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Modo: Corpus Pro

CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE OBLIGA A SU INSTALACIÓN, COMO PARTE DE SU CONTABILIDAD A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE ENAJENEN GASOLINA, DIESEL Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ES DE CARÁCTER HETEROAPLICATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 30/2004. · Registro digital (IUS): 18552
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: OPERADORA RÍO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 1537.

AMPARO EN REVISIÓN 30/2004. OPERADORA RÍO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Resultan por una parte infundados y, por la otra, inoperantes los agravios expuestos por el ente moral recurrente.

En su primer motivo de inconformidad, la quejosa recurrente sostiene, en esencia, que el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, es de naturaleza autoaplicativa, por lo que debe considerarse procedente el juicio de garantías que promovió con motivo de la entrada en vigor de esa norma.

Contrario a ello, este Tribunal Colegiado estima correcta la decisión del Juez de Distrito de considerar que el juicio es improcedente respecto del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en específico el artículo 28, fracción V, por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción VI, en relación con el 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo.

En efecto, la hipótesis de improcedencia anunciada en el párrafo que antecede, establece que para atacar una ley heteroaplicativa deberá integrarse el perjuicio personal y directo de la agraviada, a través del acto concreto de aplicación.

Por su parte, el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo señala:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso."

Del artículo transcrito se desprende que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación.

En la primera posibilidad, quien alega que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que efectivamente, la mera vigencia de la ley le causa perjuicio.

En el segundo caso, el promovente del juicio tiene la carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada, porque como se dijo, tal aplicación constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio al definir el carácter de la norma de acuerdo con la individualización condicionada o incondicionada de la misma, según lo expresa en la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de rubro:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

De la tesis que antecede, se advierte que la condición a que puede estar sujeta la aplicación de la ley puede integrarse por cuatro figuras distintas:

a) De tipo administrativo como puede ser el permiso o la autorización.

b) De tipo jurisdiccional en la que está inmersa la facultad de decir el derecho.

c) El acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular; y

d) El hecho jurídico que es ajeno a la voluntad humana.

Pues bien, en el presente asunto, del examen de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de actos reclamados y de los conceptos de violación, se aprecia que la quejosa acude al juicio de garantías a reclamar el decreto legislativo del veintiocho de diciembre de dos mil tres, en cuanto al artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, por su sola vigencia.

Al respecto, para una mejor comprensión de lo que se expondrá en líneas subsecuentes, se transcribe, en la parte conducente, el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación (énfasis añadido):

"Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:

"...

"V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general."

Del precepto antes reproducido se advierte que el numeral en cuestión establece que las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. De igual forma señala que dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente, por lo que el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Por tanto, estarán sujetos a éste las personas que realicen los hechos económicos enunciados en el párrafo precedente, esto es, que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general.

Igualmente, por cuanto hace a la materialización de dicho numeral, se tiene que para estar en aptitud de llevar el control volumétrico de las actividades económicas antes mencionadas, se realizará con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Por tanto, de una interpretación integral y completa del numeral en estudio, se tiene que éste surtirá sus efectos hasta que sean emitidas las reglas de carácter general que determinen el equipo que habrán de utilizar los contribuyentes para llevar dicho control volumétrico.

Lo anterior es así, a pesar de que en la primera parte del precepto impugnado, se impone a las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, obligaciones de hacer, consistentes en establecer controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación, los cuales deberán formar parte de la contabilidad del contribuyente, sin embargo, no debe pasar inadvertido que tales obligaciones están sujetas a la condición de que aquel control volumétrico, se lleve a cabo con los equipos que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Por tanto, la obligación impuesta al contribuyente, no surte sus efectos por su sola vigencia sino hasta el momento en que se emitan las disposiciones reglamentarias en las que se establezca qué equipos serán los autorizados por el Servicio de Administración Tributaria para que los contribuyentes a quienes está dirigido el citado artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, estén en aptitud de llevar los controles volumétricos que formarán parte de su contabilidad.

En virtud de lo anterior, la obligación de llevar controles volumétricos y mantenerlos en operación, se encuentra sujeta a la actualización de un acto posterior, como lo es la expedición de las normas de carácter general que dicte el Servicio de Administración Tributaria.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis P. VIII/90 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, visible en la página 56, que establece lo siguiente:

"TURISMO. EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN IX, DE LA LEY RELATIVA ES HETEROAPLICATIVO. El precepto mencionado, que establece la obligación de los prestadores de servicios turísticos de organizarse en forma representativa, de conformidad con lo dispuesto por los reglamentos respectivos, sujeta la actualización de tal exigencia a un acto posterior, como lo es la expedición de tales reglamentos, de donde se desprende el carácter heteroaplicativo de la disposición, pues la forma de organización no será exigible desde la vigencia de la ley, sino hasta que se expidan tales reglamentos, razón por la cual, si al promoverse el juicio no se habían expedido, debe sobreseerse con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo."

