PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 4o. Y 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).
AMPARO EN REVISIÓN 180/2004. OPERADORA DE CIUDAD JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y OTRA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En el oficio de agravios se aduce, en esencia, lo siguiente:
• Que al declararse la inconstitucionalidad de los artículos 2o., fracción I, incisos G) y H), y 8o., fracción I, incisos d) y f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se dejaron de aplicar los diversos numerales 76 bis, 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues el Juez de Distrito se confunde al señalar que lo que grava el impuesto reclamado son los refrescos que contengan como edulcorante la fructosa, ya que ésta sólo es la sustancia que endulza los refrescos.
• Que carece de razón el juzgador al determinar que otras bebidas distintas a los refrescos que utilizan fructosa u otro edulcorante, no se encuentran gravadas, como resultan ser las bebidas bajas en calorías, toda vez que si bien podrían no utilizar fructosa, de cualquier manera son sujetas del gravamen al constituir bebidas hidratantes, refrescantes, concentrados, jarabes, esencias, etcétera, siempre que utilicen como edulcorante cualquier sustancia distinta al azúcar de caña.
• No se transgrede el principio de equidad, pues no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal y, en el caso, la desigualdad tiene una justificación objetiva y razonable, pues se grava a las bebidas que utilizan como edulcorante un producto distinto al azúcar de caña para cumplir con un objetivo extrafiscal, que resulta ser el fomento a la industria azucarera, resultando inexacto que lo que se grave sea la fructosa.
• Además, si a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias, se aprecia que se gravan todos los productos que prevé el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H), que utilicen cualquier edulcorante distinto al azúcar de caña.
• En la especie, la desigualdad de trato no puede estimarse injustificada, dado que la diferencia radica en que se trata de productos distintos, los gravados y los no gravados, ya que los primeros utilizan como edulcorante un producto diverso al azúcar de caña.
• El hecho de que se grave a los productos importados cuando el enajenante sea importador de los bienes y que, por tanto, vengan elaborados y no utilicen la producción nacional ni de azúcar de caña, ni de otro edulcorante; de ninguna manera demuestra la inconstitucionalidad del artículo 2o., fracción I, incisos G) y H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues de desgravarse esos productos, lejos de lograr un fin extrafiscal de fomento a la industria azucarera, los contribuyentes no comercializarían la producción nacional, sino la extranjera, afectándose no sólo a las empresas azucareras, sino a las refresqueras, embotelladoras, comercializadoras, entre otras.
A fin de estar en posibilidad de analizar estos argumentos, se estima necesario, en primer lugar, precisar lo que este Alto Tribunal ha determinado respecto de la garantía de equidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en diversas jurisprudencias que la garantía de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes.
Corroboran lo anterior las siguientes jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen:
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, marzo de 2000, Tesis: P./J. 24/2000. Página 35).
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." (Novena Época. Instancia: Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 42/97. Página 36).
Asimismo, se estima pertinente señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber:
• No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.
• A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas.
• No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y
• Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resulten de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.
Es aplicable al respecto la siguiente jurisprudencia que establece:
"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 41/97, página 43).
Por tanto, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando esto se base en razones objetivas.
Una vez precisado lo anterior debe señalarse que lo que argumenta la autoridad recurrente resulta sustancialmente fundado, en virtud de que el trato diferenciado que prevé el inciso d) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en cuanto a que no se pagará el impuesto especial sobre producción y servicios por las enajenaciones de bebidas refrescantes, refrescos, aguas minerales o naturales gasificadas y bebidas hidratantes o rehidratantes que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene y que no gozarán de ese beneficio las enajenaciones efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones que no forman parte del público en general, obedece a un fin extrafiscal que se justifica plenamente en el proceso legislativo.
A fin de acreditar lo anterior, se estima necesario, en primer lugar, transcribir el inciso d), de la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual, en la parte que interesa, textualmente establece:
"Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:
"I. Por las enajenaciones siguientes:
"...
"d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y tabacos labrados, así como las de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no formen parte del público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación."
