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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DEVOLVER LOS AUTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CUANDO ADVIERTA QUE NO FUE ESTUDIADA ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LAS PARTES (ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 413/2005. · Registro digital (IUS): 19127
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BIENES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 1636.

AMPARO EN REVISIÓN 413/2005. BIENES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. De las constancias de autos se advierte que el presente recurso de revisión debe remitirse al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por las consideraciones que a continuación se precisan:

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el Acuerdo 5/2001, en el cual se determina cuáles asuntos conservará para su resolución y cuáles se enviarán a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.

En ese sentido, es necesario destacar que en el juicio de amparo el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio, en virtud de que consideró que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracciones V y VI, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al no haber acreditado la quejosa que se encuentre en las hipótesis normativas de los preceptos reclamados, por lo que no acreditó el interés jurídico para combatir los artículos 86, primer y segundo párrafos, 87, último párrafo y 90 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y estimó que no se actualizaba la causa de improcedencia relativa, por lo que se refiere a los artículos 63, 63 bis, 63 quintus, 86, último párrafo, 87, primer párrafo, y artículos transitorios sexto, séptimo, octavo y noveno de la norma reclamada, preceptos respecto de los cuales, por unos, negó y, por otros, concedió el amparo solicitado.

En efecto, el Juez de Distrito, en el considerando quinto de la sentencia recurrida (fojas 271 a 302 vuelta del expediente del juicio de amparo), resolvió:

"CUARTO. El presidente de la República, plantea las causas de improcedencia previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues estima que los preceptos combatidos por los quejosos, no le causan perjuicio alguno por su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto concreto de aplicación.

"Los artículos 4o. y 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, que regulan la causa de improcedencia propuesta establecen lo siguiente: (se transcribe).

"La interpretación relacionada de los artículos transcritos, conduce a sostener que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un perjuicio al quejoso por su sola entrada en vigor.

"En este contexto, la procedencia del juicio de amparo atiende a que se verifique el acto de aplicación que actualice la afectación del interés jurídico del gobernado.

"Se afecta el interés jurídico cuando las leyes o actos reclamados lesionan la esfera jurídica del particular y le causen un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, esto es, en los casos en que las leyes o actos vulneran en perjuicio del particular un derecho subjetivo, tal y como lo ha sostenido nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia número 854, visible en las páginas quinientos ochenta y dos y quinientos ochenta y tres del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice:

"‘INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.’ (se transcribe).

"Así, el interés jurídico se identifica con los derechos subjetivos del gobernado, esto es, con la existencia de una norma creada por el legislador con el propósito inmediato de tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular colocado en el supuesto.

"Los preceptos combatidos en el presente asunto, son del tenor siguiente: (se transcriben).

"Conforme a lo transcrito, se tiene que la improcedencia del juicio es fundada por lo que se refiere a los artículos 86, primer y segundo párrafos, 87, último párrafo y 90 bis de la ley, de conformidad con lo siguiente:

"Los párrafos primero y segundo del artículo 86 disponen que la Secretaría de Economía, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar los contratos de adhesión al previo registro de la Procuraduría Federal del Consumidor, las cuales podrán referirse a términos y condiciones salvo al precio.

"Los supuestos normativos descritos se actualizan hasta en tanto la Secretaría de Economía emita las normas oficiales mexicanas en las que sujete ciertos contratos de adhesión al previo registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

"De esta manera, los párrafos primero y segundo del artículo 86 tienen el carácter de heteroaplicativos, ya que requieren de un acto posterior a su entrada en vigor para que se actualicen sus supuestos, como es la emisión de las normas oficiales.

"El último párrafo del artículo 87 señala que los contratos que deban registrarse y no se registren, así como aquellos cuyo registro sea negado por la procuraduría, no producirán efectos contra el consumidor.

"Los supuestos del mencionado numeral, consistentes en que no produzca efectos contra el consumidor un contrato, se condicionan a que debiéndose registrar, no se registre o bien, se niegue el registro por parte de la autoridad administrativa.

"Luego, no por su sola entrada en vigor repercute en una afectación para el quejoso.

"En el artículo 90 bis, se dispone que procederá la cancelación del registro cuando con posterioridad a éste se aprecie que un contrato contiene cláusulas contrarias a la ley o a las normas oficiales mexicanas.

"Ambos preceptos son heteroaplicativos, en razón de que sus efectos están condicionados a que se omita registrar un contrato, o bien, se registre pero contenga cláusulas contrarias a la ley o a las normas oficiales, para que entonces la Procuraduría Federal del Consumidor, de oficio o a petición de persona interesada alguna se proceda a la cancelación del registro.

