DERECHOS POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE, Y LOS TERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPÓSITO DE AGUAS MARÍTIMAS. EL ARTÍCULO 232-C DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, QUE ESTABLECE TASAS DIFERENCIADAS EN RELACIÓN CON LA ZONA EN QUE SE UBIQUE EL BIEN Y EL USO A QUE ESTÉ DESTINADO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS.
AMPARO EN REVISIÓN 960/2003. OPERADORA DE ALDEAS VACACIONALES, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARCIA NAVA AGUILAR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente legalmente para conocer de los amparos en revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos tercero, fracción II y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve siguiente en el Diario Oficial de la Federación; preceptos que textualmente establecen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
"a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."
Ley de Amparo.
"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:
"I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando:
"a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos:
"a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:
"...
"XI. Las demás que expresamente les encomiende la ley."
Acuerdo General Plenario 5/2001.
"TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución:
"...
"II. Los amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional, o por alguna otra causa; o bien, cuando encontrándose radicados en alguna de las Salas, lo solicite motivadamente un Ministro."
"...
"CUARTO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."
En términos de los preceptos anteriormente transcritos, esta Segunda Sala es competente legalmente para conocer del recurso de revisión a que este toca se refiere, toda vez que se interpuso en contra de una sentencia dictada por una Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se impugnó el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, y si bien subsiste en esta instancia el problema de inconstitucionalidad planteado no resulta necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno, en virtud de que su resolución no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, ni reviste un interés excepcional, sin que exista alguna otra causa ni solicitud por parte de algún Ministro.
SEGUNDO. El recurso de revisión se considera que fue interpuesto oportunamente y por parte legitimada, acorde con lo determinado en el considerando segundo de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto en el toca de revisión 16/2003, el veinticinco de junio de dos mil tres, en el que estableció lo siguiente:
"SEGUNDO. El recurso de que se trata fue interpuesto en tiempo, por parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia impugnada se notificó a la sociedad quejosa, aquí recurrente, el catorce de noviembre de dos mil dos, surtiendo sus efectos el día quince siguiente; y el escrito de expresión de agravios se presentó el día dos de diciembre posterior, es decir, el décimo día dentro del plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, descontándose para el cómputo relativo los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de noviembre del referido año, así como el día uno de diciembre del año que transcurre, por ser sábados y domingos; así como también el día veinte de noviembre de dos mil dos por ser festivo y, por tanto, inhábiles, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." (foja 44 del toca de revisión 16/2003).
TERCERO. En su escrito de expresión de agravios la quejosa recurrente controvirtió las consideraciones en que se fundó la Juez de Distrito del conocimiento para sobreseer en el juicio, las cuales ya fueron analizadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, precisamente a la luz de los agravios esgrimidos, determinando como resultado de dicho análisis revocar la resolución recurrida y remitir los autos a este Alto Tribunal, de conformidad con el Acuerdo General Plenario Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, al subsistir en el recurso de revisión la materia de constitucionalidad de la ley federal impugnada y no existir precedente alguno al respecto emitido por esta Suprema Corte.
Por tanto, se estima innecesario transcribir y estudiar tales agravios esgrimidos por la recurrente, ya que en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento levantó el sobreseimiento decretado en la resolución de primer grado sujeta a revisión, procede que esta Sala, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se haga cargo del concepto de violación que planteó la quejosa en su demanda de garantías, de cuyo estudio no se ocupó la Juez de Distrito al haber determinado sobreseer en el juicio.