Conforme a la norma transcrita no existe obligación de cubrir el impuesto reclamado por las enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. reclamado que se efectúen con el público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de esos bienes, aclarándose que no se consideran enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por ellas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Una vez precisado lo anterior debe señalarse que en la exposición de motivos para la creación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, se expresó, entre otras cosas, lo siguiente:
"De los rasgos principales que configuran la iniciativa, cabe destacar que el impuesto que se propone grava las enajenaciones e importaciones de ciertos bienes, así como la prestación de determinados servicios. En el capítulo de disposiciones generales el primer artículo establece en forma sucinta los elementos principales de este impuesto, que grava la primera enajenación o en su caso, la importación, así como la prestación de servicios, siendo conveniente resaltar que este impuesto grava la primera etapa de comercialización de los bienes o bien la importación, es decir, que una vez importados los bienes, por la primera enajenación que de éstos se realice en el país ya no se pagará el impuesto. En el precepto siguiente se detallan los bienes y servicios por los que se tiene que pagar el impuesto y establecen las tasas correspondientes. A continuación se definen algunos bienes y servicios cuyo concepto pudiera prestarse a diferentes interpretaciones."
De lo anterior se desprende que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fue creada con el objeto de sustituir a toda una gama de impuestos especiales que gravaban de forma independiente diversos productos y servicios, simplificando el sistema tributario ya que, a través de esta contribución se homologó el tratamiento fiscal respecto de diversos bienes y servicios que con anterioridad se sujetaban a lo dispuesto en las respectivas leyes especiales.
De ahí que, en principio, el tratamiento que se otorga a este impuesto atienda fundamentalmente al tipo de bienes y servicios gravados y a las características que éstos revisten.
De esta forma, el sujeto del impuesto será el productor e importador de los bienes y, en su caso, el prestador de servicios, en atención a que este impuesto grava únicamente la primera enajenación o, en su caso, la importación, así como la prestación de servicios; esto es, el gravamen se genera únicamente en la primera etapa de comercialización de los bienes, en la importación de éstos, o bien, en la prestación de servicios.
Igualmente, por lo que hace a la enajenación de bienes se recogen, esencialmente, los conceptos que en torno a tal actividad se contienen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reiterándose que el objeto del impuesto se circunscribe, exclusivamente, a la primera etapa de comercialización de bienes y servicios.
Atento lo anterior y tomando en consideración que el objeto de creación del tributo es el evitar el traslado del impuesto en cascada, como se hacía con la anterior Ley de Ingresos Mercantiles, gravándose por ello la venta de primera mano, puede estimarse que la exención establecida en el artículo 8o., antes mencionada, se refiere más bien a una hipótesis de no causación que a una exención y que, por falta de técnica legislativa se estableció en tales términos.
Con ello, queda justificado que si es el fabricante, productor o importador quienes realizan esa venta de primera mano con el público en general, desde luego que dicha enajenación estará gravada, por ser con esta operación con la que se introducen los bienes al mercado; sin embargo, si dicha venta la realiza un intermediario o detallista, evidentemente no pagará el impuesto en tanto que el mismo ya quedó cubierto.
A mayor abundamiento debe señalarse que en el dictamen rendido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en relación con dicha cuestión se señala:
"Exenciones. Tomando en consideración que la comercialización al público en general de cervezas; bebidas refrescantes; aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, se realiza en un gran número de tiendas pequeñas y misceláneas, esta dictaminadora considera necesario establecer una exención para la venta al público de dichos bienes. Con ello, se reducirían importantes costos administrativos en que incurrían al ser ahora contribuyentes por esos bienes."
Como puede advertirse, la razón que motivó al legislador para no gravar las enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. reclamado cuando se efectúen con el público en general fue, asimismo, la de reducir de manera importante los costos administrativos del gran número de tiendas pequeñas y misceláneas que comercializan con dicho público y que ahora son contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios.
