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Modo: Corpus Pro

GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 102/2006. · Registro digital (IUS): 19475
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TECNOARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 1537.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 102/2006. TECNOARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La ahora recurrente señala, esencialmente, en su único agravio transcrito, que contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito en la resolución recurrida, el acto reclamado sí ocasiona perjuicios de imposible reparación, en virtud de que el mismo declaró nula la diligencia de emplazamiento de fecha dos de agosto de dos mil cinco, practicada a la demandada, hoy tercera perjudicada, y ordena emplazar nuevamente a dicha enjuiciada, lo que implica que de efectuarse por segunda ocasión el emplazamiento, tanto el procedimiento como la sentencia que resuelva el fondo de dicho procedimiento son consecuencia de este segundo emplazamiento, quedando excluida la diligencia de fecha dos de agosto, así como un posterior estudio sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, es decir, en la sentencia definitiva no habrá pronunciamiento sobre una actuación que se declaró nula ni podrá hacerse valer como una violación procesal en caso de promoverse en su momento el juicio de amparo directo, por lo que el acto reclamado no constituye una violación procesal que pueda ser impugnable en amparo directo, sino que en contra de tal acto es procedente el amparo indirecto, ya que es en este momento en el que se puede declarar por conducto de un Juez de Distrito la inconstitucionalidad o no de la resolución reclamada, siendo aplicables las tesis de los rubros: "VIOLACIÓN PROCEDIMENTAL QUE CONTEMPLA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ESTABLECE DISTINCIÓN EN CUANTO A LOS ACTOS MATERIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD RESPECTIVO.", "EMPLAZAMIENTO. INCIDENTE DE NULIDAD. CASO EN QUE LA VIOLACIÓN PROCESAL DERIVADA DE SU ILEGAL RESOLUCIÓN NO ES RECLAMABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE AMPARO SINO EN SU CASO POR MEDIO DEL AMPARO INDIRECTO." y "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA APELACIÓN EXTRAORDINARIA, AMPARO CONTRA LA.", ya que en ellas se señala con toda claridad y precisión que en contra de una sentencia que declare nulas actuaciones judiciales procede el juicio de amparo indirecto, máxime cuando la nulidad per se no produce consecuencias de derecho y, por tanto, sería totalmente equívoco que la sentencia dictada por la Sala responsable constituya una violación procesal impugnable en amparo directo.

Que además el acto reclamado constituye un acto de imposible reparación en perjuicio de la quejosa, toda vez que inconstitucionalmente y en pleno quebranto de la correcta tramitación de un proceso judicial concede a la hoy tercera perjudicada una oportunidad más para poder dar contestación a la demanda, no obstante haber sido debidamente emplazada a juicio y, por ende, haber precluido su derecho para comparecer al juicio instaurado en su contra, es decir, el agravio irreparable consiste en que el acto reclamado que declaró nulo el emplazamiento de fecha dos de agosto del año pasado, faculta ilegal e inconstitucionalmente a la demandada para poder dar contestación por segunda ocasión a la demanda, lo que evidentemente vulnera las formalidades con que debe desahogarse el juicio ordinario civil, pues con ello se concede a la tercera perjudicada el ejercicio de un derecho precluído, como lo es el comparecer a juicio, dando de esta forma la posibilidad o facultad del todo ilegal de poder ofrecer pruebas de su parte, cuando en su pleno perjuicio no lo hizo, a pesar de haber quedado debidamente emplazada al juicio natural.

Que a mayor abundamiento, es sabido por la Juez Federal que el juicio de origen, en virtud de la codificación procesal respectiva, impone a la demandada plazos y términos para hacer valer sus derechos procesales, es decir, dar contestación a la demanda en un plazo fijo, así como ofrecer pruebas dentro de un plazo determinado por la ley en cita y que, en caso de no haberse ejercido, produce su preclusión, esto es, que no se pueda ofrecer en una etapa procesal posterior, por lo cual el acto reclamado sí ocasiona agravios de imposible reparación a la quejosa pues, no obstante de haberse efectuado el emplazamiento en perfecto cumplimiento con el ordenamiento procesal aplicable, la Sala responsable otorga ventajas procesales a la tercera perjudicada, al permitirle indebidamente la facultad de comparecer por segunda ocasión a juicio, y no sólo eso, sino que autoriza a ésta para aportar material probatorio en clara contravención a lo dispuesto por los artículos 260 y 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo que evidencia un agravio de imposible reparación.

