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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 959/2007. · Registro digital (IUS): 20682
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARTURO PONCE GUADIÁN.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 1718.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 959/2007. ARTURO PONCE GUADIÁN.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: JAVIER ARNAUD VIÑAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General Plenario 5/1999, pues no se está en el caso de analizar el tema de inconstitucionalidad ante la inoperancia de los agravios planteados.

SEGUNDO.-El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo.

De las constancias de autos se desprende que la sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa en forma personal el lunes siete de mayo de dos mil siete, surtiendo sus efectos el siguiente martes ocho, por lo que el plazo de diez días para la interposición del recurso transcurrió del miércoles nueve al martes veintidós de mayo de dos mil siete (descontando los días doce, trece, diecinueve y veinte de mayo, por ser sábados y domingos, respectivamente).

El recurso de revisión se presentó en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito el veintidós de mayo de dos mil siete; por tanto, su interposición fue oportuna.

Por otra parte, el recurso lo interpuso la parte quejosa por lo cual se cumple con el requisito de legitimación.

TERCERO.-El recurrente expresó los agravios que a continuación se sintetizan:

1. En el considerando segundo de la sentencia recurrida se determinó sobreseer en el juicio por estimar actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados del secretario, del oficial mayor, del presidente de la Comisión de Personal y del Servicio Exterior Mexicano y del director general de Programación, Organización y Presupuesto, todos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque a juicio de los Magistrados tales actos no participan de la naturaleza de una sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio.

Tal argumento no se justifica, porque esos actos se reclamaron junto con la sentencia pronunciada por la Sala, en razón de la participación directa o indirecta de esas autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario que culminó con su baja del Servicio Exterior Mexicano; de ahí que al sobreseerse en el juicio, respecto de esos actos se les asigna una autonomía que no tienen y se divide la continencia de la causa.

Causa agravio el sobreseimiento respecto del acto reclamado al oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consistente en la omisión de expedir tanto el nombramiento u orden de traslado, porque a él compete emitir esos documentos, siendo que el oficio DSE-07820 de diez de abril de dos mil tres, suscrito por el director general del Servicio Exterior y del Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en modo alguno puede considerarse una orden de traslado, por haber sido expedida por una autoridad carente de facultades.

2. Por tanto, los Magistrados del Tribunal Colegiado al validar ese documento como una orden de traslado efectúan una incorrecta interpretación de los artículos 16 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de una incorrecta interpretación de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, pues por una parte, el referido documento no fue expedido por una autoridad competente y, por la otra, nunca se produjo la causa regulada por el artículo 53 bis, fracción IV, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, consistente en el incumplimiento a una orden de trabajo.

Lo anterior, lleva a considerar que la supuesta orden de traslado es, en realidad, una simple y llana comunicación, carente de coercitividad, que no puede ser confundida ni sustituida con la verdadera y auténtica orden de traslado prevista y regulada en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y sus reglamentos.

De ahí que la determinación de sobreseer en el juicio sea incorrecta, porque esos actos están íntimamente relacionados con el procedimiento disciplinario impugnado ante la Sala responsable.

3. También causa agravio al quejoso, el indiscutible hecho de que los Magistrados al examinar los conceptos de violación expuestos contra la sentencia omiten reconocer que ésta es absoluta e ilegal en los términos de lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente en esas fechas, porque la Sala no tomó en cuenta las causas de ilegalidad previstas en las fracciones I a IV del numeral 238 del mismo ordenamiento en cuanto a: a) la incompetencia del funcionario que emitió el referido oficio; b) el hecho de que el oficial mayor en ningún momento expidió, conforme a sus facultades, la orden de traslado del quejoso; c) que el procedimiento administrativo disciplinario estuvo plagado de vicios que afectaron las defensas y trascendieron al sentido de la resolución impugnada en el juicio de nulidad; d) que los hechos que motivaron dicho procedimiento en ningún momento se realizaron, incluso resultan ser distintos a los que deberían haber ocurrido; y e) que tales hechos fueron apreciados por la autoridad administrativa de manera equivocada; de donde se violaron las garantías del debido proceso previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales.

CUARTO.-Previamente al análisis de los agravios, debe determinarse si el presente recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo, es procedente conforme al Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve.

El acuerdo referido, en su punto primero, relativo a la procedencia de este medio de impugnación excepcional, estatuye:

"Primero. Procedencia

"I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

"a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.

"Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

"II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

"a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;

"b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;

"c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente."

Del punto transcrito derivan las siguientes premisas:

1) El recurso de revisión en amparo directo sólo es procedente cuando se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o de un reglamento federal o local; o cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones.

2) Si subsiste la materia de constitucionalidad, el recurso será procedente siempre y cuando entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Esto es, un asunto será importante cuando se aprecie que los argumentos son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se advierta la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

3) No se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando: a) exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado; b) cuando no se hayan expresado agravios o éstos resulten inoperantes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir; c) en los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.

