REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES DEBE COMPRENDERSE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONTROVERTIDA. PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 485/2007. **********.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos tercero, fracción II y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 61 (antes 55) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta dos mil uno, y aun cuando subsiste el problema de constitucionalidad planteado, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el presente asunto versa sobre la materia fiscal, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. Este recurso de revisión fue interpuesto en tiempo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, al advertirse de las constancias procesales existentes, que la sentencia recurrida fue notificada por lista a la parte quejosa el veintiocho de febrero de dos mil siete, la que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la ley de la materia, surtió efectos al día hábil siguiente, por lo que el plazo de diez días que para la interposición del recurso señala el referido artículo 86, corrió del dos al quince de marzo de dos mil siete, descontando los días tres, cuatro, diez y once por ser sábados y domingos, en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tanto, si el recurso de que se trata fue presentado el quince del mes y año citados, debe concluirse que resulta oportuno.
Por su parte, el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el **********, tercero perjudicado, fue interpuesto en tiempo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Amparo, puesto que si el acuerdo por medio del cual se admitió el recurso de revisión principal fue notificado a la parte tercero perjudicada el veintisiete de marzo de dos mil siete, surtió efectos al día siguiente, y el plazo para la interposición del recurso de revisión adhesiva corrió del veintinueve de marzo al nueve de abril, descontando los días treinta y uno de marzo, primero, siete y ocho de abril por ser sábados y domingos, así como los días cuatro, cinco y seis de abril por ser inhábiles, y si el recurso fue presentado el tres de abril de la mencionada anualidad, resulta oportuno.
TERCERO. En su escrito de revisión, la recurrente hace valer esencialmente lo siguiente:
a) La sentencia emitida por el a quo viola los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo en relación con las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que de una apreciación de los hechos planteados tanto en la consulta que dio origen al presente asunto, como en el juicio contencioso administrativo y finalmente en el amparo directo, se reclama la interpretación tanto del artículo 55, como del 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los cuales son del mismo contenido, sólo que con diferente vigencia, tan es así, que del análisis que esa H. Suprema Corte se sirva realizar a los autos que integran el expediente podrá advertir la aplicación e impugnación de ambos artículos, 55 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los cuales se insiste, establecen el mismo concepto referente a que el contribuyente está facultado para amortizar la pérdida fiscal de la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes, implicando necesariamente que exista utilidad fiscal.
No obstante la aplicación e impugnación de ambos preceptos, en el supuesto sin conceder de que fuera como el Tribunal Colegiado de Circuito lo sostiene, debió corregir el error que él mismo advierte en la cita del precepto tildado de inconstitucional, atendiendo a la causa de pedir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Incluso haciendo suyas las observaciones de la Sala Fiscal de primera instancia; omite hacer un legal estudio de lo efectivamente planteado; que en el presente asunto lo constituye la inconstitucionalidad de la imposibilidad de amortizar las pérdidas fiscales en los diez ejercicios posteriores a que se reporte dicha pérdida, en los que se haya generado utilidad fiscal, mismo que se encuentra contenido en el artículo 55 hasta antes del ejercicio fiscal de 2002, y el artículo 61 vigente a partir de 2002, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
b) La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito viola los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en relación con las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, en virtud de que el tribunal no realiza un debido estudio de los conceptos de violación planteados ya que no dilucida si la interpretación de la autoridad fiscal y de la Sala Fiscal en el sentido de que los diez ejercicios contemplados en el precepto tildado de inconstitucional (artículos 55 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta), son únicamente aquellos en los que se hubiere obtenido utilidad fiscal, pues pretender lo contrario violaría los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
El Tribunal Colegiado sólo sostiene la postura de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de desatender, sin soporte jurídico alguno, los argumentos lógico-jurídicos esgrimidos por mi representada en el escrito inicial de demanda, tendientes a demostrarle que de una interpretación gramatical al segundo párrafo del artículo 61 y que hasta 2002, fuera ubicado en el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende la procedencia de la confirmación de criterio respecto a que la amortización de las pérdidas fiscales, a que se refiere dicho precepto, es en relación a aquellos ejercicios en los que efectivamente haya existido utilidad fiscal, independientemente de que sean ejercicios consecutivos o no, a aquel en el que se generó la pérdida fiscal que se pretende amortizar, configurándose la indebida fundamentación y motivación legales.
Atendiendo a los escasos argumentos de la a quo, y no obstante que de conformidad con el artículo 5o. del código tributario federal, las disposiciones que establecen cargas para los contribuyentes deben ser aplicadas estrictamente, el Tribunal Colegiado se encontraba facultado para realizar además de la interpretación gramatical correspondiente de la norma reclamada de la cual se desprende el criterio de la actora, interpretación y aplicación conjunta del precepto que nos ocupa, con todas aquellas normas relevantes que fortalezcan la postura sustentada (en el sentido de que los 10 años a los que hace referencia la norma que se reclama, son solamente aquellos en los que efectivamente se reporte una utilidad fiscal).
c) Suponiendo sin conceder que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidiera con la postura de la a quo, consistente en no declarar la inconstitucionalidad de la negativa a confirmar que los ejercicios fiscales a considerarse para disminuir las pérdidas fiscales, son sólo aquellos en los que se reporte utilidad fiscal, se desprende que el límite de "10 ejercicios consecutivos" para amortizar pérdidas establecido en el artículo 61 (antes 55), párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es inconstitucional al quebrantar los principios que rigen el sistema tributario mexicano, tutelados por la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna.
El Tribunal Colegiado considera erróneamente que los 10 ejercicios indicados en el artículo 55, ahora 61, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deben computarse independientemente si existe o no utilidad fiscal; con lo cual no sólo se contribuiría de una manera desproporcional, sino que además se contribuiría en contra de lo propiamente establecido por el legislador.
Interpretar y aplicar la norma jurídica tal como lo pretende la a quo, equivaldría a que se le obligue a la quejosa a pagar un impuesto sin considerar su verdadera situación económica, generando un desequilibrio en la relación jurídico tributaria.
Asimismo, sostiene que la circunstancia de que algunos puedan agotar la pérdida fiscal generada en un ejercicio, por el simple hecho de que la utilidad fiscal del ejercicio contra el que pretenda enfrentar aquélla, es suficiente para agotarla en un año, no es motivo suficiente para hacer una diferenciación entre contribuyentes, que si bien están sujetos a contribuir al gasto público, el precepto legal en comento no les permite a ambos contribuyentes participar en un plano de igualdad, pues aquel otro al que no le sean suficientes los 10 ejercicios a partir de que se generó la pérdida para agotarla, como lo pretende la autoridad, por no haber generado suficiente utilidad, estará participando en una forma cuantitativamente superior, al no haber reconocido las pérdidas reales con las que viene determinando sus impuestos.
En estrecha relación con lo anterior, se ve conculcado el principio de legalidad en contra de la hoy recurrente, toda vez que se realiza una indebida interpretación del precepto reclamado, ya que, aunque por ser norma tributaria de aplicación estricta, ésta no debe ser limitativa, y permitir otro tipo de interpretaciones sistemáticas.
En efecto, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, tal como lo señala el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, en concordancia con el principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Por lo que atendiendo al principio de legalidad, en concatenación con el principio de certeza y seguridad jurídica, procede la interpretación del segundo párrafo del precepto reclamado, en el sentido de considerar que serán sólo los ejercicios con utilidad fiscal los que se consideren dentro de los diez ejercicios para disminuir las pérdidas fiscales.
En tal virtud, la interpretación del segundo párrafo de los artículos 55 y 61 impugnados, realizada por el Tribunal Colegiado resulta en total contravención a las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad, todas consagradas por el artículo 31, fracción IV, constitucional.
En efecto, al afirmar el Tribunal Colegiado de Circuito que la ley no distingue viola la garantía de legalidad tributaria, pues realiza un deficiente análisis de la norma, al omitir analizar la misma en conjunto con los demás preceptos aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Violación a la garantía de legalidad jurídica tutelada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el pronunciamiento de la a quo resulta por demás ilegal y violatorio de las garantías constitucionales de la quejosa, toda vez que pone en tela de juicio el dicho de la quejosa sin demostrar con elementos fehacientes "la falsedad de lo señalado", pero sin mayor análisis, sobre el particular, declara improcedente lo argumentado por la quejosa.
La a quo supone que de permitir disminuir las pérdidas fiscales únicamente en los 10 años en los que se obtenga utilidad fiscal, implicaría que "el fisco federal no pudiera llegar a cobrar el impuesto sobre la renta ... ya que al obtener utilidad fiscal siempre tendrían una pérdida pendiente de disminuir", lo cual, además de falso, resulta contrario a lo que argumenta la quejosa, pues sólo de esa forma se estaría contribuyendo de una manera proporcional y equitativa, acorde a lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, la propia Ley del Impuesto sobre la Renta señala la mecánica para calcular dicho impuesto, misma que incluye entre sus elementos a las pérdidas fiscales, las cuales podrán restarse de la utilidad fiscal del ejercicio.
En todo caso, el resultado fiscal se obtendrá disminuyendo de la utilidad fiscal, tanto las deducciones autorizadas, como las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, por lo que se concluye que mientras exista pérdida fiscal podría disminuirse de la utilidad fiscal, y lógicamente cuando no la haya, no se surtirá la hipótesis de dicho numeral. Lo anterior, obedece al principio del hecho generador del tributo: sin base, no puede existir entero del impuesto (garantía de legalidad).
CUARTO. En el primero de sus agravios, sintetizado en el inciso a) del considerando anterior, la recurrente argumenta que el Tribunal Colegiado indebidamente omitió el estudio de inconstitucionalidad planteado por la quejosa en relación con los artículos 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el ejercicio fiscal de dos mil dos, y 61 del mismo ordenamiento vigente a partir del mencionado ejercicio fiscal.
Sostiene que aun cuando en el quinto concepto de violación hubiera enderezado su impugnación en contra del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil dos, si el Tribunal Colegiado determinó que el artículo 55 del referido ordenamiento vigente hasta antes del dos mil dos era el que le causaba perjuicio y no el diverso 61, debió atender a la causa de pedir mediante el análisis integral de la demanda de amparo y considerar que los argumentos sostenidos por la quejosa se encontraban relacionados con el precepto que le fue aplicado y que le causó el perjuicio del que se duele, máxime que ambos numerales comparten el contenido normativo combatido por la promovente del juicio de garantías.
El anterior agravio resulta fundado, puesto que, tal como se puede apreciar del escrito de demanda formulado por la quejosa, claramente se advierte que en todo momento se refiere a los dos artículos citados anteriormente, dirigiendo su impugnación al contenido normativo que comparten, incluso lo anterior se evidencia en la medida en que la quejosa señala en su quinto concepto de violación que "... el artículo 61 (antes 55), párrafo segundo, es inconstitucional al quebrantar los principios que rigen el sistema tributario mexicano, tutelados por la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna.", precisión que permite advertir la intención de inconformarse con la aplicación de ambos preceptos en la medida en que le fueron aplicados.
No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado estimó que de la lectura del quinto concepto de violación en el que la quejosa sostiene la violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, solamente se hizo referencia al artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que, al no existir acto de aplicación de este último precepto, resultaban inoperantes los argumentos relativos a la luz del criterio emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA."