"Tales condicionantes en las normas redundan en la naturaleza heteroaplicativa de los artículos 87, último párrafo y 90 bis de la ley.

"Por tanto, la causa de improcedencia relativa a las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo es válida por lo que se refiere a los artículos 86, primer y segundo párrafos, 87, último párrafo y 90 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

"En cambio, no se actualiza improcedencia alguna respecto de los artículos 63, 63 bis, 63 quintus, 86, último párrafo, 87, primer párrafo y artículos transitorios sexto, séptimo, octavo y noveno.

"Los artículos 63, 63 bis y 63 quintus, regulan distintos aspectos de los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero.

"Las pruebas documentales aportadas en el presente asunto, valoradas de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, consisten en:

"1. Copia certificada del escrito del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco relativo al inicio de operaciones del sistema de comercialización mediante la integración de grupos de consumidores, denominado ‘Hir Casa’ (foja 159).

"2. Copia certificada del oficio 35-2249, del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, por el que se comunican datos registrales de un modelo de contrato (foja 160).

"3. Copias certificadas de contratos de adhesión para el sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición o servicio en la construcción, ampliación o remodelación de un inmueble (fojas 162 a 175).

"4. Copia certificada del oficio del veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por el que se comunican datos registrales de un modelo de contrato (foja 176).

"5. Copia certificada del acuerdo del veinte de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por el que se procede al registro de un contrato de adhesión de sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores (foja 177).

"6. Copia certificada de contratos de adhesión para el sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición o servicio en la construcción, ampliación o remodelación de inmuebles (foja 179 a 194).

"7. Copia certificada del oficio 35-6463, del siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, por el que se comunican datos registrales de modelo de contrato de adhesión (foja 195).

"8. Copia certificada del acuerdo del dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, por el que se acuerda el registro de contrato (foja 196).

"9. Copias certificadas de contrato para el sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición o servicio en la construcción, ampliación o remodelación de inmuebles (fojas 197 a 206).

"10. Acuse de recibo del escrito del catorce de junio del dos mil cuatro, por el que se solicita registro de contrato, copia de la solicitud de registro de contratos de adhesión (fojas 207 a 213).

"11. Copia certificada del contrato de adhesión para el sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición o servicio en la construcción, ampliación o remodelación de inmuebles (fojas 214 a 227).

"12. Copia certificada del escrito del treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, por el que se exhibe a la autoridad estudio actuarial para dictaminar la viabilidad financiera del (sic) para el sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes o servicios (foja 228).

"13. Copia certificada del acuerdo del cuatro de mayo de dos bi cuatro, por el que se tiene por recibida la información relativa a la actualización del estudio actuarial respecto de los modelos de contrato de adhesión para el sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición o servicio en la construcción, ampliación o remodelación de inmuebles (foja 229).

"14. Copia del contrato de colaboración mercantil (fojas 230 a 234) y copia del contrato de mediación mercantil (235).

"Con las documentales relacionadas, se conoce que la empresa solicitante de garantías lleva a cabo las actividades para las cuales se constituyó a través del sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición o servicio en la construcción, ampliación o remodelación de inmuebles.

"Se acredita que solicitó a la autoridad responsable el registro de los contratos de adhesión que utiliza para el desempeño de sus actividades y que exhibió la actualización del estudio actuarial para dictaminar la viabilidad financiera del sistema de autofinanciamiento inmobiliario.

"Conforme a las documentales exhibidas, la peticionaria de amparo se ubica en los supuestos de los artículos 63, 63 bis y 63 quintus, pues en congruencia con el objeto por el cual se constituyó, interviene en los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por la solicitante de garantías.

"En cuanto al último párrafo del artículo 86, éste establece que los contratos de adhesión deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría Federal del Consumidor, será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia.

"La obligación que se deriva de la norma, constriñe a los particulares que se ubican en sus supuestos desde su entrada en vigor pues, al ser su actividad habitual la celebración de contratos de adhesión relacionados con la adquisición de inmuebles destinados a casa habitación, a través del sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes o servicios, desde el principio están obligados a incluir la cláusula de competencia a favor de la Procuraduría Federal del Consumidor.

"Incluso, la cláusula de competencia constituye uno de los temas que forman parte de la negociación, previa al acuerdo de voluntades, motivo por el que el último párrafo del artículo 86 cuya naturaleza es autoaplicativa, incide en la esfera.

