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Modo: Corpus Pro

INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO Y, POR TANTO, NO REQUIERE DE AUDIENCIA PREVIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 45/2001. · Registro digital (IUS): 17472
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AFORE INBURSA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 94.

AMPARO EN REVISIÓN 45/2001. AFORE INBURSA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son infundados e ineficaces los agravios previamente transcritos.

En el considerando segundo de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito estableció que eran inexistentes los actos reclamados respecto del vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, consistentes en la obligación impuesta a la empresa quejosa de someterse a sus decisiones, acuerdos, resoluciones o procedimientos, y la orden contenida en el oficio CONDUSEF/VJ/DGQCA/597/2000, de doce de junio de dos mil, en donde se le ordenó el registro de un pasivo contingente por el monto de $88,062.90 (ochenta y ocho mil sesenta y dos pesos 90/100 M.N.), porque esos actos los negó en su informe justificado, y dicha negativa estaba robustecida con el hecho de que el propio oficio fue suscrito por una distinta autoridad.

En el primero de los agravios que expresa el recurrente, argumenta que el Juez no examinó con precisión los actos reclamados del vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), porque si bien es cierto que el oficio relacionado con esos actos está firmado por una autoridad distinta, no menos cierto es que ésta depende del aludido vicepresidente y, por esa razón, debió considerarlo autor de ese instrumento.

Esta argumentación es infundada, ya que el mencionado oficio se localiza a fojas 25 y 26 del cuaderno de amparo, y fue firmado por el director general de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y la circunstancia de que pudiera ser una autoridad subalterna y dependiente del vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quien expidió y firmó el oficio CONDUSEF/VJ/DGQCA/597/2000, de doce de junio de dos mil, en cuestión, no es motivo suficiente para atribuir el contenido de ese documento al vicepresidente jurídico de esa comisión, y considerarlo como el autor de su expedición, ya que la Ley de Amparo no contiene disposición legal alguna en el sentido de que cualquier acto realizado por un funcionario subalterno puede ser atribuido al titular de la dependencia a la que pertenezca, en razón de sus atribuciones legales.

Sobre esa temática, el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo no puede establecerse de manera genérica, al grado de llamar a juicio a una autoridad distinta de la que emitió el acto reclamado, sólo porque es orgánicamente superior de la que materialmente lo signó; sino que, específicamente, se debe reconocer el carácter de autoridad responsable únicamente a la que directamente se encuentre relacionada con el acto reclamado conforme a alguna de las diferentes hipótesis que señala la Ley de Amparo en su artículo 11, que precisa: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."; por lo que si el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros no suscribió el oficio en cuestión, aun cuando sea jerárquicamente superior a la que lo emitió, es incorrecto considerar que esta autoridad fue la autora del oficio aludido, como sugiere el recurrente.

En apoyo de esta consideración se cita la siguiente tesis jurisprudencial, que esta Primera Sala hace suya, del siguiente tenor:

"Octava Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988

"Tesis: 2a./J. 3/88

"Página: 185

"AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el solo hecho de serlo.

"Varios 209/78. Jorge González Ramírez, en representación de Fic Internacional, S.A. de C.V. Contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Primer Circuito en Materia Administrativa. 15 de agosto de 1988. Mayoría de 4 votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Disidente: Atanasio González Martínez."

Es de agregarse que la quejosa no atribuyó, específicamente, en la demanda de garantías, la expedición del aludido oficio al vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; antes bien, expresamente imputó ese acto reclamado, como autoridad ordenadora, al director general de Quejas, Conciliación y Arbitraje de la citada comisión, de la siguiente manera:

"a) La obligación que se impone a la sociedad quejosa de someterse a decisiones, acuerdos, resoluciones o procedimientos por parte de las autoridades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (en lo sucesivo Condusef), señaladas como responsables en el capítulo respectivo de esta demanda. b) Los actos concretos de aplicación de los ordenamientos legales indicados, consistentes en: 1. La orden dada a Afore Inbursa, S.A. de C.V., para registrar como pasivo contingente la suma de $88,062.90 (ochenta y ocho mil sesenta y dos pesos 90/100 M.N.), monto de una reclamación presentada ante la Condusef por la usuaria de servicios financieros señalada en esta demanda como tercero perjudicada, en contra de la hoy quejosa, orden de registro que aparece en el oficio número CONDUSEF/VJ/DGQCA/597/2000, relativo al Exp. DGQCA/SAR/01208/2000, fechado el 12 de junio del año en curso, recibido en Afore Inbursa, S.A. de C.V., el 13 del mismo mes. Este acto se atribuye, como autoridad ordenadora, al C. Director general de Quejas, Conciliación y Arbitraje, dependiente de la Vicepresidencia Jurídica de la Condusef."

De esta transcripción también se advierte que la quejosa no señaló en la demanda que el oficio de que se trata fue emitido por el director general de Quejas, Conciliación y Arbitraje, en acatamiento de una orden del vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ya que es aquella autoridad a quien le asignó el carácter de ordenadora de la expedición del oficio ya mencionado de doce de junio de dos mil; por todo lo cual es infundada la aserción del impugnante, relativa a que el Juez de Distrito debió considerar como autor de ese instrumento al vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

El Juez de Distrito consideró que en el juicio de garantías la quejosa reclamó, con motivo del primer acto concreto de aplicación, el artículo 10 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y los artículos 1o., 3o., 12, 13 y 19 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en cuanto conceden a la mencionada comisión nacional plena autonomía técnica para dictar sus resoluciones, laudos y facultades de autoridad para imponer las sanciones previstas en dicha ley.

Puntualizó que una vez efectuada la reclamación por parte de la tercero perjudicada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en contra de la quejosa Afore Inbursa, Sociedad Anónima de Capital Variable, ésta se sometió a la competencia de la referida institución, quien le aplicó los preceptos reclamados en fecha anterior a la del oficio de doce de junio de dos mil, que motivó la presentación de la demanda de amparo. Además de que la empresa hoy recurrente fue citada para el desahogo del procedimiento desde el dieciséis de marzo de dos mil.

Debido a que el oficio reclamado se emitió el doce de junio siguiente, en fecha posterior a la en que tuvo lugar el procedimiento administrativo preindicado, el Juez arribó a la conclusión de que los actos reclamados con motivo de la aplicación del artículo 10 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como de los artículos 1o., 3o., 12, 13 y 19 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, eran ulteriores al primer acto de aplicación de esos preceptos legales, y resultaba improcedente el juicio de garantías, en razón de que el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, solamente permite impugnar en el juicio de amparo el primer acto concreto de aplicación de la ley y reglamento tildados de inconstitucionales.

A ese respecto, el recurrente antepone que el Juez no fundamentó esa decisión. Sostiene que en el procedimiento conciliatorio la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros actúo con facultades conciliatorias y de defensa de los usuarios de servicios financieros, y hasta ese momento los actos de dicha institución no estaban revestidos de imperium, con las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, característicos de los actos de autoridad, por lo que desde su punto de vista no pueden catalogarse como actos primarios de aplicación. Agrega que los preceptos legales se impugnaron porque en ellos el legislador otorgó el carácter de autoridad a la comisión, cuya condición no puede tener, según afirma, debido a que constituye un organismo descentralizado del Gobierno Federal, y no una dependencia de éste.

Reitera que la orden que la comisión dio a la quejosa para constituir el pasivo contingente es un acto de autoridad que conlleva la facultad de imperium, que indebidamente le concede el artículo 10 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como los diversos 1o., 3o., 12, 13 y 19 del reglamento interior de dicha comisión y, por tanto, la orden de registrar el pasivo contingente constituye el primer acto de aplicación de esos preceptos.

Este planteamiento del recurrente es infundado por los siguientes motivos.