CUARTO. Dicho concepto de violación es del tenor siguiente:
"Único: A juicio de la hoy quejosa, los actos que en esta demanda de amparo se reclaman son inconstitucionales por violar lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual mi representada solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos combatidos. En efecto, establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son obligaciones de los mexicanos: (se transcribe). Asimismo, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En ese orden de ideas, los gobernados, como mi mandante, sólo están obligados a contribuir a los gastos públicos mediante tributos que estén establecidos en leyes cuando los mismos sean proporcionales y equitativos. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia sobre lo que debe entenderse por proporcional y por equitativo en materia de tributos, al señalar que la proporcionalidad de un impuesto radica medularmente en que los sujetos pasivos del mismo contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica. Igualmente, nuestro más Alto Tribunal ha definido que un gravamen es equitativo cuando la ley otorga el mismo trato a los gobernados que se encuentran en la misma situación jurídica, es decir, la equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. Lo anterior es visible en los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben: ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.’ (se transcribe). ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe). En materia de derechos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la proporcionalidad y equidad de los mismos se desprenden de su relación con el costo del servicio o tratándose del uso y aprovechamiento de bienes nacionales la citada proporcionalidad y equidad de la contribución depende de la relación directa con el grado de aprovechamiento del bien, con el beneficio obtenido por el gobernado y con el valor de dicho bien, tal como se desprende de los criterios que a continuación se transcriben: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.’ (se transcribe). Ahora bien, el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, que constituye el acto reclamado en este juicio, para el ejercicio de 2002, establece a la letra lo siguiente: (se transcribe). Mi representada, tal como se ha señalado en el capítulo de hechos de esta demanda realiza el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre ubicada en Punta Nizuc, Municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. A juicio de mi representada no existe una razón o justificación a la imposición de una cuota por metro cuadrado de $60.82 por zona X, que es casi 86 veces más elevada que la primera cuota para el mismo uso y explotación. En efecto, resulta evidentemente desproporcional e inequitativo el que se establezca una cuota 8600% veces mayor que la primera y 200% mayor que la más cercana, sin que necesariamente el valor de los bienes o beneficio obtenido tenga relación con dichas diferencias. Mi mandante considera que la cuota establecida en el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos no guarda proporción alguna con el beneficio económico que puede llegar a obtener de la zona. En efecto, si bien es cierto que la tarifa establecida en el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del 1o. de enero de 2002, divide los derechos dependiendo el uso y la zona a la que correspondan, lo cierto es que se aparta de los parámetros fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la proporcionalidad y equidad en el aprovechamiento de bienes del dominio público. Es decir, tal como se ha señalado anteriormente, son criterios para determinar la proporcionalidad y equidad de un tributo la relación directa con el grado de aprovechamiento del bien, el beneficio obtenido por el gobernado y el valor de dicho bien. Dicho en otras palabras, mi representada considera que la norma en cuestión grava en forma desproporcional a sujetos que se encuentran en una misma situación respecto de bienes con longitudes semejantes y con el mismo uso. Mi representada considera que la norma en comento contiene una cuota exorbitante aplicable para el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre de Punta Nizuc, en Cancún, por lo que la misma viola los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. En efecto, la única diferencia entre la zona X y las demás zonas del artículo 232-D es su importancia turística, la cual no necesariamente repercute en una mayor riqueza del usuario de la misma, pero aun cuando así se sostuviere, ello es contrario a las normas que rigen la proporcionalidad y equidad en materia de derechos. Es decir, en materia de derechos el legislador no puede establecer contribuciones más gravosas en atención a la capacidad económica del sujeto que realiza la explotación del bien, sino que en todo caso debe atender a los elementos relativos al valor del bien, el beneficio que reporta, el grado de aprovechamiento, etc. En otras palabras, tal como está fijada la tarifa contenida en el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, es evidente que no es en sí el bien lo que determina el gravamen, sino elementos ajenos al objeto gravable, como lo pudiera ser la explotación turística de la zona, pues basta analizar la zona X del artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos para llegar a la conclusión de que los Municipios con mayor afluencia turística como lo son Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, ubicado este último en el Municipio de Benito Juárez, integran dicha zona. A juicio de mi mandante, el que se implemente un fin extrafiscal en el cobro de un derecho debe siempre justificarse en el proceso legislativo o en la norma misma, ya que la ausencia de los elementos necesarios para determinar el fin extrafiscal del derecho provocan la ausencia de elementos en la ley para determinar el tributo, tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben: ‘CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS MISMAS.’ (se transcribe). ‘CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS MEDIOS DE DEFENSA PARA DESVIRTUARLOS.’ (se transcribe). En el caso a estudio no existe tal justificación, por lo que, por ese solo hecho, la norma en comento viola lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual mi representada solicita se le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por otra parte, es evidente que todas las zonas que se califiquen como federal marítimo terrestres son susceptibles de explotación turística o de otros fines y todas tienen las mismas características generales, tal como lo establece el artículo 49 de la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que el que se establezca un mayor derecho en relación con bienes que poseen las mismas características, evidentemente denota un tratamiento diferente en situaciones similares. En la especie, el fin extrafiscal sólo se puede tratar de suponer o de inferir por las características de la zona X, de tal manera que si en el mismo no existiera la imposición de la cuota de $60.82 por metro cuadrado no habría otro elemento para suponer la posible existencia de un fin extrafiscal. Por todo lo anteriormente expuesto, mi representada solicita se le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados en esta demanda por violar en su perjuicio las garantías de proporcionalidad, equidad y legalidad que rigen la materia tributaria, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (fojas 14 a 27 del expediente de amparo 394/2002).
