COMPETENCIA DELEGADA. SI AL RESOLVER UN AMPARO EN REVISIÓN RESPECTO A LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY FEDERAL, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE SOBRE EL TEMA EXISTE JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PERO EN APARENTE CONTRADICCIÓN, E INCLUSO EXISTE LA DENUNCIA RELATIVA, REMITIRÁ LOS AUTOS AL MÁXIMO TRIBUNAL PARA QUE ÉSTE RESUELVA LO CONDUCENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 24/2005. GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Al no existir diversa causa de improcedencia del juicio de garantías cuya vigencia a juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito, constituya obstáculo para abordar el examen de constitucionalidad del precepto reclamado, procede determinar lo conducente en torno al aspecto de fondo de tal impugnación.
Así pues, se tiene que de conformidad con lo previsto por el numeral 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General 5/2001, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puntos, tercero, fracción II, quinto, fracción I, apartados a), b) y c), y undécimo, fracción III, lo procedente es dejar a salvo la jurisdicción de esa superioridad y remitirle los autos sin efectuar el estudio de fondo de los agravios relacionados con el planteamiento de inconstitucionalidad debatido (segundo, tercero y cuarto).
Conclusión a la que se arriba, debido a que, de una consulta integral al expediente primigenio se advierte, entre otras cuestiones pero en lo que hoy es de trascendencia, que la parte quejosa GFM Ingenieros Constructores, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la inconstitucionalidad del decreto por el que se establecen, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en específico, la de su artículo 1-A, fracción II, en vigor durante el ejercicio fiscal de dos mil cuatro.
Acontece que, el Juez de Distrito, previos los trámites de ley, celebró audiencia constitucional el tres de agosto de dos mil cuatro, en la que pronunció la sentencia que ahora se recurre, cuyo engrose culminó el quince de octubre posterior, en el sentido de conceder a aquélla el amparo y protección de la justicia federal que impetró, en los términos y para el efecto que adelante se indican:
"... En este contexto, y toda vez que el artículo 1-A, fracción II, de la Ley sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, que en el caso se impugna, violenta el principio de proporcionalidad y equidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal a GFM Ingenieros Constructores, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de Gerardo Carlos Ferrigno Maldonado, para el efecto de desincorporarla de la esfera jurídica de la obligación fiscal de pagar el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, respecto de su aplicación presente y futura, es decir, mientras subsista el texto actual de la norma declarada inconstitucional y conforme a los documentos que se encuentran debidamente identificados como de la quejosa, y se le devuelvan las cantidades erogadas por concepto del tributo, a través de la autoridad exactora que por sus funciones recaudó el impuesto relativo, contenido en el recibo de pago número de folio 3160628, de ocho de junio de dos mil cuatro, que constituye el acto de aplicación. ..." (Véase folio ciento cincuenta y nueve reverso del procedimiento subyacente).
Decisión anotada frente a la cual, precisa apuntar, el interpositor del actual medio legal de defensa endereza los conceptos de agravio faltantes de estudio (segundo, tercero y cuarto), por los que pretende, periféricamente, obtener por parte del órgano revisor su revocación y, en vía de consecuencia, que se niegue a la promovente del juicio extraordinario la tutela federal que gestionó en su beneficio.
En dicha tesitura, ahora es ostensible concluir que el recurso de revisión planteado contra esa particular determinación, es de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente, por controvertirse la constitucionalidad de un precepto contenido en una ley de carácter federal, a más de que, en tal medio de impugnación, subsiste en el aspecto de fondo el problema de trato.
Disertación que adquiere mayor soporte al ponderar el hecho de que el presente asunto no se ubica, a plenitud, dentro de las hipótesis precisadas en el Acuerdo General 5/2001, emitido por el Sumo Tribunal Federal el veintiuno de junio de dos mil uno, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se llevó a cabo el veintinueve del propio mes y año, que ven a la actualización de la competencia delegada en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, como se verá a continuación.
El acuerdo plenario de mérito estatuye, en lo conducente:
"Quinto. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:
"I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:
"A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.
"Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia;
"B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local o un reglamento federal o local; y
"C) Habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de las mismas, si resulta innecesaria la intervención de la Suprema Corte por no darse ninguno de los casos precisados en los puntos primero y segundo de este acuerdo. Como los que de manera ejemplificativa se enuncian a continuación:
"...
"3. En materia administrativa, cuando el tema esencial de fondo sea:
"a) Práctica de una visita domiciliaria:
"b) Multas y arrestos administrativos;
"c) Procedimientos administrativos que ordenen el aseguramiento o embargo de bienes;
"d) Procedimientos administrativos de ejecución;
"e) Afectación de la actividad de los concesionarios del servicio público de transporte;
"f) Cese o suspensión de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública; y,
"g) Fianzas.
