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Modo: Corpus Pro

CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189). HOSPEDAJE, IMPUESTO SOBRE. EL ARTÍCULO 56 DEL DECRETO 16025, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 2 DE MAYO DE 1996). LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1116/96. · Registro digital (IUS): 4522
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HOTELES LOS ARCOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, , Pág. 264.

AMPARO EN REVISIÓN 1116/96. HOTELES LOS ARCOS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Previamente a cualquier otro examen se emprende el de los agravios de la revisión adhesiva, toda vez que en éstos se argumenta la improcedencia del juicio de garantías en relación con los actos reclamados.

No es óbice a lo anterior, que si bien por regla general primero se estudian los agravios de la revisión principal y luego, de haber prosperado, los de la adhesiva, por tener este último medio de impugnación un carácter accesorio de aquélla y que, consecuentemente, si los agravios de la principal no prosperan resulta innecesario el análisis de los expresados en la adhesiva, pues en el caso se actualiza como excepción a esa regla, el que se alegue en la revisión adhesiva la improcedencia del juicio de garantías, cuestión que debe analizarse previamente a la principal, por ser la procedencia del juicio constitucional de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

El criterio que antecede tiene sustento en la tesis número XLIII/96 de la Segunda Sala de este alto tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III-Junio, página 373, que dice:

"REVISIÓN ADHESIVA. SI EN ELLA SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE LOS AGRAVIOS A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL. La regla general es que si los agravios de la revisión principal no prosperan, es innecesario el examen de los expresados en la revisión adhesiva, o bien que primero se estudien los agravios en la principal y luego, de haber prosperado aquéllos, los de la adhesiva, por tener ésta un carácter accesorio de aquélla. Sin embargo, cuando lo que se alega en la revisión adhesiva es la improcedencia del juicio de garantías, debe analizarse previamente a la revisión principal, por ser una cuestión de orden público en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

Del contenido del recurso de revisión adhesiva se observa que, en vía de agravios, la parte adherente aduce que se surte como causa superveniente de improcedencia la prevista por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque mediante el decreto 16082 de dos de abril de mil novecientos noventa y seis, se reformaron diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, entre los que se encuentran los reclamados en el juicio constitucional.

Carece de sustento jurídico lo alegado por la autoridad responsable adherente, toda vez que en el caso concreto no se actualizó esa causa de improcedencia que hace valer, como a continuación se expone.

En la demanda de garantías, la sociedad quejosa reclamó el Decreto 16025, emitido el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco por el Congreso del Estado de Jalisco y vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y seis, con motivo de su sola entrada en vigor, sin acto concreto de aplicación en su perjuicio, disposiciones del siguiente tenor:

"SECCIÓN PRIMERA. Del Objeto

"Artículo 56. Es objeto de este impuesto, la prestación de servicios de hospedaje, que se realicen en el Estado de Jalisco, debiéndose entender que existen tales servicios, cuando por lo menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentren dentro de su territorio. Asimismo, para los efectos de este impuesto, se entiende por prestación de servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue y de los servicios inherentes al mismo, a cambio de una contraprestación, sea cual fuere la denominación.

"SECCIÓN SEGUNDA. De los Sujetos

"Artículo 57. Son sujetos de este impuesto, las personas quienes reciban los servicios de hospedaje que señala esta ley, mediante las retenciones que deberán efectuarles los prestadores de los mismos.

"Artículo 58. Las personas que presenten (sic) los servicios de hospedaje, así como las que tengan a su cargo la administración u operación de sistemas de tiempo compartido, están obligadas a lo siguiente:-I. Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la autoridad fiscal que corresponda, mediante la forma oficial del caso y proporcionando la información relacionada con su identidad, su domicilio y aquella que les sea solicitada y. II. Retener a los usuarios de sus servicios, el impuesto correspondiente y enterarlo a las oficinas autorizadas por los periodos y en las fechas señaladas conforme a este capítulo. Los retenedores de este impuesto están obligados a enterar una cantidad equivalente a la que se debiera retener conforme a esta ley, aun cuando no hubieren hecho la retención o no hayan recibido el pago de las contraprestaciones relativas al servicio prestado.

