RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UNA OPCIÓN PARA CALCULAR EL GRAVAMEN A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).
AMPARO EN REVISIÓN 1320/2006. OCMA, S.A. DE C.V. Y OTRA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil cinco; y aun cuando subsiste el problema de inconstitucionalidad planteado, se estima innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. Oportunidad de los recursos. Es innecesario ocuparse de la oportunidad en la presentación del recurso de revisión, y de la revisión adhesiva, toda vez que el Tribunal Colegiado que, en principio, conoció de los mismos, ya se ocupó de ello.(4)
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
I. En los conceptos de violación la parte quejosa, en síntesis, argumentó lo siguiente:
1. En el primero, que los artículos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son violatorios de la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al prever un régimen de causación desigual para las personas morales constituidas bajo la forma de sociedades cooperativas de producción, en relación con las demás personas morales de naturaleza mercantil.
2. Sigue manifestando la parte quejosa que, en efecto, los artículos impugnados prevén un régimen tributario especial, pues establecen que las sociedades cooperativas de producción podrán calcular el impuesto sobre la renta aplicando las disposiciones atinentes al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, en lugar de aplicar las disposiciones para personas morales; asimismo, establecen un régimen de diferimiento del impuesto sobre la renta a favor de las citadas sociedades cooperativas y les libera de la obligación de realizar pagos provisionales; esto es, que a través de las disposiciones impugnadas, se otorga a sujetos iguales consecuencias fiscales diversas, sin que dicho tratamiento diferenciado encuentre justificación objetiva y razonable.
3. Las quejosas argumentan que las sociedades cooperativas de producción, tienen por objeto realizar actos de comercio que se encuentran encaminados a la obtención de la mayor ganancia posible; de ahí que tengan carácter de sociedades mercantiles. Por lo cual, resulta evidente que en el ordenamiento jurídico mexicano, las sociedades cooperativas de producción son sociedades mercantiles, no sólo por constituirse al amparo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual tiene una naturaleza mercantil, sino también por realizar actos de comercio con una finalidad de lucro. Es este último elemento lo que diferencia a las sociedades cooperativas de producción con las de consumo, las cuales están exentas del pago del impuesto sobre la renta.
4. Las quejosas advierten que las sociedades cooperativas de producción, al igual que el resto de las sociedades mercantiles, se encuentran en las mismas hipótesis de causación del impuesto sobre la renta, ya que ambas sociedades obtienen ingresos derivados de la realización de actividades empresariales y son personas morales, por lo cual, los preceptos reclamados les dan un trato preferencial injustificado frente a las demás sociedades mercantiles, provocando consecuencias fiscales disímbolas.
5. Además, señalan que conforme a la jurisprudencia, los fines extrafiscales deben en todo momento respetar las garantías de legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto público. Es por esto que las ventajas fiscales que el Estado otorga a las sociedades cooperativas de producción -que aparentemente responden a fines extrafiscales-, en cumplimiento a la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, deben respetar las garantías constitucionales.
6. En su segundo concepto de violación, las quejosas señalan que los preceptos reclamados también violan la garantía de igualdad jurídica, contenida en el artículo 1o. de la Carta Magna, al tratar de manera desigual a sujetos que se encuentran en la misma situación de derecho, esto es, porque las sociedades cooperativas de producción, como el resto de las sociedades mercantiles, se encuentran en la misma situación jurídica, pues se trata de sujetos que realizan actividades comerciales, en virtud de las cuales se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre la renta y, no obstante dicha situación de igualdad jurídica, a través de los citados preceptos, se han establecido diversas consecuencias de derecho.
7. Las quejosas, en el tercer concepto de violación, aducen que los artículos impugnados violan las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, consagradas en el artículo 16 constitucional, dado que el legislador no los fundamentó y motivó como lo exige el artículo constitucional antes citado, habida cuenta que dichos preceptos regulan un aspecto social que normativamente no amerita regulación jurídica, ya que el fin pretendido por el legislador, en el sentido de que mediante el fomento de las sociedades cooperativas de producción se incrementa el empleo, no es una realidad que requiera ser regulada, por lo que la sociedad requiere que el aumento del empleo se haga a través de todas las sociedades mercantiles y no únicamente a través de una especie de éstas, las cuales, al igual que las primeras, tienen una finalidad lucrativa.