Sin embargo, al tratarse de un amparo directo, el acto reclamado lo constituye la sentencia dictada por la Sala responsable, y no los preceptos impugnados por la quejosa, por lo que, de una lectura integral y relacionada de los conceptos de violación formulados por la quejosa en su escrito de demanda, resulta suficiente la causa de pedir para advertir que la promovente del juicio se duele de la aplicación en la sentencia reclamada, de un contenido normativo que comparten dos preceptos con vigencia distinta, pero que se refieren al mismo supuesto, por lo que, si los conceptos de violación se hacen valer en contra de la hipótesis normativa que comparten los citados preceptos, y de la lectura integral de la demanda se advierte la referencia que hace la quejosa a ambos numerales, debe entenderse que la violación constitucional aludida se formula en relación con el que le fue aplicado en la sentencia reclamada.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede analizar el quinto concepto de violación formulado en la demanda de amparo, cuyo estudio omitió el Tribunal Colegiado, en el que la quejosa pretende demostrar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el ejercicio fiscal de dos mil dos.
Previamente al estudio que se haga del concepto de violación referido, resulta necesario establecer el justo alcance de la norma combatida, para lo cual, es necesario analizar las normas relacionadas con los elementos del tributo, vigentes hasta el ejercicio fiscal de dos mil dos.
Lo anterior es así, puesto que tanto de los conceptos de violación como de los agravios en el escrito de revisión, estos últimos, sintetizados en el inciso b) del considerando anterior, se advierte que la quejosa pretendió sostener una interpretación del precepto impugnado, distinta de la que sostuvieron tanto la Sala responsable, como el Tribunal Colegiado del conocimiento, por lo que la violación constitucional que atribuye a la norma la hace depender de la interpretación sostenida por los referidos órganos jurisdiccionales.
En este sentido, el quinto concepto de violación en el que sostiene la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el ejercicio fiscal de dos mil dos, debe analizarse sobre la base de la correcta interpretación del referido numeral, porque ello constituye en el presente caso una cuestión propiamente constitucional, ya que se erige en premisa básica del análisis respectivo.
En relación con lo anterior, de especial relevancia resulta señalar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en el que subsiste la materia de inconstitucionalidad de una ley, para abordar tal cuestión debe, necesariamente, partir de la interpretación que a su juicio corresponde al precepto legal cuya transgresión al marco constitucional se aduce, pues de lo contrario se afectaría gravemente el ejercicio de sus atribuciones del Máximo Órgano de control de constitucionalidad de las leyes.
En efecto, si bien se pueden conceptuar como cuestiones de mera legalidad las consideraciones que sobre el alcance de lo dispuesto en una ley federal o local, en un tratado internacional, o en reglamentos expedidos por el presidente de la República o por el gobernador de un Estado, emita un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un amparo directo o de una revisión fiscal promovidos en contra de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe estimarse que el estudio de tal materia adquiere el rango de cuestión propiamente constitucional cuando la interpretación de la norma respectiva puede trascender en alguna medida al análisis de su constitucionalidad.
Este criterio tiene apoyo en las tesis, cuyos textos y datos de localización son:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES QUE SON MATERIA DE ESA INSTANCIA SE ENCUENTRA LA RELATIVA A LA INTERPRETACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA LEY CONTROVERTIDA, CON INDEPENDENCIA DE QUE YA LA HAYA REALIZADO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA SENTENCIA RECURRIDA O AL RESOLVER PREVIAMENTE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. De lo dispuesto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes, está facultada para conocer del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que en esa instancia subsistan cuestiones propiamente constitucionales, las cuales no sólo comprenden los argumentos relativos a la confrontación de la norma ordinaria con la Constitución Federal, sino todos aquellos cuyo estudio pueda trascender directa o indirectamente a la materia de constitucionalidad introducida en los conceptos de violación o en las consideraciones del fallo recurrido. En ese tenor, si en todo análisis de constitucionalidad de una ley se atiende a dos premisas lógicas, esto es, por un lado, al alcance de la norma constitucional cuya transgresión se aduce y, por otro, a la interpretación de lo establecido en la disposición de observancia general controvertida, se concluye que entre las cuestiones propiamente constitucionales que son materia del recurso de revisión en amparo directo, se encuentra la de fijar el justo alcance de lo previsto en la norma impugnada; de ahí que al conocer este Alto Tribunal del referido recurso debe partir de su propia interpretación legal, con independencia de que sea diversa a la realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció en primera instancia del amparo directo o al resolver previamente un recurso de revisión fiscal, pues si este criterio es aplicable respecto de una interpretación sustentada al resolver un medio de control de la constitucionalidad, por mayoría de razón lo es en relación con lo determinado al fallar uno de control de la legalidad. Estimar lo contrario afectaría gravemente el principio de seguridad jurídica, puesto que al vincular y sujetar el análisis que corresponde realizar al órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes a lo considerado por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, podría provocarse que se emitieran determinaciones de inconstitucionalidad de normas que sí se apegan a lo previsto en la Norma Fundamental, así como sentencias contradictorias según lo sostenido por cada Tribunal Colegiado de Circuito y, en su caso, la integración de criterios jurisprudenciales en que se reiteren interpretaciones incorrectas." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, tesis P. III/2002, página 10).