Ahora bien, en párrafos precedentes se destacó que ya este Alto Tribunal ha determinado que el principio de equidad tributaria exige dar el mismo trato fiscal a los contribuyentes que se encuentren en iguales circunstancias frente a la ley y un trato diferente a quienes se ubiquen en una situación diversa, así como que el legislador no sólo está facultado sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que no resulten caprichosas o arbitrarias.
Este órgano colegiado estima que el trato diferencial que otorga el artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a las enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. reclamado, cuando se efectúen con el público en general, al establecer que por esas enajenaciones no existe obligación de pagar el impuesto especial sobre producción y servicios, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de esos bienes, se justifica plenamente atendiendo al fin extrafiscal que motivó dicho trato, en virtud de que las pequeñas tiendas y misceláneas que pasaron a ser contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios, que comercializan los productos de que se trata con el público en general, no se encuentran en las mismas circunstancias que los fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores de los propios bienes, ya que éstos lógicamente constituyen una categoría de contribuyentes con una capacidad financiera y económica más elevada, respecto de los que no resulta indispensable el beneficio fiscal de que se trata y que busca reducir los costos administrativos de las tiendas pequeñas y misceláneas.
Es aplicable, al respecto, la jurisprudencia 18/91, sustentada en la Octava Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, página 52, que es del tenor literal siguiente:
"CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES. Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos."
En idénticos términos se pronunció esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por unanimidad de cuatro votos, el amparo en revisión 478/2003, en la sesión de siete de noviembre de dos mil tres, y el amparo en revisión 1029/2003, el veintitrés de enero de dos mil cuatro.
Las consideraciones que anteceden conducen a revocar la sentencia recurrida y negar a Operadora de Ciudad Juárez y a Operadora de Reynosa, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal contra los artículos 2o., fracción I, incisos G) y H) y 8o., fracción I, incisos d) y f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en vigor a partir del 1o. de enero de dos mil dos.
CUARTO. En atención a las razones expuestas en el considerando que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, debe abordarse el estudio de los conceptos de violación cuyo análisis omitió el Juez de Distrito.
Encuentra apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la tesis número LX/89, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que puede consultarse en la página 45 del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es el siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN CONTRA DE LA LEY NO ESTUDIADOS POR EL JUEZ. LA SUPREMA CORTE DEBE EXAMINARLOS CUANDO RESULTEN FUNDADOS LOS AGRAVIOS POR INCONGRUENCIA INVOCADOS POR LAS RESPONSABLES. Cuando se demanda el amparo formulándose conceptos de violación en contra de una ley y su aplicación, y el Juez de Distrito, a pesar de que sólo examina los invocados en contra del acto de aplicación, otorga el amparo en su totalidad, debe establecerse que si las responsables recurrentes alegan esa incongruencia en sus agravios, siendo fundados éstos, la Suprema Corte debe examinar los conceptos de violación en contra de la ley cuyo estudio omitió el a quo, aunque el quejoso no haya interpuesto la revisión; ello, no sólo porque conforme al artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, el revisor debe considerar los conceptos de violación emitidos por el Juez de Distrito cuando sean fundados los agravios, sin distinguir qué parte los haya invocado, sino además, porque de no efectuar el tribunal revisor pronunciamiento sobre la materia silenciada, se dejaría abierta la litis en detrimento del quejoso, con violación de la garantía establecida en el artículo 17 constitucional."
