SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 237-C DE LA LEY RELATIVA, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2005, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 634/2006. OPERADORA LA SIERRA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II y primero transitorio del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de una ley federal, como es la Ley del Seguro Social reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de dos mil cinco, específicamente su artículo 237-C, y aun cuando subsiste el problema de constitucionalidad planteado, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, porque no se está en el supuesto de establecer un criterio de importancia y trascendencia.
SEGUNDO. La interposición del presente recurso de revisión resultó oportuna, en virtud de que tuvo verificativo dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación correspondiente.
En efecto, de las constancias de autos se advierte que la sentencia impugnada fue notificada personalmente al autorizado de la parte quejosa el dos de febrero del año dos mil seis (foja 256 del juicio de amparo), y tal notificación surtió sus efectos legales el tres siguiente, por lo que el plazo de diez días referido corrió del siete al veinte de febrero de ese mismo año (descontándose del cómputo los días seis por ser inhábil, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero por haber sido sábados y domingos); por tanto, si la presentación del recurso tuvo lugar el día catorce de febrero del año dos mil seis, es inconcuso que tal presentación fue oportuna.
TERCERO. La parte quejosa recurrente hizo valer el agravio siguiente:
"Único. La sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, se hizo en franca violación a lo establecido por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 31, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como enseguida se demuestra: En efecto, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, regula el principio procesal de que las sentencias que se emitan en amparo deben señalar los fundamentos de derecho en que se apoya para sobreseer el juicio, o bien, para declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto reclamado, al así disponerlo textualmente: (se transcribe). Ello significa que el juzgador que deba conocer de cualquier litigio en amparo, al momento de emitir la sentencia que ponga fin a la controversia suscitada atenderá al principio de legalidad, es decir, que la sentencia que al efecto emita, deberá estar fundada y motivada, pues no puede quedar a su libre autoridad definir el sentido y alcance del fallo. Si bien es cierto que los juzgadores de amparo no pueden cometer una violación directa a las garantía previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, no menos cierto es que las partes integrantes del juicio de garantías sí pueden alegar que el juzgador al emitir la sentencia lo hizo de manera infundada e inmotivada, actualizándose una trasgresión a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número VI.2o.C. J/234, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del mes de octubre, en la página 856, al tenor siguiente: ‘SENTENCIA DE AMPARO. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN VIOLA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe). En ese tenor, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua al resolver el juicio de garantías número 486/05-II, argumenta en la sentencia objeto de la presente revisión, lo que a continuación se transcribe: (se transcribe). Es oportuno considerar que en materia fiscal, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula los principios rectores de la obligación fiscal a cargo de los sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria, precepto legal que resulta aplicable a las aportaciones de seguridad social por constituir un gravamen que se traduce en una contribución de aportación de seguridad social de conformidad con la clasificación que hace el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación; punto que no se encuentra a discusión, puesto que la a quo ha reconocido implícitamente, al resolver el juicio de amparo antes citado, que las cuotas obrero patronales deben sujetarse a la regulación prevista en el artículo 31, fracción IV, de nuestro Pacto Federal, aunado a que ello se puede corroborar con el criterio jurisprudencial que sostuvo el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de septiembre de 1995, en la página 62, al tenor siguiente: ‘SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS.’ (se transcribe). Se comparte el criterio con el Juzgado de Distrito en cuanto a que el principio de equidad previsto en el supracitado artículo 31, fracción IV, de la Constitución, consiste en que el legislador debe dar un trato igual a aquellos sujetos que se encuentren en igualdad de condiciones ante una ley fiscal y, por ende, conceder un trato desigual cuando los sujetos se encuentren en un plano de desigualdad, atendiendo a las diferencias de capacidades contributivas. Es indiscutible que en nuestro sistema tributario existen categorías de contribuyentes que por sus características particulares tributan en formas disímiles sin que ello implique una violación al principio de equidad previsto en el numeral 31, fracción IV, del Pacto Federal, pero bajo el entendido de que dicho trato diferenciador debe estar plenamente