INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 84/2002. FIANZAS MONTERREY, S.A.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. En virtud de que al tenor de lo dispuesto por la fracción II del artículo tercero, los puntos A y C de la fracción I del artículo quinto y décimo primero del Acuerdo General Plenario 5/2001, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó el sobreseimiento decretado por la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en relación con los artículos 50 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe abordar el estudio de los respectivos conceptos de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.
La parte quejosa en sus respectivos conceptos de violación, en cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 50 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros señala, sustancialmente, que tales dispositivos violan el artículo 5o. de la Ley Fundamental, porque lo obligan a constituir, construir o instalar unidades especializadas para atender consultas y reclamaciones de los usuarios en un término de seis meses, y en estrecha vinculación con esa obligación también le impone otras, como las de prestar los demás servicios que en la misma se le ordenan a la quejosa, sin su consentimiento y sin la justa retribución, contraviniendo los mandatos constitucionales a que se refiere el mencionado precepto constitucional en su perjuicio.
Es de señalarse que ante el mismo planteamiento desarrollado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 752/2000, promovido por Zurich Vida, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, en sesión de diecisiete de abril de dos mil uno, determinó que los preceptos impugnados no son violatorios del artículo 5o. constitucional, en virtud de que los dispositivos impugnados tienden a regular uno de los aspectos de la prestación de servicios financieros, como lo es la solución a las consultas y reclamaciones que, en su caso, los usuarios presenten ante las instituciones financieras, así como proteger y defender sus derechos e intereses, y uniformar la legislación y los procedimientos previstos en esta materia para poner a disposición de la población que hace uso de dichos servicios, procedimientos ágiles y expeditos para resolver sus controversias con las instituciones financieras, brindándoles un marco legal que proporcione mayor seguridad y certidumbre en sus relaciones con las instituciones, lo que de manera alguna impide o limita a esas instituciones el libre ejercicio de su libertad de trabajo y de comercio, máxime que se trata de la regulación de un servicio público, cuya prestación requiere de una autorización por parte del Estado, lo que legitima a éste para establecer los términos y condiciones en que el mismo debe desarrollarse. Además, las señaladas unidades especializadas se constituyen como una vía expedita para la canalización de dudas o aclaraciones que eventualmente surjan entre el público usuario, y el tamaño que deban tener dichas unidades en función de sus necesidades específicas, será decisión de las propias instituciones financieras.
Para mayor ilustración, conviene conocer el contenido relativo de la ejecutoria citada:
"... contrario a lo que aduce la inconforme, las normas contenidas en el artículo 50 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, no contravienen la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Federal.
"Los artículos impugnados son del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 50 Bis. Cada institución financiera deberá contar con una unidad especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los usuarios. Dicha unidad se sujetará a lo siguiente:
"‘I. El titular de la unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la institución financiera al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la reclamación;
"‘II. Contará con personal en cada entidad federativa en que la institución financiera tenga sucursales y oficinas;
"‘III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las instituciones financieras;
"‘IV. Deberá responder por escrito al usuario dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones, y
"‘V. El titular de la unidad especializada deberá presentar un informe trimestral a la comisión nacional diferenciado por producto o servicio, identificando las operaciones o áreas que registren el mayor número de consultas o reclamaciones, con el alcance que la comisión nacional estime procedente. Dicho informe deberá realizarse en el formato que al efecto autorice, o en su caso proponga la comisión nacional.
"‘La presentación de reclamaciones ante la unidad especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar lugar.
"‘Las instituciones financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la unidad especializada. Los usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la unidad especializada de la institución financiera de que se trate o ante la comisión nacional.’
"‘Transitorios: ... Cuarto. Las instituciones financieras deberán constituir las unidades especializadas a que se refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.’
"Del contenido de los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:
"Se establece la obligación a cargo de las instituciones financieras de contar con una unidad especializada, cuyo objeto es atender las consultas y reclamaciones que presenten los usuarios de los servicios que tales instituciones prestan; para lo cual deberán contar con personal en cada entidad federativa en que tengan sucursales y oficinas, informando, mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales, la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la unidad.