"El artículo 87, primer párrafo, de la ley refiere que los contratos de adhesión que requieran registro previo ante la autoridad para su registro, deberán presentarse antes de su utilización, la que se limitará a verificar que los modelos se ajusten a lo dispuesto en la ley.

"Esta norma, si bien es de naturaleza heteroaplicativa, puesto que por su sola vigencia no causa perjuicio alguno, lo cierto es que, de las constancias exhibidas previamente relacionadas, se conoce que la parte promovente presentó ante la autoridad responsable los contratos de adhesión para su registro.

"Esto es, actualizó los supuestos de la norma que establece el registro previo de los contratos de adhesión, en tanto que procedió a solicitar su registro.

"En cuanto a los artículos sexto, séptimo, octavo y noveno transitorios, los cuales versan respectivamente, sobre las disposiciones que rigen las operaciones derivadas de los sistemas de comercialización llevados a cabo en fecha anterior a la entrada en vigor del decreto materia del presente juicio, la previa autorización para abrir nuevos grupos de consumidores y el deber de presentar distinta información relativa a la operación del sistema, el número de contratos, número de grupos, etcétera, debe decirse lo siguiente:

"Dichas normas transitorias incidieron en el cúmulo de derechos del quejoso, pues con su sola entrada en vigor, modificaron una situación jurídica determinada en su perjuicio, pues con las documentales exhibidas, valoradas en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria se demuestra que aun antes de las reformas materia del presente juicio, la solicitante de amparo realizaba las actividades para las cuales se constituyó relativas a la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes o servicios.

"Particularmente por lo que se refiere al artículo octavo transitorio, que se refiere a la facultad de la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor de supervisar el proceso de liquidación de los grupos, determinando los lineamientos correspondientes, se acredita el interés jurídico de la peticionaria de garantías pues además de que acreditó llevar a cabo actividades relativas al sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes, se tuvo por cierta la existencia de la orden de verificación ordinaria dictada en el expediente 310/0005855200K, del veinticuatro de mayo de dos mil cuatro.

"Todo lo anterior, lleva a concluir que, lo dispuesto por el artículo octavo transitorio de la ley, afecta el interés jurídico de la demandante de garantías.

"Ello es así debido a que al llevar a cabo los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores y estar sujeto a una verificación actualizó las hipótesis normativas del artículo octavo transitorio de la ley.

"En conclusión, se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 86, párrafos primero y segundo, 87, último párrafo y 90 bis de la ley, pues como se expuso, los supuestos normativos de tales artículos no surten sus efectos por su sola entrada en vigor sino que requieren de un acto concreto de aplicación del que no se acreditó su existencia.

"En cuanto a los artículos 63, 63 bis, 63 quintus, 86, 87, 90 bis, sexto, séptimo, octavo y noveno, no se surten las improcedencias planteadas, ya que con las documentales ofrecidas se demostró que la solicitante de amparo se ubica en las hipótesis normativas relativas por lo que no sólo le representan un perjuicio económico sino fundamentalmente jurídico debido a que inciden en una situación jurídica determinada, de manera que no es exacto sostener que se carece de legitimación procesal para actuar.

"Al no existir otra causa de improcedencia propuesta por las partes, o que se advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación, con excepción de los planteados en contra de los artículos 86, primer y segundo párrafos, 87, segundo párrafo y 90 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues se sobreseyeron en el presente juicio.

"QUINTO. En el primer concepto de violación, manifiesta el quejoso que los artículos sexto, séptimo, octavo y noveno transitorios de la ley, son violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales pues se le obliga a obtener una autorización de la Secretaría de Economía para operar como lo ha venido haciendo y a modificar sus estatutos sociales como condición para que se le otorgue una autorización.

"Considera que se viola en su perjuicio el principio de igualdad jurídica reconocido en el artículo 5o. constitucional, pues da un tratamiento igualitario a quienes guardan una relación desigual ya que estima que no pueden recibir el mismo trato quienes inician actividades respecto de aquellos que ya venían haciéndolo.

"Argumenta que el artículo octavo transitorio viola la garantía de seguridad jurídica y legalidad ante la oscuridad de la frase ‘los lineamientos que correspondan’ y, en cuanto al artículo noveno transitorio, indica que es retroactivo debido a la sanción prevista.

"Con el objeto de dar contestación al concepto de violación, se toma en cuenta lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales.

"El artículo 14 constitucional, dispone en la parte que ahora interesa lo siguiente: (se transcribe).

"Se entiende por retroactividad la traslación de la vigencia de una norma jurídica a un momento anterior al de su creación.

"La retroactividad implica subsumir ciertas situaciones de derecho pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas.

