VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON IMPUGNABLES, JUNTO CON LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EN AMPARO INDIRECTO.
AMPARO EN REVISIÓN 2906/2000. PROMOTORA HOTELERA MISIÓN, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los motivos de agravio hechos valer por la recurrente son por una parte infundados y por otra, fundados pero inoperantes, como se verá a continuación.
La quejosa señala en el primer motivo de agravio que el Juez de Distrito, al señalar que la ausencia de la personalidad que invoca por parte de la actora en el juicio de origen debió de haberla hecho valer ante la autoridad común, cuando su concepto de violación estaba sustentado por jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, en el sentido de que el examen de la personalidad es de oficio y puede emprenderse su estudio en cualquier momento del juicio, y como la sentencia de primer grado quedó firme en favor de Avance y Desarrollo Publicitario, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuando quien inició el incidente respectivo fue Avance y Desarrollo Publicitario de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, le causa perjuicio la determinación en el sentido de calificar de inatendible su concepto de violación, por lo que no estudió en forma debida dicho concepto de violación.
El anterior motivo de agravio es infundado, en atención a que, contrario a lo sostenido por la recurrente, el Juez de Distrito actuó conforme a derecho al declarar inatendible su concepto de violación por los motivos siguientes:
El resolutor federal, al momento de dictar la resolución que ahora se revisa, en el concepto de violación que aduce la quejosa le fue indebidamente valorado, señaló lo siguiente: "Dichos motivos de inconformidad devienen inatendibles, habida cuenta que las cuestiones relativas a la personalidad del apoderado de la actora e identidad de la actora Avance y Desarrollo Publicitario de México, S.A. de C.V., debieron plantearse dentro de la primera instancia del juicio natural para que trascendieran a la sentencia definitiva; por tanto, ahora no es el momento oportuno para analizar de nueva cuenta cuestiones inherentes al juicio de origen, puesto que ya se dictó sentencia que dirimió la controversia y fijó la situación jurídica de las partes contendientes, estableciendo los derechos y obligaciones correspondientes a cada una de ellas, además de que causó ejecutoria. No pasa desapercibido para este juzgado federal que tales cuestiones no fueron planteadas en agravios de apelación, por tanto, en el presente amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino que los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de los agravios de apelación, fueron o no violatorios de garantías, y si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vigentes para continuar rigiendo la sentencia que se reclama."; y citó como apoyo a su determinación las jurisprudencias cuyos rubros son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE CONTIENEN ARGUMENTOS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS NATURAL." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES, CUANDO EN EL AMPARO SE PLANTEAN CUESTIONES QUE NO FUERON ADUCIDAS EN EL JUICIO NATURAL.".
Por tanto, el Juez de Distrito hizo una correcta valoración del concepto de violación, en atención a que dada la técnica del juicio de garantías, no es dable estudiar cuestiones que no fueron hechas valer ante la responsable, y si bien es cierto que la personalidad puede estudiarse en cualquier etapa del juicio, también lo es que está resuelta en el procedimiento respectivo, por lo que debió haberlo hecho valer ante las autoridades responsables para que, en su caso, en el amparo el Juez de Distrito se pronunciará respecto a las consideraciones vertidas por éstas y declarar en su caso, si las mismas fueron violatorias de garantías o no, motivo por el cual el agravio en cuestión deviene infundado.
En el segundo motivo de agravio, la impetrante manifiesta que el Juez de Distrito hizo una incorrecta apreciación, al señalar que en esencia repitió los agravios hechos valer en la apelación, cuando él solamente desglosó los argumentos de la Sala responsable y llegó a la conclusión de que se trata de una trampa procesal, ya que al haberse desechado su material probatorio, existe una violación a las formalidades esenciales del procedimiento.
Continúa diciendo que es inexacta la apreciación que realizó el Juez de Distrito, al señalar que debieron de haber apelado el auto en donde se les desechó su material probatorio, debido a que existe jurisprudencia definida por parte de nuestro Máximo Tribunal en ese sentido.
