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Modo: Corpus Pro

CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO 115, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE PARA 2003, AL LIMITAR SU DISMINUCIÓN ÚNICAMENTE CONTRA ESE TRIBUTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2543/2003. · Registro digital (IUS): 18111
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: REINO AVENTURA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 248.

AMPARO EN REVISIÓN 2543/2003. REINO AVENTURA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Es innecesaria la transcripción de los agravios formulados por la autoridad recurrente, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó del estudio relativo, reservando jurisdicción a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente en lo que atañe a las alegaciones formuladas por la parte quejosa en su recurso de revisión elaboradas en el sentido de que la Juez de Distrito omitió el examen del concepto de violación en el que se manifestaba que el penúltimo párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, objeto de reformas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, es inconstitucional por autorizar el acreditamiento del crédito al salario pagado en efectivo a los trabajadores únicamente respecto del impuesto sobre la renta a cargo del patrón o del retenido a terceros; en tal virtud la materia del presente recurso de revisión se limitará al tema precisado con antelación.

TERCERO. Sobre la cuestión de inconstitucionalidad de leyes, hecha valer por la parte quejosa, en el sexto concepto de violación de su demanda de amparo y que se ha sintetizado en el considerando anterior, es menester destacar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión números 1711/2003, 1861/2003 y 1273/2003, en sesiones celebradas los días siete y veintiuno de noviembre de dos mil tres, ha determinado que el artículo 115, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, objeto de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, no transgrede la garantía de audiencia, ni los principios tributarios de legalidad, proporcionalidad y equidad.

Las consideraciones en que se sustenta el criterio que antecede se observan de lo resuelto, por unanimidad de votos, en el amparo en revisión número 1273/2003, en sesión celebrada el día veintiuno de noviembre de dos mil tres, mismas que son del tenor siguiente:

"En el apartado ‘D’ del cuarto concepto de violación (foja 139 de la demanda de amparo), la parte quejosa aduce que basta analizar el octavo párrafo del artículo tercero (modificado por el decreto legislativo impugnado), que contiene el impuesto sustitutivo del crédito al salario, en relación con el penúltimo párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil tres, para advertir que existe imprecisión del tributo y que, por ende, se viola la garantía de legalidad tributaria que prevé el artículo 31, fracción IV, constitucional.

"Para mayor ilustración conviene transcribir las porciones normativas a que alude la parte quejosa, que en lo conducente dicen:

"‘Artículo tercero. ... Cuando el monto del crédito al salario pagado a los trabajadores en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea mayor que el impuesto causado en los términos de este artículo, los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior podrán disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, únicamente el monto en el que dicho crédito exceda del impuesto causado en los términos de este artículo, siempre y cuando, además, se cumplan los requisitos que para tales efectos establece el artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.’

"‘Artículo 115. ... En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo, el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la aplicación de la tarifa del artículo 113 de esta ley disminuido con el subsidio que, en su caso, resulte aplicable, sea menor que el crédito al salario mensual, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. El retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo, conforme a los requisitos que fije el reglamento de esta ley. Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados del crédito al salario mensual no se considerarán para determinar la proporción de subsidio acreditable a que se refiere el artículo 114 de esta ley y no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado.’

"En relación con tales preceptos, la parte quejosa aduce que el octavo párrafo del artículo tercero que contiene el impuesto sustitutivo del crédito al salario, establece que cuando el monto del crédito al salario pagado a los trabajadores sea mayor que dicho impuesto, los contribuyentes que ejerzan la opción de no pagarlo, podrán disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, únicamente el monto en el que dicho crédito exceda del impuesto sustitutivo del crédito al salario.

"Por su parte, el penúltimo párrafo del artículo 115 citado, establece que el patrón podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entregue a sus trabajadores por concepto de crédito al salario.

"De lo expuesto, la parte quejosa pretende establecer que se está en presencia de un tributo que carece de precisión ‘en cuanto al sujeto, al objeto y a diversos efectos tributarios’, manifestando que adolece de claridad y que existe contradicción porque se prevén créditos distintos, por importes distintos, siendo que se trata de la misma situación jurídica.