QUINTO. Del concepto de violación transcrito se advierte que la quejosa, esencialmente, aduce que el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, viola en su perjuicio las garantías de proporcionalidad y de equidad tributarias en virtud de que considera:
Que en materia de derechos esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la proporcionalidad y equidad se desprende de su relación con el costo del servicio y, tratándose del uso y aprovechamiento de bienes nacionales, la proporcionalidad y equidad dependen de la relación directa con el grado de aprovechamiento del bien, con el beneficio obtenido por el gobernado y con el valor de dicho bien.
Que la cuota prevista en el numeral cuestionado para la zona X no guarda proporción alguna con el beneficio económico que puede llegar a obtener de dicha zona y que, además, la tarifa que establece se aparta de los parámetros fijados por esta Suprema Corte en relación con la proporcionalidad y equidad tratándose del aprovechamiento de bienes del dominio público, negando la quejosa que exista una razón o justificación a la imposición de una cuota por metro cuadrado de $60.82 para esa zona, que es casi 86 veces más elevada que la primera cuota correspondiente al mismo uso y explotación, por lo que señala es desproporcional e inequitativo el que se establezca una cuota 8600% veces mayor que la primera y 200% mayor que la más cercana sin que el valor de los bienes o beneficio obtenido tenga relación con dichas diferencias.
Que es exorbitante la cuota aplicable para el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre de Punta Nizuc, en Cancún -zona X- y que la única diferencia con las demás zonas del artículo 232-D es su importancia turística, lo cual no necesariamente repercute en una mayor riqueza del usuario, ya que sostenerlo así sería contrario a las garantías de proporcionalidad y equidad, porque en materia de derechos el legislador no puede establecer contribuciones más gravosas en atención a la capacidad económica del sujeto que realiza la explotación del bien, sino que debe atender al valor del bien, al beneficio que reporta y al grado de aprovechamiento, pero tal como está fijada la tarifa en el numeral en comento es evidente que no es en sí el bien lo que determina el gravamen, sino elementos ajenos al objeto gravable, como la explotación turística de la zona.
Que la norma reclamada grava en forma desproporcional a sujetos que se encuentran en una misma situación respecto de bienes con longitudes semejantes y con el mismo uso, y que las zonas que califiquen como zona federal marítimo terrestre son susceptibles de explotación turística o de otros fines y tienen las mismas características generales, lo que a juicio de la quejosa denota un tratamiento diferente a situaciones similares.
Que el hecho de que se implemente un fin extrafiscal en el cobro de un derecho debe siempre justificarse en el proceso legislativo o en la norma misma, negando que en el caso existe tal justificación, por lo que aduce que la norma cuestionada viola el artículo 31, fracción IV, constitucional y que, en la especie, el fin extrafiscal se puede inferir por las características de la zona X.
Dichos argumentos resultan infundados en atención a las consideraciones siguientes.
Tomando en cuenta que en el caso la quejosa reclama el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, el cual establece la obligación de pagar derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes descritos en dicho numeral, se estima pertinente precisar, en principio, que los derechos constituyen una de las fuentes de captación de recursos que tiene el Estado y que la fracción IV del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación define el concepto de derechos en los términos siguientes:
"IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado."
