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Modo: Corpus Pro

JUECES DE DISTRITO. EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL LES CORRESPONDE APLICAR LA LEY DE AMPARO Y NO LAS LEYES SECUNDARIAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 130/2006. · Registro digital (IUS): 19613
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 1935.

AMPARO EN REVISIÓN 130/2006. ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

IV.-Los agravios devienen jurídicamente ineficaces.

En principio, es infundado lo esgrimido por el tercero perjudicado, aquí recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito faltó al principio de estricto derecho al conceder la protección federal a su contraparte, demandado en el sumario de desahucio natural, conforme la interpretación que hizo en el fallo recurrido de los numerales 244 y 497 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima en vigor, dispositivos legales que, desde el particular punto de vista del inconforme, no debió interpretar el a quo de amparo, pues a más de que la quejosa no citó tales preceptos legales en la demanda de garantías, la interpretación de dichos numerales sólo compete a la autoridad responsable y no al órgano de control constitucional.

En efecto, es desacertado el reseñado motivo de inconformidad pues, contrario a lo que sostiene el tercero perjudicado recurrente, el resolutor de amparo está facultado para hacer el análisis e interpretación de dispositivos del ordenamiento procesal civil local, cuya aplicación, desde luego, compete a la autoridad del orden común, que no haya observado la autoridad responsable al decidir el recurso de apelación que interpuso el actor aquí recurrente en contra del proveído del Juez natural en el que tuvo por exhibida a la quejosa arrendataria, póliza de fianza por la cantidad de noventa mil pesos, para garantizar el importe de las rentas reclamadas y, consecuentemente, levantó el aseguramiento practicado en el juicio natural bajo la modalidad de intervención con cargo a la caja de la negociación transportista arrendataria y quejosa. Ciertamente, la razón de que partió el Juez Federal para conceder la protección federal a la empresa demandada peticionaria de garantías, fue que la Sala responsable consideró que el importe que garantiza la póliza de fianza, noventa mil pesos, no se trataba de una cantidad suficiente para garantizar la suerte principal y costas del juicio natural, de conformidad con lo previsto en el artículo 537 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima que preceptúa: "El embargo sólo subsiste en cuanto los bienes que fueron objeto de él basten a cubrir la suerte principal y costas, incluidos los nuevos vencimientos y réditos hasta la total solución, a menos que la ley disponga expresamente lo contrario." Sin embargo, como bien concluyó el Juez Federal, la ad quem responsable omitió tomar en cuenta que en caso a estudio, el resolutor primario al proveer sobre la demanda de desocupación y pago de rentas que instauró el actor y aquí tercero perjudicado Óscar José Meillón Moreno, ordenó requerir a la empresa inquilina por las pensiones de rentas adeudas y la previno que en caso de no justificar encontrarse al corriente, se embargaran bienes a la demandada para garantizar el pago de las pensiones reclamadas, en términos del artículo 489 de la codificación procesal en consulta, que preceptúa: "Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el Juez mandando requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas y, no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días, si la finca sirve para habitación, o dentro de cuarenta días si sirve para giro comercial o industrial, o dentro de noventa si fuere rústica, procede a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. En el mismo acto se le emplazará para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere."

Cierto, las constancias del sumario natural permiten constatar que en acuerdo once de noviembre de dos mil cuatro, el Juez primario admitió al aquí tercero perjudicado Óscar J. Meillón Moreno, la demanda que instauró en contra de la empresa quejosa y, entre otras determinaciones, proveyó lo siguiente: "... demanda que se le admite en cuanto ha lugar a derecho y exhibir el contrato de arrendamiento base de la acción que ejercita, por lo que se ordena requerir al demandado de referencia en el domicilio que proporciona el actor, para que en el momento de la diligencia respectiva justifique estar al corriente en el pago de las rentas reclamadas y en caso de no hacer el pago de las mismas prevéngasele para que dentro del término de cuarenta días, por tratarse de local comercial, proceda a desocupar el inmueble materia del presente juicio, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo, se procederá al lanzamiento a su costa de conformidad con el artículo 497 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad; asimismo en ese acto, en atención a lo dispuesto por el precepto legal antes invocado, de no justificarse lo anterior, embárguense y deposítense bienes suficientes y bastantes para cubrir las pensiones reclamadas" (foja 17 frente y vuelta del legajo certificado del expediente 56/2005, que obra por separado como cuaderno de prueba).

