SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES. FINES EXTRAFISCALES. LAS FACULTADES DEL ESTADO EN MATERIA DE RECTORÍA ECONÓMICA Y DESARROLLO NACIONAL CONSTITUYEN UNO DE SUS FUNDAMENTOS. EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO CONSTITUYE UNA FICCIÓN JURÍDICA QUE SEA CONTRARIA AL TEXTO CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 1914/2005. OPERADORA DE HOTELES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente juicio de amparo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, toda vez que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de una ley federal, como lo es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.
Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional, considerando que, sobre el tema planteado, existen precedentes aplicables.
SEGUNDO. Oportunidad. Toda vez que el Tribunal Colegiado que tuvo conocimiento del presente asunto no analizó si el mismo fue interpuesto oportunamente, resulta necesario verificar dicha circunstancia.
El presente recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León fue notificada por lista a la quejosa el uno de febrero de dos mil cinco, surtiendo efectos el día dos del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.
Así, el plazo de diez días que señala el primero de los numerales mencionados empezó a correr el día siguiente hábil, tres de febrero y concluyó el dieciséis de febrero, ambos de dos mil cinco, debiéndose descontar los días cinco, seis, doce y trece de febrero, todos ellos de dos mil cinco, por ser inhábiles.
En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue interpuesto por la parte quejosa el día dieciséis de febrero de dos mil cinco, se concluye que el recurso de revisión se interpuso oportunamente.
TERCERO. Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto, deberá dilucidarse si los agravios formulados por la parte recurrente -relativos al análisis efectuado por el a quo en relación con la constitucionalidad del artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado-, son suficientes para desvirtuar las razones por las cuales le fue negado el amparo a las quejosas, a fin de determinar si debe modificarse o revocarse la sentencia recurrida, o bien, si ésta debe ser confirmada.
CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Las consideraciones necesarias para resolver el presente asunto son las que a continuación se sintetizan.
1. A través de la demanda de garantías, las empresas quejosas enderezan los siguientes conceptos de violación.
1.1. En su primer concepto de violación las sociedades mercantiles quejosas plantean la inconstitucionalidad del artículo 29, fracción VII, en relación con el 2o. A, ambos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor a partir del primero de enero de dos mil cuatro, al estimar que resultan violatorios de la garantía de equidad tributaria, consagrada por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
En primer término, las quejosas desarrollan el contenido y alcance de la garantía de equidad tributaria, haciendo particular énfasis en lo que concierne a su aplicación en el caso del impuesto al valor agregado, en relación con lo cual señalan que dicho principio constitucional debe alcanzar a los sujetos pasivos del gravamen, pero también a los actos o actividades que constituyen su objeto, según su propia naturaleza y sus características.
En este contexto, precisan que la legislación fiscal debe otorgar un trato equitativo a las personas que realicen los mismos actos o actividades y, asimismo, debe implicar la aplicación de tasas iguales a bases iguales, de tal manera que, en el caso concreto, todas las empresas que prestan servicios de hotelería y conexos en el territorio nacional deben ser tratadas de manera equitativa.
Posteriormente, dichas empresas hacen referencia a los elementos esenciales de la contribución, según se desprenderían de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; en relación con la tasa del impuesto, señalan que los artículos 29, fracción VII, y 2o. A de dicho ordenamiento, establecen la del 0% para la exportación de bienes y servicios, precisando que -a su juicio- el legislador habría establecido una ficción jurídica, al determinar que los servicios de hotelería prestados en México por un residente en el país fueran considerados como exportación.
Precisan que las restantes fracciones del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado tendrían como denominador común el que los bienes o servicios son aprovechados en el extranjero. En su concepto, dicha distinción tendría como único fin el otorgamiento de la tasa del 0%, no permitiendo su aplicación a los servicios prestados a extranjeros, cuando éstos no los utilicen con la intención de participar en congresos, convenciones, exposiciones o ferias, que se realicen en territorio nacional.