"Dicha unidad estará a cargo de un titular, quien deberá tener facultades para representar y obligar a la institución al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que dé a la reclamación. Asimismo, tendrá la obligación de dar respuesta por escrito a las consultas o reclamaciones que se le presenten dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente, y rendir informe trimestralmente a la comisión nacional en el que se diferencien los productos y servicios, precisando las operaciones o áreas que registren el mayor número de consultas o reclamaciones.
"Por otro lado, también se precisa que los gastos derivados del funcionamiento, operación y organización de la referida unidad corren a cargo de las instituciones financieras y que las unidades especializadas deberán quedar constituidas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto correspondiente.
"Ahora bien, el artículo 5o. de la Constitución Federal, que consagra la libertad de trabajo señala, en su primer párrafo, lo siguiente:
"‘Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ...’
"La norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo, conforme a los siguientes lineamientos:
"a) A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
"b) El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros.
"c) También podrá vedarse por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
"Tales lineamientos que garantizan la llamada libertad de trabajo, en términos del primer párrafo del artículo 5o. de la Carta Magna, se sustentan a su vez en principios fundamentales que constituyen requisitos necesarios que deben darse para que se haga exigible la garantía constitucional.
"Esto es así, ya que la libertad de trabajo no se prevé de manera irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general.
"En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra real vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley; dicho de otra manera, la garantía no podrá exigirse cuando sea ilícita, es decir, que esté prohibida por la ley o que, aun cuando no esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano.
"Por cuanto hace al segundo presupuesto normativo, éste implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación a derechos de terceros, esto es, que estando permitida por la ley, exista un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro u otros que se ubiquen en una situación jurídica determinada, que pueda verse afectado por el desarrollo de la actividad de aquél.
"Finalmente, el tercer presupuesto normativo implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, que es el derecho de la sociedad en general.
"Esto último se entiende, en tanto que existe un valor que pondera y asegura el derecho positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus aspectos, por ello, se protege el interés de la sociedad por encima del interés particular, por lo que cuando este último puede lesionar el del primero afectando dichos valores, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que en lo particular obtendría un solo individuo.
"Ahora bien, una vez establecidas las condiciones para que la citada garantía de libertad de trabajo cobre efectividad, es necesario precisar que la misma debe entenderse sin perjuicio de sujetarse a las disposiciones de interés público que no contraviniendo su ejercicio, dicten las autoridades para reglamentar su realización.
"Esto, porque la libertad de comercio, como ya se mencionó, no es irrestricta y su ejercicio debe darse sin perjuicio de la sujeción a las diversas disposiciones que dicten las autoridades legislativas para reglamentar su realización y proteger el interés público.
"En el caso concreto, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, específicamente las disposiciones contenidas en los artículos 50 Bis y cuarto transitorio, tienen por objeto, además de establecer la normatividad relativa a la atención de consultas y reclamaciones de los usuarios de servicios financieros, atento lo manifestado en la exposición de motivos del decreto de reforma, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros y de uniformar la legislación y los procedimientos previstos en esta materia para poner a disposición de la población que hace uso de los diversos servicios financieros, procedimientos ágiles y expeditos para resolver sus controversias con las instituciones financieras, brindándoles un marco legal que proporcione mayor seguridad y certidumbre en sus relaciones con tales instituciones.
"Procurando una mejor atención al usuario de servicios y productos financieros, constituyéndose las unidades especializadas como una vía expedita para la canalización de dudas o aclaraciones que eventualmente surjan entre el público usuario, sin excluir la posibilidad de que, de darse el caso, posteriormente la comisión nacional intervenga en la resolución del conflicto, acotando quizás los lapsos de solución de las problemáticas planteadas, señalándose que, incluso, será decisión de las propias instituciones financieras el tamaño que deban tener estas unidades en función de sus necesidades específicas, dando un servicio más directo y personalizado a sus clientes.
