IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY RELATIVA, ES DE CARÁCTER HETEROAPLICATIVO (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998).
AMPARO EN REVISIÓN 2175/99. LUIS ACHURRA SUCESORES, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Previamente al análisis de los agravios formulados por la parte recurrente, esta Primera Sala advierte que en la especie se actualizan diversas causales de improcedencia, mismas que son de estudio oficioso y preferente.
En principio, debe decirse que para estar en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones reclamadas, resulta necesario precisar la naturaleza que les corresponde atendiendo a su aplicación, particularmente en lo que se refiere al artículo noveno que contiene la adición y reforma al artículo 5o. y la adición de los artículos 6o. y 24, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios.
Por tanto, esta Primera Sala entra al examen oficioso de las causales de improcedencia que derivan de las fracciones VI y XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo de este artículo, toda vez que la existencia de esas causales que, como se reitera, son oficiosas, aparece hasta que esta Sala se dispone a estudiar el fondo del asunto.
Lo anterior encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia número 2a./J. 30/97, sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 137 del Tomo VI, correspondiente al mes de julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Amparo en revisión 1905/96. Servicios El Charcón, S.A. de C.V. y otros. 6 de noviembre de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco J. Sandoval López.
"Amparo en revisión 2147/96. Cesáreo Evodio Beltrán Guillén y otro. 22 de noviembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.
"Amparo en revisión 1229/96. Fábricas Orión, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason.
"Amparo en revisión 2521/96. Fruehauf de México, S.A. de C.V. 9 de diciembre de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez.
"Amparo en revisión 2629/96. Valle Grande, S.A. de C.V. 17 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.
"Tesis de jurisprudencia 30/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel.
"Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 72, diciembre de 1993, Tercera Sala, tesis de jurisprudencia 3a./J. 29/93, página 39, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS AUTORIZADOS POR EL INFERIOR.’."
También resulta aplicable la tesis número LXV/99, sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en la página 7 del Tomo X, correspondiente a septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:
"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión.
"Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.
"El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXV/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve."
Pues bien, en relación con la improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que cuando las obligaciones impuestas por la ley se actualizan desde su vigencia, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto de aplicación que condicione su actualización, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada.
Tal criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia P./J. 55/97, consultable en la página 5 del Tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice:
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.
"Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.
"Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.
"Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
"Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
"Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de julio en curso, aprobó, con el número 55/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y siete."
Ahora bien, los artículos impugnados, en la parte que fueron reformados, adicionados y derogados, son del tenor literal siguiente:
"Artículo 5o. El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, excepto en el caso de importaciones ocasionales de bienes en el que se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley.
"Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas por los mismos periodos y en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta, excepto en los casos del ejercicio de iniciación de operaciones, en el que efectuarán pagos provisionales trimestrales y en el ejercicio de liquidación, en el que los pagos provisionales se efectuarán por los mismos periodos y en las mismas fechas en que se venían realizando con anterioridad al inicio del ejercicio de liquidación. El pago provisional será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de actividades realizadas en el periodo por el cual se efectúa el pago, a excepción de las importaciones, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento, incluidas las cantidades pagadas por el contribuyente por la adquisición de marbetes y precintos.
"Se pagará por concepto de cuota mínima al momento de adquirir marbetes o precintos, para adherir a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, la cantidad de $2.00 o $16.00, por cada uno, respectivamente. Las cuotas a que se refiere este párrafo se actualizarán en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el cuarto mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
"En ningún caso el impuesto por la enajenación de bebidas alcohólicas por unidades envasadas que se determine de conformidad con esta ley, será menor al pago de la cuota por la adquisición de los marbetes o precintos adheridos a las mismas, a que se refiere el párrafo anterior, considerándose en todo caso que el pago de la cuota corresponde al impuesto derivado por la enajenación de dichas bebidas."