II. El Juez de Distrito apoyó su sentencia en las siguientes consideraciones:
a) Precisó los actos reclamados, los cuales consideró que, concretamente, se hicieron consistir en los artículos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionados mediante decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil cinco.
b) Adujo que el secretario de Hacienda y Crédito Público, en su informe justificado, negó los actos que se le atribuían, consistentes en la recaudación del impuesto sobre la renta, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa, motivo por el cual sobreseyó en esa parte del juicio.
c) Manifestó la certeza de los actos atribuidos al Congreso de la Unión, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus competencias, respecto de la expedición, promulgación, refrendo y publicación de los preceptos legales combatidos, pues así fue manifestado por dichas autoridades en sus informes justificados. Lo anterior, apoyándose en la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". Asimismo, mencionó que dichos actos no se encuentran sujetos a pruebas, en virtud de que se trata de hechos notorios, sustentándose en la tesis de jurisprudencia que establece en su rubro lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."
En el mismo considerando, el Juez de Distrito tuvo como presuntamente ciertos los actos reclamados a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en virtud de que, no obstante estar debidamente notificada de la solicitud de su informe justificado, fue omisa en rendirlo.
d) El Juez de Distrito, de oficio, consideró que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que los preceptos reclamados, por su sola vigencia, no causan perjuicio a la parte quejosa, sino que requieren de un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio, el cual no quedó demostrado en autos, puesto que las documentales que exhibió para tal efecto, sólo constituyen acuses de recibo de los pagos provisionales del mes de enero de dos mil seis, documentos de los que se desprende que ambas quejosas no llevaron a cabo el cálculo del impuesto sobre la renta por carecer de coeficiente de utilidad, es decir, que no han efectuado cálculo ni entero del citado impuesto.
De ahí que haya decretado el sobreseimiento en el juicio de garantías, apoyándose en la tesis jurisprudencial que señala en su rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA."
III. Resulta innecesario sintetizar los agravios hechos valer por la parte quejosa, en virtud de que de su estudio ya se ocupó el Tribunal Colegiado que, en principio, conoció del recurso de revisión, en tanto que en ellos sólo se combatió el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Asimismo, resulta innecesario sintetizar los agravios hechos valer por la autoridad señalada como responsable en el recurso de revisión adhesiva, en virtud de que el Tribunal Colegiado ya se ocupó de su estudio, en tanto que en ellos se insiste en la causal de improcedencia señalada con antelación, así como en la prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de las cuales el Tribunal Colegiado se pronunció.
IV. El citado órgano colegiado hizo, en síntesis, las siguientes consideraciones:
a) Determinó la presentación oportuna del recurso de revisión interpuesto por las quejosas y de la revisión adhesiva interpuesta por la autoridad responsable.
b) Consideró infundado el primer agravio que las quejosas hicieron valer, en contra del sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, respecto del acto reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistente en la recaudación, efectos y consecuencias de los artículos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en dos mil seis, frente a la negativa de la autoridad responsable, sin prueba en contrario.
c) Consideró fundado el segundo agravio de las quejosas, en el que controvierten el sobreseimiento en el juicio, dado que el Juez Federal consideró que éstas no acreditaron el interés jurídico para interponer el juicio de garantías, puesto que con las documentales que exhibieron, no acreditaron el acto de aplicación de los preceptos reclamados.
d) Determinó innecesario el análisis de los agravios que la delegada de la autoridad responsable hizo valer en la revisión adhesiva, toda vez que en ellos reitera que no existió acto de aplicación de los artículos reclamados, sin aportar planteamientos diferentes que desvirtúen lo ahí resuelto al respecto. Así, consideró que no habiendo causa de improcedencia diversa a las analizadas, hecha valer o que advirtiera de oficio, deberían considerarse los conceptos de violación que hicieron valer las quejosas en la demanda de amparo.
e) Finalmente, el Tribunal Colegiado consideró la remisión de los autos correspondientes a este Alto Tribunal para el estudio de dichos conceptos de violación, en virtud de que se trata de un asunto de su competencia originaria.
CUARTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupa, de oficio, del estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción V del artículo 116, ambos de la Ley de Amparo, la cual el órgano colegiado, que en primer término conoció del presente asunto, no advirtió respecto del artículo impugnado 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Para ello, se hace necesario transcribir los preceptos reclamados, los cuales textualmente establecen lo siguiente:
"Artículo 85-A. Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el título II de esta ley, podrán aplicar lo dispuesto en la sección I del capítulo II del título IV de la misma, considerando lo siguiente:
"I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 130 de esta ley.
"Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este capítulo, podrán diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda.
"Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el artículo 177 de esta ley.
"Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las primeras utilidades que se distribuyan son las primeras utilidades que se generaron.
"El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus socios, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá acreditar en su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se pague en los términos de este párrafo.
"Para los efectos de este capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de producción distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se refiere esta fracción se invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos necesarios para la operación normal de la sociedad de que se trate.