"Así las cosas, estamos en presencia de disposiciones legales que tienden a regular uno de los aspectos de la prestación de servicios financieros, como lo es la solución a las consultas y reclamaciones que en su caso se presenten ante las instituciones financieras; mismas que de manera alguna impiden o limitan a dichas instituciones el libre ejercicio de su actividad comercial, por lo que las normas impugnadas, contrario a lo alegado por la quejosa, no afectan su libertad de comercio, pues las mismas, como ya se precisó, únicamente establecen las reglas, con base en las cuales deberá prestar servicios la unidad especializada encargada de atender las consultas y reclamaciones de los usuarios de servicios financieros.
"Por último, resulta ineficaz el argumento relativo a que es evidente también que las disposiciones impugnadas vulneran también las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues impide a la quejosa disponer libremente de sus propiedades, posesiones y derechos, colocándola en una situación de incertidumbre que también vulnera la garantía constitucional de seguridad jurídica.
"En efecto, la ineficacia de tales alegaciones atiende a que la recurrente se limita a manifestar que las normas impugnadas le impiden disponer libremente de sus posesiones y derechos, sin exponer razonamientos encaminados a demostrar la contravención a las citadas disposiciones constitucionales por los preceptos legales reclamados, de qué manera se da esa afectación, por qué razón estima que se actualiza y de qué forma trasciende a su esfera jurídica."
De las anteriores consideraciones derivó la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, mayo de 2001
"Tesis: 2a. XLV/2001
"Página: 452
" Este precepto garantiza la libertad de trabajo al establecer que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, y la condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales, a saber: a) que no se trate de una actividad ilícita, esto es, que esté prohibida por la ley o que pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se vulneren derechos de la sociedad. Ahora bien, la circunstancia de que los artículos 50 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establezcan la obligación, a cargo de las instituciones financieras, de tener una unidad especializada, cuyo objeto es atender las consultas y reclamaciones que presenten los usuarios del servicio financiero, las cuales deberán quedar constituidas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto correspondiente, no transgrede la referida garantía constitucional. Lo anterior es así, porque los mencionados artículos 50 Bis y cuarto transitorio tienden a regular uno de los aspectos de la prestación de servicios financieros, como lo es la solución a las consultas y reclamaciones que, en su caso, tales usuarios presenten ante las instituciones financieras, así como proteger y defender sus derechos e intereses, y uniformar la legislación y los procedimientos previstos en esta materia para poner a disposición de la población que hace uso de los mencionados servicios procedimientos ágiles y expeditos para resolver sus controversias con las instituciones financieras, brindándoles un marco legal que proporcione mayor seguridad y certidumbre en sus relaciones con dichas instituciones, lo que de manera alguna impide o limita a dichas instituciones el libre ejercicio de su libertad de trabajo y de comercio, máxime que se trata de la regulación de un servicio público cuya prestación requiere de una autorización por parte del Estado, lo que legitima a éste para establecer los términos y condiciones en que el mismo debe desarrollarse. Además, las señaladas unidades especializadas se constituyen como una vía expedita para la canalización de dudas o aclaraciones que eventualmente surjan entre el público usuario, y el tamaño que deban tener dichas unidades en función de sus necesidades específicas será decisión de las propias instituciones financieras.
"Amparo en revisión 752/2000. Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez."
En mérito del criterio supracitado relativo a la misma cuestión jurídica que se plantea en el presente asunto, procede declarar infundado el concepto de violación analizado.
En cuanto a la violación al artículo 27 constitucional, la institución financiera señaló que los normativos combatidos transgreden aquel dispositivo, en virtud de que la garantía de propiedad sobre el capital o patrimonio de la quejosa quedaría anulado día a día con el sostenimiento de esas unidades especializadas; por lo que el concepto de modalidad no debe extinguir el derecho de propiedad, sino que lo debe conservar; que la garantía constitucional de propiedad sobre el patrimonio de la parte quejosa o sobre los bienes en numerario o de capital no acepta la modalidad, pues debe quedar a disposición no de un acto legislativo, sino de una resolución o sentencia, que siguiendo un proceso predeterminado en la ley ante la autoridad jurisdiccional competente, le imponga el pago o esos trabajos forzados.
