TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN VI, DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DE SU PAGO CUANDO SE TRATE DE AUTOMÓVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003 Y 2004).
AMPARO EN REVISIÓN 2687/2003. OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En el tercer concepto de violación, el peticionario de garantías sostiene que el artículo 8o., fracción VI, de la mencionada ley, violenta la garantía de equidad tributaria, en virtud de que dicha fracción exenta del pago del impuesto a los vehículos destinados al servicio de misiones diplomáticas y consulares de carrera extranjeras y de sus agentes diplomáticos y consulares de carrera, excluyendo a los cónsules generales, honorarios, cónsules y vicecónsules honorarios, siempre que sea para uso oficial y exista reciprocidad. Sin embargo, a decir del quejoso, dicha exención no tiene una justificación constitucional válida, por lo que viola la garantía mencionada.
Este concepto de violación resulta infundado, por las razones que a continuación se mencionan:
Aun cuando en el proceso legislativo no se encuentra expresamente alguna justificación a propósito de la exención aludida en el artículo 8o., fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a juicio de esta Primera Sala, tal exención puede justificarse razonable y objetivamente si se atiende al contexto internacional y su inherente principio de reciprocidad internacional.
En efecto, la exención del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que se tilda de inconstitucional, podría encontrar su fundamento en otras disposiciones que previeran la inaplicabilidad de los ordenamientos nacionales para determinado grupo de sujetos, como pueden ser los grupos diplomáticos y consulares.
Por ejemplo, en la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, se estipuló lo siguiente:
"... Exención fiscal ... 1. Los funcionarios y empleados consulares, y los miembros de su familia que vivan en su casa, estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales, regionales y municipales, con excepción:
"a) de aquellos impuestos indirectos que están normalmente incluidos en el precio de las mercancías y de los servicios;
"b) de los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado receptor, salvo lo dispuesto en el artículo 32;
"c) de los impuestos sobre las sucesiones y las transmisiones exigibles por el Estado receptor, a reserva de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 51;
"d) de los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados, incluidas las ganancias de capital, que tengan su origen en el Estado receptor y de los impuestos sobre el capital correspondientes a las inversiones realizadas en empresas comerciales o financieras en ese mismo Estado;
"e) de los impuestos y gravámenes exigibles por determinados servicios prestados;
"f) de los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, a reserva de lo dispuesto en el artículo 32.
"2. Los miembros del personal de servicio estarán exentos de los impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios.
"3. Los miembros de la oficina consular, a cuyo servicio se hallen personas cuyos sueldos o salarios no estén exentos en el Estado receptor de los impuestos sobre los ingresos, cumplirán las obligaciones que las leyes y reglamentos de ese Estado impongan a los empleadores en cuanto a la exacción de dichos impuestos.
"Exención fiscal de los locales consulares
"1. Los locales consulares y la residencia del jefe de la oficina consular de carrera de los que sea propietario o inquilino el Estado que envía, o cualquiera persona que actúe en su representación, estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales y municipales, excepto de los que constituyan el pago de determinados servicios prestados.
"2. La exención fiscal a que se refiere el párrafo 1o. de este artículo, no se aplicará a los impuestos y gravámenes que, conforme a la legislación del Estado receptor, deba satisfacer la persona que contrate con el Estado que envía o con la persona que actúe en su representación...".
Es decir, se regularon exenciones fiscales no sólo en los locales consulares, sino sobre los gravámenes personales y reales de los funcionarios diplomáticos.
Otras características de los agentes diplomáticos, las precisa la Ley General de Población:
"Artículo 57. Los diplomáticos y agentes consulares extranjeros acreditados en el país, así como otros funcionarios que se encuentren en la República por razones de representación oficial de sus gobiernos, no adquirirán derechos de residencia por mera razón de tiempo. Si al cesar sus representaciones desean seguir radicando en la República deberán llenar los requisitos ordinarios, quedando facultada la Secretaría de Gobernación para dar a dichos extranjeros, por razones de reciprocidad, las facilidades que en los países extranjeros correspondientes se otorguen en esta materia a los que hubieren sido representantes mexicanos."
Bajo este contexto, si bien la exención contenida en el precepto legal que se combate, no se encuentra en forma explícita ni en el texto legal ni en el procedimiento legislativo, sí está justificada por las características propias de los cuerpos consulares y diplomáticos, pues al tenor de los convenios internacionales suscritos por nuestro país, se les ha excluido a los individuos que cuentan con esas características, del pago de los impuestos personales y reales.