justificado por el legislador, pues no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes; por ende, el establecimiento de distintas categorías de contribuyentes deben sustentarse en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría. Criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación según se desprende de la siguiente jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de 2000, al tenor que se lee: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). No obstante lo anterior, el Juez Noveno de Distrito aduce en la sentencia recurrida, que el artículo 237-C de la Ley del Seguro Social, publicado mediante decreto legislativo en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2005, no es violatorio de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto legal que textualmente dispone lo siguiente: (ya transcrito). En efecto, el juzgado responsable aduce en la sentencia que se recurre, que el artículo transcrito no es violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución, en virtud de que no da un trato diferencial a patrones que no sean catalogados del campo, y contrario a ello, sí respeta la garantía de equidad tributaria porque la Ley del Seguro Social al regular en forma distinta la determinación de las aportaciones por cuotas obrero patronales a cargo de los patrones del campo y los patrones con actividad diversa a la del campo, está reconociendo las características objetivas. Tal aserto es infundado, pues al criterio plasmado en la sentencia recurrida, basta que el legislador regule formas distintas para tributar aplicables a los causantes, para sostener que se cumple con el principio de equidad. Lo anterior es incorrecto, pues no es suficiente que el creador de las normas haga una distinción en cuanto a la determinación de las obligaciones fiscales de los sujetos obligados para decir que se respeta el principio rector de equidad tributaria, dado que si bien el legislador al tener la potestad tributaria con la cual puede reformar o crear normas fiscales, también lo es que esa potestad no es irrestricta porque se encuentra sujeta al cumplimiento exacto del artículo 31, fracción IV, de la Constitución, de suerte que si el resultado del proceso legislativo atenta contra cualquiera de los principios tributarios ahí establecidos, el causante estará en aptitud de accionar el juicio de garantías en busca de la protección de la Justicia Federal por considerar que la ley reclamada es violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectivamente, es de explorado derecho que si el legislador pretende establecer diferentes categorías de contribuyentes que impliquen la existencia de tratos disímiles en cada una de ellas, deberá justificar objetivamente la circunstancia del porqué determinados contribuyentes reciben un trato desigual en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en relación con otros que puedan encontrarse en aparente estado de desigualdad, como indebidamente lo sostiene el Juez natural; admitir ello es tanto como conceder al Poder Legislativo una potestad absoluta y sin restricción en cuanto a la creación de normas fiscales, inhibiendo de esa manera cualquier intento de cuestionar la supremacía del numeral 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna. Cobra vigencia al caso concreto la jurisprudencia número P./J. 41/97, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de junio de 1997, en la página 43, al tenor siguiente: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). En el caso particular, es incuestionable que el artículo 237-C de la Ley del Seguro Social contraviene el principio de equidad tributaria al conceder un trato privilegiado a los patrones del campo en relación a patrones con actividad distinta a la del campo, sin que el legislador haya considerado alguna justificación objetiva suficiente para marcar esa diferencia atendiendo a sus capacidades económicas, operativas o sociales, pues como se dijo en el escrito de demanda, el criterio original del legislador fue que en materia de seguridad social sea aplicable de manera igual a todas las categorías de contribuyentes de dicha contribución, incluyendo al campo mexicano, al así disponerlo textualmente en el artículo 234 de la ley de la materia, que establece: ‘Artículo 234. La seguridad social se extiende al campo mexicano, en los términos y formas que se establecen en la presente ley y los reglamentos respectivos.’. De dicho numeral se infiere claramente que en tratándose de seguridad social, deberá existir un trato igual a todos aquellos causantes que se ubiquen en el hecho generador de las cuotas obrero patronales, sin hacer distinción entre las diversas categorías de patrones sujetos a la obligación de afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, norma que sin lugar a dudas recoge el principio rector de la equidad tributaria, pero que es vulnerado con la adición del artículo 237-C de la ley de la materia, al permitir que patrones del campo puedan excluir como integrante del salario base de cotización, los pagos adicionales por concepto de bono de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización, sin hacer extensiva tal exclusiones (sic) a patrones con actividades distintas a las del campo, lo cual genera una clara violación al multicitado principio de equidad, por lo que se pide a esa H. Corte conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a mi representada y conceda el mismo beneficio de la exclusión aludida, de conformidad con las jurisprudencias por contradicción de tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, y que a la letra establecen lo que se lee: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, junio de 2004. Tesis P./J. 44/2004. Página 5. ‘EXENCIÓN PARCIAL DE UN IMPUESTO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS PRECEPTOS QUE LA PREVÉN, AUN CUANDO NO SE IMPUGNEN LOS QUE REGULAN EL MECANISMO ESENCIAL DE TRIBUTACIÓN.