"Contrariamente a lo que se aduce, las porciones normativas a que alude la parte quejosa no producen confusión ni generan inseguridad jurídica por una aparente contrariedad de los supuestos que prevén, dado que el octavo párrafo del artículo tercero que crea el ‘impuesto sustitutivo del crédito al salario’, modificado por decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, se refiere al mecanismo que estableció el legislador para determinar el referido impuesto a cargo de los contribuyentes, respecto del cual se le concedió el amparo, en tanto, que los contribuyentes que ejercieron la opción de no pago, quedan en posibilidad de disminuir el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, únicamente el monto en el que el crédito al salario exceda del impuesto que debían enterar, lo cual guarda relación con la obligación que deriva del último párrafo del artículo 115, relativa a enterar conjuntamente con las retensiones un monto equivalente al crédito al salario mensual que se hubiese calculado conforme a la tabla respectiva, para todos los trabajadores, situación que llevó a este Alto Tribunal a declarar la inconstitucionalidad de la opción, conforme a los criterios jurisprudenciales que más adelante se verán.

"En cambio, el penúltimo párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal dos mil tres, en la parte destacada se refiere específicamente al acreditamiento del ‘crédito al salario’ entregado a los trabajadores, que puede efectuar el retenedor, sólo contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, cuyo supuesto normativo subsiste a pesar de que el ‘impuesto sustitutivo del crédito al salario’ se haya declarado inconstitucional.

"Por tanto, no existe la contradicción a que alude la parte quejosa, entre las porciones normativas de referencia y, por ende, tampoco puede decirse que el penúltimo párrafo del artículo 115 impugnado transgreda el principio de legalidad tributaria que deriva del artículo 31, fracción IV, constitucional.

"OCTAVO. En el sexto concepto de violación, la parte quejosa aduce que el hecho de que únicamente pueda acreditar el crédito al salario pagado a sus trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, resulta violatorio de la garantía de audiencia que tutela el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

"En otras palabras, afirma que el supuesto a que alude el penúltimo párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal dos mil tres, es inconstitucional porque no permite el acreditamiento del crédito al salario contra cualquier impuesto federal, sino exclusivamente contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, conforme a los requisitos que fije el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Al respecto, la parte quejosa precisa:

"La porción normativa impugnada no prevé la posibilidad de que el gobernado defienda sus derechos, antes de que sea privado de los mismos.

"El crédito al salario que se entrega a los trabajadores se hace por cuenta del Estado, dado que éste es el que lo otorga, por conducto de los patrones.

"La forma en que los patrones recuperan las cantidades que entregan a sus trabajadores por concepto de crédito al salario, es mediante la disminución del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros de las cantidades respectivas.

"La limitación del acreditamiento del crédito al salario, sólo contra el impuesto sobre la renta o del retenido a terceros, viola la garantía de audiencia, pues cuando no existe tal impuesto a enterar, las quejosas se encuentran impedidas para efectuar la disminución de las cantidades correspondientes, con lo cual se les priva del derecho de recuperar el crédito al salario entregado por cuenta del Estado.

"El Estado frente a las quejosas tiene el carácter de deudor, respecto del crédito al salario, por lo que éstas tienen el derecho de recuperar las cantidades entregadas a los trabajadores, por ese concepto.

"Al tener las quejosas el carácter de contribuyentes de diversos impuestos federales, también tienen el carácter de deudores frente al Estado, por lo que si ambas partes son deudores y acreedores recíprocos, lo justo y equitativo es que se permita a los patrones disminuir el crédito al salario, contra cualquier impuesto federal.

"Se viola el principio de proporcionalidad tributaria, dado que se obliga a las quejosas a pagar contribuciones, no obstante que tengan saldo a favor, por concepto de crédito al salario.

"Los anteriores conceptos de violación devienen infundados, en virtud de que la porción normativa impugnada no conlleva la privación de un derecho, respecto del cual deba otorgarse la garantía de previa audiencia, dado que únicamente establece la forma en que los contribuyentes pueden acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades entregadas a los trabajadores por concepto de crédito al salario y la circunstancia de que tal acreditamiento no pueda efectuarse contra cualquier impuesto federal, en modo alguno viola la garantía de audiencia que prevé el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

"En efecto, la porción normativa que limita el acreditamiento del crédito al salario, sólo contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente o del retenido a terceros, no se refiere a la instauración de un procedimiento administrativo o fiscal, respecto del cual el legislador deba prever un mecanismo de defensa donde se respete la garantía de audiencia del afectado, previa al acto privativo, pues en realidad se trata de una obligación de carácter tributario que incide en la recaudación de los ingresos, por lo que son aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales.