"...
D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieren alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia.
"...
"DÉCIMO PRIMERO. En los supuestos a que se refiere el inciso A) de la fracción I del punto quinto de este acuerdo, el Tribunal Colegiado de Circuito procederá en los siguientes términos:
"...
"III. De resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en las hipótesis previstas en el punto quinto, fracción I, incisos B), C) y D), de este acuerdo, el Tribunal Colegiado dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad ..."
Luego, se tiene que en la sentencia impugnada se abordó el estudio de la constitucionalidad de una ley federal, sin ubicarse en el supuesto a que alude el punto quinto, apartado 3, del acuerdo general en consulta, pues a pesar de que se trata de un asunto en materia administrativa, el tema de fondo no versa sobre: la práctica de visitas domiciliarias; multas y arrestos administrativos; procedimientos administrativos que ordenen el aseguramiento o embargo de bienes; procedimientos administrativos de ejecución; afectación de la actividad de los concesionarios del servicio público de transporte, el cese o suspensión de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública; o, fianzas.
Por otro lado, tratándose del invocado numeral 1-A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente durante el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, la Primera Sala del Tribunal Magno en cita, se pronunció en cuanto a su inconstitucionalidad, al integrar, vía reiteración de criterio, la jurisprudencia 1a./J. 109/2004, leíble en la página 322, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al tenor del título y texto venideros:
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR ELEMENTOS AJENOS A LA MANIFESTACIÓN OBJETIVA DE RIQUEZA QUE CONSTITUYE EL HECHO IMPONIBLE, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).-El referido artículo, al incluir en el concepto ‘valor total del vehículo’ las contribuciones que deben cubrirse por la enajenación o importación del vehículo, viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al incorporar a la base del tributo elementos ajenos al valor del vehículo, el impuesto deja de guardar una relación directa con la manifestación objetiva de la riqueza que grava, es decir, la tenencia de un vehículo automotor. Esto es, una cosa es el valor real de un vehículo y otra distinta son las contribuciones que pueden llegar a generarse con motivo de diversas operaciones jurídicas relacionadas con él, por lo que al incluir dentro de su base gravable elementos ajenos al hecho imponible resulta desproporcionado y oneroso."
Sin embargo, tal eventualidad no da margen a que este cuerpo colegiado se avoque al estudio de fondo de la lite en revisión.
Axiomático, es infactible proceder en consecuencia con motivo de que, pese a existir la tesis jurisprudencial de que se habla, cuya observancia, dicho sea de paso, es obligatoria para este órgano federal acorde a lo previsto por el artículo 192 de la ley del juicio de garantías, a su vez, se observa que tocante al propio tema central de inconstitucionalidad en alusión y con ese mismo atributo vinculativo, yace conformada en época muy reciente (también por la vía de reiteración), autoría de la diversa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la disímil jurisprudencia 2a./J. 14/2005, de rubro y texto siguientes:
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR EN LA BASE PARA SU CÁLCULO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LAS DEMÁS CONTRIBUCIONES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004).-Del precepto citado se advierte que la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se integra por el precio de enajenación del vehículo, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que deban cubrirse por su enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. Ahora bien, si se toma en cuenta que el objeto del impuesto es gravar la tenencia o uso de vehículos, es indudable que el hecho de que el artículo 1o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos considere dentro de la base para su cálculo el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que estos elementos, al formar parte del precio reflejado en la factura, son indicativos de la capacidad económica del contribuyente."
Precedente de referencia in fine cuya aprobación, precisa indicar, se remonta a la sesión privada que el once de febrero de dos mil cinco, celebró la mencionada Segunda Sala de la superioridad en consulta. El mismo, aún se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Ocurre que, la taxativa sustentación de los criterios de mérito, los cuales, según se dijo, hoy día han alcanzado el rango de jurisprudencia, dio margen a que ante el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tramite la contradicción de tesis 49/2004, entre las acogidas por la Primera y Segunda Salas de ese propio órgano de control constitucional por antonomasia.
Expediente de última cuenta que, tal y como se advierte de la consulta temática que se practicó en el acervo de los archivos de informática (Intranet), así como de los datos proporcionados por la oficina de consulta del Centro Automatizado de Transparencia e Información Jurídica, ambos de esa superioridad, a la fecha se encuentra pendiente de fallo.
Información al efecto recabada que, para fines ilustrativos, enseguida se copia:
"No. 1 de 1.
"Número de expediente: 00049/2004-PL.
"Tipo: Contradicción de tesis.
"Pertenece a: Pleno.
"Ministro: Sergio A. Valls Hernández.