En relación con esto último, la quejosa señaló que también el dispositivo impugnado viola los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la obligación que se determina unilateralmente por el legislador ordinario de que a su costa construya e instale las unidades especializadas, sufrague sus gastos de funcionamiento, operación y de organización, pague al personal a su servicio, lo ubique, se sujete a horarios y señale al responsable de las mismas, responde a una irracional e injusta sentencia de condena en contra de la institución financiera, sin tribunal competente y sin juicio previo; que la Constitución anuncia que sin acción judicial no puede ser privada la persona de sus bienes, según el artículo 14 constitucional, por lo que no puede concebirse que el legislador ordinario interprete esta garantía incurriendo en condenar, por medio de una disposición, a una institución financiera con la obligación de pagar permanentemente, mientras subsista la ley que la determine, una obligación sin haberle dado oportunidad a quien es condenado así, a ser escuchado y vencido en juicio.
Resulta inoperante lo anterior, de conformidad con los siguientes razonamientos:
El artículo 27 de la Constitución, en la parte que interesa, establece:
"Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.-Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.-La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad."
Como se advierte, el artículo 27 de la Constitución determina que la nación tiene el derecho de transmitir el dominio de las tierras y aguas a los particulares constituyendo la propiedad privada, así como el de imponer a ésta las modalidades que dicte el interés público.
En efecto, en cuanto a modalidad a la propiedad privada, el Pleno de esta Suprema Corte ha emitido criterio en el sentido de que por aquélla debe entenderse el establecimiento de una norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho. El criterio en cita a la letra dice:
"Séptima Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 157-162, Primera Parte
"Página: 315
"PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE CONFIGURE.-Por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho. Son, pues, elementos necesarios para que se configure la modalidad, primero, el carácter general y permanente de la norma que la impone y el segundo, la modificación sustancial del derecho de propiedad en su concepción vigente. El primer elemento requiere que la regla jurídica se refiera al derecho de propiedad sin especificar ni individualizar cosa alguna, es decir, que introduzca un cambio general en el sistema de propiedad y, a la vez, que esa norma llegue a crear una situación jurídica estable. El segundo elemento implica una limitación o transformación del derecho de propiedad; así, la modalidad viene a ser un término equivalente a limitación o transformación. El concepto de modalidad a la propiedad privada se aclara con mayor precisión si se estudia desde el punto de vista de los efectos que produce en relación con los derechos del propietario. Los efectos de la modalidad que se imponga a la propiedad privada consisten en una extinción parcial de los atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando, en virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo, de todas las facultades inherentes a la extensión actual de su derecho.
"Séptima Época, Primera Parte:
"Volúmenes 133-138, página 155. Amparo en revisión 6408/76. María Cortés de Lamas y otro. 18 de marzo de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.
"Volúmenes 139-144, página 224. Amparo en revisión 3957/76. Estacionamientos de San Francisco, S.A. 18 de noviembre de 1980. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Pedro Esteban Penagos López.
"Volúmenes 157-162, página 299. Amparo en revisión 3221/76. Estacionamientos Gante, S. de R.L. y C.V. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena.
"Volúmenes 157-162, página 299. Amparo en revisión 798/77. Ranver Compañía Mexicana de Estacionamientos, S.A. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez.
"Volúmenes 157-162, página 143. Amparo en revisión 3386/76. Ranver Compañía Mexicana de Estacionamientos, S.A. 16 de febrero de 1982. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretario: Pedro Esteban Penagos López."
Asimismo, debe considerarse que los efectos de la modalidad que se imponga a la propiedad privada consisten en una extinción parcial de los atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando, en virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo Local o Federal y demás autoridades competentes, de todas las facultades inherentes a la extensión actual de su derecho.