"‘GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL. No puede exigirse el establecimiento de una audiencia previa en beneficio de los afectados y en relación con la fijación de un impuesto, toda vez que esa fijación, para cumplir con los fines de la tributación, debe ser establecida unilateralmente por el Estado, e inmediatamente ejecutiva, ya que sería sumamente grave que fuese necesario llamar a los particulares afectados, para que objetaran previamente la determinación de un impuesto, lo que paralizaría los servicios correspondientes, y, por el contrario, cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la fijación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijación del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos. Si bien es verdad que el Poder Legislativo está obligado, según el artículo 14 constitucional, a establecer en las leyes el procedimiento adecuado para oír a los interesados y darles oportunidad de defenderse, también es cierto que la propia Corte ha establecido excepciones a ese criterio, entre las que se encuentran las leyes fiscales federales, respecto de las cuales debe observarse el régimen establecido por el Código Fiscal de la Federación. En efecto, como el fisco se encarga de cobrar los impuestos determinados por las leyes, para el sostenimiento de las instituciones y de los servicios públicos, es evidente que dicho cobro tiene que hacerse mediante actos ejecutivos y unilaterales, que si bien pueden ser sometidos a una revisión posterior a solicitud de los afectados, no pueden quedar paralizados por el requisito de audiencia previa, porque de esa manera podría llegar el momento en que las instituciones y el orden constitucional desaparecieran por falta de los elementos económicos necesarios para su subsistencia. Por tanto, en materia tributaria no rige la garantía de audiencia previa, al grado de que el legislador tenga que establecerla en las leyes impositivas.’ (Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 44 Primera parte. Página: 29).

"‘CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 151 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE REGULA EL REQUERIMIENTO DE SU PAGO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. En aplicación de la tesis de jurisprudencia J/79 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, publicada en el Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es «AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.», debe estimarse que en materia tributaria no es necesario que se ventile el procedimiento seguido en forma de juicio previamente al acto privativo, sino que puede ser posterior. En aplicación de la tesis genérica anterior, obligatoria para esta Sala, debe estimarse que el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, que establece la facultad de la autoridad hacendaria de requerir las contribuciones exigibles, no viola la garantía de audiencia, ya que se trata de un acto en materia impositiva a través del cual se exigen las contribuciones a los gobernados.’ (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, septiembre de 1997. Tesis: 2a. CVII/97. Página: 409).

"En las relacionadas condiciones, si la porción normativa que limita el acreditamiento del crédito al salario, sólo contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente o del retenido a terceros, no se refiere a la instauración de un procedimiento administrativo o fiscal, respecto del cual el legislador deba prever un mecanismo de defensa donde se respete la garantía de previa audiencia del afectado, debe entenderse que la supuesta privación del derecho a que alude la quejosa, no guarda relación con la garantía de audiencia, sino en todo caso con las garantías de legalidad, proporcionalidad o equidad que derivan de lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

"Por otra parte, cabe destacar que respecto del problema de inconstitucionalidad que impugna la quejosa, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver el siete de noviembre de dos mil tres, el amparo en revisión 1861/2003, sostuvo el criterio de que el penúltimo párrafo del artículo 115 impugnado, no transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica, al tenor de las consideraciones que en lo conducente, dicen:

"‘SEXTO. Son infundados los argumentos esgrimidos por las empresas quejosas atendiendo a las consideraciones siguientes:

"‘En efecto, en el citado concepto de violación alegan las empresas quejosas fundamentalmente que el artículo 115 penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola la garantía de legalidad y seguridad jurídica, porque no obstante que con anterioridad a la reforma reclamada se permitía el acreditamiento del crédito al salario contra cualquier impuesto federal, en el párrafo cuestionado se limita ese derecho y sólo se les permite a los contribuyentes acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entregue a los contribuyentes en los términos de ese párrafo, conforme a los requisitos que fije el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"‘Al respecto, debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes, que los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetados por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte, generan certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable esa atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a las que debe sujetarse al ejercer dicha potestad.

"‘En ese contexto, es inexacto que el artículo 115, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el año de dos mil tres, obligue a las quejosas a absorber las cantidades que pagaron por concepto de crédito al salario, por impedir su disminución o acreditamiento contra cualquier impuesto federal o en su caso solicitar su devolución, pese a que el referido crédito al salario constituye una figura jurídica surgida en mil novecientos noventa y cuatro, cuya obligación corre a cargo del Estado, donde el patrón juega el papel de un mero intermediario, pero ahora, se pretende con violación de las garantías individuales antes referidas, eliminar la disminución del crédito al salario efectivamente entregado, propiciando además que el retenedor en ciertos casos, pagarle a los trabajadores con cargo directo a su patrimonio la diferencia del crédito al salario que haya excedido del impuesto sobre la renta del trabajador, aunque ese desembolso no se ajusta a la figura del retenedor.

"‘Previamente, es importante tener presente la jurisprudencia P./J. 123/2001, y las tesis aisladas sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 2001, página 16; y Volúmenes 145-150. Primera Parte, Séptima Época, página 53, que si bien se refieren al principio de irretroactividad de las leyes, son útiles para resolver los planteamientos de las quejosas relativos a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, las cuales son del tenor literal siguiente: «RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.» (se transcribe su texto).

"‘«DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.» (se transcribe su texto).

"‘Asimismo, cabe citar los criterios que la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha sustentado y que a continuación se transcriben, publicados en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XIV, primera parte, página 29, Tomo LXXIII, página 8106, y Tomo LXXII, página 2109 que, respectivamente, son del siguiente tenor literal: «RETROACTIVIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL.» (se transcribe su texto).

"‘«RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES FISCALES.» (se transcribe su texto).

"‘«RETROACTIVIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL.» (se transcribe su texto).

"‘Como puede apreciarse de los criterios transcritos, el más Alto Tribunal del país ha determinado que en materia tributaria no existe el derecho adquirido consistente en pagar siempre el mismo tributo que afecte el patrimonio del contribuyente, porque el Estado cuenta con la facultad de cambiar las bases de tributación, siendo que lo que tiene vedado es aplicar las nuevas reglas impositivas a derechos adquiridos en ejercicios fiscales anteriores.

"‘En esa medida, es dable concluir que el hecho de que el precepto jurídico impugnado establezca que el crédito al salario entregado en efectivo a los trabajadores únicamente pueda disminuirse contra el impuesto sobre la renta a cargo del patrón o del retenido a terceros, siendo que con anterioridad las sociedades mercantiles quejosas se encontraban en aptitud de disminuir el crédito al salario contra cualquier impuesto federal, no es violatorio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica, porque como sujetos pasivos de la relación tributaria, no es posible reclamar como un derecho adquirido la forma en que disminuía el crédito al salario conforme a otras legislaciones anteriores.

"‘En ese mismo sentido, esta Segunda Sala considera que la disposición jurídica impugnada genera certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, esto es, los contribuyentes tienen conocimiento de que únicamente podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros el importe referente al crédito al salario, de lo que se sigue que la norma jurídica no propicia la arbitrariedad por parte de la autoridad aplicadora, puesto que está perfectamente definido contra qué impuestos se debe realizar el acreditamiento cuestionado.

"‘En ese contexto, es inexacto que el artículo 115, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el año de dos mil tres, obligue a las quejosas a absorber las cantidades que pagaron por concepto de crédito al salario, ya que se les impide su disminución o acreditamiento contra cualquier impuesto federal o en su caso solicitar su devolución, pese a que el referido crédito al salario constituye una figura jurídica surgida en mil novecientos noventa y cuatro, cuya obligación corre a cargo del Estado, donde el patrón juega el papel de un mero intermediario.

"‘Por lo anterior, es inexacto que con violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica invocadas por las quejosas se elimine el acreditamiento del crédito al salario pagado del patrimonio de las quejosas a sus trabajadores.

"‘Por ende, se concluye que la autoridad legislativa puede modificar los lineamientos para la recaudación de las contribuciones, ya que tiene que atender a las cambiantes necesidades económicas y sociales, entre otras, del país; motivo por el cual, se encuentra facultada para cambiar las bases de esa recaudación, siempre que lo considere conveniente, atendiendo a la situación imperante y dentro de la órbita de sus facultades constitucionales.

"‘Sustenta esta consideración, en la parte conducente, la tesis de la otrora Segunda Sala de este Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVI, página 4825, que señala: «IMPUESTOS, LEYES DE.» (se transcribe su texto).

"‘Bajo las anteriores consideraciones, la limitación contenida en el artículo 115, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el año dos mil tres, de disminución o acreditamiento del crédito al salario sólo contra impuestos federales o del retenido a terceros, previo cumplimiento de los requisitos que fije el reglamento de la ley, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que como ya se explicó, los contribuyentes no tienen un derecho adquirido a tributar siempre bajo las mismas reglas.

"‘En otro orden de ideas, tampoco asiste la razón a las reclamantes al alegar que en el caso de que no tengan impuesto sobre la renta a su cargo o retenido a terceros suficiente para acreditarlo contra el crédito al salario que pagaron a sus trabajadores, se encuentran imposibilitadas para obtener la devolución de dicho crédito.

"‘Lo anterior es así, ya que los argumentos a que se hace mérito devienen inoperantes, toda vez que en ellos se hace valer una situación hipotética, puesto que no está acreditado en autos que las quejosas se encuentren en la situación planteada, es decir, que no tengan impuesto sobre la renta a su cargo o retenido a terceros suficiente para acreditarlo contra el crédito al salario pagado a sus trabajadores, máxime que no se puede emprender el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley partiendo de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas no acreditadas.

"‘Cobra vigencia al respecto la jurisprudencia número 88/2003, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación, la cual a la letra dice: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.» (se transcribe su texto).

"‘No obstante lo que se ha mencionado con antelación, cabe señalar que de actualizarse el supuesto que mencionan las quejosas, es de explorado derecho, que los contribuyentes respectivos se encuentran en posibilidad de aplicar las reglas generales que sobre el particular establece el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 22 y 23, esto es, que se puede solicitar la devolución de las cantidades que resulten como saldo a favor, o bien solicitar la autorización para realizar la compensación.

"‘Lo anterior en el entendido de que el Código Fiscal de la Federación es un cuerpo legal a través del cual se busca la sistematización y unidad de las instituciones que rigen esta materia, así como los principios generales conforme a los cuales se desenvuelven las relaciones entre los contribuyentes y el Estado; por tanto, establece el marco general de referencia obligatorio de la relación jurídico tributaria de los sujetos que ésta interviene, donde más que un simple ordenamiento supletorio constituye uno complementario, toda vez que no sólo se aplica en defecto de la ley fiscal especial, sino actuando conjuntamente con ellas para evitar la repetición innecesaria de conceptos tributarios, regulando para tal efecto figuras procedimentales o sustantivas como en el presente asunto acontece con la devolución o la compensación.

"‘Derivado de lo antes considerado, se llega a la conclusión de que el cuestionado artículo 115, penúltimo párrafo, no es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica invocadas por las quejosas, por lo que se les deberá negar la protección constitucional solicitada respecto de tal precepto.’

"A mayor abundamiento, conviene citar la tesis 2a. CXXX/2003 de esta Segunda Sala, en la cual se sostiene que el penúltimo párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dos, no es violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley, sin que obste la circunstancia de que la quejosa reclame el precepto vigente en el ejercicio fiscal dos mil tres, dado que la porción normativa impugnada es de contenido similar. El criterio de que se trata es el siguiente:

"‘RENTA. LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2002), QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL CRÉDITO AL SALARIO Y QUE ÉSTE SÓLO PUEDE DISMINUIRSE CONTRA DICHO TRIBUTO A CARGO DEL PATRÓN O DEL RETENIDO A TERCEROS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.-La violación al principio de no retroactividad de la ley, previsto en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, parte de la premisa de que los gobernados cuentan con un derecho adquirido con anterioridad a la vigencia de una norma. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que los contribuyentes no generan un derecho adquirido, consistente en pagar los tributos siempre bajo un mismo esquema, dado que el Estado está facultado para cambiar las bases de tributación cuando lo estime pertinente, en virtud de que cada ejercicio fiscal se rige por las disposiciones vigentes en el año correspondiente. En congruencia con lo anterior, el hecho de que los artículos 115 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor en 2002, establezcan que el crédito al salario entregado en efectivo a los trabajadores únicamente pueda disminuirse contra el impuesto relativo a cargo del patrón o del retenido a terceros, no obstante que con anterioridad podía hacerlo contra cualquier impuesto federal, no es violatorio de la garantía de irretroactividad prevista en el precepto constitucional mencionado, porque como sujetos pasivos de la relación tributaria no pueden reclamar como derecho adquirido la forma en que lo hacían antes de la reforma reclamada, pues la autoridad legislativa puede modificar los lineamientos para la recaudación de las contribuciones, en función de las cambiantes necesidades económicas y sociales del país, y siempre que lo considere conveniente, en el ámbito de sus facultades constitucionales.’

"Finalmente, en cuanto a la garantía de proporcionalidad tributaria esta Segunda Sala resolvió el siete de noviembre de dos mil tres, el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18111-6a49a04a/credito-al-salario-el-articulo-115-penultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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