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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE IGUALDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1261/2005. · Registro digital (IUS): 19133
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LIBORIO NOCEDA PÉREZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 1403.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1261/2005. LIBORIO NOCEDA PÉREZ.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: JAVIER ARNAUD VIÑAS.

CONSIDERANDO:

SEXTO. En el primer agravio se aduce que el Tribunal Colegiado indebidamente calificó de inoperante el concepto de violación en el que adujo la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al estimar que tal deficiencia jurídica la hizo derivar de otro dispositivo legal y no de la violación del algún precepto constitucional, perdiendo de vista que si bien se invocó el artículo 28 de la Ley del Seguro Social, ello sólo fue para evidenciar que el numeral cuestionado sí violaba la garantía prevista en el artículo 13 de la Constitución.

Es fundado el señalamiento anterior, ya que sobre el tema apuntado, el órgano de amparo inicialmente sostuvo:

"Los argumentos anteriores son inoperantes, porque la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se hace depender de la transgresión a un precepto constitucional, sino que la inconstitucionalidad alegada, como se puede advertir de los conceptos de violación antes sintetizados, se hace derivar de su oposición a leyes secundarias, como son los artículos 3o. de la propia ley y 28 de la Ley del Seguro Social."

Como puede verse, el Tribunal Colegiado inicialmente calificó de inoperantes los conceptos de violación atinentes a la inconstitucionalidad del artículo cuestionado, argumentando que éste no se confrontó con un precepto de la Carta Magna sino con otros dispositivos legales.

Esa apreciación resulta inexacta, en virtud de que la parte quejosa puntualmente señaló que la garantía cuya violación alegaba era la prevista en el artículo 13 constitucional; razón por la que es incorrecta la aseveración de que la inconstitucionalidad planteada tenía como premisa otro dispositivo legal, pues aun cuando se invocaron los artículos 3o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 28 de la Ley del Seguro Social, ello sólo tuvo como finalidad demostrar, desde la perspectiva de la promovente, que el artículo cuestionado otorgaba un trato desigual.

Ahora bien, a pesar de ser fundado, dicho agravio resulta inoperante, en virtud de que el Tribunal Colegiado no obstante el calificativo del concepto de violación, procedió al estudio de la constitucionalidad del referido artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, destacando:

"... No pasa inadvertido para este órgano colegiado que en sus conceptos de violación el quejoso aduce que el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viola la garantía de equidad, pues otorga un trato distinto a ex servidores públicos en comparación con trabajadores del sector privado en donde estos últimos reciben una pensión mayor, no obstante que ambos se encuentran en las mismas condiciones jurídicas relevantes y con el mismo derecho a vivir dignamente con las mismas posibilidades e instrumentos.

"La garantía de equidad ...

"Por consecuencia, debe considerar que los principios de proporcionalidad y equidad que para toda contribución exige el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, no pueden ser transgredidos por el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"...

"De la transcripción se advierte que el artículo 15 establece que el derecho consagrado a favor de los trabajadores no puede ser catalogado como una contribución, a las que se refiere el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, en la inteligencia de que el término de contribuciones puede aplicarse tanto a los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, así como a los accesorios de éstas, consistentes en recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el artículo 21 de dicha legislación fiscal.

"...

"En ese sentido, si las pensiones por jubilación a que alude la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no pueden considerarse como contribuciones, debe concluirse que las mismas no se rigen por los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en dichas pensiones no es necesario tomar en cuenta la capacidad contributiva, la proporcionalidad ni la equidad tributaria, ya que dichos principios son aplicables a las contribuciones, y las pensiones en comento derivan un derecho establecido a favor del trabajador que se separa de su empleo por cumplir cierto tiempo laborado, por lo que también por este aspecto, como ya se dijo, resulta inoperante el concepto de violación hecho valer."

En consecuencia, es claro que ningún perjuicio material causó a la parte quejosa el calificativo inicial del concepto de violación de constitucionalidad, si a la postre el Tribunal Colegiado efectuó el estudio correspondiente en los términos que le fueron planteados en la demanda de garantías.