Que más aún, resulta de explorado derecho que los derechos procesales son adquiridos por las partes una vez instados y sometidos a un proceso judicial, por lo que si en su momento procesal tuvo lugar en forma legal el emplazamiento de la parte demandada, luego entonces, el hecho de que la misma no haya dado contestación a la demanda, genera por obvia consecuencia el beneficio hacia la quejosa de tener por contestados en sentido afirmativo los hechos asentados por ésta en su demanda; por tanto, si el efecto del acto reclamado fue declarar nulo el emplazamiento, dicho acto sí ocasiona agravios de imposible reparación ya que inconstitucionalmente produce la nulidad de derechos procesales adquiridos.

Que asimismo, el acto reclamado sí ocasiona un perjuicio de imposible reparación a la quejosa, toda vez que el mismo sí afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 17 constitucional, puesto que a pesar de haberse efectuado un emplazamiento conforme a derecho, el mismo fue declarado nulo, lo que evidentemente produce la realización de un nuevo emplazamiento, esto es, se obliga a la quejosa proceder a efectuar por conducto del Juez de origen un nuevo emplazamiento, en plena contravención a su garantía de administración de justicia pronta y expedita.

Que al respecto, son aplicables las tesis de los rubros: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA FUNDADA Y, EN CONSECUENCIA, ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL AFECTAR EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA LA GARANTÍA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.", "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.", "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", así como la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."

Tales motivos de inconformidad resultan, por una parte, infundados y, por otra, inoperantes, como se verá a continuación.

Son infundados los argumentos en análisis en función de que es inexacto que la sentencia reclamada por la quejosa, hoy recurrente, constituya un acto de imposible reparación que sea impugnable en amparo indirecto, toda vez que, contrariamente a lo alegado por ésta, el hecho de que en dicho fallo reclamado se hubiera revocado la resolución por la que el a quo declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento, ordenando nuevamente la práctica de dicha diligencia a la demandada, de ninguna manera y por ningún motivo entraña la violación de un derecho sustantivo de la quejosa para ser considerado como un acto de imposible reparación, ni tampoco implica violación a las garantías consagradas en el artículo 17 constitucional, como erróneamente lo hace valer la parte recurrente.

En efecto, de conformidad con la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio.

En cambio, los actos procesales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que éste resulte adverso a los intereses de la parte agraviada.

El prototipo de los actos de imposible reparación, está en la infracción a los derechos sustantivos, en virtud de que constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como género; lo que en el caso concreto no acontece, pues la resolución impugnada por sí misma no toca tales derechos sustantivos de la parte quejosa, hoy recurrente. Por otra parte, el segundo supuesto, se actualiza, esencialmente, respecto de los actos en los que se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, dado que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo definitivo favorable; por lo que cuando el agraviado logra el objetivo principal, dichos efectos y consecuencias se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado.

Dentro de este segundo supuesto, se encuentra el acto reclamado, toda vez que dicho acto sólo tiene efectos intraprocesales, que pueden extinguirse en caso de que la parte quejosa, ahora recurrente, obtenga un fallo definitivo favorable a sus intereses, ello porque el hecho de que en el acto reclamado se haya revocado la resolución del a quo por la que declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento efectuado en el juicio natural, ordenando nuevamente la práctica de dicha diligencia a la demandada, únicamente trae como consecuencia inmediata, lógica y necesaria, que se deje sin efectos el emplazamiento y se lleve a cabo nuevamente tal diligencia, y que se continúe con el procedimiento del juicio de origen, pudiendo la parte demandada dar contestación a la demanda. Sin embargo, en caso de que no suceda así, es decir, en el supuesto de que la parte quejosa, hoy recurrente, obtenga una sentencia definitiva desfavorable a sus intereses y, por ende, no se extingan los efectos y consecuencias del acto reclamado, podrá impugnar la violación procesal reclamada, vía concepto de violación, a través del juicio de amparo directo que llegue a promover en contra de aquel fallo definitivo, y en el caso de que se le concediera la protección constitucional, los efectos de esa concesión se traducirían en ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación de que se trata, a fin de que se tenga por hecha la primera diligencia de emplazamiento efectuada al demandado y, en su caso, se tenga por acusada la rebeldía de la parte demandada para dar contestación a la demanda, debiendo quedar insubsistentes tanto el nuevo emplazamiento que se hubiera practicado, como la contestación de demanda que en su caso hubiera formulado dicha parte enjuiciada, y el fallo definitivo; con lo cual quedaría reparada la violación procesal en comento; de tal suerte que, contrario a lo que alega la recurrente, el acto reclamado no puede estimarse como de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, debe concluirse que no es impugnable a través del juicio de garantías en la vía indirecta, como correctamente lo consideró la Juez de Distrito en la resolución recurrida.