A fojas 203 y 204 del cuaderno de amparo se localiza copia certificada de la diligencia de doce de abril de dos mil, que el director general de Quejas, Conciliación y Arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros remitió junto con su informe justificado, y que en términos de los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en donde consta que en esa fecha, doce de abril de dos mil, compareció Blanca Ruth Martínez Reyes, con el carácter de apoderada de Afore Inbursa, S.A. de C.V., a la audiencia de conciliación del procedimiento administrativo instaurado por la tercero perjudicada, previsto en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuya audiencia se difirió, y se apercibió a dicha empresa en los siguientes términos:

"Con fundamento en el artículo 68, fracción VI, del ordenamiento legal invocado, se difiere la presente audiencia con el objeto de que Afore Inbursa, S.A. de C.V., exhiba la solicitud de disposición de recursos, la resolución de pensión por cesantía en edad avanzada número 99/183539 emitida por el IMSS, y la carta poder que en su momento exhibió la C. Claudia María Arjona Ojeda, quien recibió por parte de Inbursa, S.A. de C.V., los recursos que integran la cuenta individual del fallecido Jorge Federico Romero Morlett; para tal efecto, se señalan las doce horas del día diecinueve de abril del año dos mil, en las oficinas de esta comisión, para la continuación de la presente audiencia. Se apercibe a Afore Inbursa, S.A. de C.V., que en caso de ser omisa en lo aquí acordado, se le impondrá multa de 500 a 2000 días de salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal, con fundamento en los artículos 68, fracción IX y 94, fracción V, del ordenamiento legal en cita." (fojas 203 y 204).

A fojas 230 y 231 de los autos se documenta la diligencia de diecinueve de abril de dos mil, correspondiente a la reanudación de la audiencia de conciliación mencionada, en la que nuevamente intervino Blanca Ruth Martínez Reyes, con el carácter de apoderada de Afore Inbursa, S.A. de C.V., en donde manifestó "que no se somete al arbitraje de esta comisión".

En ese acto el conciliador de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros determinó dar vista al director de Asuntos SAR para que, en su caso, de llegar a determinar la existencia de elementos para establecer la procedencia de la reclamación de la tercero perjudicada, se emitiera un dictamen técnico "y se ordene registrar la reclamación como un pasivo contingente de la administradora de fondos para el retiro reclamada", en los siguientes términos (fojas 230 y 231):

"Toda vez que las partes no llegaron a un acuerdo para conciliar sus intereses y que Afore Inbursa, S.A. de C.V., ha rehusado someterlas al juicio arbitral de esta comisión nacional, con fundamento en el artículo 68, fracción VII, en relación con la solicitud de la parte reclamante se dará vista al director de Asuntos SAR para que, en su caso, y de determinarse que de los autos existentes se desprenden elementos para establecer la procedencia de lo reclamado, se ordene la emisión de un dictamen técnico y se ordene registrar la reclamación como un pasivo contingente de la administradora de fondos para el retiro reclamada. El C. Conciliador da por terminada la presente actuación siendo las trece horas con treinta minutos del diecinueve de abril del año dos mil." (foja 231).

Como se ha visto, la empresa quejosa se sometió a la competencia y potestad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros desde el doce de abril de dos mil, en donde se le aplicaron las normas jurídicas reclamadas, puesto que por conducto de su apoderada intervino en la audiencia de conciliación celebrada los días doce y diecinueve de abril de ese año, y en esa audiencia se concretó la relación de autoridad y particular, que se tradujo en una situación de subordinación de gobernante a gobernado, dado que la empresa fue apercibida por la autoridad de que "en caso de ser omisa en lo aquí acordado, se le impondrá multa de 500 a 2000 días de salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal, con fundamento en los artículos 68, fracción IX y 94, fracción V, del ordenamiento legal en cita", además de que en el propio acto se le hizo saber que se daría vista al director de Asuntos SAR para que, si existían elementos condicionantes de la procedencia de la reclamación de la tercero perjudicada, emitiera un dictamen técnico "y se ordene registrar la reclamación como un pasivo contingente de la administradora de fondos para el retiro reclamada". Por ende, contrariamente a lo que argumenta el gestionante de esta revisión, esas actuaciones constituyen auténticos actos de autoridad susceptibles de ser impugnados, desde entonces, mediante el juicio de amparo.

Si bien en las referidas actuaciones no se materializó la imposición de la multa con la que se apercibió a la empresa, porque para ello se requería un desacato o la negativa de ésta a obedecer el mandato acordado por la autoridad, cuyo cumplimiento le exigió, y que la propia autoridad hiciera efectivo el apercibimiento, de todos modos se ocasionó a la empresa un acto de molestia que afectó su situación jurídica, puesto que se hallaba sujeta a la determinación de la autoridad, con la advertencia que se le hizo de ejecutar aquel mandamiento.

Máxime que, en ese acto, también se externó por parte de la autoridad la posibilidad de que se ordenara registrar el monto de la reclamación de la tercero perjudicada como un pasivo contingente de la empresa hoy disconforme.

En ese contexto, con el apercibimiento hecho a la quejosa por la autoridad responsable en la audiencia de conciliación de doce y diecinueve de abril de dos mil, no solamente aplicó los preceptos legales reclamados que la autorizan a actuar con facultades de imperium, sino que también dio inicio al procedimiento administrativo del que, directa y estrechamente, derivó la orden de registro del pasivo contingente igualmente reclamada y, por ende, la empresa quejosa estaba desde entonces en aptitud de promover juicio de amparo para reclamar las indicadas normas jurídicas con motivo de ese acto de su aplicación.

Lo acabado de considerar se confirma con la tesis de la Segunda Sala, que esta Primera Sala adopta, que dice:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IX, marzo de 1999

"Tesis: 2a. XXXIX/99

"Página: 317

"MULTA. EL SOLO APERCIBIMIENTO DE IMPONERLA CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO PREVÉ Y OTORGA INTERÉS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, SI LA AUTORIDAD ESTABLECE CON PRECISIÓN LA SANCIÓN PECUNIARIA EN CASO DE QUE EL GOBERNADO INCUMPLA EL REQUERIMIENTO. Para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el solo apercibimiento de multa constituye el primer acto de aplicación del ordenamiento legal que lo prevé, cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento, e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su determinación, pues si bien todavía no se materializa la imposición, porque para ello se requiere que exista el desacato o la negativa del obligado a obedecer el mandato cuyo cumplimiento se exige y que la autoridad haga efectivo el apercibimiento, se ocasiona al sujeto obligado un acto de molestia que afecta su situación jurídica, puesto que se halla vinculado a la determinación de la autoridad en tanto se le conmina a ejecutar un determinado mandamiento.

"Amparo en revisión 2761/98. Constructora J.M.B. Arquitectos, S.A. de C.V. 27 de enero de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Andrés Pérez Lozano."

Así, resulta correcta la estimación del Juez de Distrito respecto de que el oficio de doce de junio de dos mil, que contiene la orden de registro del pasivo contingente, que la empresa hoy quejosa reclamó con motivo de la aplicación del artículo 10 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de los artículos 1o., 3o., 12, 13 y 19 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en cuanto facultan a la comisión nacional para dictar resoluciones y laudos, y le conceden facultades de autoridad para imponer las sanciones que la propia ley señala, constituye un acto ulterior al primer acto de aplicación de esos preceptos legales, por cuya razón resultaba improcedente el juicio de garantías, al no haberse promovido con motivo del primer acto de aplicación de los aludidos numerales, como previene el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo.

No pasa inadvertido a esta Primera Sala el alegato del recurrente, tocante a que es contradictoria la determinación del Juez, porque en el penúltimo párrafo del considerando quinto de la sentencia recurrida concluyó que la emisión del oficio de doce de junio de dos mil "constituye el primer acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales".

