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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. ACTIVO. EL IMPUESTO QUE ESTABLECE LA LEY RELATIVA NO CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN ADICIONAL O SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2321/97. · Registro digital (IUS): 16886
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AUREX, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, , Pág. 276.

AMPARO EN REVISIÓN 2321/97. AUREX, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito a quo, respecto de los actos señalados en el primer punto resolutivo de la sentencia reclamada, en virtud de que no consta que se haya interpuesto recurso de revisión por la quejosa. Por lo tanto, en el presente fallo no debe hacerse pronunciamiento alguno al respecto.

TERCERO. Los agravios expresados en el presente recurso de revisión, por el procurador fiscal de la Federación en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y en representación del presidente de la República, son del tenor siguiente:

"Primero. La resolución recurrida viola lo dispuesto por el artículo 77, en relación con los artículos 74, fracción III, 73, fracción XII, 21 y 192 de la Ley de Amparo, por inobservancia de los mismos, al no decretar el sobreseimiento que se actualiza en el presente juicio.

"El C. Juez Federal, en el considerando cuarto del fallo recurrido señala: (lo transcribe).

"De lo transcrito se advierte claramente que el juzgador aceptó que la sociedad quejosa estuvo pagando el impuesto al activo antes de la supuesta reforma a la ley publicada el 24 de diciembre de 1996 -que por cierto no configura tal en virtud de que se trata de un decreto presidencial que fue emitido con atribuciones distintas a las del Poder Legislativo-, lo que hace evidente que se está en presencia de actos consentidos por la enjuiciante, en virtud de que cumplió con sus obligaciones fiscales conforme a las disposiciones que ahora se reclaman, sin haber interpuesto en su contra dentro del término legal, el juicio de garantías.

"Ahora bien, la parte sustancial en la que no le asiste la razón al C. Juez Federal, es al estimar que por virtud del decreto publicado el 24 de diciembre de 1996, se modificó el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo, redefiniendo quiénes son los sujetos del impuesto, lo cual según su incorrecta consideración, le posibilita al particular de nueva cuenta impugnar la constitucionalidad de cualquier precepto de la ley, porque entre todos componen el sistema tributario propio.

"En otras palabras, según el juzgador, se introdujo un nuevo sistema del impuesto al activo, que le permite a la quejosa impugnar las disposiciones que ya había consentido, con lo que confunde abiertamente el acto reclamado, pues éste no lo configuró el supuesto ‘sistema tributario’, sino precisamente la Ley del Impuesto al Activo, su reglamento y reformas, cuyo texto se encuentra en vigor a la fecha en que la peticionaria de garantías interpuso su demanda, con excepción de los dispositivos legales de la Ley del Impuesto al Activo que fueron reformados por la Ley que establece y modifica diversas leyes fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 1996, cuya reforma por cierto además de no haber sido objeto de impugnación por la quejosa, ya que no la señaló como acto reclamado, no le depara perjuicio, como también se ha mencionado, lo que definitivamente lo lleva a desestimar la causal de sobreseimiento que se hizo valer y por la que además ni siquiera planteó conceptos de violación, que igualmente daría lugar a sobreseer el juicio.

"En efecto, el decreto de 24 de diciembre de 1996, exime del pago del impuesto al activo, a través de un acto del presidente de la República sin modificar la ley, y la reforma legislativa de 30 de diciembre de 1996, únicamente realiza ciertas modificaciones impositivas a la ley impugnada, mismas que en nada afectan el ámbito jurídico de la quejosa, pues la obligación de pagar la contribución que se combate, se encuentra plasmada en dispositivos de la ley que no fueron objeto de dicha reforma y por lo tanto continúa en vigor desde su establecimiento a la fecha, a pesar de que existan disposiciones de esa ley que hayan sido modificadas, pues en todo caso éstas pueden impugnarse por sus propias características y por los sujetos a quienes les causen un perjuicio.