En el presente caso, no se actualizan los requisitos de importancia y trascendencia previstos por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo hagan procedente, de conformidad con el criterio de esta Segunda Sala contenido en la jurisprudencia 2a./J. 64/2001, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(1)

En efecto, la exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 107, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual la reforma pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en congruencia del carácter uniinstancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en aquellos casos que resulte imprescindible su intervención.

En esa medida resulta inconcuso que entre los fines de la reforma constitucional en comento, se ubica el de evitar que este Alto Tribunal se avoque al conocimiento de recursos donde incluso, a pesar de subsistir el problema de constitucionalidad, no deba emitirse pronunciamiento en el fondo, como en el caso de que los agravios resulten inoperantes y no se advierta la necesidad de suplir la deficiencia de la queja en los casos señalados por la ley de la materia.

De la lectura de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa se advierte su inoperancia, pues esencialmente se aduce una incorrecta apreciación de los actos reclamados al secretario de Relaciones Exteriores, al oficial mayor, al presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano y al director general de Programación, Organización y Presupuesto de la propia secretaría, que condujo -a juicio del recurrente- a decretar incorrectamente el sobreseimiento; así como a la valoración del oficio suscrito DSE-07829 considerado incorrectamente como una orden de traslado.

Tales manifestaciones constituyen un problema de mera legalidad, cuyo análisis no corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se encuentra condicionada a que se hagan valer cuestiones de constitucionalidad de leyes, se omita su estudio, o cuando se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 53/98 de esta Segunda Sala, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES."(2)

De igual forma, ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal de que los agravios relativos a violaciones procedimentales o de inexacta aplicación de una ley secundaria resultan inoperantes en la revisión de sentencias pronunciadas en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, pues la materia de la revisión en amparo directo se limita exclusivamente a la decisión de cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

En ese sentido se pronunció el Tribunal Pleno en la tesis P. III/90 de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. RESULTAN INOPERANTES LOS AGRAVIOS SOBRE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES O DE INEXACTA APLICACIÓN DE UNA LEY SECUNDARIA."(3)

Es cierto que en diversas partes su sentencia hizo referencia a diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento pero tales argumentos no son una interpretación de la ley secundaria ni de los artículos constitucionales invocados en su demanda; constituye, más bien, una paráfrasis de su contenido en el contexto de los conceptos de violación.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación directa de un precepto de la Constitución, supone un análisis del contenido del precepto constitucional, para determinar su sentido, alcance e inteligencia. Así lo señaló en la tesis de rubro: "REVISIÓN CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNAL COLEGIADO. INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN.",(4) así como en la jurisprudencia 46/91, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVÉS DE ELLA SE DETERMINAN EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURÍDICOS DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS GRAMATICAL, HISTÓRICO, LÓGICO O SISTEMÁTICO.",(5) en las que estableció que no basta que el Tribunal Colegiado de Circuito invoque o aplique en su sentencia un precepto constitucional, sino que es necesario que el Tribunal desentrañe y explique el contenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático.

Consecuentemente, si el Tribunal Colegiado refirió diversos preceptos legales, lo hizo en el contexto de los planteamientos de la parte quejosa, sin determinar su sentido ni alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático, es claro que no existe interpretación constitucional que obligue a su análisis.

Corolario de lo hasta aquí expuesto, es que debe desecharse el recurso.

No es óbice para ello que por auto de cuatro de junio de dos mil siete, la presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitiera el recurso de revisión en que se actúa, ya que dicho proveído no es definitivo, como lo establece la tesis 2a. CXX/97 de este órgano colegiado de rubro: "REVISIÓN. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO."(6)

QUINTO.-Por último, en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Amparo, debe imponerse una multa al que interponga un recurso de revisión en amparo directo que sea desechado; sin embargo, atendiendo a lo previsto en el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, para resolver sobre ello debe tomarse en cuenta si existió mala fe en su interposición. Tales numerales disponen:

"Artículo 3o. Bis. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.

"El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe.

"Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de presentarse la demanda de amparo o de interponerse el recurso."

"Artículo 90. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.

"Admitida la revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de las Salas de la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 185 a 191.

"Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación al Ministerio Público, el propio tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días.

"Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario."

En ese contexto, debe estimarse que si la presidenta de esta Segunda Sala admitió el recurso con reserva del examen posterior sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para su procedencia, en su interposición no se advierte mala fe de quien lo promovió, pues su única intención fue hacer valer un medio de defensa.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha el recurso de revisión a que se refiere este toca.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de Circuito de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y Ministra presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. Fue ponente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

_________________

1. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, página trescientos quince.

2. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página trescientos veintiséis.

3. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de mil novecientos noventa, página cuarenta y nueve.

4. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas, página dos mil seiscientos noventa y seis.

5. Publicada en el mismo medio de información judicial pero en su Octava Época, Tomo VIII, página treinta y nueve.

6. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos setenta y ocho.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20682-183d7349/revision-en-amparo-la-admision-del-recurso-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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