"SECCIÓN TERCERA. De la Base del Impuesto

"Artículo 59. La base para el cálculo de este impuesto se integra con el valor total de la contraprestación pactada a favor de quien preste el servicio, así como con las cantidades que se carguen o cobren a quien lo reciba por intereses normales, penas convencionales, mantenimiento, cuotas ordinarias, extraordinarias o por administración, gastos de toda clase y cualquier otro concepto inherente a los mismos.

"SECCIÓN CUARTA. De la Cuota

"Artículo 60. Este impuesto se liquidará y pagará de conformidad con la tarifa que al efecto señale la Ley de Ingresos del Estado.

"SECCIÓN QUINTA. Del Pago

"Artículo 61. El pago del impuesto se hará mediante el entero de las retenciones que debió efectuar el prestador que señale esta ley cada bimestre, teniendo como máximo un plazo de quince días siguientes al mismo. Se tendrá obligación de pagar este impuesto, en el momento en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de su prestador, incluyendo los anticipos que se reciban."

Con independencia de que la totalidad de los preceptos legales transcritos sean de carácter autoaplicativo, también conocidos como de individualización incondicionada porque con su sola vigencia causan perjuicio a las personas que se encuentren colocadas dentro de sus supuestos normativos; o bien, que algunos de esos preceptos sean heteroaplicativos o de individualización condicionada porque requieran de un acto concreto de aplicación para que el perjuicio se actualice, lo cierto es que la parte quejosa los reclama argumentando que por su sola entrada en vigor le causan perjuicio, sin acto concreto de aplicación en su perjuicio, ya que dice que es propietaria del negocio denominado Hoteles los Arcos de Occidente, S.A. de C.V., y que como tal se le obliga a retener el impuesto sobre hospedaje y a inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Ahora bien, es verdad que mediante el Decreto 16082, publicado el dos de mayo de mil novecientos noventa y seis en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el Congreso de esa entidad federativa reformó diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, entre los que se encuentran los artículos 56, 57, 58, 59 y 61, que se reclaman en la vía constitucional, cuyo texto actual dice:

"Artículo 56. Es objeto de este impuesto, la prestación de servicios de hospedaje, en las edificaciones regidas por la modalidad de uso en tiempo compartido, hoteles, moteles, campamentos y paraderos de casas rodantes, en inmuebles ubicados en el Estado de Jalisco.

"Asimismo, para los efectos de este impuesto, se entiende por prestación de servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue a cambio de una contraprestación, sea cual fuere la denominación que ésta tenga.

"Artículo 57. Son sujetos de este impuesto, las personas quienes reciban los servicios de hospedaje, mediante la retención que deberán efectuar los prestadores de los mismos.

"Artículo 58. Las personas que presten los servicios de hospedaje, así como las que tengan a su cargo la administración u operación de sistemas de tiempo compartido, están obligadas a lo siguiente:

"...

"II. Retener a los usuarios de los servicios de hospedaje el impuesto correspondiente y enterarlo a las oficinas autorizadas dentro del plazo señalado en este capítulo. Los retenedores de este impuesto están obligados a enterarlo, aun cuando no hubieren hecho la retención, pero sí hubiesen prestado el servicio.

"Artículo 59. La base para el cálculo de este impuesto se integra con el valor total de la contraprestación del servicio de hospedaje y, en el caso de los tiempos compartidos, por el monto de la contraprestación que hace el usuario del servicio cada vez que haga uso de sus derechos convenidos sobre un bien o parte del mismo."

"Artículo 61. El pago del impuesto lo hará el prestador de servicios de hospedaje mediante entero que se efectuará el último día de cada bimestre natural, teniendo como máximo un plazo de quince días siguientes al mismo, debiendo enterarlas en las Oficinas de Recaudación Fiscal de la Secretaría de Finanzas o ante las instituciones de crédito autorizadas."

La circunstancia de que los artículos 57, 58 y 61 reclamados hayan quedado, entre otros, reformados a partir de la entrada en vigor del Decreto 16082, ocurrida al día siguiente de su publicación, contrariamente a lo aducido por la autoridad recurrente, no conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio, toda vez que si bien este alto tribunal ha sostenido, en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, que ante la derogación de la ley reclamada cesan sus efectos y resulta improcedente el estudio de su constitucionalidad, tal criterio se encuentra limitado para aquellas leyes cuya naturaleza sea prohibitiva y bajo determinadas condiciones, hipótesis que en el caso no se actualizó.