"Ciertamente, ni el decreto de 24 de diciembre de 1996, ni la última reforma legislativa en comento redefinen a los sujetos del impuesto, sino que sólo establece el primero una exención y la segunda, exceptúa del pago del impuesto a las sociedades controladoras y a las controladas que se incorporen a la consolidación, que se encuentren en periodo preoperativo, inicio de actividades, los dos siguientes al de inicio y el de liquidación, asimismo se precisa que están afectos al pago del impuesto, las personas que otorgan el uso o goce de bienes a contribuyentes del mismo, únicamente por los activos que sean utilizados en el desarrollo de actividades empresariales.

"En este sentido, es claro que los dispositivos legales que vinculan a la empresa quejosa como sujeto de la obligación tributaria que hoy combate, no fueron objeto de redefinición como lo señala el a quo, ni siquiera textualmente fueron reformados, por lo que no le asiste la razón, pues dichas disposiciones ya fueron consentidas por ésta para los efectos del amparo y por ende no se actualiza una nueva posibilidad de impugnarla, ya que de aceptarse esta interpretación implicaría transformar la procedibilidad del amparo, que únicamente permite impugnar actos de autoridad dentro de su oportunidad.

"Desde la vigencia de la Ley del Impuesto al Activo se estableció la obligación contributiva para determinados sujetos, dentro de los cuales se encuentra la empresa quejosa y su relación tributaria definida por dicha ley, no se modificó y por lo tanto su impugnación en el presente juicio es improcedente.

"La reforma efectuada por el legislador, como ya se señaló, únicamente contempla supuestos jurídicos que en todo caso, constituyen actos legislativos distintos desde el punto de vista formal y material, que pueden ser impugnados por su propia naturaleza, si es que causan un agravio.

"La indebida apreciación de los actos reclamados condujeron al Juez Federal a dictar incorrectamente la sentencia combatida, pues la quejosa consintió la Ley del Impuesto al Activo y su reglamento, de tal forma que el decreto de 24 de diciembre de 1996 y las reformas de 30 de diciembre de 1996, no le dan derecho a demandar en este juicio su supuesta inconstitucionalidad, por lo que debe ser revocada por la superioridad y en su oportunidad sobreseer el juicio como en derecho procede, por haber quedado plenamente demostrada en autos la causal de improcedencia que debe ser decretada.

"No obsta a lo anterior que el C. Juez Federal apoya su sentencia en la tesis jurisprudencial 210 de la compilación 1995, Tomo I, cuyo rubro es: ‘LEYES, CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES, AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQUÉLLOS.’, toda vez que en ese supuesto, se habla de una ley anterior y una posterior, lo que no existe en el caso, porque el decreto de 24 de diciembre de 1996, no constituye un acto del Congreso de la Unión que modifique la ley de la materia y además siendo el mismo ordenamiento legal el que vincula a la quejosa en el pago del impuesto y conforme a las mismas disposiciones que no han sido objeto de reforma alguna, por lo que no puede darse una nueva oportunidad para impugnar un acto legislativo que ya se consintió, porque ello constituiría modificar la naturaleza del amparo.

"Sentado lo anterior, es claro entonces que la tesis de jurisprudencia 39/96, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de 9 de agosto de 1996, cuyo rubro expresa: ‘ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SI SE CONSINTIÓ LA LEY.’, sí resulta plenamente aplicable al caso, pues contrariamente a lo considerado por el juzgador, en el caso se demostró el consentimiento de la ley y por lo tanto, procede sobreseer el presente juicio en cuanto al decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en diversas contribuciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, como se hizo valer en su oportunidad, de tal forma que esta razón también sirve de sustento para revocar el fallo recurrido.

"Segundo. Violación a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por inobservancia de los mismos, al declarar inconstitucional la Ley del Impuesto al Activo, por estimar sustancialmente que el objeto del impuesto lo constituye la garantía mínima presunta, apoyándose en la tesis de nuestro más Alto Tribunal, cuando es que dicho criterio ya fue modificado, de tal forma que carece de sustento jurídico.

"Se causa el agravio que se hace valer en virtud de que el C. Juez a quo concede el amparo a la quejosa, considerando que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo viola los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque otorga el derecho a acreditar contra el impuesto al activo del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta pagado en el mismo, es decir, grava la ganancia mínima presunta originada por la tenencia de activos.