Las empresas quejosas señalan que se estaría otorgando un trato desigual a los mismos actos o actividades, señalando que aquellas personas que presten servicios de hotelería a turistas extranjeros que ingresen al país con objetivos distintos a la participación en dichas ferias o convenciones, no podrían beneficiarse con el tratamiento preferencial establecido en la fracción VII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y ello a pesar de que el prestador de servicios llevaría a cabo la misma actividad, motivo por el cual se evidenciaría que la distinción obedece a las características particulares del prestatario.
En este contexto, las empresas peticionarias de garantías señalan que no existe una razón jurídica o extrafiscal que justifique la distinción, estimando que ésta se establece en base a elementos ajenos al causante. Posteriormente, proceden a la invocación de diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, de Tribunales Colegiados de Circuito y de este Alto Tribunal, relacionadas a la garantía de equidad en materia tributaria.
Una vez precisado lo anterior, las quejosas proceden a la distinción entre la tasa del 0% y la exención para efectos del impuesto al valor agregado, señalando que la primera fue concebida como un beneficio para el consumidor, mientras que la segunda habría sido establecida como un beneficio para el causante. Al respecto, aducen que ambas figuras jurídicas tendrían como efecto que el consumidor no resintiera el impacto del gravamen, y que ambas tendrían la misma naturaleza y efecto económico.
Con base en estas consideraciones, argumentan que la tasa del 0% es igual a la exención del gravamen, constituyendo un régimen preferencial e, inclusive, se traduciría en una "exención absoluta", la cual resulta violatoria del principio constitucional de equidad, al no justificarse que se otorgue un trato dispar a sujetos que se encuentran bajo la misma hipótesis. Como apoyo a sus argumentos, citan la tesis de rubro: "ACTIVO, IMPUESTO AL. LA EXENCIÓN DE ESTE IMPUESTO A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."
Por otra parte, las empresas quejosas hacen valer que los fines extrafiscales deben desprenderse de la propia norma o del proceso legislativo del cual derivó ésta, soportando lo anterior en las tesis aisladas de rubro: "EXENCIONES TRIBUTARIAS. LAS RAZONES PARA JUSTIFICARLAS DEBEN DESPRENDERSE CLARAMENTE DE LA LEY O EXPRESARSE EN EL PROCESO LEGISLATIVO EN QUE SE SUSTENTAN." y "CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS MISMAS."
A juicio de dichas sociedades mercantiles, en el caso que nos ocupa, no se habría justificado debidamente el establecimiento de la distinción reclamada, toda vez que el legislador se habría propuesto "estimular el turismo de negocios", lo cual no se cumpliría, en razón de que las disposiciones reclamadas limitarían el trato preferencial establecido, mismo que debió haber sido otorgado a todo contribuyente que preste servicios de hotelería a turistas, nacionales o extranjeros, que aprovechen los mismos como consecuencia de atender algún negocio (con independencia de su asistencia a congresos, convenciones o ferias).
Por último, previo a la reiteración de su conclusión en el sentido de que no existiría razón jurídica o extrafiscal que justificara el trato distintivo del que se duelen, dichas empresas señalan que no apreciarían en la redacción de la disposición reclamada la búsqueda de algún fin extrafiscal encaminado a proteger o ayudar a clases débiles.
En lo que hace al efecto de la protección constitucional, las quejosas señalan que éste sería el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria de pago del impuesto al valor agregado, conclusión ésta que es soportada en su apreciación en el sentido de que el tratamiento fiscal reclamado constituiría una exención que afectaría al sistema impositivo de dicho gravamen, así como en la tesis aislada de la Segunda Sala de este Alto Tribunal de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA QUE PREVÉ UNA EXENCIÓN PARCIAL DEL TRIBUTO."
1.2. A través del segundo concepto de violación, las empresas quejosas plantean la inequidad de las disposiciones reclamadas, reiterando diversas consideraciones planteadas en su primer concepto de violación.