"Para los efectos de este capítulo las sociedades cooperativas de producción que no distribuyan rendimientos a sus socios, sólo podrán invertir dichos recursos en bienes que a su vez generan más empleos o socios cooperativistas;
"II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad gravable. Esta cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se disminuirá con el importe de la utilidad gravable pagada.
"El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad gravable del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan utilidades provenientes de esta cuenta con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades.
"El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se efectúe la partición del capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea general extraordinaria y que haya servido de base para realizar la escisión.
"La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que determine la sociedad cooperativa de que se trate, en los términos del artículo 130 de esta ley, correspondiente a la totalidad de los socios que integran dicha sociedad;
"III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuarán pagos provisionales del impuesto sobre la renta, y
"IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus socios, se considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y se aplicará lo dispuesto en los artículos 110 y 113 de esta ley."
"Artículo 85-B. Las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar lo dispuesto en el presente capítulo, no podrán variar su opción en ejercicios posteriores, salvo cuando se cumplan con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en los términos de este capítulo, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo."
El primero de los preceptos transcritos, entre otras cosas, establece una opción a las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta, aplicando lo dispuesto en la sección I del capítulo II del título IV de esa ley -régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales-, en lugar de aplicar el título II de la propia ley; diferir la totalidad del impuesto hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan sus socios la utilidad gravable que les corresponda y no efectuar pagos provisionales del impuesto de que se trata.
Mientras que el segundo de los preceptos transcritos establece que las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar la opción antes mencionada, no la podrán variar en ejercicios posteriores, salvo la hipótesis que establece; así como que si dejan de pagar el impuesto bajo esa opción, en ningún caso podrán acogerse a ella.
Ahora bien, de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, cuya síntesis ya se ha hecho en esta ejecutoria, se advierte que directamente no formuló argumento alguno en contra de este último precepto, a fin de demostrar su inconstitucionalidad, puesto que si bien en dichos conceptos se refiere de manera general a los dos preceptos reclamados, sus argumentos los encamina a impugnar el contenido del artículo 85-A, puesto que aduce lo siguiente:
En el primer concepto de violación, que los artículos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son violatorios de la garantía de equidad tributaria, al prever un régimen de causación desigual para las personas morales constituidas bajo la forma de sociedades cooperativas de producción, en relación con las demás personas morales de naturaleza mercantil; que, además, prevén un régimen tributario especial, pues establecen que las sociedades cooperativas de producción, podrán calcular el impuesto sobre la renta aplicando las disposiciones atinentes al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, en lugar de aplicar las disposiciones para personas morales; asimismo, establecen un régimen de diferimiento del impuesto sobre la renta a favor de las citadas sociedades cooperativas y les libera de la obligación de realizar pagos provisionales; señala que conforme a la jurisprudencia, los fines extrafiscales deben en todo momento respetar las garantías de legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto público.
En su segundo concepto de violación, las quejosas señalan que los preceptos reclamados también violan la garantía de igualdad jurídica, contenida en el artículo 1o. de la Carta Magna, al tratar de manera desigual a sujetos que se encuentran en la misma situación de derecho; esto es, porque las sociedades cooperativas de producción, como el resto de las sociedades mercantiles, se encuentran en la misma situación jurídica, pues se trata de sujetos que realizan actividades comerciales, en virtud de las cuales se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre la renta y, no obstante dicha situación de igualdad jurídica, a través de los citados preceptos, se han establecido diversas consecuencias de derecho.
En el tercer concepto de violación, aducen las quejosas que los artículos impugnados violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en el artículo 16 constitucional, dado que el legislador no los fundamentó ni motivó como lo exige el artículo constitucional antes citado, habida cuenta que dichos preceptos regulan un aspecto social que normativamente no amerita regulación jurídica, ya que el fin pretendido por el legislador, en el sentido de que mediante el fomento de las sociedades cooperativas de producción se incrementa el empleo, no es una realidad que requiera ser regulada, por lo que la sociedad requiere que el aumento del empleo se haga a través de todas las sociedades mercantiles y no únicamente a través de una especie de éstas, las cuales, al igual que las primeras, tienen una finalidad lucrativa.
Luego, es evidente, como ya se precisó, que las quejosas no expresaron argumento alguno en contra de las limitantes que establece el artículo 85-B a las sociedades cooperativas de producción que opten por tributar bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, para que puedan variar su opción y continuar con ella, a fin de demostrar su inconstitucionalidad.
En este contexto, debe sobreseerse en el juicio respecto de dicho precepto.