Ciertamente, el referido criterio jurisprudencial se publicó con el número ciento noventa y dos en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 189, que dice:

"LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN. Si la ley combatida ha sido derogada, sus efectos han cesado, y aunque se señalen en la demanda actos de aplicación, si éstos no se refieren a un caso concreto y específico en que el quejoso resulte perjudicado, sino que la aplicación se relacione a una prohibición in generis, esta situación prevalece durante la vigencia de la ley, pero resulta ya de imposible modificación de estudiarse el fondo del negocio y de concederse en su caso el amparo y protección de la Justicia Federal, que ningún efecto puede, en estas condiciones, surtir sobre el pasado. Por lo tanto, con fundamento en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente y debe sobreseerse con apoyo además en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento antes citado." (Séptima Época: Amparo en revisión 4876/64 (está equivocado el número que aparece en la publicación). Ángel Tintos Ballesteros. 27 de junio de 1974. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisión 6167/77. José Alejandro Monroy Berrecochea. 6 de mayo de 1980. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisión 6361/77. Tomás García Vázquez. 6 de mayo de 1980. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisión 6433/77. J. Armando Antonio Flores Serrat. 6 de mayo de 1980. Unanimidad de veinte votos. Amparo en revisión 6558/77. Ernestina Curiel Vergara. 6 de mayo de 1980. Unanimidad de veinte votos).

Ahora bien, al tener a la vista las ejecutorias con las que se integró la jurisprudencia invocada, se observa que la primera de ellas (rectora del criterio) fue emitida a propósito del amparo en revisión número 4876/54 promovido por Ángel Tintos Ballesteros, en donde se examinó la procedencia del juicio de amparo en contra de una ley que estableció un deber a cargo de los abogados litigantes de registrar su título o cédula profesional, la cual se reclamó con motivo de su aplicación concreta en la expedición de ciertas circulares que prohibieron a aquéllos actuar en los procesos llevados ante las responsables, sin cumplir previamente con el registro correspondiente, según puede constatarse de la transcripción del fallo en la parte conducente:

"El quejoso impugna la constitucionalidad del artículo 35, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, expedida el 31 de diciembre de 1953, cuyo texto es el siguiente: 'Capítulo Cuarto. Del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Artículo 35. Corresponde al presidente del Tribunal Superior de Justicia: ... VII. Registrar los títulos de abogados, cerciorándose de la identidad de las personas, y de que han sido expedidas por autoridad o corporación legalmente autorizada para ello, excepto cuando el profesionista tenga cédula expedida por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en que sólo se tomará razón de este documento. Sin dicho registro los interesados no podrán ejercer en el Estado. De las listas de registro que irá formando el presidente del tribunal, enviará copias a los jueces de los distintos partidos judiciales, con el objeto de que éstos no permitan el ejercicio de la profesión a las personas que no se encuentren registradas.' Considera que el precepto combatido es aplicable, porque desde 23 años anteriores a la presentación de la demanda ha desempeñado la labor de abogado práctico, sin tener título de licenciado en derecho, ni cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y al efecto, señala como actos de aplicación del precepto impugnado las circulares que expidió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para el efecto de que en ejecución del precepto ahora combatido, se concediera un término perentorio para que las personas que ejercieran la profesión, registraran sus títulos o exhibieran su cédula, con la advertencia que de no hacerlo, se les impida el ejercicio de dicha profesión; así como la orden librada a los Jueces citados como autoridades responsables para que cumplan con el precepto que combate ahora. Además, de los Jueces responsables, la ejecución de las órdenes dictadas por su superior. Sigue diciendo el quejoso en su demanda, que con los actos reclamados se le priva de inmediato del producto de su trabajo al impedírsele ejercitar la profesión de abogado práctico, único medio con cuyo producto, sostiene a su familia, mutilándose además su patrimonio. Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado combatida ha sido abrogada, según el artículo primero transitorio del decreto de 5 de enero de 1971, que crea una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. Por tanto, los efectos de la ley combatida han cesado. Y aunque se señalan en la demanda actos de aplicación, éstos no se refieren a un caso concreto y específico en que el quejoso resulte perjudicado porque se le haya impedido obtener determinados emolumentos como producto de su trabajo como abogado práctico, sino que la aplicación se relaciona a una prohibición in genere para presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y los juzgados que dependen de él para ejercer la profesión de abogado, situación esta que prevaleció durante la vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California de 31 de diciembre de 1953, que se combate, pero que resulta ya de imposible modificación de estudiarse el fondo del negocio y de concederse en su caso el amparo y protección de la Justicia Federal que ningún efecto puede, en estas condiciones, surtir sobre el pasado. Por lo tanto, con fundamento en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente, y debe sobreseerse con apoyo además en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento antes citado, sin que sea el caso de hacer reserva de jurisdicción alguna, pues los actos de aplicación del ordenamiento combatido no se impugnan por vicios propios."