Por lo demás, el artículo 8o., fracción VI, establece que la exención se aplica a los vehículos de uso oficial, siempre y cuando haya reciprocidad, lo que denota que el citado numeral 8o., fracción VI, se ajusta a los compromisos internacionales asumidos por México y sólo aplica para los diplomáticos de los países con los que haya reciprocidad, lo que justifica objetivamente la exención.
En virtud de lo anterior, debe decirse que la exención que prevé el artículo 8o., fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de acuerdo con el convenio internacional suscrito por México con la comunidad internacional que también lo firmó, se encuentra justificado de forma razonable y objetiva. De ahí que se estime infundado el concepto de violación en estudio.
SEXTO.-En el cuarto concepto de violación, el quejoso manifestó que el artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, es violatorio de la garantía de legalidad, en virtud de que no establece de forma clara y concreta el mecanismo para determinar el impuesto; en específico, el quejoso se duele de que no se detalla la forma en la que debe ser utilizada la tabla contenida en el artículo.
Por otra parte, el quejoso, en el mismo concepto de violación, considera que el artículo citado en el párrafo anterior viola los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, toda vez que el mecanismo de causación referido establece estructuras que, al aumentar la base gravable, provoca un cambio de rango, lo que produce la aplicación de una tasa sumamente mayor a la aplicada en el inmediato inferior, operando un salto cuantitativo en la tasa. Lo anterior hace que se dé un trato inequitativo y desproporcionado en relación con aquellos sujetos que se ubiquen en el límite inferior de un rango, respecto de aquellos que se ubiquen en el límite superior del rango.
No asiste la razón a la quejosa, toda vez que de la correcta interpretación del artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos , se infiere que el destinatario de la norma debe realizar un cálculo aritmético en los siguientes términos:
a) A la base gravable debe restarse el límite inferior del rango en que se ubique el valor del automóvil del contribuyente.
b) El resultado obtenido se multiplica por la tasa porcentual correspondiente al mismo rango.
c) Al resultado obtenido se le suma la cuota fija del rango correspondiente, dando como resultado final el monto a pagar por el contribuyente por concepto de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Por poner un ejemplo, tomando como punto de partida la cantidad de $450,000.01 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 01/100), el mecanismo de causación sería el siguiente:
Restar a la cantidad de $450,000.01 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 01/100) el límite inferior del rango en que se ubica en la tabla dicha cantidad, esto es, $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100); dando como resultado la cantidad de $.01 (un centavo).
El resultado así obtenido, se multiplica por la tasa porcentual correspondiente a ese rango, es decir, 7.6% (siete punto seis por ciento), dando como resultado la cantidad de $.00076 (setenta y seis diez milésimos de peso).
Para obtener el monto final a pagar, al resultado obtenido debe sumarse la cuota fija del rango correspondiente, es decir, $11,700.00 (once mil setecientos pesos 00/100), dando como resultado el impuesto a enterar al fisco: la cantidad de $11,700.0008 (once mil setecientos pesos con ocho diez milésimos).
Como puede apreciarse, la correcta aplicación de la tabla contenida en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, contrariamente a lo afirmado por la quejosa, no produce en modo alguno efectos desproporcionales cuando se pasa de un rango a otro, tampoco operan saltos cuantitativos en la tasa del gravamen, por lo que el artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos no es conculcatorio de los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias.
De este modo, es claro que el artículo impugnado impacta de forma diversa cada salto en la tabla, de tal suerte que cuando los contribuyentes rebasan el rango en una cantidad mínima, quedan comprendidos respecto al excedente en un porcentaje distinto, con lo cual la tasa aumenta de manera progresiva, sin que puedan generarse saltos cuantitativos en la tasa del gravamen.
Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 20/2004, aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, abril de 2004
"Tesis: 1a./J. 20/2004
"Página: 399
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN I Y 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).-Al establecer los artículos mencionados, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, las bases para calcular el impuesto relativo, respecto de automóviles de fabricación nacional o importados, de modelos hasta nueve años anteriores al de aplicación de la propia ley, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, precisando que el valor del automóvil señalado en la factura original o carta factura se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año y modelo del vehículo, de conformidad con la tabla que establece el artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y la cantidad que se obtenga de tal operación, por el factor de actualización; y que al monto resultante se la aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 5o. de la ley citada, no transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarias establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque el indicado artículo 5o., al cual remite el diverso 15-C, establece una tarifa para el pago del impuesto con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa que deberá aplicarse sobre el excedente del límite inferior, y si bien en esa estructura el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable origina un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución a pagar respecto de la indicada en el renglón anterior, pues si los contribuyentes rebasan el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, los preceptos legales señalan una cuota a aplicar entre un límite y otro, en atención al porcentaje excedente del límite inferior, lo que refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado. Esto es, si bien se establece un límite inferior y uno superior entre los cuales deberá ubicarse la base gravable, también la tasa no se aplica a ésta en su totalidad, sino sólo a la porción excedente al límite inferior de cada rango."
SÉPTIMO.-En el sexto y último concepto de violación, el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 15-B de la multicitada ley, ya que, a su juicio, el mecanismo de causación que se establece en ese numeral da un trato inequitativo a sujetos que poseen vehículos de servicio particular en relación con aquellos que poseen vehículos de transporte denominados "taxis", sin que dicho tratamiento preferente esté justificado, aun cuando ambos supuestos se encuentran en la misma situación ante la ley, la de tener o usar automóviles.
Resulta infundado el referido concepto de violación, en atención a lo siguiente.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el principio de equidad tributaria, los impuestos establecidos en las normas fiscales deben gravar de la misma forma a aquellos contribuyentes que se encuentren en una situación similar o análoga. En el caso que nos ocupa, es evidente que la parte quejosa no se encuentra en una situación similar o análoga con respecto a los tenedores o usuarios de vehículos de los denominados "taxis", pues mientras éstos prestan un servicio público de transporte, aquélla usa su vehículo para el servicio particular.
No debe perderse de vista que los tenedores o usuarios de los vehículos denominados "taxis" se encuentran sujetos a pagar diversas contribuciones por tal prestación, y deben de cumplir con determinados requisitos que al efecto prevé la legislación referente al transporte público de pasajeros, situación de la que la quejosa se encuentra exenta, por tanto no puede pretender que se le dé un trato igual.
Además, conviene señalar que en la exposición de motivos del decreto mediante el cual se reformó el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondiente al treinta de diciembre de dos mil dos, el legislador señaló lo siguiente:
"Automóviles nuevos para transporte de más de 15 pasajeros.
"La Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en su artículo 5o. fracción IV, establece la mecánica para la determinación del impuesto en tratándose de automóviles nuevos destinados al transporte de más de 15 pasajeros o efectos y para automóviles que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros.
"Sin embargo, dicha fracción no aclara que ese procedimiento también resulta aplicable para los automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros denominados "taxis". Por ello, y con el propósito de evitar confusiones al momento de determinar el impuesto correspondiente, se propone aclarar que dicho procedimiento también es aplicable para ese tipo de vehículos."
Posteriormente, la misma exposición de motivos señala:
"Cálculo del impuesto excepto vehículos para transporte de más de 15 pasajeros.
"El artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos establece que tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, excepto automóviles destinados al transporte de hasta 15 pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste.
"Sin embargo y con el objeto de evitar posibles confusiones en la determinación del impuesto por parte de los contribuyentes, se propone precisar que dicho procedimiento únicamente resulta aplicable respecto de los vehículos establecidos en los artículos 5o., fracción IV y 11, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
"Por último y con el objeto de establecer con claridad el procedimiento para la determinación del impuesto en análisis, en tratándose de vehículos particulares que pasen a ser de servicio público de transporte, denominados "taxis", se propone a esa Soberanía adicionar en el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos la mecánica correspondiente."
De lo anteriormente transcrito se desprende que el legislador, en aras de la claridad, consideró necesario aplicar a los vehículos denominados "taxis" el sistema de cálculo establecido en el artículo 15-B de le Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Por las razones antes expuestas, se concluye que el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos no viola la garantía de equidad tributaria, toda vez que, al introducir el cálculo del impuesto de los llamados "taxis" al sistema de cálculo ahí establecido no irroga perjuicio alguno a contribuyentes que, como la quejosa, se encuentran en otro supuesto normativo de la ley mencionada.
Así, habiendo resultado infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, se concluye que en la materia de la revisión, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y, en consecuencia, negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Operadora Turística del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los artículos 1o., 5o. fracciones I y V, 8o. fracción VI, 14-B y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil tres, en términos de los considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del presente fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución remítanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz (ponente) y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18880-c7144c02/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-8o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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