En otra parte del primer agravio y en el segundo, el recurrente aduce en lo fundamental que el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado viola la garantía de igualdad prevista por el artículo 13 constitucional, en virtud de que existe inequidad entre lo previsto por el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el diverso 28 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que no se debe perder de vista que si a los que fueron trabajadores de la iniciativa privada el Estado les otorga una pensión con un máximo de 25 salarios mínimos para fijar la misma, mientras que a los que fueron trabajadores al servicio del Estado se les fija un límite máximo de 10 salarios mínimos para fijar su pensión, es claro que existe ausencia de igualdad no obstante que ambos trabajadores se encuentran en las mismas condiciones jurídicas relevantes.

Agrega que si bien estas dos categorías ya no son trabajadores, lo fueron y ambos tienen derecho a que el Estado les otorgue una pensión, de donde se desprende el tratamiento desigual que se les da a los que fueron trabajadores al servicio del Estado.

El precepto que se tilda de inconstitucional es el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del tenor siguiente:

"Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta ley."

El aspecto esencial del reclamo del recurrente estriba en el tope de 10 veces el salario mínimo general para determinar el monto de la pensión jubilatoria, lo cual considera violatoria de la garantía de igualdad en virtud de que a los que fueron trabajadores de la iniciativa privada el Estado les otorgará una pensión con un máximo de 25 salarios mínimos para fijar la mismas.

Respecto al principio de igualdad, la Primera Sala de este Alto Tribunal ha establecido que se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, ya que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, destacando que aun cuando es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, implícitamente acepta la existencia de desigualdades materiales y económicas; por tanto, el principio en comento no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado.

La tesis invocada es la 1a. C/2001, que establece:

"IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 192).

A partir de las ideas anteriores, es menester puntualizar que los agravios del promovente tienen como premisa que, tratándose de la pensión jubilatoria, los trabajadores al servicio del Estado como los de la iniciativa privada se encuentran en un plano de igualdad y, por ende, el límite de las pensiones correspondientes deben coincidir.

En primer término, debe señalarse que quienes laboran al servicio de los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, no se encuentran en el mismo plano que los demás trabajadores, lo cual se encuentra reconocido en la propia Constitución que establece dos regímenes diversos con reglas propias, tal como se desprende de los apartados A y B del artículo 123.

En efecto, a través de la reforma del cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, el Poder Revisor plasmó esa distinción entre los referidos trabajadores, dando lugar al nacimiento del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se aprecia con nitidez en la exposición de motivos:

"Los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de todas las garantías sociales que el artículo 123 de la Constitución General de la República consigna para los demás trabajadores.

"Es cierto que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones, es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado, puesto que aquéllos laboran para empresas con fines de lucro o de satisfacción personal, mientras que éstos trabajan para instituciones de interés general, constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. Pero también es cierto que el trabajo no es una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre; de allí que deba ser siempre legalmente tutelado.

"De lo anterior se desprende la necesidad de comprender la labor de los servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que consigna el antes citado artículo 123, con las diferencias que naturalmente se derivan de la diversidad de situaciones jurídicas.

"La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus familiares: jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia."

Lo anterior pone de manifiesto que es incorrecta la premisa a partir de la cual formula sus alegaciones el promovente, dado que constitucionalmente está reconocida la diferencia entre los trabajadores al servicio del Estado, como la recurrente, y los demás trabajadores, por lo que resulta inadmisible la equiparación que se pretende.

En ese mismo sentido, considerando que el origen del reclamo lo constituye el monto de una pensión jubilatoria, debe resaltarse que tratándose de los trabajadores al servicio del Estado, la jubilación sí constituye un derecho establecido constitucionalmente, pues en la fracción XI del invocado artículo 123, apartado B, dispone:

"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte."

En cambio, para los demás trabajadores, la jubilación sólo constituye un derecho extralegal, en virtud de que se trata de una prestación exclusivamente contractual, ya que no se encuentra regida por el referido artículo 123, apartado A, tal como se ha determinado jurisprudencialmente en la tesis que a continuación se inserta:

"JUBILACIÓN. ES UN DERECHO EXTRALEGAL. La jubilación es una prestación exclusivamente contractual que no está regida por el artículo 123 constitucional, por cuyo motivo, su otorgamiento y fijación en una determinada cantidad, es de origen contractual y por ello la fijación de su monto debe regirse por lo que estipulan los contratos de trabajo, debiendo desentenderse las Juntas de Conciliación y Arbitraje que aplican estas disposiciones específicas, de cualquier norma extraña que integre el salario ordinario de un trabajador o que establezca modalidades al mismo." (Séptima Época. Cuarta Sala. Apéndice 2000. Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN. Tesis 298. Página 239).