"Artículo 6o. El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados u otorgue descuentos o bonificaciones con motivo de la realización de actos o actividades por los que se tenga que pagar el impuesto en los términos de esta ley, deducirá en la siguiente o siguientes declaraciones de pagos provisionales el monto de dichos conceptos, del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto.
"Los contribuyentes que enajenen bebidas alcohólicas y que otorguen descuentos o bonificaciones por dichas operaciones, no podrán disminuir el monto de estos conceptos, del valor de los actos o actividades por los que deban pagar el impuesto."
"Artículo 24. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el precio en que los contribuyentes enajenaron los productos a que esta ley se refiere, aplicando cualquiera de los siguientes métodos:
"...
"V. Los precios corrientes de venta del detallista en el mercado interior, tratándose de la enajenación de bebidas alcohólicas, cuando se compruebe que el precio del detallista que se utilizó como valor para calcular el impuesto no corresponda al precio corriente al que se enajenan estos productos, cuando este último precio exceda en más del 3%."
Del análisis de los artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, anteriormente transcritos, se arriba a la conclusión de que el 6o. tiene el carácter de autoaplicativo, mientras que el 5o. y el 24, fracción V, participan de la naturaleza de heteroaplicativos.
En efecto, el artículo 6o. prohíbe que los contribuyentes que enajenen bebidas alcohólicas y que otorguen descuentos o bonificaciones, disminuyan el monto de estos conceptos del valor de los actos o actividades por los que deban pagar el impuesto.
Como se advierte, tal disposición no requiere del cumplimiento de ninguna condición para que empiece a surtir sus efectos, sino que desde su vigencia obliga a los que se dedican a la enajenación o importación de bebidas alcohólicas a proceder en los términos que en ellas se señala, esto es, les prohíben disminuir del valor de los actos o actividades por los que deban pagar el impuesto los descuentos y bonificaciones que otorguen.
En cambio, por lo que se refiere a las disposiciones contenidas en los artículos 5o. y 24, fracción V, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se considera que son de carácter heteroaplicativo.
Por lo que se refiere al artículo 5o. se observa que, según dispone, se pagará la cantidad de $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional) o $16.00 (dieciséis pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de cuota mínima al momento de adquirir marbetes o precintos, respectivamente, para adherir a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas; que esas cuotas se actualizarán en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el cuarto mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación y que, en ningún caso, el impuesto por la enajenación de bebidas alcohólicas por unidades envasadas será menor al pago de la cuota por la adquisición de los marbetes o precintos.
Así, es inconcuso que se trata de una disposición de carácter heteroaplicativo, toda vez que la hipótesis contenida en dicho numeral, relativa al pago de la cuota mínima al adquirir marbetes o precintos para adherir a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, está condicionada temporal y cuantitativamente a que en el periodo respectivo no se genere el impuesto por un margen superior a la cantidad que resulte de multiplicar los envases o recipientes enajenados por $2.00 y $16.00, según se trate de marbetes o precintos, respectivamente, lo que no se podrá determinar sino hasta el final del correspondiente ejercicio fiscal; esto es, que su individualización es incierta e independiente de que el contribuyente realice el hecho imponible; de ahí que el precepto de que se trata, por su sola vigencia, no causa un perjuicio a la quejosa, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, por lo que, al respecto, el amparo resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo y se impone sobreseer con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, de la misma ley.
Al caso resultan aplicables, en lo conducente, las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros, textos y datos de identificación son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, enero de 2000
"Tesis: 2a. CLII/99
"Página: 77
"LEYES TRIBUTARIAS. LOS ACTOS LEGISLATIVOS QUE MODIFICAN UN ELEMENTO ESENCIAL DE UNA CONTRIBUCIÓN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA CUANDO SU INDIVIDUALIZACIÓN ES INCIERTA E INDEPENDIENTE DE QUE LOS CONTRIBUYENTES REALICEN EL HECHO IMPONIBLE. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que lleva por rubro: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’, visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de ese criterio jurisprudencial, la modificación legal de alguno de los elementos esenciales de un tributo, sujeto a un procedimiento complejo de cuantificación y pago, que provoca una transformación del sistema conforme al cual se venía contribuyendo, constituye una disposición de individualización condicionada si su actualización, en perjuicio de los gobernados, no guarda relación con la circunstancia de que éstos realicen el respectivo hecho imponible, sino con diversas que se conocerán, únicamente, al concluir el correspondiente periodo fiscal, lo que acontece cuando el legislador condiciona las consecuencias de la nueva hipótesis jurídica a determinados requisitos cuantitativos o temporales de realización incierta.