En el contexto anterior, si en el caso, las disposiciones legales previstas para el juicio sumario de desahucio, como el natural, entre otras, el numeral 497 de la legislación procesal civil de Colima preceptúa: "Al hacer el requerimiento que se dispone en el artículo 489, se embargarán y depositarán bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas, si así se hubiere decretado. Lo mismo se observará al ejecutarse el lanzamiento.", entonces, es certera la consideración del Juez de amparo en cuanto a que resulta inexacta la premisa de que partió la Sala responsable al determinar que el importe de la fianza exhibida por la arrendataria demandada debía garantizar además de la suerte principal, también costas, pues conforme a las disposiciones legales que rigen al juicio sumario de desahucio, el requerimiento de que fue objeto el arrendatario en el proveído inicial fue para efectos de que justificara encontrarse al corriente en el pago de rentas; de suerte que si la empresa demandada no justificó lo anterior y, por ende, el actor señaló para su aseguramiento la intervención con cargo a la caja de la empresa arrendataria; consecuentemente, la póliza de fianza que luego exhibió la demandada para que el Juez natural levantara dicha medida de aseguramiento, se debe considerar válida en cuanto garantice el importe de las pensiones rentísticas reclamadas, específicamente el importe reclamado en concepto de rentas en la suma de sesenta y tres mil pesos, ya que las costas evidentemente no están cuantificadas ni mucho menos es factible tomar en cuenta dicho concepto conforme el dispositivo legal en consulta; sin que la anterior conclusión implique suplencia en la deficiencia de la queja, como así sostiene el inconforme, ya que la empresa demandada solicitante de garantías en los conceptos de violación precisamente controvirtió la determinación de la Sala responsable en cuanto consideró insuficiente el importe de la garantía que exhibió para levantar la medida provisional consistente en el aseguramiento con interventor de la caja de la empresa transportista quejosa. De ahí lo ineficaz de los atinentes motivos de agravio.

Por último, es también inoperante lo esgrimido por el tercero perjudicado recurrente en el sentido de que el Juez Federal desatendió lo dispuesto en el artículo 535 de la legislación procesal civil de Colima, que trata sobre el derecho del deudor de señalar bienes para su embargo y el orden que debe seguirse en la práctica de aseguramiento de bienes. Es así ya que el resolutor federal no tenía por qué tomar en cuenta el referido precepto legal ni mucho menos aplicarlo en el fallo aquí recurrido, pues la prelación en que pueda practicarse el embargo de bienes en términos que señala el referido dispositivo legal no es lo que se controvirtió en la demanda constitucional de la que proviene el fallo aquí recurrido, sino el importe de la póliza de fianza que exhibió la demandada empresa quejosa para sustituir el aseguramiento de la negociación con intervención a la caja, en cuanto baste o no para asegurar al arrendador quejoso el importe de las pensiones rentísticas que reclamó en la demanda de origen. De tal suerte que no resulta ilegal el fallo recurrido en cuanto concedió la protección federal a la empresa arrendataria; en el entendido de que la Sala responsable deberá decidir sobre la suficiencia o insuficiencia de la fianza otorgada por la demandada transportista para levantar el embargo en su modalidad de intervención con cargo a la caja, conforme dispone el numeral 244 en relación con el 497 de la legislación adjetiva civil de dicha entidad federativa, sin necesidad de fijar o determinar un nuevo importe de la garantía, como así lo consideró el a quo federal al precisar los efectos del fallo protector, en razón de que el actor reclamó en la demanda de garantías un importe líquido en concepto de rentas vencidas a razón de sesenta y tres mil pesos; en tanto que la garantía exhibida por el arrendatario para levantar la medida de aseguramiento de que se trata, fue por la suma de noventa mil pesos.

A lo anterior, cabe citar el criterio de este tribunal federal, localizable en la página 301, del Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra, dice:

"JUECES DE DISTRITO, LEYES QUE APLICAN LOS, EN LAS RESOLUCIONES DE AMPARO.-A quienes realmente corresponde la aplicación de los preceptos legales relativos a la controversia común, es a las autoridades de instancia, y lo único que atañe en el juicio constitucional al Juez de Distrito, es vigilar que el principio de legalidad, consignado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, no se viole a través de la infracción, por incorrecta aplicación o interpretación, de las leyes secundarias por parte de dichas autoridades; es decir, al Juez de Distrito corresponde aplicar la Ley de Amparo, mas no las leyes secundarias."

Por consiguiente, procede confirmar el sentido del fallo objeto del presente recurso de revisión pero para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VII, in fine, de la Constitución General de la República, 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, y el numeral 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria, se confirma la concesión de amparo decretada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo 832/2005-III, en cuyo único punto resolutivo del fallo recurrido, determinó lo siguiente:

"ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a la persona moral Enlaces Terrestres Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado jurídico, contra los actos que reclama de la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil, Mercantil, Familiar y Penal de Armería, Colima, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo."

Notifíquese; anótese en el registro, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos relativos al juzgado de su procedencia para los fines de ley y, oportunamente, archívese el toca.

Así lo resolvió en Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de sus integrantes, Magistrados Carlos Arturo González Zárate, en funciones de presidente, Héctor Soto Gallardo y Francisco José Domínguez Ramírez, quien es ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19613-60f183a3/jueces-de-distrito-en-el-juicio-constitucional-les · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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