En consecuencia, tampoco es posible efectuar el estudio comparativo propuesto, en virtud de no existir materia para ello, dado que mientras la jubilación sí constituye un derecho constitucional para los trabajadores al servicio del Estado, respecto de los demás trabajadores no tiene el mismo rango e incluso está catalogada como una prestación extralegal; razón por la que resulta desacertado considerar que respecto de la prestación analizada, los trabajadores de ambas categorías se encuentran en la "misma situación jurídica relevante" y, por ende, en un plano de igualdad, ya que precisamente la diferencia en el trato encuentra sustento en la propia Constitución, es decir, desde el fundamento en el cual se genera el derecho a la pensión jubilatoria.

Por otra parte, resulta conveniente señalar que esta Segunda Sala ya se pronunció respecto al artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reconociendo su constitucionalidad en relación a la garantía de igualdad, aunque respecto de otros argumentos, al resolver el amparo directo en revisión 1257/2003, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil cuatro, por unanimidad de cuatro votos, bajo la ponencia del señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, destacando los siguientes argumentos:

"En efecto, asiste razón a la parte recurrente en todos y cada uno de los argumentos sintetizados, pues el Tribunal Colegiado si bien correctamente determinó que la jubilación de los trabajadores al servicio del Estado deriva de las disposiciones contenidas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorrectamente determinó que la forma de otorgamiento y pago de la misma se encuentre igualmente regulado en la propia Constitución.

"Es cierto, como sostiene el recurrente, que ninguna de las fracciones del apartado B del indicado artículo 123, determina la forma de calcular el monto de las pensiones, por lo cual deja a la ley secundaria su regulación, es decir, la Constitución no establece limitación o forma alguna y, en esa virtud, lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no puede transgredir alguna cuestión si ésta no está regulada por la Constitución.

"El indicado precepto constitucional, en lo referente al punto jurídico que se trata, dispone:

"‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"‘...

"‘B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"‘...

"‘V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;

"‘VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes;

"‘...

"‘XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"‘a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. ...’

"Esto es, se pone de manifiesto que la Constitución Federal solamente estableció como una de las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, la jubilación, pero no determinó en forma alguna sus bases, presupuestos o cualquier otra cuestión inherente a la misma, por lo que, como se dice en el agravio en estudio, deja a la ley secundaria el establecer las precisiones correspondientes.

"Igualmente, asiste razón al recurrente, en cuanto aduce que la igualdad de salarios prevista en la fracción V ya mencionada, está dirigida a los trabajadores en activo, en tanto que la norma impugnada y tachada de inconstitucional, se dirige a regular el procedimiento para el cálculo de las pensiones respectivas pero no al salario de los trabajadores, lo que se corrobora con el texto mismo del precepto constitucional, que efectivamente dispone que a trabajo igual, corresponderá salario igual, lo cual no puede trasladarse a las pensiones jubilatorias, dado que la Constitución no hace específicamente esa referencia, de ahí que el principio de igualdad tomado en consideración por el Tribunal Colegiado para resolver la inconstitucionalidad del precepto reclamado es incorrecto, pues es obvio que el salario se refiere a los trabajadores en activo y no a los pensionados, sin que exista ninguna razón que permita suponer que por el contrario, una igualdad regulada en la ley secundaria pueda ser inconstitucional, en tanto tampoco está prohibida por la Constitución.

"También asiste razón a la parte recurrente al aducir que la consideración sostenida en la sentencia en el sentido de que una disposición que reduzca o limite los derechos adquiridos y derivados de la jubilación es inconstitucional, resulta infundada e inmotivada, pues el propio Tribunal Colegiado no explicó en forma alguna qué considera como derechos adquiridos, además de que no invocó ningún fundamento legal o constitucional para fundar su razonamiento.

"En efecto, las aludidas consideraciones resultan dogmáticas y carentes de sustento jurídico, pues de la sentencia que se revisa no aparece que el tribunal hubiere realizado un razonamiento lógico jurídico por el cual pueda determinarse que fueron limitados los derechos adquiridos por el quejoso derivados de su jubilación, aun cuando se pudiera tomar en cuenta que el derecho a la pensión por jubilación que corresponde al quejoso está reconocido por la Secretaría de Estado donde prestó sus servicios.