Al respecto, si bien los planteamientos efectuados en el primer concepto de violación los referían al hecho de que se distinguiera atendiendo a los objetivos perseguidos por el turista extranjero que aprovecha los servicios de hotelería y conexos prestados por el contribuyente residente en el territorio nacional, los desarrollados en el segundo concepto los refiere a los siguientes supuestos:
A) Al caso de turistas nacionales que participen en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México; y,
B) Al caso de turistas en general que reciban la prestación de servicios de hotelería y conexos.
En relación con dichos supuestos, aducen las quejosas que se estaría diferenciando entre contribuyentes que realizan la misma actividad, la cual sería gravada de manera diversa, toda vez que dichos turistas tendrían el mismo interés de participar en convenciones, ferias, exposiciones o congresos, lo cual pondría de manifiesto que la distinción obedecería a características particulares del prestatario.
A juicio de las quejosas, no existiría una razón jurídica o extrafiscal que justificara la distinción introducida por el legislador, estimando que la nacionalidad de un turista no puede justificar un tratamiento diverso.
En apoyo a sus consideraciones -en el sentido de que las distinciones establecidas en función de circunstancias particulares que no atañen a los sujetos del impuesto son inconstitucionales-, las empresas quejosas invocan diversas tesis aisladas y de jurisprudencia de este Alto Tribunal, mismas que se identifican con los siguientes rubros: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO EXCEPTÚA DEDUCIR LAS DEUDAS CONTRATADAS CON EMPRESAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO TENGAN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN MÉXICO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." y "ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."
1.3. Finalmente, a través del tercer concepto de violación, las empresas quejosas hacen valer la violación a la garantía de igualdad, establecida en el artículo 1o. constitucional.
Previa delimitación del contenido y alcance de dicha garantía individual, las empresas hacen valer que el procedimiento para la determinación del impuesto al valor agregado -a su juicio- resulta inconstitucional, toda vez que las disposiciones reclamadas establecerían un trato desigual a personas jurídicamente iguales, sin que ello sea justificado válidamente.
En este contexto, estiman que los artículos 2o. A y 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establecerían un trato discriminatorio, en razón de que "el beneficio de la exención (tasa 0%)" debería ser otorgado, por igual, a las personas que son iguales, sin importar si los servicios hubieren sido prestados a cualesquiera de los siguientes grupos, excluidos en las disposiciones reclamadas:
- Turistas extranjeros que ingresen al país con objetivos distintos a participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México;
- Turistas nacionales que participen en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México; y,
- Turistas en general que reciban la prestación de servicios de hotelería y conexos.
Concluye señalando que la distinción establecida provoca la inconstitucionalidad de la totalidad del sistema tributario.
2. Los argumentos utilizados por el a quo para motivar su fallo, son los que a continuación se sintetizan.
2.1. Primeramente, el a quo precisa el acto reclamado en la presente instancia, circunscribiéndolo al artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor a partir del primero de enero de dos mil cuatro, al estimar que los restantes artículos de dicho ordenamiento -1o., 2o. A, 14, 17 y 18- no fueron impugnados por vicios propios, sino en relación con el primer numeral mencionado.
2.2. Posteriormente, el juzgador de primera instancia procede al análisis de las causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables, específicamente, las contempladas por las fracciones V, VI y XVIII del artículo 73, esta última en relación con el artículo 80, ambos de la Ley de Amparo. De dicho estudio, el a quo desprende la conclusión de que los planteamientos correspondientes son infundados.
2.3. En lo que concierne al fondo del asunto, el a quo efectúa las consideraciones que a continuación se sintetizan.
A) En primer término, dicho juzgador atiende a los argumentos que las empresas quejosas habrían planteado en relación con la garantía de legalidad en materia tributaria, concluyendo que la disposición reclamada no transgrede dicho principio, toda vez que la misma no incorporaría un elemento ajeno a la relación tributaria.