De lo anterior deriva que el peticionario de garantías parte de una premisa falsa, al señalar que lo ordenado en los artículos tildados de inconstitucionales, es una modalidad a la propiedad privada, pues atendiendo a lo relacionado en líneas que preceden, respecto a cuándo se configura la modalidad a la propiedad privada, resulta inconcuso que lo previsto en tales dispositivos, esto es, a que la quejosa deba constituir unidades especializadas en determinado tiempo, no es una modalidad a la propiedad privada, sino una obligación impuesta por el Congreso de la Unión, con la facultad que le confiere la Ley Fundamental para que las instituciones financieras atiendan las consultas y reclamaciones de los usuarios de servicios financieros, lo que no puede traducirse en una extinción -ni en forma parcial- al derecho de propiedad del quejoso, pues la creación y desarrollo de aquéllas está a cargo de la propia institución financiera; además, debe recordarse que las señaladas unidades especializadas se constituyen como una vía expedita para la canalización de dudas o aclaraciones que eventualmente surjan entre el público usuario, y el tamaño que deban tener dichas unidades en función de sus necesidades específicas, será decisión de las propias instituciones financieras, ya que con ello darán un servicio más directo y personalizado a sus clientes.
De acuerdo a lo anterior, debe considerarse que tampoco se priva de algún bien a las instituciones financieras.
En efecto, este Alto Tribunal en diversos criterios ha determinado que las garantías de audiencia previa y debido proceso legal que consagra el citado artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así, cuando se trata de actos de molestia que al no tener ese objetivo se rigen únicamente por el artículo 16 constitucional, el cual tampoco es transgredido, en virtud de que la obligación impuesta a las instituciones financieras fue hecha por el Congreso de la Unión, de acuerdo a las facultades que la propia Constitución General le otorga.
En ese orden de ideas, a través de la reforma al artículo 50 Bis y del cuarto transitorio, de la ley en cita, y como ya se ha mencionado, el legislador impuso a las instituciones financieras la obligación de constituir unidades especializadas, las que tendrán por objeto atender las consultas y reclamaciones que realicen los usuarios de servicios financieros para procurar una mejor atención al usuario de servicios y productos financieros, de conformidad con lo establecido en la exposición de motivos.
Por tanto, de acuerdo con su capacidad económica y tamaño, así como atendiendo a la cobertura que tenga dentro del territorio nacional, estará en condiciones de establecer la unidad especializada de consulta y reclamaciones que resulte acorde con su disponibilidad de recursos materiales y humanos, sin que el precepto reclamado, al regular las funciones y características de estas entidades, obligue a los sujetos de la norma a crear dichas oficinas con una determinada o específica estructura que pudiera resultar excesiva para algunos, respetándose así las garantías individuales de las instituciones financieras.
En otras palabras, las instituciones financieras serán las que determinen, en función del tipo y volumen de transacciones que llevan a cabo, las estructuras orgánicas y el número de sus unidades especializadas para la atención de consultas y reclamaciones, pues éstas a su vez estarán determinadas justamente por el tamaño mismo de la institución, esto es, por el número de usuarios a los que presta sus servicios y que constituyen el conjunto de personas que pueden requerir que se atiendan sus consultas y reclamaciones.
Por tanto, aun cuando los artículos de que se trata prevén obligaciones de hacer a cargo de las instituciones financieras, sin otorgarles la garantía de audiencia previa, lo cierto es que no violan lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo y 16 constitucionales, ya que no establecen actos de privación, pues sólo se trata de disposiciones legales que imponen deberes a dichas instituciones con el fin de mejorar la prestación del servicio de intermediación financiera, el cual se deriva de un acto permisivo del Estado, que las sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y, además, fueron emitidas por una autoridad competente.
En esta tesitura, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal por lo que hace a los preceptos tildados de inconstitucionales, cuyo estudio correspondió a esta Primera Sala.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-En lo que corresponde a la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fianzas Monterrey
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17434-a1352a58/instituciones-financieras-los-articulos-50-bis-y-cuarto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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