En relación con este tipo de contribuciones, el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del año dos mil dos, dispone:
"Artículo 1o. Los derechos que establece esta ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público ..."
De la lectura de los preceptos transcritos se advierte que el legislador ha establecido dos clases distintas de derechos: la primera referente a los denominados "derechos por servicios", consistentes en las contribuciones cuyo supuesto o hecho generador se actualiza cuando el particular recibe los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público; y la segunda relativa a los denominados "derechos por el uso de bienes del dominio público", consistentes en las contribuciones que se generan cuando el particular obtiene un beneficio derivado del uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación.
Ahora bien, para emprender el análisis de la inconstitucionalidad que plantea la quejosa del artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, resulta indispensable acudir al contenido íntegro de dicho precepto, el cual a continuación se transcribe:
"Artículo 232-C. Están obligadas a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. El monto del derecho a pagar se determinará con los siguientes valores y las zonas a que se refiere el artículo 232-D de esta ley:
(Reformada, D.O.F. 1o. de enero de 2002)
Ver tabla
(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)
"Se considerará como uso de protección, el que se dé a aquellas superficies ocupadas que mantengan el estado natural de la superficie concesionada, no realizando construcción alguna y donde no se realicen actividades de lucro. Se exceptúan las obras de protección contra fenómenos naturales.
(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)
"Se considerará como uso de ornato, el que se dé a aquellas superficies ocupadas en las cuales se hayan realizado obras de ingeniería civil, cuya construcción no requiera de trabajos de cimentación, y que estén destinadas exclusivamente para el embellecimiento del lugar o para el esparcimiento del solicitante, siempre y cuando dichas áreas no estén vinculadas con actividades lucrativas.
(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)
"Se considerará como uso general el que se dé a aquellas superficies ocupadas en las cuales se hayan realizado construcciones con cimentación o se lleven a cabo actividades con fines de lucro. Se exceptúan las obras de protección o defensa contra fenómenos naturales.
(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)
"En aquellos casos en que las entidades federativas y Municipios hayan celebrado convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar podrán destinarlos cuando así lo convengan expresamente con ésta, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como a la prestación de los servicios que requiera la misma.
(Adicionado, D.O.F. 29 de diciembre de 1997)
"La Federación, las entidades federativas y los Municipios que hayan convenido en dar el destino a los ingresos obtenidos conforme a lo señalado en el párrafo anterior, también podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines señalados en el mismo párrafo. La aportación a dichos fondos, se hará por la entidad federativa, por el Municipio o cuando así lo acuerden por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación. En ningún caso la aportación de la Federación excederá del porcentaje que le corresponda como participación derivada del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y sólo se efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos efectivamente pagados y que hayan quedado firmes.
(Adicionado, D.O.F. 1o. de enero de 2002)
"En el caso de las playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas concesionados o permisionados, colindantes con terrenos de breña, donde no se cuente con los servicios de agua potable, drenaje y electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles se pagará de conformidad con la cuota establecida en la zona I, a que se refiere el presente artículo y el 232-D de esta ley."
El artículo 232-D de la misma ley, al que remite el anterior precepto, establece a la letra lo siguiente:
"Artículo 232-D. Las zonas a que se refiere el artículo 232-C de esta ley, son las siguientes:
"Zona I. Estado de Campeche: Calkiní, Escárcega, Hecelchakán, Palizada y Tenabo; Estado de Chiapas: Acapetahua, Arriaga, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Pijijiapan, Suchiate y Villa Comaltitlán; Estado de Guerrero: Cuajinicuilapa, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal y San Marcos; Estado de Oaxaca: San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco lxhuatán, San Mateo del Mar, San Miguel del Puerto, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Tututepec, Santa María Huazolotitlán, Santa María Tonameca, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta, Santos Reyes Nopala, Santo Domingo Tehuantepec y Santo Domingo Zanatepec; Estado de Sinaloa: Angostura, Elota, Escuinapa de Hidalgo, Guasave, Rosario y San Ignacio; Estado de Sonora: Bacum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, y San Luis Río Colorado; Estado de Tabasco: Cárdenas, Centla y Paraíso.
