TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 14-B DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS SE GRAVAN CON LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR SU VALOR TOTAL POR 0.16%, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003 Y 2004).
AMPARO EN REVISIÓN 1021/2005. PROMOTORES TURÍSTICOS BAINZA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con fundamento en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio del año dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación. Esto último, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo. Si bien en la especie subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos 8o. y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el año dos mil tres, no es necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno, dado que sobre el tema de fondo ya existe pronunciamiento.
SEGUNDO. Materia de la revisión. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto determinó dejar firme tanto el sobreseimiento decretado por el a quo, como la negativa del amparo que éste pronunciara respecto a los artículos 1o., 5o., fracción I y 8o., fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el dos mil tres. Lo anterior, porque la parte quejosa no controvirtió tales cuestiones.
Asimismo, determinó negar el amparo con respecto al artículo 15-B de la misma ley, dado que sobre el tema ya existe pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, declaró como inoperante el segundo de los dos agravios esgrimidos por la empresa quejosa.
Por último, remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se hiciera cargo del problema de constitucionalidad respecto de los artículos 5o., fracción V y 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el dos mil tres, en virtud de que, a su juicio, no existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva la cuestión de fondo.
Por su parte, la quejosa viene impugnando, en su primer agravio, la negativa de amparo que el a quo pronunciara respecto de los artículos mencionados en el párrafo inmediato anterior.
En tales condiciones, la materia de la revisión en el presente asunto se constriñe a determinar si con los agravios esgrimidos, la parte quejosa logra desvirtuar las consideraciones que tomó en cuenta el Juez de Distrito que conoció del asunto para negar el amparo por lo que respecta a los artículos 5o., fracción V y 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el dos mil tres.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
Para negar el amparo en relación con los artículos 5o., fracción V y 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el dos mil tres, el a quo se basó, esencialmente, en las siguientes consideraciones:
El Juez de Distrito consideró que resultaban infundados los conceptos de violación en los que se alegó que los artículos 5o., fracción V y 14-B de la ley reclamada eran inequitativos. La quejosa había señalado que el primero de los preceptos excluye de su aplicación a los propietarios de automotores con diez años de antigüedad sin que existan razones objetivas que justifiquen ese trato desigual, mientras que el segundo precepto otorga un trato diferenciado a los propietarios de automóviles eléctricos nuevos respecto de los que no tienen ese tipo de vehículos.
Sostiene el a quo que el legislador decidió incluir en el artículo 5o., fracción V, de la ley impugnada, un supuesto de causación del impuesto a la tasa del 0.16 y en el artículo 14-B de la misma ley uno a la tasa del 0%. Esta decisión no resulta violatoria del principio constitucional de equidad porque en esos casos no se advierte que el legislador se haya conducido de manera arbitraria o caprichosa.
Asimismo, que el legislador quiso reducir el hecho imponible a la tenencia o uso de vehículos sobre vehículos destinados sólo a ciertas actividades industriales, empresariales privadas y comerciales, y para uso particular, para lo cual, por un lado, estableció un tratamiento diferenciado para el cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos tratándose de automóviles eléctricos nuevos, por razones de naturaleza social y ambiental, y por otro lado, declaró excluidos de la causación a los supuestos en que se desarrollan actividades que estimó no conveniente considerar en el tributo, en el caso, por razones de naturaleza económica (los de más de 10 años de modelo anteriores al de aplicación de la ley), ya que es evidente que la capacidad contributiva de los sujetos que tienen automotores de más de diez años de antigüedad al de aplicación de la ley, es menor a la de los que poseen vehículos de modelos recientes, pues éstos revelan mayor capacidad contributiva que justifica que el monto impositivo sea mayor.
Luego de haberse apoyado en algunas tesis de jurisprudencia que tratan el tema de la equidad tributaria y de la exención,(1) el Juez de Distrito afirmó lo siguiente (se añade énfasis):
"... la actuación conjunta de los preceptos constitucionales interpretados en dichas tesis, lleva a considerar que, de manera similar como acontece con las exenciones de impuestos, las reglas de no causación y de privilegios deben no sólo observar los requisitos de generalidad y abstracción, sino también conservar el esquema de igualdad de las cargas tributarias que pesan sobre los particulares, para lo cual es necesario que el legislador, al crear el supuesto generador de la obligación tributaria, no se conduzca con fines discriminatorios (por ejemplo, por motivos de raza, religión o sexo), ni caprichosos o arbitrarios, sino conforme a criterios objetivos con relevancia y significación frente al objeto y fin de la ley tributaria."(2)
A partir de lo anterior, el a quo concluyó que en la ley reclamada no se establece un trato desigual motivado en una decisión caprichosa o arbitraria del legislador, sin que obste que aquélla no contenga la expresión de los motivos de orden social o económico que llevaron al legislador a definir el hecho imponible en los términos en que lo hizo, pues además de que tales motivos se infieren de manera clara de la misma norma, en la Constitución Federal no existe algún precepto que exija esa formalidad.