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES QUE SON MATERIA DE ESA INSTANCIA, DEBE COMPRENDERSE LA INTERPRETACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA LEY CONTROVERTIDA. Si bien es cierto que en el juicio de amparo directo no está permitido señalar como acto reclamado destacado la ley que a juicio del quejoso es inconstitucional, sino que conforme a lo ordenado en el artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en los conceptos de violación se debe hacer valer tal circunstancia, también lo es que el Tribunal Colegiado que conozca del asunto al analizar los conceptos relativos, entre otras consideraciones, puede sustentar las que establezcan el alcance de la ley o norma controvertida que, en principio se pueden conceptuar como de legalidad, pero si constituyen la base de ese análisis, entonces se tornan en materia propiamente de constitucionalidad. Ahora bien, si conforme a lo ordenado en los artículos 83, fracción V, de la ley invocada y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la materia del recurso de revisión interpuesto en los amparos directos, se limita exclusivamente a la decisión de cuestiones propias de constitucionalidad, es evidente que la solución de éstas implica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la interpretación adoptada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, para establecer si la ley cuestionada se apega a la Carta Magna; así, ese Alto Tribunal puede modificar válidamente tal interpretación, en virtud de que constituye el sustento del pronunciamiento de constitucionalidad que le corresponde emitir en definitiva. Estimar lo contrario, vincularía y sujetaría el análisis que corresponde realizar al órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes a lo considerado por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, lo que podría provocar determinaciones de inconstitucionalidad de normas que sí se apegan a lo previsto en la Carta Magna; la integración de jurisprudencia en que se reiteren interpretaciones incorrectas; que este Alto Tribunal emitiera resoluciones contradictorias, dependiendo de lo concluido por cada Tribunal Colegiado de Circuito. En esta tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión interpuesto en amparo directo, debe fijar el alcance de la ley cuestionada y, por ende, hacer su interpretación para determinar cuál es el mandato contenido en la misma." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, tesis 2a. CXX/2000, página 182).
Precisado lo anterior, se procede al análisis de las normas anteriormente referidas, mismas que ha continuación se transcriben:
"Artículo 1o. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:
"I. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.
"II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija.
"III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o base fija en el país, o cuando teniéndolos, dichos ingresos no sean atribuibles a éstos."
"Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 34%.
"El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:
"I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título.
"II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios.
"El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal."
"Artículo 15. Las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. La ganancia inflacionaria es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. ..."
"Artículo 17. Para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes:
"I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los casos en que proceda conforme a las leyes.
"II. La diferencia entre la parte de la inversión aún no deducida, actualizada en los términos del artículo 41 de esta ley, y el valor que conforme al avalúo practicado por persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga en la fecha en que se transfiera su propiedad por pago en especie.
"III. La diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el inventario final fuere el mayor tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería.
"IV. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"V. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles de residentes en el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. ..."
"Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:
"I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, aun cuando se efectúen en ejercicios posteriores.
"II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores.
"No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y las piezas denominadas onzas troy.
"III. Los gastos.
"IV. Las inversiones.
"V. La diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el inventario inicial fuere el mayor, tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería.
"VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21475-de185693/revision-en-amparo-directo-dentro-de-las-cuestiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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