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, julio de 2003. Tesis P./J. 18/2003. Página 17. ‘EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.’ (se transcribe). Por otra parte, es evidente que el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, tiene un contenido económico que se traduce en el pago en dinero de las sumas que el poder público legislativamente determina por medio de una contribución, cuya cuantía impone al causante; por lo que los principios de equidad y proporcionalidad están dirigidos a todos los elementos fiscales que se vinculan directamente con la causación, exención, devolución, entre otras figuras tributarias que inciden en la obligación sustantiva del pago de contribución, es decir, no únicamente los relativos al sujeto, objeto, tasas y base, son los que trascienden a la obligación de pago, sino también algunas obligaciones formales que no son simples medios de control en la recaudación por parte de la autoridad administrativa, ya que están estrechamente vinculadas con el referido pago del tributo, siendo que en estos supuestos rigen a plenitud los principios de equidad y proporcionalidad tributarios. En las relatadas condiciones, el principio tributario de equidad actúa tanto en obligaciones sustantivas como en formales, pero en esta última hipótesis es básico que incida directamente en la citada obligación sustantiva, porque si constituye un simple control de la autoridad administrativa para la mejor recaudación de impuestos, resulta innegable que no se enlaza directamente con el deber de pagar a que alude el artículo 31, fracción IV, constitucional, de suerte que la exclusión a la que alude el artículo 237-C de la Ley del Seguro Social, no constituye elemento variable pues está directamente relacionado con la determinación de uno de los elementos esenciales de la contribución como lo es la base, que para efectos del pago de las cuotas obrero patronales lo constituye el salario base de cotización. Así, para distinguir una obligación sustantiva de una formal, es conveniente señalar que las leyes tributarias son disposiciones de observancia general que dimanan tanto de la expresión tributaria del Estado, como de la potestad normativa paratributaria (facultad para emitir disposiciones de observancia general mediante las cuales se regulan los procedimientos de fiscalización, liquidación y cobro coactivo de los tributos y se pormenorizan aspectos secundarios de los elementos esenciales de éstas). En ese orden de ideas, las normas tributarias que afectan en forma relevante el patrimonio del gobernado, son las que regulan los elementos de una contribución como sujeto, hecho imponible, procedimiento para cuantificar la base gravable, cuota, tarifa, no sujeciones, exenciones, entre otras figuras fiscales que inciden en el pago mismo del tributo a las que se les denomina sustantivas. Resulta ilustrativa la jurisprudencia que sostuvo la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el mes de enero del presente año, y que a la letra estipula: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO RIGE EN OBLIGACIONES SUSTANTIVAS Y FORMALES, PERO EN ESTA ÚLTIMA HIPÓTESIS ES BÁSICO QUE INCIDA DIRECTAMENTE SOBRE LAS PRIMERAS.’ (se transcribe). No obstante lo anterior, el Juez de Distrito sostiene que no existe violación al principio de equidad tributaria, pues de la exposición de motivos que dio origen a la adición del precepto constitucional, existen razones claras y objetivas que llevan al legislador a otorgar un trato diferenciado a los sujetos de la contribución, pues se desprenden criterios reales con relevancia frente al objeto y fin de la ley tributaria, al fomentar la productividad del campo y mejorar la seguridad social de los trabajadores eventuales, atendiendo a que los pagos por productividad realizados a los trabajadores del campo, derivan del contrato de trabajo que los patrones celebran con cada uno de ellos, en atención al número de canastillas, costales o moches que efectúen dichos trabajadores. No debemos pasar por alto que la intención del legislador por adicionar el artículo 237-C a la Ley del Seguro Social, se basa en los trabajadores eventuales del campo mexicano, por ende, la medida que adopta dicho numeral debió ser expresada en ese sentido, es decir, excluir del salario base de cotización el pago adicional que se efectúe a trabajadores eventuales del campo el porcentaje que el propio precepto define, sin embargo, de la lectura que se le pueda practicar a dicho numeral, el beneficio quedó en amplios términos incluyendo a trabajadores no eventuales, lo cual se contrapone a la intención original del Poder Legislativo Federal de apoyar aquellos trabajadores cuya relación laboral esté supeditada a un tiempo limitado o a una obra determinada. En esa tesitura, el beneficio que se desprende de la exposición de motivos