Por su parte, la empresa recurrente señaló, en su primer agravio, lo que a continuación se sintetiza:
1. Agravios referidos, en conjunto, a los artículos 5o., fracción V y 14-B de la ley impugnada.
1.1. Derivado de las tesis referidas al tema de la exención, la quejosa afirma que el a quo realizó una incorrecta interpretación de su segundo concepto de violación, toda vez que erróneamente confunde dos conceptos fiscales: exención y causación. En la exención -dice- el Estado sacrifica una cantidad de dinero que no llega a recibir; mientras que en la causación los hechos sucedidos en la realidad actualizan los supuestos e hipótesis normativas fiscales que generan la obligación del particular de pagar al Estado y el derecho de éste a recibir dicha prestación.
Además, en la exención el particular debería causar el impuesto, pero por una disposición legal se exime al mismo de tal causación; en cambio, en la causación se actualizan reglas generales para un universo de contribuyentes que en situación de igualdad deben contribuir al sostenimiento del Estado.
Por otro lado, mientras en la exención el particular no paga el impuesto, en la causación generalmente sí.
La diferencia más importante es que en la exención el impuesto no llega a ser causado; en cambio, la causación es el acto de actualizar las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales.
1.2. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a las exenciones, pero no así sobre los supuestos de causación que reducen la base gravable, como ocurre con el artículo 14-B de la ley impugnada, o que gravan con la tasa preferencial del 0%, como lo establece el artículo 5o., fracción V, de la misma ley.
2. Agravios referidos al artículo 5o., fracción V, de la ley impugnada.
2.1. A juicio de la recurrente, el Juez de Distrito considera erróneamente que ella combatió en el juicio de garantías la exención que hace la ley reclamada en el artículo 5o., fracción V, ya que este artículo no prevé un caso de exención, sino que, por el contrario, establece "inequitativamente" la tasa del 0% a la que deberá ajustarse la categoría de contribuyentes ahí prevista: los poseedores o propietarios que tengan o usen vehículos de más de diez años modelo anterior al de la ley que se aplica.
Lo anterior, porque aun cuando el vehículo sea de diez años modelo anterior al de la ley de dos mil tres, el objeto del impuesto es la tenencia, no así los años que lo ha tenido o usado.
Resulta contradictorio -dice la quejosa- que, por un lado, la ley favorezca a los propietarios o poseedores de autos eléctricos nuevos y desfavorezca a los que tienen autos que utilizan gasolina por contaminar más que los primeros y, por otro lado, favorezca a los que utilizan gasolina (y que contaminan más) siempre que sean modelo de diez años anteriores al de la ley, y desfavorezca a aquellos con modelo nuevo que por el avance tecnológico consumen menos combustible o lo aprovechan mejor y, consecuentemente, contaminan menos.
2.2. Al permitir tributar bajo una tasa preferencial del 0% en el artículo 5o., fracción V, de la ley impugnada, el legislador lejos de obligar a los usuarios a renovar los vehículos e incentivar así la industria automotriz, los premia dejándolos tener un vehículo que representa más bien un peligro para la sociedad.
Tal situación vulnera la garantía de equidad tributaria, pues esos tenedores o poseedores deben tributar con una tasa que se adecue a las características objetivas del vehículo en sentido estricto, y quizás podría ser preferencial de acuerdo al año modelo del mismo, pero no a la tasa nula del 0%, que deja a los que pagarán el impuesto toda la carga de la obligación tributaria.
3. Agravios referidos al artículo 14-B de la ley impugnada.
3.1. El Juez de Distrito reconoce implícitamente que a los contribuyentes que se encuentran en la misma situación que la quejosa se les otorga un trato diferente, pues se les conceden privilegios a los propietarios de automóviles nuevos eléctricos a los que se refiere el artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Añade la quejosa que el Juez de Distrito se confunde, porque señala que respecto a los automóviles nuevos eléctricos se pagará una tasa del 0.16%, siendo que no se trata de la tasa del impuesto, sino de una reducción de la base gravable sobre la que se calculará el impuesto correspondiente.
3.2. A juicio de la recurrente, el trato diferente antes referido está basado en una situación caprichosa, pues nada tiene que ver con el hecho generador del tributo (la tenencia), ya que entonces podría llegarse al absurdo de que también deberían diferenciarse los vehículos nuevos que utilizan carbón, gas o diesel, es decir, atendiendo a la fuerza que los impulsa, cuestión que no tiene que ver ni con la tenencia ni con su uso. Añade la quejosa que, incluso, habría que diferenciar también a los vehículos por su transmisión: los que son manuales (mecánicos) y los que son automáticos (que son eléctricos).