"Amparo en revisión 1316/99. Fianzas Comercial América, S.A. de C.V. 29 de octubre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo en revisión 1192/99. Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel. 10 de noviembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo en revisión 1719/99. Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero y otras. 10 de noviembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, enero de 2000
"Tesis: 2a. CLIV/99
"Página: 79
"VALOR AGREGADO. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN I, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE MODIFICA EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO RESPECTO DE LOS CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES GRAVADAS Y EXENTAS, ES HETEROAPLICATIVA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998). En virtud de la citada reforma se estableció que los contribuyentes que realizan actividades mixtas efectuarán el acreditamiento del impuesto al valor agregado que les sea trasladado, respecto del repercutido por ellos, en la proporción que el valor de sus actividades gravadas represente en el valor del total de sus actividades, con independencia de que sea o no identificable el monto de la traslación que reciban al adquirir bienes y servicios necesarios para la prestación de actividades gravadas, respecto de la diversa repercusión que resientan por los mismos actos, pero en relación con las actividades exentas que realicen. Ahora bien, dado que el procedimiento para la determinación y pago del impuesto al valor agregado es de naturaleza compleja, en razón de que, por una parte, se establecen una serie de normas que regulan lo relativo a su objeto, su momento de causación, el procedimiento para determinar la base relativa, las diversas tasas aplicables y las respectivas hipótesis de exención; y, por otra, se prevé el mecanismo a través del cual los contribuyentes del tributo trasladarán el impuesto que se genere y, en su caso, acreditarán en contra de éste el que les sea trasladado, debe estimarse que este conjunto de hipótesis jurídicas no trasciende en la misma medida y en el mismo momento a la esfera jurídica de los contribuyentes del impuesto en comento. De ahí que la referida reforma legal no trasciende a la esfera jurídica de los gobernados por su entrada en vigor, en tanto que no se refiere al mecanismo que deben seguir los contribuyentes que realizan actividades mixtas para calcular el monto del impuesto que trasladan a sus clientes o que les es trasladado al realizarse los respectivos hechos imponibles, sino al sistema que, una vez concluido el periodo por el que se efectúe la declaración, seguirán para realizar el acreditamiento correspondiente y el entero de dicho tributo; por ende, lo previsto en el artículo 4o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado constituye una disposición de individualización condicionada, ya que su actualización está sujeta a la circunstancia de que al concluir el periodo respectivo los contribuyentes del impuesto de mérito hayan realizado además de actividades gravadas, las exentas e inclusive, les haya sido trasladado el propio tributo al adquirir bienes, usarlos, gozarlos temporalmente o haber recibido servicios, indispensables para la prestación de sus actividades gravadas.
"Amparo en revisión 1316/99. Fianzas Comercial América, S.A. de C.V. 29 de octubre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo en revisión 1192/99. Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel. 10 de noviembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo en revisión 1719/99. Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero y otras. 10 de noviembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina."
Lo mismo acontece en relación con el artículo 24, fracción V, de la ley reclamada, pues tampoco causa un perjuicio por su sola vigencia, sino que precisa de un acto posterior de la autoridad para que genere efectos en la esfera jurídica del gobernado.