está destinada únicamente a los trabajadores eventuales, de suerte tal que la exclusión debería beneficiar solamente a ellos para que su carga tributaria fuera menos onerosa, sin alcanzar a los patrones del campo, a los cuales la base para calcular sus cuotas patronales a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social no debería sufrir cambio alguno, empero, al ser plasmada la iniciativa en ley se hizo en forma incluyente y no excluyente, pues el beneficio abarcó, primero, a todos los trabajadores del campo eventuales y permanentes y, segundo, a los patrones, lo cual hace que el texto del artículo 237-C de la Ley del Seguro Social, sea contrario al postulada (sic) de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Norma Suprema. Si bien es cierto que el Juez de Distrito reproduce la exposición de motivos expresados por las comisiones relativas, lo cierto es que de ese texto no se desprende una razón clara y objetiva, suficiente para justificar el trato desigual entre patrones del campo y patrones con actividades distintas al campo, ya que de la lectura que esa H. Corte efectúe a los criterios de la iniciativa del numeral 237-C de la Ley del Seguro Social, el legislador únicamente emite consideraciones en un sentido amplio al considerar que en el campo mexicano se emplea con frecuencia a trabajadores eventuales para lo que comúnmente se le denomina pizca, recolección, siembra, deshije y la preparación del producto para su siembra; que de esta manera, al momento de establecer la relación laboral se establece un monto de salario a percibir a partir de un monto fijo y uno variable en función a la productividad. Criterios que no logran una debida observancia del artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues el hecho de que en el campo mexicano existan trabajadores eventuales, tal situación no es privativa de otras áreas productivas que no sean las del campo, pues en forma de ejemplo, en empresas industriales o comerciales existe la figura del trabajador eventual, que atendiendo a las circunstancias internas o externas de cada patrón, se da la justificación para contratar a este tipo de trabajadores. Luego entonces, no es justificante el que se sostenga que el campo mexicano actúa en base de trabajadores eventuales, lo cual es incorrecto, porque así como existen trabajadores eventuales, también se da el supuesto donde patrones del campo tengan trabajadores permanentes que reciben un sueldo compuesto por elementos fijos y variables y están sujetos a una jornada de trabajo previamente pactada con el patrón, sin que dicha relación se encuentre sujeta a un plazo previamente establecido o a una condición de facto futura; de suerte tal que si el sustento del legislador para hacer el trato desigual lo constituyen los trabajadores eventuales que reciben un sueldo basado en parte a su productividad, es inconcuso entonces que el beneficio previsto en el artículo 237-C de la Ley del Seguro Social, no podría ser privativo para otros patrones cuya actividad económica sea distinta a la del campo, pues sus trabajadores también están en aptitud de recibir un pago extra por su productividad que es medida de conformidad con las políticas implementadas por la empresa. Por otra parte, es oportuno resaltar que los trabajadores eventuales no es tema privativo del campo mexicano, pues la Ley del Seguro Social al definir lo que debe entenderse por trabajador eventual lo hace de una manera irrestricta, de tal forma que es aplicable a todas las categorías de patrones independientemente de su actividad económica, haciéndolo de la siguiente manera: ‘Artículo 5o. A. Para los efectos de esta ley, se entiende por: ... VII. Trabajador eventual: aquel que tenga una relación de trabajo para obra determinada o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo.’. Resulta entonces inexplicable por qué el legislador pretendió proteger únicamente a los trabajadores eventuales del campo y no al resto de los trabajadores también eventuales, sin exponer con absoluta claridad razones objetivas para tales efectos, vicio que trasciende hasta los patrones, pues los del campo no son los únicos que cuentan con trabajadores en esas condiciones laborales y que además reciben un pago por productividad, pues los patrones dedicados a actividades distintas a la del campo cuentan con trabajadores a los que se les entrega una cantidad adicional por concepto de productividad, pero que no reciben el mismo trato, lo cual genera la violación constitucional que se reclama. El hecho de que el trabajador del campo reciba su sueldo integrado por una cantidad fija, y un elemento variable que en la especie es atendiendo a la productividad, no es motivo suficiente para afirmar que no existe violación al principio rector de equidad tributaria, pues ese elemento variable no es ajeno a que otros patrones lo puedan estar otorgando a sus empleados, porque la misma Ley del Seguro Social contempla en la integración del salario base de cotización, los elementos fijos y variables, al establecerlo en el artículo 30, fracciones I y II, de la citada ley, lo que se lee: ‘Artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente: I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos. II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo, y ...’