Tampoco es fundada esa aseveración del revisionista, toda vez que la afirmación del Juez, que aquel menciona, la hizo al examinar una causal de improcedencia invocada por la tercero perjudicada, desde el punto de vista de la reclamación de los artículos 11, fracción XXIV, 22, fracción XIX y 68, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y no desde la perspectiva de impugnación del artículo 10 de esa ley y de los artículos 1o., 3o., 12, 13 y 19 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, como lo demuestra la siguiente transcripción:

"QUINTO. ... Finalmente, la tercero perjudicada aduce, respecto del oficio de doce de junio de dos mil, que contiene la orden de registro de pasivo contingente, que se configura la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, porque la aplicación de los artículos 11, fracción XXIV, 22, fracción XIX y 68, fracción X, no constituyen el primer acto de aplicación, sino un segundo o ulterior en el acto reclamado, dado que el primero se constituyó con la notificación de la reclamación que le hizo a la quejosa el trece de junio de dos mil la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Para dilucidar si le asiste o no la razón a la tercero perjudicada, se tienen presentes en este punto, en obvio de repeticiones, las consideraciones que se hicieron al respecto sobre la improcedencia decretada en contra de la aplicación del artículo 10 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en el considerando cuarto de esta sentencia. Precisado lo anterior, también se tiene presente que para la radicación y desahogo del procedimiento administrativo de conciliación se le aplicó, en diferentes etapas del mismo, el artículo 68 de la ley de la materia a la ahora quejosa, no obstante ello, en ninguna de las mismas se configuró la hipótesis de la fracción X de dicho dispositivo sino, precisamente, hasta la emisión del oficio de mérito, como puede corroborarse con las constancias de autos que obran en el juicio (folios 118 a 257). En tal orden de ideas, se concluye que el acto reclamado consistente en la emisión del oficio CONDUSEF/VJ/DGQCA/597/2000, de doce de junio de dos mil, constituye el primer acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, pues de autos no se desprende la aplicación anterior de los mismo (sic), por tanto, se llega a la conclusión de que es infundada la causal examinada."

En cuanto al acto reclamado que la quejosa hizo consistir en la obligación que se le impuso de someterse a las decisiones, acuerdos, resoluciones o procedimientos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Juez encontró actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Razonó que el procedimiento administrativo que dio origen a las decisiones y acuerdos impugnados, se inició con motivo de la reclamación presentada el dieciséis de marzo de dos mil, por Rosa Edith Góngora Franco, contra la ahora quejosa, en razón del servicio financiero que le prestó; cuya apertura se notificó a la empresa el veintidós de marzo de dos mil, a fin de que compareciera al desahogo de la audiencia conciliatoria y contestara por escrito cada una de las reclamaciones aducidas por la hoy tercero perjudicada.

Subrayó que del veintidós de marzo de dos mil, en que se practicó la notificación, al tres de julio siguiente, en que se presentó la demanda de amparo, transcurrió con exceso el término de quince días concedido por la ley de la materia para impugnar aquel acto reclamado "sin que se hubiese atacado su inicio, sino con posterioridad, en razón del oficio de doce de junio de dos mil", en el que se le ordenó el registro de la reclamación como pasivo contingente por la cantidad de ochenta y ocho mil sesenta y dos pesos con noventa centavos.

Por ese motivo, el Juez dedujo que "aquéllos fueron consentidos tácitamente, en virtud de no haberse promovido contra ellos el medio de defensa extraordinario para impugnarlos".