En la demanda de amparo las quejosas formularon los conceptos de violación que se transcriben enseguida:
"Primero. Violación al artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., de la Constitución, en relación con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo establece: (se transcribe). En el párrafo antes transcrito se contempla la garantía de legalidad, en virtud de la cual todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados. La eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de que por su mediación se protege el derecho positivo contenido en cualquier disposición legal vigente en los Estados Unidos Mexicanos. La fórmula jurídica de fundamentación y motivación implica un razonamiento o silogismo lógico jurídico, consistente en una adecuación real de los hechos generadores del acto y la norma jurídica aplicada a los mismos. De lo hasta aquí expuesto, resulta claro que cualquier acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado, es decir, deberá expresar los fundamentos lógico-jurídicos que sirven de base para la expedición del acto, así como las razones por las cuales en el caso concreto resultan aplicables dichos fundamentos para la realización o expedición del acto, a efecto de evitar arbitrariedades por parte de dichas autoridades. Esto es, todo acto de autoridad, para respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, debe precisar los ordenamientos legales aplicables al caso concreto, y los motivos y razonamientos por los que se considera que en el caso concreto del particular sus actos se adecuan a lo señalado en las disposiciones legales correspondientes. Al respecto, los Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido lo siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.’ (se transcribe). Ahora bien, tratándose de actos legislativos, la debida fundamentación y motivación sólo se satisface cuando el órgano que expide el ordenamiento legal actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Federal le confiere, y cuando las leyes que emite dicho órgano se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. El anterior criterio ha sido adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis jurisprudencial número 68, consultable en la página 131 de la Primera Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, en la que se establece lo siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). Los actos reclamados no reúnen los anteriores requisitos, según se demuestra a continuación: A. Una de las características fundamentales de las contribuciones es que las mismas deben ser equitativas y jamás deberán recaer sobre un sector particular de contribuyentes, pues, de lo contrario, devienen en privativas y, por tanto, inconstitucionales. Esto es, toda contribución debe establecerse de manera general a todos los contribuyentes, sin efectuar distinción alguna por la actividad o el tipo de contribuyente de que se trate. No obstante lo anterior, la propia Constitución permite que ciertas actividades puedan ser gravadas de manera particular sin necesidad de convertirse en inequitativas. En efecto, conforme al artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., de nuestra Constitución Federal, el Congreso está facultado para establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos, gasolina y otros derivados del petróleo, cerillos y fósforos; aguamiel y productos de su fermentación; explotación forestal; y producción y consumo de cerveza. De acuerdo con lo anterior, es claro que dentro de los límites a la potestad tributaria de la Federación impuestos por nuestra Constitución Federal, sólo podrán existir impuestos especiales en materia federal y cuando los mismos se refieran a las materias antes señaladas. Ahora bien, la ley reglamentaria del precepto constitucional antes mencionado, esto es, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, grava la mayor parte de las actividades mencionadas por la Constitución, como lo es la enajenación de tabacos, la gasolina y otros derivados del petróleo, y cervezas. Sin embargo, en las disposiciones que se reclaman de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se grava la enajenación o importación de aguas gasificadas o minerales, así como a los refrescos o bebidas hidratantes o rehidratantes, siendo que estos productos no se encuentran contenidos en el mencionado precepto constitucional. En efecto, la enajenación de aguas gasificadas o minerales, así como de los refrescos y bebidas hidratantes o rehidratantes no es una materia respecto de la cual se pueda establecer impuestos especiales, por la sencilla razón de que el Constituyente no la incluyó en el numeral ya precisado. El artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., constitucional señala textualmente lo siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). En estos términos resulta claro que si bien nuestra Constitución le otorga al Congreso de la Unión la facultad de establecer contribuciones especiales, éstas son sobre determinadas materias, siendo esto una limitante para la autoridad jurisdiccional al momento de establecer contribuciones, esto es, sólo se permite gravar a determinadas materias, mismas que se encuentran expresamente señaladas por la propia Constitución. En efecto, como su Señoría podrá advertir, nuestra Carta Magna otorga al Congreso de la Unión la facultad de establecer contribuciones especiales en ciertas materias, tales como gasolina, cerveza, energía eléctrica, etc., siendo únicamente estas materias sobre las cuales podrá el Congreso establecer dichas contribuciones y no sobre otras materias. Sin embargo, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., constitucional, el Congreso de la Unión estableció, a partir del 1o. de enero de 2002, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, un impuesto especial sobre la enajenación de aguas gasificadas o minerales, así como a los refrescos y bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos a la azúcar de caña, siendo evidente que dicho órgano legislativo carece de facultades para tal efecto. En este sentido, resulta del todo inconstitucional el establecimiento de contribuciones especiales sobre las cuales el Congreso no se encuentra facultado, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18119-e54da7f4/produccion-y-servicios-los-articulos-4o-y-19 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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