. El hecho de que un trabajador pueda recibir un elemento variable como lo es un bono de productividad, dado que la cuantía de la retribución no puede ser determinada anticipadamente, no constituye un criterio objetivo para dar un trato desigual como el que aquí se reclama, porque si bien el elemento variable constituye un factor económico que pueda modificar la base de tributación, lo cierto es que ello debe afectar de manera igual a todo aquel patrón que haga una erogación por ese concepto, al constituir un elemento contemplado por la legislación de la cual no se desprenden supuestos que hagan suponer la necesidad de otorgar un trato desigual para quien lo paga o quien lo recibe, por ende, ese H. Tribunal de alzada deberá conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a mi representada y resolver que el artículo 237-C de la Ley del Seguro Social, objeto del juicio de garantías es violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución y, por tanto, permitir la aplicación del beneficio establecido en aquel numeral, pues ni de la exposición de motivos y mucho menos del precepto tildado de inconstitucional se advierte con toda exactitud una causa objetiva, real, económica, social o extrafiscal, que autorice al legislador conceder un trato distinto entre patrones del campo y aquellos que no lo son, a pesar de constituir un deber el dejar expresamente justificado la desigualdad entre los sujetos que estén dentro de la misma hipótesis normativa de causación. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el mes de mayo de 2005, visible en la página 157, del siguiente rubro y texto: ‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.’ (se transcribe). De igual forma cobra relevancia la siguiente jurisprudencia también sostenida por la Primera Sala, y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de octubre del presente año, al siguiente tenor: ‘VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o. A, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO A QUIENES ENAJENAN AGUA NO GASEOSA NI COMPUESTA, CUYA PRESENTACIÓN SEA EN ENVASES MAYORES DE DIEZ LITROS, EN RELACIÓN CON QUIENES LO HACEN EN ENVASES MENORES DE ESE VOLUMEN, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).’ (se transcribe)."
CUARTO. Debe declararse firme el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida, que se rige por el considerando segundo de la misma (se sobreseyó en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por no ser ciertos los actos de aplicación y ejecución del artículo reclamado que se atribuyó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en México, Distrito Federal, al delegado estatal y subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en Chihuahua y a los subdelegados 1 y 2 del propio instituto residentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron sin prueba en contrario los actos imputados), en virtud de que no fue combatido por la quejosa, conforme a la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 542, Volúmenes 193-198, Séptima Parte, correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"REVISIÓN EN AMPARO. MATERIA DEL RECURSO. El fallo del recurso de revisión en amparo debe comprender sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando la resolución del Juez de Distrito firme en la parte que no fue impugnada."
QUINTO. Previamente al análisis de los agravios planteados por la parte quejosa recurrente, resulta conveniente referirse a los antecedentes del caso que, en síntesis, son los siguientes:
I. Operadora La Sierra, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto contra el Congreso de la Unión y otras autoridades, de los que reclamó, a partir de su aplicación, el artículo 237-C de la Ley del Seguro Social, que se adicionó a dicho ordenamiento legal mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de dos mil cinco.
Dicho precepto señala:
"Artículo 237-C. Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta ley como integrante del salario base de cotización, dada su naturaleza, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización, observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta ley. Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.
"En su caso, cubrirán la parte de la cuota obrero patronal que les corresponde conjuntamente con la actualización respectiva, en forma diferida o a plazos, sin la generación de recargos, conforme a las reglas de carácter general que emita el consejo técnico, tomando en cuenta la existencia de ciclos estacionales en el flujo de recursos en ciertas ramas de la producción agrícola."
En el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, la parte quejosa manifestó ser una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de la República mexicana; que su actividad es de tienda de autoservicio; que en los meses de junio y julio de dos mil cinco realizó el pago de bonos de productividad a los empleados de la empresa; que el diecisiete de agosto de dos mil cinco efectuó el pago de cuotas obrero patronales correspondientes al mes de julio de ese propio año, lo que constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada.
En sus conceptos de violación alegó que:
a) La norma secundaria reclamada viola la garantía de equidad tributaria consignada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19530-67c5061e/seguro-social-el-articulo-237-c-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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