No obsta a lo anterior, lo aducido por la recurrente en el sentido de que efectivamente la diligencia de emplazamiento de fecha dos de agosto de dos mil cinco, quedará excluida de la sentencia definitiva, esto es, en dicho fallo definitivo no habrá pronunciamiento sobre esa diligencia; habida cuenta que de considerar que por el solo hecho de que no pueda ser analizada al momento en que se dicte la sentencia definitiva, debe ser estimada la violación de imposible reparación, se llegaría al absurdo de sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, incluyendo la sentencia, y ésta apertura a la procedencia general del juicio de amparo indirecto, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente. Además, de aceptarse el citado criterio traería como consecuencia que hasta las violaciones procesales que sólo deben impugnarse en amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del quejoso, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediata y directamente las garantías individuales del quejoso, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio de amparo; siendo inexacto lo aseverado por la ahora recurrente de que la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ya no podrá ser sujeto a un posterior estudio, ni tal acto podrá hacerse valer como una violación procesal en caso de promoverse, en su momento, el juicio de amparo directo; habida cuenta que como se dejó establecido anteriormente, en caso de que dicha agraviada obtenga una sentencia definitiva desfavorable a sus intereses y, por ende, no se extingan los efectos y consecuencias del acto reclamado, podrá impugnar la violación procesal reclamada, vía concepto de violación, a través del juicio de amparo directo que llegue a promover en contra de aquel fallo definitivo, donde se analizará la constitucionalidad del propio acto reclamado, y en el supuesto de que se le concediera la protección constitucional los efectos de esa concesión se traducirían en ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación de que se trata, a fin de que se tenga por hecha la primera diligencia de emplazamiento efectuada al demandado y, en su caso, se tenga por acusada la rebeldía de la parte demandada para dar contestación a la demanda, debiendo quedar insubsistentes tanto el nuevo emplazamiento que se hubiera practicado, como la contestación de demanda que, en su caso, hubiera formulado dicha parte enjuiciada, y el fallo definitivo, con lo que quedaría reparada la violación procesal de que se trata.

No pasa inadvertido para este tribunal federal la jurisprudencia por contradicción de tesis de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que del contenido de dicha jurisprudencia se advierte que en la misma nuestro más Alto Tribunal sostiene que por regla general la resolución que decide un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad si la sentencia definitiva o la que ponga fin al juicio resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo; y que por excepción a la apuntada regla, sólo si las mencionadas resoluciones incidentales afectan en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta, como lo sería, por ejemplo, cuando a virtud de la nulidad de actuaciones decretada se ordene la reposición del procedimiento y se tengan que dejar insubsistentes actuaciones que versan sobre aspectos sustantivos tales como el embargo de un bien, la inscripción del mismo en el Registro Público, la toma de posesión del interventor o depositario, etcétera; sin embargo, en el caso concreto el acto reclamado no se da ninguno de esos supuestos dado que la controversia natural se trata de un juicio ordinario civil, por lo cual la mencionada jurisprudencia no resulta aplicable en el presente asunto.

Asimismo, en cuanto a las tesis que refiere la promovente en sus agravios, debe decirse que las mismas no pueden servir de sustento a la pretensión de dicha agraviada, ya que, como se vio, existe jurisprudencia por contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, por regla general, la resolución que decide un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto de imposible reparación; hecha excepción, cuando la mencionada resolución ordene la reposición del procedimiento y se tengan que dejar insubsistentes actuaciones de carácter sustantivo, lo cual no ocurre en la especie.

Además, conforme al artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo, la interlocutoria que resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, como sucede en el caso concreto, está contemplada expresamente como una infracción procesal impugnable en la vía constitucional directa.