(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1999)
"Zona II. Estado de Guerrero: Azoyu, Copala, Benito Juárez y Tecpan de Galeana; Estado de Jalisco: Cabo Corrientes y Tomatlán; Estado de Michoacán: Aquila; Estado de Nayarit: Santiago Ixcuintla; Estado de Oaxaca: Juchitán de Zaragoza, y Santa María Colotepec; Estado de Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto; Estado de Sinaloa: Culiacán; Estado de Tamaulipas: Aldama, Matamoros, San Fernando y Soto la Marina; Estado de Veracruz: Tamalín, Tantima y Pánuco.
"Zona III. Estado de Campeche: Champotón; Estado de Colima: Armería y Tecomán; Estado de Chiapas: Tapachula y Tonalá; Estado de Guerrero: Petatlán y La Unión; Estado de Jalisco: La Huerta; Estado de Michoacán: Coahuayana y Lázaro Cárdenas; Estado de Oaxaca: Salina Cruz y San Pedro Pochutla; Estado de Sinaloa: Ahome; Estado de Sonora: Caborca, Hermosillo y Huatabampo; Estado de Tamaulipas: Altamira, Cd. Madero; Estado de Veracruz: Martínez de la Torre, Medellín de Bravo y Pueblo Viejo; Estado de Yucatán: Hunucma, Sinanche, Yobain, Dzidzantún, Dzilam de Bravo y Tizimín.
"Zona IV. Estado de Campeche: El Carmen; Estado de Nayarit: Tecuala; Estado de Quintana Roo: Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco; Estado de Veracruz: Ángel R. Cabada, La Antigua, Lerdo de Tejada, Mecayapan, Ozuluama, Pajapan, Papantla, Tatahuicapan, Tampico Alto; Estado de Yucatán: Telchac Puerto, Río Lagartos y San Felipe.
"Zona V. Estado de Baja California: Mexicali; Estado de Campeche: Campeche; Estado de Nayarit: San Blas; Estado de Sinaloa: Navolato; Estado de Veracruz: Vega de Alatorre, Tamiahua, Nautla, Alto Lucero, Cazones de Herrera, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Actopan, Úrsulo Galván, Agua Dulce y Tuxpan; Estado de Yucatán: Celestum e Ixil.
"Zona VI. Estado de Baja California: Ensenada; Estado de Baja California Sur: Comondú; Estado de Veracruz: Alvarado y Tecolutla; Estado de Yucatán: Progreso.
"Zona VII. Estado de Baja California: Tijuana; Estado de Baja California Sur: Mulegé; Estado de Jalisco: Cihuatlán; Estado de Nayarit: Compostela; Estado de Quintana Roo: Isla Mujeres; Estado de Sonora: Guaymas; Estado de Veracruz: Coatzacoalcos.
"Zona VIII. Estado de Baja California: Playas de Rosarito; Estado de Baja California Sur: Loreto; Estado de Colima: Manzanillo; Estado de Oaxaca: San Pedro Mixtepec; Estado de Quintana Roo: Cozumel; Estado de Nayarit: Bahía de Banderas; Estado de Sinaloa: Mazatlán; Estado de Sonora: Puerto Peñasco; Estado de Veracruz: Boca del Río y Veracruz.
"Zona IX. Estado de Baja California Sur: La Paz; Estado de Guerrero: José Azueta; Estado de Oaxaca: Santa María Huatulco; Estado de Quintana Roo: Solidaridad.
"Zona X. Estado de Baja California Sur: Los Cabos; Estado de Guerrero: Acapulco de Juárez; Estado de Jalisco: Puerto Vallarta; Estado de Quintana Roo: Benito Juárez."
El numeral en primer término transcrito prevé el pago de los denominados "derechos por el aprovechamiento de bienes del domino público", entre los que se incluye a las playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas considerados como bienes del dominio público de la Federació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17831-0d7584ef/derechos-por-el-uso-goce-o-aprovechamiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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