3.3. Es cierto lo que el a quo señala respecto a que las diferencias que pueden motivar un tratamiento desigual deben radicar en las características del vehículo que se tenga o en el uso que se le dé, siempre que dichos criterios de diferenciación se basen en un criterio objetivo en sentido estricto. Esta cuestión no sucede en el caso concreto, ya que al disminuir la base gravable respecto a los automóviles nuevos eléctricos, el legislador está violentando la garantía de equidad tributaria y, "por razones obvias", la de proporcionalidad, ya que "no puede entenderse el principio de equidad que propugna la justicia sin el de proporcionalidad que atiende a la capacidad contributiva de los particulares".
3.4. El legislador establece para el caso de automóviles nuevos eléctricos una base gravable consistente en el 0.16% del valor total del automóvil, cuestión que es a todas luces inconstitucional, en virtud de que tanto se tiene y se usa un vehículo no eléctrico -como el de la quejosa- como uno eléctrico, sin que sea posible diferenciar una categoría distinta en donde no puede darse. Lo que debió haberse considerado es la capacidad contributiva, pues un vehículo eléctrico cuesta "por lo menos el triple" del precio de uno que no lo es.
En consecuencia, el legislador se aleja de la justicia y la equidad al otorgar privilegios a quienes tienen una capacidad contributiva mayor y se encuentran en la misma situación que otros a quienes no se les concede tal privilegio.
CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Los agravios que acaban de ser sintetizados resultan infundados por las razones que a continuación se señalan.
1. En este apartado se analizan los agravios mediante los cuales la quejosa sostiene que el Juez de Distrito confunde los conceptos de exención y causación.
En primer lugar, debe señalarse que no asiste la razón a la quejosa cuando afirma que el Juez de Distrito confunde los conceptos fiscales de exención y causación, pues de la lectura de la sentencia recurrida se desprende que en el argumento utilizado por él, señala que el legislador decidió incluir en el artículo 5o., fracción V, de la ley impugnada, un supuesto de causación del impuesto a la tasa del 0.16%, mientras que en el artículo 14-B de la misma ley uno a la tasa del 0%, pero en modo alguno señaló que eso fuera una exención.
Lo que el a quo señaló fue que no resultaba violatoria del principio de equidad tributaria la decisión del legislador de establecer, en un caso, una tasa o supuesto de causación del 0.16% y, en otro caso, un supuesto de causación del 0% -o de no causación que, como se sabe, es el efecto de una tasa de este tipo-.
Afirmó, asimismo, que esas determinaciones del legislador -que ciertamente son preferentes con respecto a otro tipo de tenedores o usuarios de vehículos- no son arbitrarias ni caprichosas, pues obedecen a razones de naturaleza social y ambiental, en el caso de los vehículos eléctricos, y razones de naturaleza económica, en el caso de vehículos con más de diez años de antigüedad. En este último supuesto, añadió que resultaba evidente que la capacidad contributiva de los sujetos que tienen automotores de más de diez años de antigüedad al de aplicación de la ley, es menor a la de los que poseen vehículos de modelos recientes, pues éstos revelan mayor capacidad contributiva que justifica que el monto impositivo sea mayor.
Así, el hecho de que el Juez de Distrito haya utilizado las tesis de jurisprudencia que se refieren al tema de la exención para apoyar sus argumentos, no puede llevar a concluir, como hace la quejosa, que se hubieran confundido la exención con la no causación, pues con toda claridad el Juez de Distrito señala que las razones de la exención que está justificada, perfectamente pueden utilizarse "de manera similar" en los casos de la no causación o de la disminución de la tasa, como puede verse en la página 492 vuelta del cuaderno de amparo.
2. Los agravios dirigidos a cuestionar la negativa del amparo respecto del artículo 5o., fracción V, resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones:
El precepto en cuestión, dice lo siguiente:
"Artículo 5o. Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a continuación se indica:
"...
"V. Tratándose de automóviles de más de diez años modelo anteriores al de aplicación de esta ley, el impuesto se pagará a la tasa del 0%."
En el caso concreto, si bien la norma general impugnada da un trato diferente a los tenedores de automóviles nuevos, en relación con los que tengan vehículos de más de diez años de antigüedad, en tanto que para éstos dispone que el impuesto se pagará a la tasa de 0%, ello no implica un trato desigual a los iguales, puesto que no son los mismos supuestos de hecho, toda vez que quien posee un vehículo de más de diez años de antigüedad puede presumirse que tiene una capacidad contributiva diferente derivada de la depreciación natural del mismo por el transcurso del tiempo, lo que justifica el trato diferenciado.