"Es en este contexto, que el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"La aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo, se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contra el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado.

"Lo anterior, si bien no implica la imposibilidad de las normas de modificar a futuro la situación jurídica de los gobernados, sí constituye una limitación para que no se desconozcan derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia de las disposiciones que otorgan tales derechos, esto es, una vez que ingresaron al patrimonio jurídico de los particulares en forma de derechos adquiridos.

"Sobre el particular, es aplicable la tesis VI.3o.A.9 K de la Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, página 1217, que dispone lo siguiente:

"‘ESFERA DE DERECHOS DEL GOBERNADO. NO PUEDE ALCANZAR SU INALTERABILIDAD HACIA EL FUTURO.’ (se transcribe).

"Por su parte, el artículo 16 constitucional dispone: (se transcribe).

"La garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, reviste dos aspectos a saber: el formal, el cual exige que en el documento en donde se contenga el acto de autoridad, conste una exposición sucinta de las circunstancias de hecho y las normas o principios de derecho que condujeron a la autoridad a inferir dicho acto; y el material, el cual exige que las circunstancias de hecho encuadren en las hipótesis de los preceptos invocados conforme a su recta interpretación.

"Para que se considere que un acto de autoridad cumple con el requisito de debida fundamentación y motivación establecido en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad señale con precisión los preceptos legales exactamente aplicables al caso, especificando las normas que le confieren las facultades para su emisión, a fin de que el gobernado conozca las disposiciones legales en que la autoridad basa su actuación; asimismo, debe de razonar debidamente las causas que lo llevan a tal conclusión, expresando a manera de silogismo los motivos determinantes, estableciendo comparativamente:

"1. Lo que ordena el precepto legal;

"2. La situación concreta en que se encuentra el gobernado y,

"3. La conclusión, es decir, su resolución en cuanto al caso concreto que se le plantea, armonizando los preceptos aducidos y la situación específica, permitiendo de esta manera que los gobernados conozcan las causas y valoren si la actuación de la autoridad se encuentra ajustada a derecho y de considerar que le afecta su esfera jurídica, impugnarla por los medios legales establecidos.

"En nuestro régimen constitucional, es de explorado derecho que la autoridad no tiene más facultad que la que expresamente le atribuye la ley, por lo que toda autoridad deberá citar en el cuerpo de sus resoluciones, los preceptos y motivos en que se apoya con el fin de justificar legalmente sus resoluciones, demostrando así que no son arbitrarios.

"Por tanto, no basta que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia; sino que es indispensable que las dos situaciones se fusionen y desde luego, se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento para que esté en aptitud de defenderse como lo estime conveniente.

"El solicitante de amparo se duele de la violación a la garantía de irretroactividad de la ley por parte de los artículos sexto, séptimo, octavo y noveno transitorios de la ley.

"El artículo séptimo transitorio señala que las operaciones derivadas de los sistemas de comercialización llevados a cabo en fecha anterior a la entrada en vigor del decreto materia del presente juicio, les continuarán siendo aplicables hasta el vencimiento de los contratos y la liquidación de los grupos existentes las disposiciones que las regulaban, pero no podrán abrir nuevos grupos de consumidores ni celebrar nuevos contratos de adhesión, no obstante, durante los sesenta y doscientos cuarenta días naturales inmediatos siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, según se trate de muebles o inmuebles podrán celebrar contratos conforme a la ley anterior cuando corresponda a grupos en proceso de integración.

"Este precepto, no vuelve sobre el pasado para modificar situaciones acaecidas al tenor de las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto combatido.

"Ello, en tanto que el legislador precisamente establece la aplicación de las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, respecto de las operaciones derivadas de los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes o servicios, también conocidos como ‘autofinanciamiento’ iniciadas a la luz de los preceptos de la ley vigente hasta el tres de mayo del dos mil cuatro.

"Es decir, este artículo transitorio, no es retroactivo pues no contempla la aplicación de las normas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, por el contrario, establece los supuestos en los que continúan aplicándose las disposiciones vigentes hasta el tres de mayo de dos mil cuatro.

"Por cuanto se refiere al artículo séptimo transitorio, el cual dispone que las sociedades que operan sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, únicamente podrán abrir nuevos grupos de consumidores y celebrar los contratos de adhesión cuando cuenten con la autorización de la secretaría, se tiene lo siguiente:

"El artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente hasta antes del tres de mayo del dos mil cuatro disponía: (se transcribe).