"Es infundado el argumento vertido por el Juez del conocimiento, pues el hecho de que en el artículo cuestionado se prevea la forma en que los contribuyentes pueden acreditar contra el importe del impuesto del ejercicio, una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que le correspondió pagar en el mismo ejercicio, no implica que no se esté tomando en cuenta la capacidad contributiva de los causantes que se encuentren en la misma hipótesis de causación, pues el que unos contribuyentes hayan obtenido utilidad y otros pérdida, no hace que varíe la base del impuesto.

"Así lo ha resuelto el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión No. 749/91, promovido por Compañía Harinera de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto por mayoría de ocho votos, en la sesión del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, cuyo criterio prevalece y señala lo siguiente:

"‘... De todo lo expuesto este Alto Tribunal establece que al examinar íntegramente el sistema legal del impuesto al activo de las empresas, se aparta de los criterios implícitos o explícitos que había adoptado anteriormente al examinar el objeto del impuesto al activo de las empresas. Por un lado, considera que el adoptado originariamente de que se circunscribía al activo respondía a una aplicación literal de un precepto desvinculado del sistema legal en el que se encuentra; por otro, estimar como se decidió en la sentencia mayoritaria pronunciada el 6 de abril de 1995 al resolver el amparo en revisión 107/92 Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales, S.A. de C.V., que dicho objeto recaía en la utilidad mínima presunta, contrariaba el principio de legalidad tributaria interpretado por la jurisprudencia, puesto que tal conclusión era resultado de inferencias apartadas no sólo de la literalidad de la ley sino de su interpretación sistemática. Según se ha concluido en esta nueva apreciación más rigurosa, el objeto del tributo radica en los activos pero comprendidos con la vinculación estrecha con los elementos precisados, como son su susceptibilidad de concurrir en la obtención de utilidades, como signo de capacidad contributiva y los fines fiscales y extrafiscales que se establecen de modo explícito e implícito en la ley que rige esta contribución ...’

"Conforme a lo anterior, el fallo recurrido debe revocarse, puesto que los criterios en que se apoya el juzgador ya fueron superados, atento a las razones vertidas por el Tribunal Supremo del país, por lo que la sentencia en comento carece en consecuencia de sustento jurídico para declarar inconstitucional el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo y en consecuencia hacer extensiva dicha concesión a la totalidad de este ordenamiento legal infundadamente, no obstante ello y a mayor abundamiento se reiteran los argumentos expuestos en el presente juicio en defensa de la constitucionalidad de dicho precepto, mismos que fortalecen el agravio que se hace valer y conforme a los cuales debe declararse fundado el presente recurso.

"Es pertinente señalar que contrariamente a lo sustentado en la sentencia que se recurre, el objetivo del impuesto al activo no lo constituye ninguna ganancia mínima presunta, originada por la tenencia de activos destinados a actividades empresariales y que tiene, además el fin recaudatorio propio de los tributos, el objeto de controlar la evasión fiscal, en virtud de que como se desprende del contenido del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo, el objeto de dicho tributo lo constituye la simple tenencia de activos, y su base gravable, lo es el valor de los mismos, en los términos del artículo 2o. de dicho numeral, lo que por ningún concepto puede catalogarse como ganancia presunta, sino que por lo contrario, se trata de algo real y concreto, ya que de tratarse de una presunción, no sería posible realizar ajustes, actualizaciones, deducciones e incluso el acreditamiento en relación con el impuesto sobre la renta, por lo que resulta intrascendente el que la ley reclamada no contemple la posibilidad de desvirtuar dicha presunción de ganancia mínima, en cuanto que ésta no constituye el objeto gravado por la ley de la materia.

"Por ello, es inexacto que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo dé un trato desigual a los contribuyentes de la misma, en cuanto a que los sujetos de dicha contribución, por los activos que tengan, deben cubrirla, ajustándose a los procedimientos establecidos por los diversos dispositivos que integran tal ordenamiento legal, lo cual es aplicable a todos los que se encuentran en los mismos supuestos fácticos establecidos por la ley.