Como se ve, del asunto que formó la tesis, que entonces fue aislada y ahora ya es jurisprudencia, se desprende con claridad que el origen de ese criterio yace en la existencia de un juicio de amparo en el que se reclama una norma cuya aplicación entraña una prohibición in generis, que sólo prevalece durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesa su efecto prohibitivo, permitiendo al particular actuar, hipótesis ante la que una concesión de la protección constitucional ningún efecto podría tener, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, esto es, no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de dicha norma, permitiendo al particular realizar aquello que le fue vedado y que ahora ya le es permitido. Además, ningún caso tendría que se otorgara un amparo por virtud del cual se permitiera al particular actuar en aquellos aspectos prohibidos por la ley, si al ya no estar ésta vigente, bien puede hacerlo con libertad.

La anterior reflexión conduce a distinguir del supuesto en el que la ley reclamada entrañe, no una prohibición, sino una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga, caso en el que la derogación de esa ley no libera, a quienes fueron destinatarios de la ley, de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, lo cual explica que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deban responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; máxime que, por regla general y salvo disposición expresa (como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma), la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor.

En esa tesitura, mientras subsistan los efectos de la ley por lo que hace al periodo durante el cual estuvo rigiendo, no puede afirmarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo y que es aplicable la jurisprudencia en estudio, como sucede en la especie, dado que las disposiciones legales reclamadas son de naturaleza positiva, no negativa o prohibitiva y, por tanto, obligaron a sus sujetos a actuar de determinada forma, dejando huella en la esfera jurídica del quejoso, que sólo puede ser borrada por una concesión del amparo.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos reclamados, la empresa quejosa tenía las obligaciones de retener el impuesto sobre hospedaje desde el mismo primero de enero de mil novecientos noventa y seis, fecha a partir de la que entraron en vigor las normas reclamadas, a enterar, a más tardar, el quince de marzo siguiente, el impuesto que retuvo durante el primer bimestre del año y, de inmediato, a inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes de Jalisco. De lo que se sigue que si bien las reformas que entraron en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto 16082, esto es, el tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, privaron de vigencia a los preceptos legales impugnados, no hicieron desaparecer los efectos que éstos produjeron durante el tiempo en que estuvieron vigentes, traducidos en todas esas obligaciones de hacer que la ley imponía a la quejosa, en la que se incluye la de pagar el impuesto aun cuando no hubiera hecho la retención, respecto de las que naturalmente tiene que responder, pues inclusive, esa retención subsiste en los mismos términos, por lo que en esta hipótesis es insostenible la postura de que los efectos de los artículos reclamados hayan cesado.

Por consiguiente, debe concluirse que en el caso no es aplicable la jurisprudencia antes transcrita cuyo rubro es "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN.", aunado a que en la especie, según se ha precisado, algunas de las normas que se reclaman son autoaplicativas y se impugnan con motivo de su sola vigencia y no de un acto concreto de aplicación, porque desde tal momento obligan a la quejosa, mientras que en la jurisprudencia se observa una hipótesis diferente en la que la ley se impugna con motivo de actos concretos de aplicación, ya que dice "... y aunque se señalen en la demanda actos de aplicación, si éstos no se refieren a un caso concreto y específico en que el quejoso resulte perjudicado, sino que la aplicación se relacione ...".