A ese respecto deviene notoriamente ineficaz la argumentación con la que el recurrente se opone a esa postura del Juez, ya que aduce que el primer acto en que la autoridad responsable se manifestó con facultades de autoridad ocurrió cuando expidió el oficio de doce de junio de dos mil; empero, esta aserción no es exacta, sino que como ya se dejó sentado en líneas antes, desde los días doce y diecinueve de abril de dos mil en que se celebró la audiencia de conciliación, ya se había integrado la relación de autoridad y particular, y la situación de subordinación de gobernante a gobernado, dado que la empresa fue apercibida por la autoridad de que "en caso de ser omisa en lo aquí acordado, se le impondrá multa de 500 a 2000 días de salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal, con fundamento en los artículos 68, fracción IX y 94, fracción V, del ordenamiento legal en cita". Por ende, contrariamente a lo que aquél argumenta, esas actuaciones constituyeron auténticos actos de autoridad y fueron susceptibles de ser impugnados, desde entonces, mediante el juicio de amparo.

El recurrente insiste que la integración del expediente administrativo al que se citó a la empresa quejosa para la audiencia conciliatoria en que participó, no implicó el consentimiento de su parte de algún acto de autoridad "dado que las funciones administrativas que desplegó no se reclamaron en la demanda de garantías".

Esta Primera Sala de la Suprema Corte disiente de la postura de la agraviada, pues como evidencia de que, opuesto a lo que señala, sí reclamó en el presente juicio de amparo en revisión las funciones administrativas verificadas por las autoridades responsables, se reproduce la parte relativa de la demanda de garantías, que hace patente tal reclamación:

"IV. Actos reclamados. Señalo con tal carácter los siguientes:

"...

"a) La obligación que se impone a la sociedad quejosa de someterse a decisiones, acuerdos, resoluciones o procedimientos por parte de las autoridades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (en lo sucesivo Condusef), señaladas como responsables en el capítulo respectivo de esta demanda."

QUINTO. En otro aspecto, al ocuparse el Juez del examen del oficio de doce de junio de dos mil, y de la aplicación de los artículos 68, fracción X, en relación con el 11, fracción XXIV y 22, fracción XIX, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros reclamados, estableció que la orden de registro de pasivo contingente contenida en ese oficio, fundamentada en esas normas jurídicas, no entrañaba una resolución privativa de derechos, pues sólo tenía la finalidad de garantizar el pago de la reclamación que, en dado caso, presentara la tercero perjudicada ante los tribunales judiciales.

Abundó que dicho registro tenía carácter contable, como medida precautoria, para que la quejosa respondiera ante esa reclamación "pues del mismo se advierte que la finalidad perseguida es sólo la restricción temporal de ese bien".

Por tanto, arribó a la conclusión de que por tratarse de una medida preventiva, la prevista en el artículo 68, fracción X, en relación con el 11, fracción XXIV y 22, fracción XIX, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, estos preceptos no eran contraventores del artículo 14 de la Carta Magna, pues este numeral solamente tutela los actos privativos y no los de molestia.

En el apartado cuarto de los agravios a examen, el recurrente se opone a esa consideración, y aduce que la orden de registro de pasivo contingente, emitida con apoyo en esos preceptos, integra un acto privativo en su contra y no se le respetó la garantía de audiencia, porque la privación, para efectos del amparo, no solamente supone un menoscabo patrimonial definitivo, sino también la imposibilidad de disponer de recursos, y por eso considera que los actos reclamados son contrarios al artículo 14 constitucional.

Estos argumentos resultan infundados, en virtud de que parten de la premisa errónea de considerar que los artículos 68, fracción X, en relación con el 11, fracción XXIV y 22, fracción XIX, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por cuanto autorizan a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a imponer a la empresa financiera correspondiente, la obligación de registrar el pasivo contingente, derivado de la reclamación del usuario, cuando a su juicio existan elementos que permitan suponer la procedencia de lo reclamado, estatuyen un acto de privación violatorio de la garantía de audiencia.

La garantía de audiencia que el recurrente alega como infringida por los preceptos reclamados, consiste en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como son la vida, la libertad y sus propiedades o posesiones, y se encuentra consagrado en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en los siguientes términos:

"Artículo 14. ...

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

El acto de privación regido por lo dispuesto en el referido artículo 14 constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17472-dd85ef25/instituciones-financieras-la-orden-de-registro-del-pasivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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