B) Posteriormente, el Juez a quo procede al análisis de los argumentos planteados en relación con la aducida violación al principio de equidad en materia tributaria, mismos que considera infundados, por las razones que se precisan a continuación.
a. El juzgador de primera instancia señala que las empresas quejosas habrían aducido que las instalaciones e infraestructura variarían de un hotel a otro, lo cual provocaría que los prestadores podrían o no tener la capacidad necesaria para prestar el servicio de hotelería -considerando la realización de congresos, ferias, exposiciones o convenciones-, toda vez que se estaría estableciendo un trato preferencial a favor de los grandes hoteles.
En relación con dicho argumento, el a quo aduce que las quejosas habrían interpretado el artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de una manera equivocada, toda vez que dicho numeral no establecería que la aplicación de la tasa del 0% quedara condicionada a que las empresas cuenten con infraestructura para llevar a cabo los congresos, convenciones, exposiciones o ferias, dentro de las instalaciones del propio hotel.
Al respecto, precisa el Juez de primera instancia que las empresas contribuyentes únicamente debían prestar el servicio de hospedaje, pudiendo no realizarse los congresos o ferias en las instalaciones del hotel.
De esta manera, concluye el a quo que las empresas quejosas atribuyen a la disposición reclamada un vicio constitucional que no tiene, toda vez que no se crea una categoría especial de contribuyentes, en la medida en la que, frente al artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se encuentran en igualdad de circunstancias los hoteles con infraestructura para llevar a cabo dichos eventos, que los que no la tienen.
b. Adicionalmente, el a quo señala que no se viola el principio de equidad en materia tributaria, en razón de que se dirige a una categoría indeterminada de sujetos, siendo el caso que no se otorgaría un trato diferencial a las empresas hoteleras que se dedican únicamente a la exportación de servicios de hotelería, ya que la tasa del 0% se justifica por la existencia de un fin extrafiscal, como lo es el fomento de la exportación de ciertos bienes y servicios a nivel nacional.
Como soporte de lo anterior, el Juez se remite al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como al debate respectivo, en los que se haría referencia a la intención de estimular el turismo de negocios.
De esta manera, el Juez a quo señala que la tasa del 0% constituye un beneficio fiscal, objetiva y razonablemente justificado, como estímulo al turismo de negocios.
c. Por otra parte, precisa el a quo que la norma combatida no resulta inequitativa por señalar que, para la aplicación de la tasa del 0%, se sujete al turista prestatario del servicio al cumplimiento de diversos requisitos; lo anterior, al estimar que éstos no son adicionales o accesorios a la prestación de los servicios de hotelería y conexos, sino que son parte del supuesto normativo contemplado en el propio artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como medios que acreditan la exportación del servicio.
d. En adición a lo anterior, el a quo señala que no se viola la equidad tributaria, toda vez que el objeto del impuesto establecido por la disposición reclamada es la exportación de los servicios de hotelería y conexos -tal como ésta es definida normativamente por el artículo 29, fracción VII, de dicho ordenamiento-, y no la simple prestación de dichos servicios a turistas extranjeros. Así, señala que cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos por dicho numeral podrá tributar bajo la tasa del 0%.
e. Finalmente, el Juez de primera instancia señala que la finalidad que persigue el Estado con la actividad recaudatoria es la de prestar los servicios públicos de fomento social y demás necesarios que requieren los habituales residentes del país, servicios éstos que, en su mayoría, un turista extranjero no ocupa, por lo que -a su juicio- resulta razonable que no quede obligado al pago del gravamen en cuestión.
Con base en estas consideraciones, el a quo niega a las empresas quejosas el amparo y protección de la Justicia Federal, lo cual hace extensivo a los artículos 1o., 2o. A, 14, 17 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuya inconstitucionalidad no habría sido reclamada por vicios propios, sino en relación con el artículo 29, fracción VII, del referido ordenamiento.
3. En el recurso de revisión, la parte recurrente aduce, en síntesis, lo siguiente:
3.1. A través del primer agravio las empresas quejosas aducen la violación a los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, así como al 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al estimar que la sentencia recurrida faltaría a los principios de exhaustividad y congruencia.
Argumentan dichas empresas que el Juez habría resuelto con base en razones ajenas a la litis planteada en el escrito de demanda de amparo, precisando que no habrían formulado argumento alguno en relación con la garantía de legalidad tributaria, motivo por el cual sería claro que el a quo analizó conceptos de violación que no fueron aducidos.
De la misma manera, hacen valer que el Juez de primera instancia resolvió según argumentos relacionados con la infraestructura hotelera y con los requisitos que se exigen al turista prestatario del servicio, planteamientos éstos que no se formularon en la demanda de garantías.
De dichas circunstancias las empresas quejosas desprenden dos conclusiones: en primer término, señalan que la sentencia recurrida carece de congruencia externa, al analizar temas no formulados por las impetrantes y, en segundo lugar, que el Juez habría omitido pronunciarse respecto a las pretensiones reales de las amparistas, procediendo inclusive a la transcripción de los conceptos de violación formulados en el escrito inicial de demanda.
3.2. En el segundo agravio, las recurrentes plantean la violación a los artículos 77, 78, 79, 192 y 193, todos ellos de la Ley de Amparo, así como al 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al estimar que, contrariamente a lo expresado por el a quo, la disposición reclamada sí transgrediría la garantía de equidad tributaria.
Al respecto, argumentan en contra de la conclusión del juzgador de primera instancia en el sentido de que el tratamiento diferenciado se otorgaría con base en razones de carácter extrafiscal, de conformidad con las consideraciones que se sintetizan a continuación.
- Señalan que el Juez perdería de vista que el estímulo al turismo de negocios no debe distinguir si éste es de origen nacional o extranjero.
- Por otra parte, señalan que los fines extrafiscales no deben desconocer o contradecir principios tributarios.
- Asimismo, dichas empresas plantean que el propósito del legislador era estimular el turismo de negocios, lo cual -a su juicio- no se cumpliría, toda vez que la disposición reclamada restringe el tratamiento preferencial al caso de turistas extranjeros que se internen al territorio nacional para participar en convenciones, ferias, exposiciones o congresos.
Según el criterio de las quejosas, el legislador debería haber incluido a los turistas nacionales y extranjeros, pues no se apreciaría que el legislador hubiere tenido la intención de limitar el estímulo al turismo extranjero, máxime si se considera que la distinción establecida atiende a características del prestatario del servicio.
En este mismo contexto, hacen valer que no aprecian que la distinción se hubiere establecido con el propósito de proteger a clases débiles, lo cual habría sido pasado por alto por el a quo.
- Finalmente, hacen valer que el hecho de que se considere como exportación de servicios, al supuesto establecido por el artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado es una ficción jurídica.
Al respecto, plantean que los servicios no son aprovechados en el extranjero, considerando que el legislador estableció la distinción combatida únicamente para otorgar la tasa del 0% a los que se ubiquen en dicho supuesto, circunstancias éstas que, en su concepto, tampoco habrían sido consideradas por el juzgador de primera instancia.
3.3. A través del tercer agravio, las empresas quejosas hacen valer la violación a los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, estimando que el Juez a quo no habría estudiado la totalidad de los argumentos planteados en la demanda de garantías. Lo anterior, en razón de que dicho juzgador habría omitido pronunciarse en relación con el tercer concepto de violación, en el que esencialmente se hizo valer la violación a la garantía de igualdad establecida en el artículo 1o. constitucional.
4. Por último, el Tribunal Colegiado efectúa las consideraciones que a continuación se sintetizan.
El tribunal ad quem se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, estimando que el mismo no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, dicho tribunal precisa que, en el presente caso, no resultaría aplicable la tesis de jurisprudencia 81/2005 de esta Primera Sala, de rubro: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2004, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."