Es corolario de lo expuesto, que resulta infundada la proposición de la autoridad inconforme de que en el caso se sobresea conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVI del numeral 73 de la misma legislación. Conviene añadir que tratándose de amparo contra leyes, aun en el supuesto de que el mismo se otorgue y su efecto sea proteger al quejoso en contra de su aplicación presente y futura, ello sólo se refiere a la ley reclamada y durante el periodo de su vigencia, sin que pueda extenderse a un acto legislativo diverso, como lo es la reforma legislativa posterior que por ser ajena al juicio de amparo no podría ser afectada por la sentencia emitida en el mismo.

SEXTO. De los agravios hechos valer por la parte quejosa, resultan sustancialmente fundados los vertidos en los incisos d) y e) del escrito correspondiente, mismos que se estiman suficientes para revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal.

En efecto, la sociedad quejosa inconforme expresó, en el primero de los incisos antes referidos, literalmente lo siguiente:

"d) En relación a lo anterior, estimo que tales razonamientos se encuentran erróneamente fundados y motivados, ya que en tratándose de la prestación del servicio de hospedaje, si el usuario del servicio no cubre el pago de las contraprestaciones mucho menos del impuesto, ¿por qué la prestadora del servicio debe enterarlo? Pretendiendo ser sabio el a quo señala que 'la retención debe aplicarse únicamente sobre el servicio prestado' pero si el costo de tal servicio no es cubierto por el usuario al prestador, ¿quién pagará el impuesto?, la contestación nos la da el decreto impugnado señalando que el entero deberá hacerlo el prestador del servicio, luego entonces, surge la pregunta ¿por qué debe cubrirlo el prestador del servicio de hospedaje cuando el causante del impuesto lo es el usuario? tal situación obviamente contraviene el espíritu de la Constitución, no solamente en los artículos 5o. y 31, fracción IV, sino también en los numerales 14 y 16, en cuanto se prohíbe todo acto de molestia en perjuicio de la persona (debiéndose entender tanto la física como la moral, puesto que donde la ley no distingue la autoridad no puede hacerlo); el alcance o interpretación dado por el juzgador a la fracción IV del artículo 31 constitucional, indudablemente que rebasa los límites que el legislador pretendió darle, ya que de la lectura de las garantías individuales se desprende la protección a la libertad del trabajo, como también de los actos de molestia o de privación que pudiera sufrir la persona (bien sea ésta física o moral) por parte de la autoridad, entonces pues, el imponer el decreto impugnado obligaciones a los prestadores del servicio de hospedaje sin ser causantes del impuesto sobre hospedaje, llegando al extremo de pretender que realice el pago de dicho impuesto, aun cuando ni siquiera hubiere recibido el pago de la contraprestación por el servicio prestado, viola garantías individuales de la quejosa; ahora bien, la interpretación correcta que debe darse a la fracción IV del artículo 31 constitucional, lo es en el sentido de que toda persona mexicana debe contribuir para los gastos públicos tanto de la Federación, como de los Estados y Municipios, pero ello no implica que se convierta en gestora, ya que tal actividad o facultad le corresponde a la Secretaría de Finanzas del Estado, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que inclusive cuenta con la facultad económico-coactiva para su cobro, facultad de la que adolece el particular. No puede estimarse aberrante afirmar que quien debe darse de alta debe ser el contribuyente, puesto que él es el obligado a enterar el impuesto sobre hospedaje, aun cuando se considere una cuestión práctica, porque si cientos, miles o millones de personas estuvieran en posición de usar el servicio que aquí interesa, regresando sobre lo dicho, ello implicaría para la quejosa desarrollar un trabajo extra como lo son las actividades de cálculo, cobro y entero del impuesto en la oficina que la Secretaría de Finanzas señale, sin obtener de la quejosa su previo consentimiento y sin fijarse una justa retribución por su labor, ya que no obstante cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos en los términos de las leyes tanto federales, estatales, como municipales, ahora se pretende se convierta en una especie de trabajador (sin sueldo) de la Secretaría de Finanzas con obligaciones tales como tener que inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes (sin serlo en relación al impuesto que nos ocupa), retener (que implica cuantificar) del causante (quien es el usuario del servicio) el pago del impuesto sobre hospedaje y enterarlo en las fechas indicadas a la oficina correspondiente, sino que además, si el causante no cubre al prestador del servicio la contraprestación respectiva, no libra la obligación de enterar el impuesto, luego entonces, si el artículo 31, fracción IV, constitucional, señala la obligación de contribuir, no puede el juzgador, como indebidamente lo hace, darle una interpretación que no tiene, es decir, no puede obligarse a una persona que no sea la causante a enterar un impuesto del cual no es sujeto pasivo ni tampoco se le puede obligar a desarrollar una actividad sin su previo consentimiento, aun cuando se trate de una persona moral la quejosa, puesto que el artículo 5o. constitucional no hace distinción alguna; el Estado, contrariamente a lo afirmado por el a quo, para el control de la recaudación del impuesto que aquí importa, cuenta con la infraestructura necesaria para ello como lo es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, cuyo personal que labora en la misma en sus funciones cuenta con la recaudación de impuestos y además con la facultad económico-coactiva para su cobro, sin que pueda estimarse, como erróneamente lo afirma el juzgador, que la obligación contenida en la fracción IV del artículo 31 constitucional, incluya también los servicios personales, porque ello viola la garantía contenida en el artículo 5o. constitucional."