"En ese orden de ideas y contrariamente a lo aseverado en la sentencia que se recurre, no obstante la serie de razonamientos económicos y financieros que giran en torno al diseño de un tributo, el mero hecho de la detentación de activos se traduce, con absoluta certeza, en un signo de riqueza, circunstancia que como ya se señaló, no se trata de una simple presunción sino un hecho real y concreto, pues de otra manera no sería posible aplicar los procedimientos necesarios para su acreditamiento con el ISR.

"Además, sí se toma en cuenta la capacidad contributiva de los contribuyentes, puesto que para la determinación del impuesto que nos ocupa, se toma como base los activos que cada uno detenta, lo cual evidentemente implica que cubran el impuesto que resulte a su cargo, en proporción a tales activos, siendo incontrovertible que tal contribución no es desproporcional ni inequitativa como se sostiene en la sentencia que se recurre.

"Ahora bien, la postura del Juez del conocimiento, parte de la estrecha relación que guarda el Impac con el ISR. Sin embargo, esta importante relación entre ambos tributos (la cual existe entre varios impuestos en nuestro país), no resulta jurídicamente suficiente para mudar o cambiar la clasificación doctrinaria de un impuesto de real en personal.

"Como ejemplo puede decirse que lo mismo sucede con el citado impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el cual puede deducirse en un cien por ciento -cuando sea estrictamente indispensable- en el impuesto sobre la renta.

"De igual forma que el impuesto predial que paga una empresa propietaria de un inmueble, la cual puede deducir perfectamente la totalidad de dicho tributo para efectos de impuesto sobre la renta, sin que dicha posibilidad -admitida válidamente por la ley- convierta al impuesto predial de un impuesto real en uno personal.

"De toda suerte, el hecho (real y jurídico) de que el Impac sea ‘complementario’ del ISR, no significa que sea ‘accesorio’, ya que de lo contrario, sí gozaría de la misma naturaleza jurídica de éste. En efecto, el término ‘accesorio’, según la Real Academia de la Lengua Española, significa aquello que depende de lo principal o que se le une; todo lo que acompaña o sigue a otra cosa principal, o que se le añade o agrega, y de esta suerte se considera como dependencia suya. Por el contrario, el término ‘complementario’ significa aquello que sirve para completar o perfeccionar alguna cosa; cualidad, cosa o circunstancia que se añada a otra, para hacerla íntegra o perfecta. En este caso, si el Impac es sólo complementario y no accesorio del ISR, no puede -jurídicamente- seguir la suerte de este último impuesto. En otras palabras, se trata de contribuciones diferentes y, por lo mismo, en su análisis de validez constitucional no debe confundirse la naturaleza de su interrelación.

"Asimismo, el derecho al acreditamiento resulta aplicable a aquellos contribuyentes, que se encuentren en los supuestos establecidos para tal efecto, lo cual implica que el mismo es aplicado a todos los que se encuentran en igualdad de circunstancias y condiciones, contrariamente a lo sustentado por el a quo en su sentencia.

"Por tal motivo, las conclusiones del a quo en el sentido de que se violan los principios de proporcionalidad y equidad, al no prever la posibilidad de desvirtuar la presunción de ganancia mínima supuesto objeto del gravamen y consecuentemente no tomar la capacidad económica de los contribuyentes, otorgando un trato desigual para los iguales y viceversa, carecen, de igual forma, de soporte jurídico por las razones apuntadas, en el sentido de que el Impac no grava la supuesta ‘presunción de ganancia mínima’. Lo que es más, la ‘posibilidad de desvirtuarla’, que sugiere la tesis en cuestión, resulta jurídicamente ineficaz. Lo anterior es así, ya que de demostrarse por la autoridad que las pérdidas declaradas son improcedentes, lo conducente resultaría en modificar la utilidad fiscal en el ISR y determinar un cobro en este último impuesto.