En consecuencia, el artículo 5o., fracción V, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en dos mil tres, no es violatorio de la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
En idénticos términos se pronunció esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 170/2005, en la sesión de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco, a propósito del cual emitió la siguiente tesis aislada:(3)
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% A LOS AUTOMÓVILES DE MÁS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). El citado precepto, vigente en 2003, al gravar con la tasa de cero por ciento a los automóviles de más de diez años, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien da un trato diferenciado a los tenedores de automóviles nuevos en relación con los que tienen vehículos de más de diez años de antigüedad, ello se justifica en tanto que son distintos supuestos de hecho, ya que puede presumirse que quienes poseen un vehículo con la mencionada antigüedad tienen una capacidad contributiva diferente, derivada de su depreciación natural por el transcurso del tiempo."
3. Por otra parte, los agravios dirigidos a cuestionar la negativa del amparo con respecto al artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el dos mil tres, resulta infundado, ya que el referido artículo no vulnera en modo alguno la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque los vehículos eléctricos se encuentran en una hipótesis de causación diversa a la de aquellos usuarios o tenedores de vehículos, como es el caso de la quejosa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la garantía de equidad tributaria exige un trato igual a aquellos contribuyentes que se encuentren en una misma hipótesis de causación y, a su vez, un trato desigual a aquellos que se ubiquen en una hipótesis diversa. Ese trato desigual, empero, debe estar justificado por razones objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra hipótesis, dichas razones pueden obedecer a finalidades económicas, sociales, de política fiscal o extrafiscales.(4)
El artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil tres, está diseñado por el legislador para dar un trato diferente a sus destinatarios -frente al tratamiento que la misma ley da a la quejosa-, lo cual se encuentra justificado por razones objetivas, ya que se dirige a un universo de contribuyentes específico, a saber, los tenedores o usuarios de vehículos eléctricos.
En la especie, la quejosa es propietaria de los siguientes vehículos:(5)
• Automóvil nuevo, marca Volkswagen, color plata mercurio, línea Jetta, tipo 9M24L3, modelo 2002, con número de serie 3VWRJ09M82M000772.
• Automóvil nuevo, marca Dodge, color plata, línea Stratus, modelo 2003, con número de serie 1B3DL46X03N510586.
• Automóvil nuevo, marca Dodge, color plata, línea Stratus, modelo 2003, con número de serie 1B3DL46X63N523763.
• Automóvil nuevo, marca Dodge, color azul, línea Stratus, modelo 2003, con número de serie 1B3DL46X53N510583, y
• Automóvil nuevo, marca Dodge, color blanco, línea Stratus, modelo 2003, con número de serie 1B3DL46X83N549264.
Como puede verse, la empresa quejosa se ubica en una hipótesis de causación a todas luces distinta a la de los tenedores o usuarios de vehículos eléctricos prevista en el artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el dos mil tres. En consecuencia, no se puede actualizar la inequidad que la quejosa alega, habida cuenta de que no se parte del mismo estado de cosas para poder analizar si el trato que la norma impugnada da a sus destinatarios es inequitativo con respecto a la quejosa, precisamente porque ésta no es un destinatario de dicha norma.
Similares consideraciones tuvo esta Primera Sala, al resolver los amparos en revisión identificados con los números AR. 2687/2003, AR. 488/2004, AR. 1761/2004 y AR. 616/2005.
En esta tesitura, ante lo infundado de los agravios analizados, en lo que es materia de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo y la protección solicitados.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Promotores Turísticos Bainza, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los artículos 5o., fracción V y 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil tres, en términos del último considerando del presente fallo.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz (ponente) y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
_____________
1. Los criterios son los siguientes: jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página 36, de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES."; jurisprudencia número P./J. 24/2000 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL."; jurisprudencia del Tribunal Pleno, Séptima Época, visible en la página 81 del Volumen 66, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS."; y jurisprudencia del Tribunal Pleno, Séptima Época, visible en la página 44 del Volumen 12, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS."
2. Este texto aparece en la foja 492 vuelta del cuaderno de amparo.
3. Tesis aislada número 1a. LIII/2005, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, página 177. Amparo en revisión 170/2005. Ervin Pérez Escamilla. 27 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.
4. Tesis de jurisprudencia número P./J. 24/2000 establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, página 35, cuyos rubro y texto dicen: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.-De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."
5. Los datos pueden verse en las fojas de la 46 a la 50 del cuaderno de amparo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19441-793b8421/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-14-b · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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