"Conforme a este precepto los sistemas de comercialización también conocidos como ‘autofinanciamiento’ podían ponerse en práctica previa notificación a la Secretaría de Economía, cumpliendo con los requisitos fijados por el reglamento correspondiente (con excepción de lo dispuesto en la fracción III del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito).

"De la valoración relacionada de las documentales exhibidas por la solicitante de garantías previamente relacionadas, valoradas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se conoce que por escrito del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco (foja 159) la empresa promovente notificó el inicio de operaciones del sistema de comercialización mediante la integración de grupos de consumidores, denominado ‘Hir Casa’, el plan inmobiliario y administrado por Casas y Terrenos Programados, S.A. de C.V.

"Mediante oficios del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, acuerdo del veinte de agosto de mil novecientos noventa y ocho y oficio del siete de julio de mil novecientos noventa y ocho (fojas 160, 176, 177 y 195), la autoridad responsable comunica a la quejosa los datos registrales de los modelos de contratos de adhesión relativos al sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero.

"Lo anterior, permite concluir que el solicitante de garantías se encontraba autorizado para operar el sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes o servicios.

"No obstante, la autorización a la quejosa no impide que el legislador emita diversas disposiciones en relación con la actividad para la cual está autorizado el gobernado, siempre y cuando estas nuevas disposiciones no incidan respecto de derechos adquiridos de los particulares.

"En el caso concreto, no es válido sostener que la peticionaria de garantías estaba facultada para realizar las actividades relativas al sistema de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes o servicios por todo el tiempo en el que decidiera realizar tales actividades sin posibilidad de que se aplicaran en su perjuicio las reformas a la ley.

"Considerar lo anterior implica desconocer la facultad soberana del legislador de normar las situaciones sociales que deban ser reguladas, en atención al interés político, social y económico.

"Por el contrario, no contraviene lo dispuesto por el artículo 14 constitucional el que el legislador reforme la ley y condicione a una nueva autorización y sujete a distintas disposiciones legales el ejercicio de los sistemas de comercialización consistente en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes o servicios, en tanto no afecte derechos adquiridos de la quejosa.

"El derecho adquirido por la quejosa para realizar sus actividades conforme a las anteriores disposiciones sólo se refiere a los grupos integrados o en proceso de integración con antelación a la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, de manera que no transgrede la garantía de irretroactividad que respecto de las actividades que pretenda llevar a cabo en el futuro, sea a la luz de las vigentes disposiciones.

"En otras palabras, el artículo séptimo transitorio no viola lo dispuesto por el artículo 14 constitucional ya que la aplicación de las nuevas disposiciones en lugar de las que quedaron derogadas, sólo procederá con respecto a los nuevos grupos de consumidores, respecto de los cuales la quejosa no goza de un derecho adquirido.

"En otro orden de ideas, por lo que se refiere al artículo octavo transitorio, relativo a la supervisión del proceso de liquidación de los grupos y el cumplimiento de las disposiciones aplicables, tampoco constituye la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la quejosa.

"Esto es así, en tanto que la norma transitoria nada dice con respecto a que a las actividades de la quejosa se le apliquen las nuevas disposiciones, en todo caso se refiere a la supervisión de la liquidación de los grupos de consumidores.

"No es lo mismo que la liquidación de los grupos de consumidores se lleve a cabo en términos de las disposiciones anteriores y que la supervisión de tal liquidación esté contemplada en el decreto de reformas.

"En consecuencia, no es acertado sostener que se le aplica retroactivamente la ley ya que la norma transitoria no regula situaciones acaecidas con antelación sino exclusivamente la supervisión que no constituye evidentemente un derecho adquirido de la quejosa por lo que en nada le afecta que se lleve a cabo conforme a la norma transitoria.

"Por otra parte, en cuanto al artículo noveno transitorio, no contraviene la garantía de irretroactividad de la ley, pues como se expresó en párrafos anteriores, no se trata de regular los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores para la adquisición de bienes o servicios. Acorde a su naturaleza, la norma regulE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LAS PARTES ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001 eauditorías externas que evidentemente no formaban parte de las obligaciones preexistentes de la quejosa, en tanto que la ley no necesitaba prever la transición entre la regulación de una actividad y las nuevas disposiciones relativas a la misma actividad.

"No obstante el que una norma transitoria se refiera a los mecanismos relativos al cambio de un régimen legal a otro no significa que incida sobre derechos sustantivos de los gobernados.

"Así, se justifica que la sanción prevista se desprenda de las nuevas disposiciones, en tanto que el incumplimiento, que en su

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19127-6a8e79c3/revision-en-amparo-indirecto-la-suprema-corte-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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