En efecto, dicho precepto dispone que las autoridades fiscales, tratándose de la enajenación de bebidas alcohólicas, podrán determinar presuntivamente el precio en que los contribuyentes enajenaron los productos a que dicha ley se refiere, atendiendo, entre otros, a los precios corrientes de venta del detallista en el mercado interior, cuando se compruebe que el precio de venta del detallista que se utilizó como valor para calcular el impuesto no corresponda al precio corriente al que se enajenan estos productos.
Esto es, para que dicho precepto cause perjuicio al contribuyente, es menester que la autoridad fiscal compruebe que el precio de venta del detallista que se utilizó como valor para calcular el impuesto no corresponde al precio corriente al que se enajenaron las bebidas alcohólicas y que éste exceda en más del 3%, pues sólo hasta entonces atenderá a los precios corrientes de venta del detallista en el mercado interior para determinar presuntivamente el precio en que los contribuyentes llevaron a cabo la enajenación.
Por tanto, como en la especie no está demostrada tal circunstancia, debe concluirse que también por lo que se refiere a este artículo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo antes invocada, por lo que igualmente en este aspecto se debe sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal.
Así también, el juicio de garantías que se revisa resulta improcedente respecto del artículo 6o. de la ley reclamada, en términos del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que dichos preceptos no establecen hipótesis normativa de naturaleza positiva sino prohibitiva, y en la parte que fueron reclamados por la quejosa se derogaron por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, desapareciendo con ello la prohibición que contenían.
En efecto, los dispositivos legales de mérito, transcritos en líneas precedentes, al establecer que los contribuyentes que enajenen bebidas alcohólicas y que otorguen descuentos o bonificaciones no podrán disminuir el monto de dichos conceptos del valor de los actos o actividades por los que deban pagar el impuesto, es incuestionable que constituyen normas de carácter prohibitivo, las cuales quedaron sin efectos al haberse derogado, de ahí que si la quejosa no demostró que durante el periodo que estuvieron vigentes, por la adquisición e importación de bebidas alcohólicas le haya sido trasladado el impuesto de que se trata y al pretender acreditarlo se le negara hacerlo, así como que hubiese otorgado descuentos o bonificaciones en la enajenación de bebidas alcohólicas, y que no se le haya permitido disminuir su monto del valor de los actos o actividades por las que debía pagar el impuesto, debe concluirse que con su derogación cesaron en sus efectos, actualizándose la causa de improcedencia antes referida, motivo por el cual, respecto de dicho artículo, también se impone sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, aunque por razones diversas a las que adujo el Juez de Distrito.
No pasa inadvertido que el artículo 6o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuya inconstitucionalidad se reclama, sólo estuvo vigente del primero de abril al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, pues también fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en esta última fecha, desapareciendo el trato diferencial en que incurría.
SÉPTIMO. Se procede a estudiar los agravios propuestos por la recurrente.
Es fundado el agravio sintetizado en el inciso 1 del considerando quinto de la presente resolución, en atención a las siguientes consideraciones:
El artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... III. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas."
Conforme a lo dispuesto en la norma transcrita, se afirma que se actualiza una causal de improcedencia cuando se promueve un segundo juicio de amparo por el mismo quejoso y en éste se reclaman los mismos actos contra las mismas autoridades que en un primer juicio de garantías ya se impugnaron, aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas.
Tal y como lo argumenta la quejosa, no se actualiza la invocada causal de sobreseimiento.
Esto es así, pues si bien es cierto que la empresa quejosa interpuso demanda de amparo en fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve en contra del Decreto por el que se modifican diversas leyes fiscales y otros ordenamientos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en ésta se señalaron como actos reclamados el artículo 26, fracción XVI, del Código Fiscal de la Federación y los numerales 2o., fracción I, incisos E) y F), y 8o., fracción V, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, la empresa quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán.
Por auto de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de referencia, registrándolo con el número 1705/99.
Ahora bien, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que los Ministros que integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente.
Tal criterio aparece resumido en la tesis 27/97, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 117, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17295-84692624/impuesto-especial-sobre-produccion-y-servicios-la-reforma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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