"Como sostiene la parte recurrente, el derecho adquirido a la pensión y la forma de calcular su monto deriva de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo cual el derecho del quejoso se encuentra tutelado por las disposiciones en dicha ley contenidas, es decir, el artículo 15 impugnado, no sólo no desconoce los derechos adquiridos por el trabajador, sino que regula el salario como uno de los aspectos para calcular su monto, en relación con los diversos 57, 60 y 64 de la propia ley.

"Dichos preceptos disponen:

"‘...

"‘Artículo 57. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la junta directiva del instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aun en el caso de la aplicación de otras leyes.

"‘Asimismo, la cuota diaria máxima de pensión, será fijada por la junta directiva del instituto, pero ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta ley.

"‘La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año.

"‘En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos.

"‘De no ser posible la identificación del puesto, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor como criterio de incremento.

"‘Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la junta directiva.

"‘Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.’

"‘Artículo 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a éstas los dos últimos porcentajes de la tabla del artículo 63.

"‘La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en el artículo 64 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja.’

"‘Artículo 64. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento.’

"Del contenido de los preceptos legales mencionados, se advierte que el artículo 60 determina el derecho que tienen los trabajadores con treinta años o más de antigüedad; el artículo 64 establece que para determinar el monto de la pensión por jubilación, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador, con la limitación establecida en el artículo 57 que dispone que el monto máximo no podrá exceder de la suma cotizable en términos del artículo 15, el cual a su vez dispone que las cotizaciones correspondientes serán hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general, y que el sueldo básico hasta por la suma cotizable, se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, subsidios, pensiones y préstamos que la ley otorgue, de lo que deriva que es precisamente en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en dónde se encuentra regulado el derecho a la jubilación de los trabajadores al servicio del Estado así como las modalidades de la misma."

El criterio citado dio origen a la tesis 2a. LXXIV/2005, con el rubro y texto siguientes:

"-El precepto constitucional en cita, en cuanto establece que a trabajo igual corresponde salario igual, consagra una garantía de igualdad aplicable únicamente a los trabajadores en activo, motivo por el cual, el límite para la determinación de las pensiones jubilatorias que prevé el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no contraviene la referida garantía, pues es evidente que el salario sólo corresponde a los trabajadores en activo y no a los pensionados, máxime que no existe ninguna razón que permita suponer que la igualdad regulada en la ley secundaria pueda ser inconstitucional, en tanto no está prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 503).

En abono de lo ya expuesto, es menester precisar que el artículo 28 de la Ley del Seguro Social, con el cual la recurrente intenta demostrar el trato desigual que en su opinión otorga el artículo cuestionado, no tiene el alcance que se sugiere.

Dicho numeral establece:

"Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva."

Por principio es necesario resaltar que dicho numeral no se encuentra vigente, conforme a la disposición transitoria vigésima quinta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis, del tenor siguiente:

"Vigésimo quinto. El artículo 28 de esta ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

"A partir de la entrada en vigor de esta ley el límite del salario base de cotización en veces salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007."

En consecuencia, resulta indiscutible que no puede servir de referencia para demostrar la violación al principio de igualdad, el contenido de un precepto que en la parte controvertida no se encuentra en vigor.

Con todo, es importante señalar que el referido artículo contempla un supuesto diverso al del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece el tope de diez salarios mínimos a la pensión jubilatoria.

Efectivamente, el límite de veinticinco veces el salario mínimo general -que no se encuentra vigente-, que el recurrente menciona como denotativo de la desigualdad con los trabajadores al servicio del Estado, no es respecto al monto de alguna pensión, sino al salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación los trabajadores que se inscriban para ser asegurados.

Por tanto, al tratarse de dos supuestos totalmente diferentes, es claro que no puede realizarse ninguna comparación entre ambos numerales y, menos aún, efectuar algún estudio, como se pretende, de la razón por la que se establece un límite distinto en cada caso, pues es evidente que son cuestiones jurídicas diversas: el monto de la pensión jubilatoria y el salario base de cotización para ser asegurado.

En términos semejantes se pronunció esta Segunda Sala al resolver en sesión del veinticinco de febrero de dos mil cinco, el amparo directo en revisión 1601/2004, bajo la ponencia del señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

En e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19133-1d89a6fb/pension-jubilatoria-el-articulo-15-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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