Bajo esa tesitura, se colige que el precepto reclamado es de carácter heteroaplicativo, pues por sí solo no irroga perjuicio alguno en la esfera jurídica de la quejosa, ello en virtud de que requiere que se realicen actos que individualicen el supuesto previsto por la norma, esto es, el numeral en estudio por sí mismo, no obliga, condiciona, modifica, limita o restringe situaciones concretas de derecho, ya que ello se efectuará, en su caso, con motivo de las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria, momento en el cual se actualizará lo establecido en el numeral impugnado, acto que no acredita la quejosa que se haya materializado.

Cabe señalar que a la fecha de presentación de la demanda no existía publicación en el Diario Oficial de la Federación mediante la cual se emitieran las reglas de carácter general en las que se precisarán qué equipos están autorizados para llevar el control volumétrico que establece el numeral en comento y con ello se actualizara la obligación establecida en el artículo impugnado.

En consecuencia, la obligación de las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, de contar con controles volumétricos, mantenerlos en operación y de que dichos controles formen parte de su contabilidad no les es exigible hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria emita las reglas generales correspondientes en las que señale los equipos autorizados para el control volumétrico y al no haberse emitido dichas reglas de carácter general, es inconcuso que no ha surtido efectos dicho precepto en el mundo fáctico; luego, no incide de manera inmediata a partir de su vigencia en contra de la quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis 2a./J. 10/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, visible en la página 193, que establece (énfasis añadido):

"SALUD. EL ARTÍCULO 225 DE LA LEY RELATIVA ES HETEROAPLICATIVO, POR LO QUE SI NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. El precepto citado, en los dos primeros párrafos, impone a los sujetos de la norma legal obligaciones de hacer y no hacer, consistentes en identificar a los medicamentos para su uso y comercialización con sus denominaciones genéricas, especificando que en tal identificación no pueden utilizarse denominaciones que evoquen la composición del medicamento, su acción terapéutica, indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquellos que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos; sin embargo, el tercer párrafo establece que, en tanto no se expidan las disposiciones reglamentarias respectivas, las obligaciones de hacer y no hacer a cargo de la quejosa no pueden ser exigidas y, por tanto, no surten efectos. Por consiguiente, este precepto tiene naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que la sujeción de los gobernados a esa norma no surge en forma automática con su sola entrada en vigor, en tanto que no es de aplicación incondicionada, sino que se requiere de un acto posterior para que adquiera individualización y le genere perjuicio a la parte quejosa, por lo que al no acreditarse la existencia de dicho acto, debe sobreseerse en el juicio."

En consecuencia, se colige que del numeral reclamado y analizado en líneas precedentes, no deriva afectación a situaciones concretas de derecho, al no advertirse que éste por su sola vigencia haya irrumpido en la individualidad de la quejosa al grado de ocasionarle un agravio a su esfera jurídica, sino que al tratarse de normas heteroaplicativas, se requieren en el caso de actos concretos de aplicación para que se actualice el perjuicio, consistente en la emisión de las referidas reglas para que dicho numeral pueda aplicarse, por tanto, al atacarse por su sola vigencia sin demostrar el agravio personal a su esfera de derecho y por estar sujeta su aplicación a una condición que no se ha cumplido, procede, como lo estimó el Juez de Distrito, sobreseer en el juicio, con fundamento en los artículos 73, fracciones V y VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

No pasa inadvertido, el hecho de que el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, señale que para los efectos del artículo 28, fracción V, de dicho ordenamiento, los contribuyentes contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de dicho decreto para incorporar los equipos de control volumétrico a que se refiere el precepto citado. Dicho precepto es del tenor siguiente:

"Artículo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:

"I. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2004.

"...

"VII. Para los efectos del artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para incorporar los equipos de control volumétrico a que se refiere el precepto citado."

Lo anterior, ya que la disposición transitoria antes citada, no altera la naturaleza heteroaplicativa del numeral impugnado, pues aun cuando prevea un plazo para incorporar los equipos de control volumétrico, lo cierto es que necesariamente antes deben autorizarse dichos equipos por parte del Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

De esta manera, la fracción séptima del artículo segundo transitorio del decreto en cita, surte sus efectos en el cúmulo de derechos y obligaciones de los particulares hasta que se autoricen los equipos para el control volumétrico por parte del Servicio de Administración Tributaria, pues sin este requisito los sujetos a quien se dirige la norma, no se encuentran en posibilidad de conocer las características y requerimientos técnicos de tales equipos para poder proceder a su incorporación.

Por tanto, aun cuando se prevea un plazo cierto para la incorporación de dichos equipos, lo cierto es que, para que el citado artículo transitorio constriña a los particulares ubicados en los supuestos de la norma, previamente debe hacerse de su conocimiento precisamente cuáles son los equipos autorizados por la autoridad.