La consideración expuesta en la sentencia constitucional que controvierte la peticionaria de garantías, ahora recurrente, es del tenor siguiente:

"Tampoco se advierte que la disposición del decreto impugnado conculque las garantías que se contienen en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, en la medida en que se atribuye que el impuesto a que alude el decreto es desproporcionado e inequitativo, dado que, se afirma, obliga a la empresa solicitante del amparo, a pagar el impuesto sin haber obtenido el ingreso correspondiente del servicio, o en perjuicio del prestador en cuyo favor se erijan deudas, produciendo así la inequidad y la desproporcionalidad por la que, afirman, solamente el contribuyente y no el retenedor tiene la obligación de darse de alta. A ello debe responderse que aunque es verdad que los retenedores están obligados a enterar una cantidad equivalente a la que deberán de retener aun cuando no se hubiese hecho la retención o no hayan recibido el pago de la contraprestación, inherentes al servicio de hospedaje prestado, también lo es que partiendo de lo establecido en el artículo 61 del propio decreto, la obligación de pagar el impuesto que corre, repítese, a cargo del usuario del servicio, se actualiza en el momento en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de su prestador incluyendo los anticipos que se reciban, lo que significa que la retención debe aplicarse únicamente sobre el servicio prestado. Por lo demás, carece de sustento la alegación que hace respecto de que quien debe darse de alta sería el contribuyente, pues como ya se apuntó, por razones prácticas, es obvio que lo anterior sería aberrante, pues equivaldría a que miles y quizás millones de personas que estuvieran en posición de usar el servicio que aquí interesa, se dieran de alta sólo por el lapso que utilizaran dicho servicio, lo cual sería caótico para los efectos pretendidos por la ley hacendaria, amén de que el verdadero espíritu del decreto sobre este punto es justamente que el Estado pueda controlar y hacer más expedita la recaudación del impuesto que aquí importa, lo cual no implica que tal circunstancia sea inconstitucional, pues esa facultad se encuentra prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Además, ya se ha puntualizado que una interpretación del artículo 31 en esa fracción, en el aspecto que se involucra, determina que en materia tributaria es obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; esta obligación no se limita a contribuir con aportaciones en dinero o en especie, sino que establece una obligación que comprende también los servicios personales, y aun cuando expresamente no se señala en dicho precepto, la interpretación debe ser en tal sentido, porque no se puede exigir que un precepto de la Constitución detalle la obligación hacia los particulares, porque esa tarea corresponde al intérprete, o sea al órgano estatal competente a través de la creación de normas jurídicas generales."

El análisis realizado por el Juez de Distrito, que se impugna en el agravio marcado con el inciso d), antes transcrito, resulta incorrect

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4522-ddd33f41/cesacion-de-efectos-aplicacion-de-la-tesis-jurisprudencial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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