tributo, la ley que regula este gravamen no sufre modificación alguna y continúa vigente en el ámbito espacial y temporal de validez, ya que los contribuyentes a los que por razones extraordinarias se les concede la exención continúan teniendo la calidad de sujetos del tributo y el objeto, la base, la cuota, tasa o tarifa permanecen vigentes en tanto la ley que los establece no sea reformada, adicionada, abrogada o derogada por el Congreso de la Unión.
En ese orden de ideas, como lo alega el recurrente, los elementos contenidos en la ley reclamada son preexistentes al primero de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se exime del pago de diversas contribuciones federales y se otorgan estímulos fiscales, pues independientemente de la expedición de este decreto, la obligación tributaria relativa al impuesto al activo ya se encontraba vigente antes de que se expidiera el decreto presidencial mencionado, tanto es así que la parte quejosa al reclamar la Ley del Impuesto al Activo hace alusión a las reformas introducidas a ésta, la última de ellas publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Esto significa que el sistema de causación previsto en la Ley del Impuesto al Activo, contrario a lo afirmado por la quejosa, permaneció inalterable al momento en que se expidió el decreto referido, puesto que tal decreto no modificó ni incorporó o suprimió alguno de los elementos esenciales del tributo de que se trata, lo cual es lógico puesto que se trata de ordenamientos de diferente jerarquía, ya que aquélla es una ley expedida por el Congreso de la Unión y el segundo es un decreto de exención expedido por el presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria establecida por el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal.
Precisado lo anterior, se estima fundado el agravio de la autoridad recurrente, en tanto que este Tribunal Pleno ha determinado la improcedencia del juicio de amparo en contra del decreto impugnado, según puede verse de la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente a septiembre de 1997, con el número P./J. 59/97, página 5, cuyo texto es:
"ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.-Es improcedente el amparo promovido en contra del citado decreto, cuyo artículo primero exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de 1996, a los contribuyentes cuyos ingresos, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 1995, no hayan excedido de siete millones de nuevos pesos. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de lograr, en las hipótesis contempladas, los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso dicho decreto, con ello no lograría la liberación del pago del tributo porque esta obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional por instituir la exención, es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo."
Con apoyo en la jurisprudencia transcrita de este Tribunal Pleno, procede decretar el sobreseimiento en el juicio por cuanto al decreto mencionado, por las razones expuestas con anterioridad y con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 80, y 74 fracción III, de la citada Ley de Amparo.
También es fundado el agravio tercero, en la parte en la que se aduce que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar la regla 262-A, de las Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales excepto a los relacionados con el comercio exterior.
En efecto, respecto de la regla mencionada se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo en virtud de que, respecto de las disposiciones mencionadas no se actualiza el interés jurídico de la parte quejosa.
La regla 262-A de que se trata, señala lo siguiente:
"Regla 262-A. Para los efectos de lo establecido por el artículo 1o., primer párrafo de la Ley del Impuesto al Activo, las personas distintas a las personas físicas que realicen actividades empresariales y de las personas morales residentes en México, así como a las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen en la actividad de los mencionados contribuyentes, están obligadas a pagar el impuesto establecido en dicha ley, únicamente por esos bienes."
El artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo en su primer párrafo, dice lo siguiente:
"Artículo 1o. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, incluso de aquellos bienes a que se refieren el capítulo III del título IV y los artículos 133, fracción XIII, 148, 148-A y 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes.
"También están obligados al pago de este impuesto, los residentes en el extranjero por los inventarios que mantengan en territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados por algún contribuyente de este impuesto.
"Las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera."
Del análisis relacionado de las disposiciones transcritas se advierte que la indicada regla 262-A, está dirigida a las personas distintas a las personas físicas que realicen actividades empresariales y de las personas morales residentes en México, así como a los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento en el país, que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen en la actividad de los mencionados contribuyentes al precisar los bienes por los cuales están obligados al pago, por lo que si las quejosas no son esa persona distinta, entonces debe estimarse que no se ubican en los supuestos de la regla y último párrafo del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo y, por lo tanto, no le resulta aplicable lo dispuesto en la regla antes señalada pues ésta se dirige a personas físicas y morales, que no realizan actividades empresariales, pero que arriendan activos a sujetos del impuesto, por lo que es claro que no le afecta su interés jurídico.
En el caso a estudio, la quejosa reclamó los ordenamientos impugnados por su primer acto de aplicación, consistente en la declaración múltiple de impuestos federales de pagos provisionales, efectuada el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, con el que acreditó cubrió el impuesto al activo.
Asimismo, acreditó que las quejosas son sociedades que realizan actividades empresariales, a las que se refiere el artículo 1o. de la ley.
Por tanto, es evidente que la regla 262-A que reclama no afecta su interés jurídico y por consecuencia es fundado el agravio en cuestión, debiendo decretarse el sobreseimiento en el juicio por lo que a este acto se refiere.
Es aplicable al respecto, por analogía la jurisprudencia visible en la página 180 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, 7a. Época, Primera Parte, Pleno, que dice:
"INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.-A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico."
En el cuarto agravio del oficio de revisión del presidente de la República, se controvierte lo resuelto por el Juez de Distrito en relación al interés jurídico de la quejosa para impugnar la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, en virtud de que no acreditó tener deudas con empresas que conforman el sistema financiero.
Es fundado lo sostenido por la autoridad inconforme.
A fin de ilustrar el aserto anterior es necesario tener en consideración que la quejosa alega, en el que identifica como inciso c) del segundo concepto de violación, que la precisada disposición es violatoria de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1o., 13 y fracción IV del artículo 31 de la Constitución, en tanto que en unos casos permite la deducción de deudas y la prohíbe cuando sean contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, colocando a los sujetos pasivos del impuesto en una situación desigual.
Como es fácil de apreciar, la promovente del juicio de garantías pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto a la imposibilidad de restar de sus activos los pasivos adquiridos con las empresas que componen el sistema financiero o su intermediación.
Ahora bien, el artículo 5o. antecitado, en la parte que interesa es del tenor siguiente:
"Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero. Y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto. No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."
De este numeral se desprende, que se autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio y se les prohíbe deducir aquellas que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación.
Entonces, para demostrar plenamente el interés jurídico que le asiste a la promovente del juicio de garantías para impugnar el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, con motivo de un acto concreto de aplicación, no sólo es necesario acreditar que se es sujeto pasivo de dicha contribución y afirmar que no se le permite deducir las deudas que tiene contratadas con el sistema financiero, sino también, demostrar este último hecho.
Esto es, existen mecanismos de tributación que son simples cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5418-b65f609b/a-activo-impuesto-al-determinacion-de-su-objeto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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