La primera parte del agravio en estudio, es fundada, porque la quejosa, ahora recurrente, en el segundo concepto de violación, como lo señala, realizó una síntesis de todas aquellas consideraciones hechas por la Sala responsable, por lo que el Juez de Distrito no tuvo por qué pronunciarse a ese respecto, pero el mismo deviene inoperante para revocar la resolución que ahora se revisa, en atención a que en las diversas manifestaciones que sí constituyen conceptos de violación, el resolutor federal dio contestación y argumentó las razones de hecho y consideraciones jurídicas que estimó pertinentes para llegar a la conclusión de negar el amparo solicitado.
Lo anterior es así, ya que de la lectura realizada a la resolución que se revisa, se desprende que el Juez de amparo declaró inoperante el motivo de queja, en el sentido de que la manifestación realizada con respecto a la objeción del documento en el que constaba el costo porcentual promedio, no era materia del incidente; declaró inatendibles los conceptos de violación encaminados a controvertir el auto de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en virtud de que el mismo no era materia de la litis constitucional, y que para que pudiera haberse estudiado como violación procesal, se debió haber recurrido a través de los medios ordinarios de defensa, señalando además, que el juicio constitucional no tiene por objeto resolver si el fallo en primera instancia estuvo correcta o incorrectamente dictado, sino que su objeto es determinar si los fundamentos vertidos por la responsable son o no violatorios de garantías; declaró infundado el argumento en el sentido de que la responsable se abstuvo de resolver lo relativo al anatocismo, puesto que ésta a su vez declaró infundados los agravios vertidos sobre el particular, además de lo señalado para la pena convencional, en atención a que la ejecución de la sentencia definitiva sólo abarcaría la condena contemplada por ésta.
A su vez, en la resolución que ahora se revisa, contestó el argumento vertido, en el sentido de que la Sala responsable se abstuvo de abrir en segunda instancia un periodo probatorio, a lo cual se señaló que el periodo establecido en el artículo 710 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para las pruebas en segunda instancia, no se refería a las que debieron ofrecerse en la primera, sino a los supuestos establecidos en el diverso 706 de dicho ordenamiento; se declaró a su vez infundado el argumento hecho valer, en el sentido de que la quejosa no fue debidamente emplazada, en atención a que de la lectura de las constancias que integran el juicio constitucional, se observó que la quejosa contestó el incidente de liquidación, ofreció pruebas y apeló la sentencia interlocutoria respectiva, además de que interpuso el juicio constitucional contra la resolución recaída en la apelación.
De lo anterior se concluye que si bien es cierto, el Juez de Distrito declaró inoperante el segundo concepto de violación, también lo es que a cada una de las argumentaciones vertidas después de la síntesis realizada por la quejosa, le dio contestación según la esfera de su competencia; consideraciones que la quejosa no controvirtió y que como consecuencia continúan vigentes para regir la resolución que se revisa y, por tanto, no obstante lo fundado del agravio en estudio en su primer aspecto, el mismo es inoperante para proceder a la revocación de la sentencia de mérito.
En relación a la manifestación vertida también en el segundo agravio, por lo que hace a que la jurisprudencia establecida por nuestro Máximo Tribunal, señala que el momento para inconformarse de las pruebas desechadas es precisamente al impugnar la sentencia definitiva; y por tanto, la determinación del a quo federal es incorrecta e infundada, como se verá a continuación.
El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción III, señala: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.-Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.".
Ahora bien, este órgano colegiado ha sostenido el criterio en la tesis I.6o.C.163 C, que más adelante se transcribirá, que las violaciones al procedimiento que se lleguen a cometer durante el incidente de ejecución de sentencia, serán impugnables en amparo indirecto, pero debe aplicarse por analogía el contenido de los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo.
En esa tesitura, el artículo 159 del cuerpo de leyes invocado, en la fracción III, establece que: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley.".
Por su parte, el diverso numeral 161 establece: "Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.-En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas: I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale; y, II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera.-Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.".
Por tanto, contrario a lo sostenido por la recurrente, el Juez de Distrito actuó conforme a derecho al declarar inatendible su concepto de violación y señalarle que para que procediera, debió de haber recurrido el auto de primera instancia que le desechó las probanzas ofrecidas.
Es aplicable al caso el criterio sustentado por este tribunal, visible en la página 938, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.-Si en ejecución de sentencia, en la tramitación de un incidente que culmina con una interlocutoria, susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, el afectado puede reclamar éstas, junto con dicha interlocutoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo pudiéndose aplicar por analogía, los principios que rigen el juicio de amparo directo, contenidos en los numerales 158, 159, 160 y 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamental.".
Por último, resulta infundado el agravio sustentado, en el sentido de que el Juez de Distrito pretende desvirtuar las múltiples jurisprudencias en relación a la fundamentación de los actos de autoridad, argumentando que existen libros sobre leyes civiles en donde se pueden consultar las mismas; que en ninguna parte del ordenamiento federal se establece que las sentencias que carezcan de la cita de un precepto legal, el justiciable tenga la obligación de consultar los textos en donde se crea que se apoyó la autoridad para dictar el fallo, argumento que desemboca en incertidumbre e inseguridad jurídica, motivo por el cual le ocasiona agravio la resolución que se revisa, porque le deja la carga procesal de adivinar o descubrir el precepto oculto, la lógica o intuición que la autoridad responsable quiso darle a su sentencia.
Efectivamente, la materia civil cuenta con sistematización en sus materias y sobre todo, mayor vigencia en sus instituciones, cuestión que no sucede en materia administrativa, como es el caso del ámbito fiscal, en donde año con año se reforman y derogan preceptos o se abrogan leyes, por lo que resulta necesario que la autoridad administrativa cite los preceptos legales en que llegue a sustentar sus resoluciones, con el objeto de que el gobernado tenga conocimiento claro de cuál fue la legislación aplicable al caso en particular; asimismo, para que en su caso no se aplique una ley abrogada o un precepto reformado.
Sin embargo, en tratándose de la materia civil, dicha situación no acontece, debido a que ésta goza de unidad en sus razonamientos, de sistematización en sus materias, de concentración y de una tendencia a una mayor permanencia en el tiempo de sus instituciones, por lo que la simple cita de preceptos legales, no debe ser considerada como una violación que deje sin defensa al quejoso, sino que sólo basta que la consideración vertida por la autoridad tenga su sustento en la ley para que se encuentre debidamente cumplida la garantía de legalidad.
Por tanto, contrario a lo manifestado por la quejosa, lo considerado por el Juez de amparo, en el sentido de que le obliga a "adivinar un precepto oculto", no lo deja sin defensa y como acertadamente consideró el resolutor federal, aunque pudiera ser fundado dicho argumento debe declararse inoperante, porque a nada práctico conduciría el conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejara insubsistente su resolución y citara los preceptos aplicables al caso, cuando las consideraciones vertidas por ésta, seguirían siendo las mismas.
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 360, integrada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 242, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SENTENCIAS, FALTA DE CITA DE PRECEPTOS LEGALES EN LAS. EFECTOS.-Cuando los razonamientos vertidos en la parte considerativa de la sentencia reclamada son jurídicos, y sólo se omite citar los preceptos aplicables para fundarlos, es claro que la inconstitucionalidad que de esa sentencia se estableciera en el amparo, fundada exclusivamente en dicha falta de cita, entrañaría una flagrante denegación de justicia, ya que se haría perder un litigio a quien lo tenía ganado en la primera instancia, por actos que ni siquiera le son imputables, puesto que la falta de cita de los preceptos aplicables es imputable al Juez o a la Sala, pero no a la parte que obtuvo.".
Así las cosas, ante lo infundado y fundado pero inoperante de los agravios hechos valer por la recurrente, se impone confirmar por sus propios y legales fundamentos la resolución recurrida y, por ende, negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, sin que en la especie se actualice la hipótesis contemplada por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, al no advertirse ninguna violación manifiesta de la ley que deje al aquí recurrente sin defensa.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c), de la Carta Magna; 1o., fracción I, 76, 77, 78 y 184 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el fallo sujeto a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Promotora Hotelera Misión, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Alfredo Urrutia Cuevas, en contra de los actos y por las autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente asunto.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Gilberto Chávez Priego como presidente, Gustavo R. Parrao Rodríguez y José Juan Bracamontes Cuevas, siendo ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7032-1cd6ffe1/violaciones-al-procedimiento-en-el-incidente-de-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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