Consecuentemente, no efectúa examen alguno sobre los temas de constitucionalidad y ordena la remisión de los autos a este Alto Tribunal.
QUINTO. Análisis de los agravios planteados. Tal como ha sido precisado, la materia del presente fallo se centra en el estudio de los agravios vertidos por la recurrente, tendientes a desvirtuar la negativa del amparo.
Para tales efectos, resulta necesario señalar que de los agravios enderezados por la quejosa ahora recurrente se desprenden diversas líneas argumentativas, mismas que se describen a continuación, tendentes todas ellas a demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, por presunta violación a los artículos 77 a 79 de la Ley de Amparo.
- Incongruencia de la sentencia recurrida, por haber efectuado un análisis que versa sobre temas no propuestos en la demanda de garantías -en lo que concierne a las garantías de legalidad y equidad en materia tributaria- y, por ende, omisión de parte del juzgador de primera instancia, en lo que concierne al estudio de los planteamientos que efectivamente fueron formulados en relación con la violación a la garantía de equidad tributaria;
- Indebido análisis de diversos planteamientos efectuados en relación con la garantía de equidad, lo cual habría tenido como consecuencia la negativa del amparo a la parte quejosa; y,
- Omisión en el estudio de los planteamientos efectuados en relación con la garantía constitucional de igualdad.
A continuación se analizan dichos planteamientos, si bien ello no se llevará a cabo en el orden en el que fueron propuestos por la parte recurrente.
1. Tal como ha sido precisado en el considerando que antecede, a través del tercer agravio formulado, la parte quejosa ahora recurrente hace valer que el Juez a quo habría omitido analizar los argumentos planteados en el tercer concepto de violación, relativos a la violación a la garantía de igualdad, consagrada en el artículo 1o. constitucional.
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho planteamiento resulta infundado, de conformidad con los razonamientos que a continuación se exponen.
El artículo 1o. constitucional, relacionado por la parte quejosa con la violación de la garantía de igualdad, establece la prohibición de cualquier discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Al respecto, tal como se desprende de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2004 de esta Primera Sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que la igualdad se configura en nuestra Constitución Federal como uno de los principios estructurales del orden jurídico, lo cual implica que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.(8)
En este contexto, debe apreciarse que la Constitución plasma diferentes facetas de la igualdad, y que se refiere a ella a veces en un plano general y a veces en el contexto de un ámbito material específico, debiendo destacarse que no establece casos de excepción en su aplicación. Así lo ha establecido esta Primera Sala, tal como se desprende de la ejecutoria correspondiente al amparo directo en revisión 988/2004, en el cual se precisó lo siguiente:
"En consonancia con esta condición, la Constitución plasma diferentes facetas de la igualdad, y se refiere a ella a veces en un plano general y a veces en el contexto de un ámbito material específico. Así, por ejemplo, el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución contiene una afirmación general del principio de igualdad en el disfrute de las garantías individuales que la misma otorga; en el tercer párrafo de dicho artículo se establece la prohibición de discriminar por varios motivos expresamente enumerados, y de cualquier otro modo que implique un menoscabo para la dignidad humana o para los derechos y libertades de las personas; en el artículo 2o., apartado B, por su parte, se impone a los distintos niveles territoriales de poder, el deber de establecer las instituciones y políticas necesarias para garantizar los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, con vistas a promover su igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria; el artículo 4o. especifica que el varón y la mujer son iguales ante la ley; los artículos 13, 14 y 17 garantizan de varios modos la igualdad de las personas sujetas a un proceso jurisdiccional; y la fracción IV del artículo 31, al imponer a los mexicanos la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo ..."(9)
En tal virtud, tal como fue precisado al resolver el asunto de referencia, esta Primera Sala estima que la garantía de equidad establecida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20552-4383a159/sistema-tributario-su-diseno-se-encuentra-dentro-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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