En otro aspecto, se destaca que carece de sustento jurídico lo aducido por la inconforme en el sentido de que el acto reclamado viola su garantía de administración de justicia pronta y expedita, porque supuestamente a pesar de haberse efectuado legalmente el emplazamiento de la demandada a través de la diligencia de dos de agosto de dos mil cinco, en el acto reclamado nuevamente se ordena la práctica de dicha diligencia, en virtud de que la agraviada en ese señalamiento está partiendo de la base de que la citada diligencia de dos de agosto se hizo conforme a derecho, sin embargo, la Sala responsable en el acto reclamado consideró que la misma se realizó en forma ilegal, y dicha determinación aún no ha sido sujeta a un análisis constitucional, por lo que con base en la simple aseveración de la agraviada de que la mencionada diligencia se hizo legalmente, no puede sustentarse una infracción a la garantía de administración de justicia pronta y expedita.

A mayor abundamiento, debe decirse que este tribunal federal ha establecido el criterio de que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, consagrada en el artículo 17 constitucional, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, o cualquier otro análogo, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso.

Sirve de apoyo la tesis número I.11o.C.8 K, sustentada por este tribunal federal, visible en la página 1378 del Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece:

" Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso."

En ese contexto, se concluye que, contrariamente a lo aducido por la ahora recurrente, el acto reclamado no viola ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, hoy recurrente, sino que tal acto se trata de una violación procesal que sólo produce efectos formales o intraprocesales, los cuales, en caso de que ésta obtenga una sentencia definitiva favorable a sus intereses, se extinguirán sin ocasionar ningún perjuicio en los derechos sustantivos de la parte quejosa y, en caso contrario, podrá alegar tal violación en el amparo directo que promueva contra el fallo definitivo.

Por tanto, como acertadamente lo consideró la Juez Federal en la resolución recurrida, el acto reclamado no resulta impugnable mediante el juicio de garantías indirecto y, por ende, dicha juzgadora actuó correctamente al desechar la demanda de garantías respectiva, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a la determinación adoptada en esta ejecutoria, la jurisprudencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada entre el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 232, en la página 157, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice:

"EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo."

Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 244, visible en la página 164, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es del tenor siguiente:

"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."

Finalmente, sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis número 321, a que se hizo referencia en párrafos precedentes, visible en la página 270 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del año 2000, que a la letra establece:

"NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.-La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquellas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta."

Por otra parte, son inoperantes los argumentos tendentes a establecer que el acto reclamado en el juicio de garantías respectivo, resulta ilegal, y que se sustentan en que en dicho acto impugnado indebidamente se concede una segunda oportunidad a la demandada para contestar la demanda instaurada en su contra, cuando dicha enjuiciada ya fue debidamente emplazada mediante diligencia de dos de agosto de dos mil cinco; que ya precluyó el derecho de la demandada para comparecer al juicio natural y ofrecer pruebas; que ya se tuvo por contestada la demanda por parte de la enjuiciada en sentido afirmativo; que la ley procesal civil local establece plazos y términos para que las partes hagan valer sus derechos procesales y, por tanto, en caso de que no se ejerzan tales derechos dentro de esos plazos y términos, produce su preclusión, sin que puedan ejercerse en una etapa posterior; que la Sala responsable otorga ventajas procesales a la demandada al permitirle indebidamente comparecer por segunda ocasión al juicio y ofrecer pruebas, en contravención a los artículos 260 y 281 del ordenamiento legal invocado.

Lo anterior es así, en virtud de que el desechamiento de la demanda de garantías decretado por la Juez de Distrito en la resolución recurrida, como se observa de la transcripción efectuada en el considerando segundo de este fallo, se fundó primordialmente en que el acto reclamado, no constituye un acto de imposible reparación, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debido a que no afecta ningún derecho sustantivo de la quejosa.

En ese contexto, se colige que los apuntados argumentos de la ahora recurrente no tienen relación directa con los fundamentos y consideraciones de la sentencia que impugna a través del recurso de revisión en que se actúa, es decir, que lo alegado por la recurrente son cuestiones ajenas a lo resuelto por la Juez Federal y, por ende, no combate razonadamente las consideraciones en que se sustenta la resolución recurrida; más bien tales argumentos se refieren al fondo del asunto, esto es, están encaminados a controvertir la legalidad de la resolución que constituye el acto reclamado.

De ahí que, los citados motivos de inconformidad deben declararse inoperantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 28, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 24, cuyos rubro y texto precisan:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes."

Asimismo, resulta aplicable la jurispru

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19475-46924972/garantia-de-imparticion-de-justicia-su-violacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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