"Por lo tanto, no existe un trato desigual en el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo para aquellos contribuyentes que obtienen mayores utilidades que otros, puesto que la capacidad contributiva del sujeto obligado se refleja en los activos que posee y no en los ingresos obtenidos. Razón por la cual, al no existir el trato desproporcional que argumenta la quejosa, el artículo 9o. de la ley en comento, no vulnera lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

"De lo manifestado, se desprende lo inexacto de los argumentos vertidos por el a quo en la sentencia que se analiza, puesto que los artículos 5o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo dan un trato igual a sujetos iguales que se encuentran en idénticas situaciones, razón por la cual lo procedente es revocar la sentencia recurrida y dictar otra negando el amparo a la quejosa."

De la anterior transcripción se desprende que la recurrente expresa, en síntesis, los siguientes argumentos:

A) El Juez de Distrito confunde el acto reclamado, el cual no lo constituye el sistema tributario, sino la Ley del Impuesto al Activo, su reglamento y reformas. Dichos actos fueron consentidos por la quejosa, en virtud de que las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento, que podrían afectar a la quejosa, consisten en la obligación de pagar este impuesto, y dichos preceptos ya existían antes que las modificaciones y exenciones establecidas por las últimas reformas y por el decreto presidencial de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por lo que los dispositivos legales que vinculan a la quejosa como sujeto de la obligación tributaria no fueron objeto de modificación alguna. Además, respecto de las reformas establecidas en la Ley que establece y modifica diversas leyes fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, debe decretarse el sobreseimiento, pues la quejosa no las señaló como actos reclamados, no le deparan perjuicio y además no formuló conceptos de violación al respecto. Por todo lo anterior, debe sobreseerse en el juicio de amparo.

B) Es incorrecto que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo sea inconstitucional, porque contrariamente a lo aducido por el a quo, mediante el impuesto al activo no se grava una presunta ganancia mínima originada por la tenencia de activos, sino que grava la simple tenencia de activos, y su base gravable es el valor de los mismos, lo cual es real y concreto y constituye en sí mismo un signo inequívoco de riqueza, y no podría ser una presunción, pues en ese caso no podrían realizarse ajustes, actualizaciones, deducciones ni el acreditamiento en relación con el impuesto sobre la renta que permite el artículo 9o. en comento. No debe confundirse la naturaleza de la relación entre el impuesto al activo y el impuesto sobre la renta, considerando al primero como impuesto accesorio del segundo, pues dicho impuesto es complementario del impuesto sobre la renta, lo cual significa que, aunque ambos impuestos están estrechamente relacionados, no tienen la misma naturaleza, y el impuesto al activo no tiene porqué seguir la suerte del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, sí se toma en cuenta la capacidad contributiva del sujeto pasivo, por lo que no se violan los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.

CUARTO. Por razón de método, debe aclararse en primer lugar que en el presente recurso de revisión deberán analizarse en su totalidad los conceptos de violación expresados por la empresa quejosa. Lo anterior es así, en virtud de que el Juez de Distrito a quo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a dicha empresa por considerar inconstitucional el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, lo cual en su concepto tenía por consecuencia la inconstitucionalidad de todo el sistema tributario del impuesto al activo. Ahora bien, como se demostrará en el considerando séptimo de la presente resolución, es necesario en la especie sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que respecta al artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo. En esta tesitura, y al ser necesario revocar la sentencia recurrida, lo que procede es entrar al análisis de los demás conceptos de violación que el a quo no analizó, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo. Dicho análisis se llevará a cabo a partir del considerando octavo de la presente resolución.

QUINTO. En lo que se refiere a los agravios expresados por la autoridad recurrente, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve lo siguiente:

Es parcialmente fundado el primer agravio expuesto por la autoridad recurrente, en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, no es totalmente correcta la afirmación hecha por la recurrente en el sentido de que la quejosa no señaló como actos reclamados las reformas establecidas en la Ley que establece y modifica diversas leyes fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que dichas reformas no le deparan perjuicio y además que la quejosa no formuló conceptos de violación al respecto. En efecto, respecto a las reformas hechas al artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo, la quejosa sí las señala como actos reclamados en los incisos 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 y 5.2 del capítulo IV de su demanda de amparo. Además, dichos actos sí le deparan perjuicio, pues el reformado artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo lo contempla como sujeto pasivo del impuesto que regula. Finalmente, en las páginas 29 en adelante se exponen los conceptos de violación respecto de los actos reclamados en comento. Sin embargo, asiste la razón a la autoridad recurrente en lo que se refiere a las demás reformas realizadas a diversos preceptos de la Ley del Impuesto al Activo, establecidas en la Ley que establece y modifica diversas leyes fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, toda vez que si bien la quejosa señaló como actos reclamados la reforma al artículo 6o., penúltimo párrafo, la adición del artículo 7o. bis y la derogación del artículo 7o., décimo párrafo, del ordenamiento en comento, no expresó argumento alguno para demostrar su inconstitucionalidad. Debe aclararse que el Juez de Distrito no tomó esta circunstancia en consideración, en virtud de que consideró que la inconstitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo implicaba la inconstitucionalidad de todo el sistema tributario del impuesto al activo, por lo que resultaba innecesario analizar el resto de los conceptos de violación expuestos en la demanda. Sin embargo, en virtud de las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la reforma al artículo 6o., penúltimo párrafo, la adición del artículo 7o. bis y la derogación del artículo 7o., décimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo.

SEXTO. Por otro lado, asiste la razón a la autoridad recurrente cuando afirma que es improcedente el juicio de amparo por lo que se refiere al decreto de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, pues si bien es cierto que el mismo forma parte del sistema tributario del impuesto al activo, como lo expresa el Juez de Distrito, también lo es que la concesión del amparo no podría tener los efectos restitutorios propios de la protección constitucional, pues si se dejara insubsistente el decreto (acto positivo de la autoridad), con ello la quejosa no lograría la liberación del pago del impuesto al activo, pues dicha obligación deriva de la ley y no del decreto. Por otro lado, tampoco podría la quejosa disfrutar de la exención contenida en el decreto, y que actualmente no disfruta por no actualizarse la hipótesis del mismo en su favor (acto negativo de la autoridad), pues si la quejosa arguye que dicho beneficio es inconstitucional, sería ilógico que pretendiera beneficiarse de un acto inconstitucional.

Son aplicables por igualdad de razón, las tesis emitidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la presente Novena Época, que a continuación se transcriben:

a) Tesis número 2a. CXXXIX/97, emitida por la Segunda Sala de esta superioridad, con motivo del amparo en revisión 1918/97, promovido por Zapatería La Rua, S.A. de C.V., consultable en la página 365, del Tomo VI, correspondiente al mes de diciembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

"ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE DECRETOS PRESIDENCIALES QUE EXIMEN DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES. Es improcedente el amparo promovido en contra de los decretos expedidos por el presidente de la República que eximen totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante un ejercicio fiscal, a determinados contribuyentes. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de materializar, en tal hipótesis, los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso el decreto respectivo, con ello no lograría la liberación del pago del tributo, porque esta obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional, por instituir la exención, es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo."

b) Tesis de jurisprudencia número 2a./J. 39/96, emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, consultable en la página 169, del Tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SI SE CONSINTIÓ LA LEY. El mencionado decreto, en su artículo primero, exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de 1996 a los contribuyentes cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta no excedan de siete millones de pesos. Por otra parte, de la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley del Impuesto al Activo, en relación con el artículo 17 de su reglamento, se arriba a la convicción de que la obligación de cubrir este tributo deriva de esa ley. Por consiguiente, cuando el contribuyente reclama a través del juicio constitucional la expedición y refrendo del citado decreto porque no se encuentra inmerso en la hipótesis de exención, dado que tiene ingresos superiores a los señalados, la acción de garantías resulta improcedente en términos de lo establecido por el artículo 73, fracciones XI y XVIII, en relación con el artículo 80, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que el efecto de la concesión de la protección federal contra ese decreto, al no haberse reclamado la ley, consistiría en exentar al quejoso, lo que es jurídicamente imposible, ya que las obligaciones fiscales, como se dijo, derivan de la Ley del Impuesto al Activo conforme a la cual ya venía pagando el tributo."

c) Tesis plenaria número P./J. 59/97, consultable en la página 5 del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

"ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROC

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16886-d3a8b5bc/amparo-contra-leyes-la-reforma-de-un-precepto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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