Apoya la anterior decisión la jurisprudencia número 3a./J. 28/93, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO."(5)
QUINTO. Es infundado el primer concepto de violación en el que la quejosa, esencialmente, aduce que el artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para dos mil seis, viola la garantía de equidad tributaria que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establece un régimen de causación desigual para las personas morales constituidas bajo la forma de sociedades cooperativas de producción, en relación con las demás personas morales de naturaleza mercantil, no obstante que ambas se encuentran en igualdad de circunstancias, en tanto que ambas tienen una finalidad de lucro.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, ha definido el principio de equidad tributaria, sosteniendo que radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en consecuencia, deben recibir un mismo trato; lo que a su vez implica que las normas tributarias deben tratar de manera desigual a los que se encuentren en una situación diversa. Que obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que haya, para esto, una justificación objetiva y razonable. Que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares.
Tales conceptos han sido tomados, entre otros, de los criterios jurisprudenciales, cuyos rubros son los siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES."(6), "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS."(7) e "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL."(8)
El propio Tribunal Pleno ha sostenido, además, que para cumplir con el principio de equidad tributaria, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias; esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que puedan responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.
Ahora bien, para poder establecer si la opción de que se trata se sustenta en una base objetiva que justifique la diferencia de trato entre las sociedades cooperativas de producción y las demás sociedades mercantiles, es necesario realizar algunas precisiones en relación con estas figuras jurídicas.
Pues bien, para determinar si le asiste o no la razón a la quejosa, debe establecerse la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas de producción a que alude el precepto impugnado.
Los artículos 2o., 21, 22 y 27 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a la letra dicen:
"Artículo 2o. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios."
"Artículo 21. Forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas:
"I. De consumidores de bienes y/o servicios, y
"II. De productores de bienes y/o servicios, y
"III. De ahorro y préstamo."
"Artículo 22. Son sociedades cooperativas de consumidores, aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción."
"Artículo 27. Son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual.
"Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta ley."
El primero de los preceptos transcritos establece una definición genérica de las sociedades cooperativas, señalando que éstas constituyen una organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Deriva de la anterior definición legal, que la razón de ser de estas sociedades es el servicio al socio, a la comunidad; su propósito fundamental, la satisfacción de necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales de los socios en común.
La doctrina señala como el origen de las cooperativas modernas a la llamada sociedad de pioneros (equitable pionners) de Rochdale, Inglaterra, fundada en mil ochocientos cuarenta y cuatro por veintiocho obreros textiles con el propósito de adquirir directamente, para su propio consumo, los artículos necesarios para su subsistencia y de esta manera eliminar tanto a los intermediarios como al incentivo del lucro, que elevaban considerablemente el precio de estos bienes. En otras palabras, la sociedad tenía como propósito que los socios se convirtieran en mercaderes y fabricantes, para proporcionarse, mutuamente, mercancías de la mejor calidad y al precio más bajo.
A la sociedad de pioneros, que tuvo el carácter de lo que hoy se conoce como cooperativa de consumo, le siguieron diversas sociedades de este mismo tipo y, posteriormente, aparecerían las cooperativas de producción y las de crédito, las primeras en Francia, las segundas en Alemania.
En el derecho positivo mexicano, también se distinguen estos tres grupos de sociedades cooperativas, tal como se desprende del artículo 21 de la ley que se analiza, transcrito líneas arriba, al disponer que forman parte del sistema cooperativo las siguientes sociedades, a saber: de consumidores de bienes y/o servicios; de productores de bienes y/o servicios; y de ahorro y préstamo.
Por su parte, el artículo 27 de este mismo ordenamiento define en forma específica el tipo de sociedad que interesa para el presente estudio, señalando que son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta ley.
De lo anterior se colige que el objeto de la sociedad cooperativa de producción consiste, como su mismo nombre lo indica, en la producción de bienes y/o servicios, mediante el trabajo físico o intelectual de sus miembros, con el propósito fundamental de poder comercializar dichos bienes en el mercado y obtener de ellos la mayor ganancia posible.
Esto es, son empresas que venden al público, semejantes a cualquier empresa patronal, pero con la diferencia esencial de que en ellas el patrón es eliminado y sustituido por los miembros de dicha sociedad. Empero, lo que se pretende con ellas, su finalidad primordial, es remunerar las prestaciones de sus socios al máximo posible.
Otra de las diferencias entre dichas personas morales deriva de los rendimientos o utilidades que son repartidos entre los socios que las integran. El artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece los principios que deben observar en su funcionamiento esta clase de entidades, señala lo siguiente:
"Artículo 6o. Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios:
"I. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios;
"II. Administración democrática;
"III. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara;
"IV. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios;
"V. Fomento de la educación cooperativa y de la educació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19975-78b871ce/renta-el-articulo-85-a-de-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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