Apoya la anterior determinación, solo en la parte que interesa, la tesis XIX.4o.1 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, visible en la página 1096, que señala lo siguiente (énfasis añadido):

"NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61, 92, 101, 103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente se ha pronunciado en el sentido de que la ley tiene el carácter de autoaplicativa cuando, con su sola vigencia, afecte de manera inmediata al gobernado, independientemente de que se produzca o no un acto posterior de autoridad que la aplique de manera concreta, esto es, cuando sus disposiciones resulten obligatorias desde el momento mismo en que entren en vigor, o dicho en otros términos, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad. Partiendo de esta premisa y de la reciente distinción entre las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas basada en el concepto de individualización incondicionada, cabe concluir que los artículos 41, 61, 92, 101, 103 y cuarto transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas no son normas de carácter autoaplicativo, porque por su sola entrada en vigor no causan un perjuicio directo o inmediato a los actuales concesionarios del servicio público de transporte cuya actividad regulaba la hoy derogada Ley de Tránsito y Transporte, pues de su simple lectura no se advierte que les imponga una carga u obligación, un hacer o no hacer que estimen inconstitucional y que tengan que cumplir espontáneamente para no incurrir en sanciones o perjuicios. En todo caso, puede decirse que como por el momento la referida ley todavía no restringe sus derechos como actuales concesionarios, sí en cambio cabe la posibilidad de que esas circunstancias se vean aplazadas para cuando la autoridad legislativa competente, con base en esa norma inicial, expida y precise, por una vez, disposiciones generales reglamentarias que establezcan esas cargas o deberes para quienes se ubiquen en la categoría de personas a que alude la ley inicial, en cuyo supuesto y sólo hasta entonces cabría la posibilidad de estimar que la expedición del reglamento respectivo equivale a la actualización de obligaciones autoaplicativas creadas en el ordenamiento derivado que las contiene, por lo que a partir de su vigencia podrían impugnarse en amparo uno u otro de esos ordenamientos o disposiciones de observancia general (el original y el derivado) o ambos, según las peculiaridades del caso."

Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la quejosa manifieste que dada la actividad que realiza se le aplicará el precepto reseñado, ello en virtud de que el juicio de amparo no procede contra actos futuros de realización incierta, en apoyo a lo cual se invoca la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la Tercera Sala, visible en la página 17, Tomo 76, abril de 1994 Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que señala:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS.-La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica."

Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 382, Tomo VII, enero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.-Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio."

La jurisprudencia 23, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, que dice:

"ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.-No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza."

Por tanto, si la empresa quejosa acudió al juicio de garantías señalando que la norma que combate es autoaplicativa, y que la combate con motivo de su entrada en vigor y del estudio de la naturaleza de norma que contiene el artículo 28 fracción V, del Código Tributario Federal, se obtiene que se trata de una obligación condicionada a la emisión de reglas de carácter general, por lo que no surge de manera automática con su sola entrada en vigor, lo que revela el carácter heteroaplicativo, que al no existir acto de aplicación, cuyo estudio no puede desvincularse de la norma, se impone confirmar la sentencia del Juez de Distrito, por las razones aquí apuntadas y sobreseer en el juicio de garantías.

Por último, resultan inoperantes el resto de los agravios planteados (marcados como segundo, tercero y cuarto) por la inconforme, en los que repite en forma literal los conceptos de violación que hizo valer en su demanda de garantías, en los que aborda aspectos relativos a la inconstitucionalidad del precepto invocado, pues si el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, solamente de eso debe ocuparse en los agravios, que en el supuesto de que hubiesen resultado fundados, el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea su competencia, tendría que avocarse al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el libelo de garantías cuyo estudio omitió el Juez al considerar actualizada una causal de improcedencia; por tanto, si en los agravios planteados en el recurso de revisión se repiten los conceptos de violación, deben considerarse inoperantes para combatir eficazmente la sentencia sujeta a revisión.

Es aplicable la tesis 3a./J. 12/94, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de su anterior conformación, publicada en la Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 77, mayo de 1994, página 24, que establece:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE DEBIENDO COMBATIR EL SOBRESEIMIENTO, VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.-Si en su sentencia el Juez de Distrito estimó que se surtían dos causales de sobreseimiento y basado en ello resolvió sobreseer en el juicio, son inoperantes los agravios que expresa el recurrente si en lugar de combatir los argumentos y razonamientos que el a quo formuló para arribar a esa conclusión, versan sobre la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados lo cual es un problema de fondo que el juzgador no abordó precisamente por el sentido del fallo."

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la resolución sometida a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo 72/2004, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por los actos y autoridades precisadas en el resultando primero por las razones expuestas en el considerando que antecede.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Faustino Cervantes León, Inosencio del Prado Morales y José Encarnación Aguilar Moya, siendo ponente el mencionado en primer término.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18552-c88058d3/controles-volumetricos-el-articulo-28-fraccion-v-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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