"Secretario:
"Materia:
"Auto de inicio: Admite.
"F. Resolución:
"Resolución:
"Tema:
"Ley/Acto reclamado:
"Voces: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1-A, FRACCIÓN II DE LA, SUPUESTO RELATIVO. AL INCLUIR ELEMENTOS AJENOS A LA MANIFESTACIÓN OBJETIVA DE EL ... VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."
Entonces, es palmario que en orden al posicionamiento resolutivo que al respecto debe imperar de manera irrevocable, todavía existe indefinición, precisamente, porque será el Tribunal Pleno del más Alto Tribunal de justicia de la República quien, al momento de elucidar la contradicción de tesis ya detallada, procederá en consecuencia.
De ahí que, per se de tal acontecimiento, este Tribunal Colegiado de Circuito carece de competencia delegada para resolver, en el aspecto de fondo, la litis en revisión.
Entenderlo de otra forma, sería tanto como, careciendo de facultades legales expresas para ello, inclinarse por la aplicación de una u otra de las tesis jurisprudenciales en trato, ambas, sin distingo básico alguno, de acatamiento forzoso para este tribunal de amparo, con lo cual se haría prevalecer el sentido del criterio sustentado en la que, concretamente, se adopte.
Lo anterior no es posible desde una perspectiva jurídica, por la elemental razón de que el predominio de una sobre otra será, en su momento, la materia de análisis a juzgarse en la contradicción de mérito.
Situación que, de suyo, denota la competencia oriunda del Pleno de ese Órgano Magno para conocer de la impugnación constitucional de la norma secundaria en comentario.
Bajo esa tónica interpretativa, se autoriza concluir que, en el caso concreto, no se cristaliza a cabalidad la hipótesis de competencia delegada que prevé el punto quinto, fracción I, apartado D, del citado Acuerdo General 5/2001, ni tampoco alguna otra que capacite a este órgano jurisdiccional federal para resolver el correspondiente planteamiento de inconstitucionalidad.
En las relacionadas condiciones, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, estima que la revisión de la sentencia recurrida, en el aspecto de fondo controvertido, es de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que de conformidad con el punto décimo primero, fracción III, del descrito Acuerdo General 5/2001, procede dejar a salvo su jurisdicción para que, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho estime conducente.
No constituye rémora a la decisión acogida, la circunstancia atinente a que por acuerdo de presidencia de trece de enero de dos mil cinco, se diera curso al actual medio legal de defensa, según se aprecia en las fojas treinta y nueve y posterior del toca en que se actúa.
Aserto que se hace, habida cuenta que tal determinación de índole unitaria representa, tan sólo, un examen preliminar del asunto y, en esa razón, no causa estado ni puede tener los efectos de cosa juzgada, porque siempre existe la posibilidad de volverlo a estudiar y decidir, como ya se hizo, respecto del órgano competente en origen para resolver la litis en él propuesta.
Al respecto cobra aplicabilidad, por lo ilustrativo de su contenido, la jurisprudencia perteneciente al Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se comparte, leíble en la página 69, tomo 54, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que preceptúa:
"AUTOS DE PRESIDENCIA NO CAUSAN ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL COLEGIADO.-De conformidad con los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados se integran con tres magistrados y sus resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. Por ende, los autos de presidencia, de dichos tribunales, respecto a la admisión del asunto, sólo corresponden a un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde al órgano colegiado; de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión, se declara, acorde a lo expuesto en el considerando último de este fallo, que la competencia originaria para conocer en segunda instancia de la sentencia que se pronunció en audiencia constitucional de tres de agosto de dos mil cuatro, y engrosó el quince de octubre siguiente, por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo biinstancial que tramitó bajo expediente 526/2004, de su índice cronológico, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.-Remítase a esa superioridad copia certificada de la presente ejecutoria, el disquete que la contenga, los autos del juicio de amparo de origen, y el escrito de agravios relativo, para el análisis del asunto; ello, por conducto de la Subsecretaría General de Acuerdos del mencionado órgano.
Notifíquese; anótese en el registro; remítanse los autos y el disquete que contenga el archivo de esta resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado de Distrito de origen; y, con el testimonio correlativo, fórmese expedientillo en el que obren las actuaciones subsecuentes.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Jorge Meza Pérez, Jesús R. Sandoval Pinzón y Juan Bonilla Pizano; siendo ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18961-6cef15b4/competencia-delegada-si-al-resolver-un-amparo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO C (AMPARO EN REVISIÓN)
- VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2003, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. EFECT (AMPARO EN REVISIÓN)
- INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANC (AMPARO EN REVISIÓN)
- VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2004, AL INCLUIR LA EXPRESIÓN "Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO", NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- REVISION. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis