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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RESPECTIVA CUANDO LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE REFIERAN A UN SUPUESTO JURÍDICO QUE CONFORME A LA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLES, NO PUEDE NI DEBE DARSE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2009. · Registro digital (IUS): 21993
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, , Pág. 1368.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, porque las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, porque el promovente tiene el carácter de autorizado del quejoso en el juicio de amparo **********, del cual deriva el recurso de queja ********** y de autorizado en los amplios términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, de la agraviada, en el recurso de queja **********, implicados en este asunto, según lo informaron los presidentes de los respectivos Tribunales Colegiados (fojas 19, 20 y 68 de la contradicción de tesis 52/2009).

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 152/2008 de esta Segunda Sala, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA."(1)

TERCERO. Los antecedentes y las consideraciones de la ejecutoria de trece de enero de dos mil nueve, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver por unanimidad de votos el recurso de queja **********, en lo conducente, son los siguientes:

El quejoso **********, promovió el juicio de amparo indirecto **********, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:

Congreso del Estado, al que reclamó, esencialmente, los artículos 169, 170, 402, 410, 411, 412 y 422 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Director del Periódico Oficial del Estado, al que reclamó la promulgación, refrendo y publicación de la ley reclamada.

Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, al que reclamó la sustanciación del recurso de apelación **********.

Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, al que reclamó la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad **********.

El quejoso adujo no haber sido emplazado a ese juicio y solicitó se le otorgara la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se dictara sentencia en el recurso de apelación número ********** del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

La Juez de Distrito, en auto de cinco de enero de dos mil nueve, formó por duplicado y cuenta separada al cuaderno principal el incidente de suspensión y concedió esta medida cautelar, al tenor de las siguientes consideraciones esenciales:

En términos de los artículos 124, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado, es necesario que la agraviada la solicite expresamente.

Cuando los quejosos solicitan la suspensión sólo en relación con las consecuencias del acto reclamado, debe resolverse si se concede o niega única y exclusivamente respecto de ellas, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS."

En la demanda se pidió la medida cautelar para el efecto de que: "... las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se dicte sentencia en el recurso de apelación número ********** del Pleno del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco ..."

Por lo tanto, concedió al quejoso la suspensión provisional del acto reclamado "... para que sin paralizar el procedimiento, se continúe con la tramitación del recurso de apelación **********, del índice del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, hasta la etapa previa al dictado de la resolución correspondiente y no se dicte ésta, como lo prevé el artículo 138 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, pues de emitirse dicha resolución podría causar al peticionario del amparo daños de difícil o imposible reparación ..."

En apoyo de esta decisión citó la jurisprudencia 83/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO."

Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo fijó garantía, en los términos siguientes:

La suspensión del pronunciamiento de la sentencia en el recurso de apelación ********** conlleva, a su vez, la de la ejecución de la sentencia de primera instancia dictada en el juicio de nulidad **********, en la cual se declaró la nulidad lisa y llana de diversos actos administrativos, entre ellos, los relacionados con la autorización de la construcción del edificio en el cual el quejoso adquirió un departamento y que podría aparejar la demolición de dicho inmueble, al haberse considerado ilegal el cambio de uso de suelo de turístico a habitacional.

La instalación de un desarrollo inmobiliario de otro tipo, en un lugar no autorizado, el impedir la ejecución de la sentencia de nulidad y la demolición de aquél genera daños y perjuicios a los hoteleros terceros perjudicados, pues además de que obtuvieron sentencia a su favor en el juicio de nulidad, con fundamento en los artículos 169 y 170 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, tienen atribuciones para solicitar la suspensión, demolición o modificación de las construcciones realizadas en contravención de las leyes, reglamentos, programas o planes de desarrollo urbano aplicables que deterioren la calidad de vida de los asentamientos humanos, los habitantes y propietarios de fincas del área directamente afectada, lo cual, a su vez, posibilita al Ayuntamiento a aplicar las medidas de seguridad y las sanciones previstas en los artículos 401 y 402 de la misma ley en cita.

Esos daños y perjuicios deben garantizarse conforme al valor de la compraventa del departamento propiedad del quejoso, porque su reclamo sustancial versa sobre la privación de su derecho de propiedad, en razón de la inminente nulidad de los permisos de construcción de la torre del condominio donde se ubica su inmueble, el cual, en términos del contrato privado de compraventa respectivo, es de **********, los cuales multiplicados al tipo de cambio de **********, dan como resultado la cantidad de ********** y durante el término de seis meses, estimado como el intervalo probable para la resolución del juicio de amparo.

Respecto de los daños estableció que éstos se causan por la pérdida o menoscabo de la calidad de vida de los asentamientos de las empresas tercero perjudicadas entendida como la merma en el desarrollo óptimo de la competencia leal, pues con motivo de las edificaciones en cuestión habrá modificación a su entorno y desarrollo normal de la zona que siendo turística cambió a habitacional, de modo que no podrían mantener la calidad de vida empresarial que el entorno tenía sin la presencia del desarrollo indebidamente autorizado.

Con base en estos parámetros, sobre el valor de compraventa del departamento del quejoso aplicó el factor inflacionario anual del 6.23%, publicado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México por seis meses y obtuvo la cantidad de **********.

Con relación a los perjuicios, entendidos como el beneficio económico o ganancia lícita dejados de percibir, estableció que éstos se generan porque la continuación de la presencia del desarrollo en el cual se asienta el inmueble del quejoso redunda en pérdidas económicas, pues implica la menor captación de turismo, entre otras muchas situaciones que significan ingresos o ganancias propios de empresas de tipo hotelero que representan los terceros perjudicados; las cuales pudieran dejarse de obtener de retardarse la ejecución de la sentencia anulatoria.

Con arreglo a estas directrices, aplicó la tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de veintiocho días, proporcionada por el Banco de México, la cual es de 8.7% anual, la que multiplicada por seis meses y aplicada al valor de la compraventa, da un total de **********.

Conforme a lo anterior, la Juez de Distrito estableció que la suma de ambas cantidades da un total de ********** y concluyó que la medida cautelar surtiría efectos desde luego, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, pero dejaría de hacerlo si la quejosa no exhibía dentro del término de cinco días, garantía en cualquiera de las formas establecidas en la ley por dicha cantidad.

Inconforme con las condiciones de efectividad de la medida precautoria establecidas por la Juez de Distrito, la quejosa interpuso recurso de queja.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, mediante ejecutoria de trece de enero de dos mil nueve, emitida en el recurso de queja **********, confirmó el auto recurrido.

Al respecto, estableció las siguientes consideraciones esenciales, las cuales se destacan únicamente en función de la materia que persiste en esta instancia decisoria, que es la relativa al método para el establecimiento de la garantía.

No son materia del recurso los efectos de la suspensión, porque no fueron combatidos en los agravios.

La consideración relativa a la necesidad de fijar garantía, para que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados tampoco fue controvertida y, por lo tanto, permanece inalterable, sin ameritar pronunciamiento alguno.

La Juez de Distrito, al pronunciarse sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, señaló que cuando los quejosos únicamente solicitan la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, debe resolver si concede o niega dicha medida cautelar exclusivamente respecto de éstas y cerciorarse de la existencia del acto; citó la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." y precisó que la quejosa pidió la medida cautelar para que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban y no se dictara sentencia en el recurso de apelación ********** del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

Conforme a lo anterior, la Juez de Distrito explicó los motivos por los cuales se pronunció sobre la suspensión provisional solicitada por la quejosa sólo respecto de las consecuencias de los actos reclamados.

Estas consideraciones no fueron controvertidas por la recurrente y en este aspecto los agravios son inoperantes, porque la Juez de Distrito explicó los motivos por los cuales se pronunció únicamente sobre las consecuencias del acto reclamado, en apoyo de lo cual citó las tesis de rubros: "AGRAVIOS INSUFICIENTES." y "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN."

Con apoyo en las consideraciones sustentadas en el recurso de revisión **********, relacionado con el **********, invocado como un hecho notorio con fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", el Tribunal Colegiado resolvió que contrariamente a lo afirmado por la inconforme sí existe un nexo causal entre el valor del inmueble materia de la litis y la determinación de un menoscabo o daño patrimonial y pecuniario que pudiera ocasionarse a los terceros perjudicados y desestimó los agravios respectivos.

La conclusión de la Juez de Distrito, en torno a que los daños y perjuicios se traducen en el detrimento de la calidad de vida no es el resultado de un capricho, sino del análisis e interpretación del artículo 169 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco en relación con el estudio del origen y las consecuencias de la anulación del acto reclamado.

No influyen en esta conclusión los argumentos del recurrente, relativos a que la Juez de Distrito resolvió el fondo del asunto respecto de la inconstitucionalidad de los preceptos que permiten a los particulares la posibilidad de promover la inconformidad, porque sus argumentos se dirigieron a demostrar que los terceros perjudicados sí resienten un daño conforme a la ley y en el juicio de amparo se analizará dicha facultad.

Aunado a lo anterior, la Juez de Distrito también señaló que la resolución emitida en el juicio de nulidad ********** podría tener como consecuencia la posible demolición de las torres en donde se encuentra el condominio de la quejosa, lo cual se encuentra obstaculizado por la medida cautelar decretada.

El entorno referido por la Juez de Distrito respecto de los antecedentes y consecuencias de la anulación del acto reclamado, la precisión de los efectos de la concesión de la suspensión provisional para paralizar la posible demolición de la torre en conflicto, lo cual sirvió de base para concluir cómo se originaban los daños y perjuicios a los terceros perjudicados, no fueron combatidos por la recurrente.

Los argumentos del recurrente de que no existe daño ni menoscabo con la edificación de un desarrollo habitacional, porque se trata de personas que se mudan de una ciudad en busca de una mejor calidad de vida; que no se trata de la construcción de un hotel con mejores y nuevas instalaciones que las de los hoteles terceros perjudicados; que es ilegal la cuantificación del perjuicio en función de la falta de renta de la habitación de un hotel por el término de ciento ochenta días, porque ninguna persona en su normal entender va a permanecer hospedado por ese lapso, son inoperantes, porque se trata de apreciaciones subjetivas sin fundamento, de cómo, a su entender, deben considerarse los daños y perjuicios, sustentadas, además, en situaciones hipotéticas.

En apoyo de esa determinación citó la jurisprudencia 2a./J. 88/2003, de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA."

Además, el artículo 125 de la Ley de Amparo establece que siendo procedente la suspensión, pero ésta pueda ocasionar un daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso exhibe garantía bastante para pagar el daño e indemnizar el perjuicio si no obtiene sentencia favorable.

Este precepto no exige la demostración toral de la existencia del daño o perjuicio, sino sólo que éstos se puedan ocasionar; por lo tanto, los lineamientos expresados por la Juez de Distrito, para precisar la forma en que pueden originarse los daños y perjuicios, no son exorbitantes, máxime cuando analizó el entorno del acto reclamado, que no fue refutado.

Lo anterior, aunado a que la facultad de la Juez para fijar la garantía es discrecional.

Al definir los daños y perjuicios y fijar la garantía la Juez de Distrito no introdujo elementos ajenos, como son los relacionados con la competencia leal y desleal, y prácticas monopólicas, sino que se apoyó en el detrimento, en el cambio de la calidad de vida y en la menor captación de turismo. En este aspecto, aunque señaló que las empresas terceras perjudicadas se inconformaron al verse afectadas en la calidad de vida de sus asentamientos, entendida como una merma en el desarrollo óptimo de las empresas de competencia leal, la Juez de Distrito no involucró el tema de la competencia desleal ni las prácticas monopólicas, sino que sólo hizo referencia al concepto de competencia leal.

Con apoyo en estos argumentos, el Tribunal Colegiado confirmó el auto impugnado.

(fojas 21 a 65 de la contradicción de tesis 52/2009).

CUARTO. Los antecedentes y las consideraciones de la ejecutoria de catorce de enero de dos mil nueve, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver por unanimidad de votos el recurso de queja **********, en lo conducente, son los siguientes:

La quejosa, **********, promovió el juicio de amparo indirecto **********, del cual conoció el mismo Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, esencialmente, en contra de las autoridades y actos reclamados que el caso anterior, de los cuales destacan la inconstitucionalidad de los artículos 169, 170, 402, 410, 411, 412 y 422 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en el juicio de nulidad **********; y la sustanciación del recurso de apelación ********** a cargo del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

Al igual que el caso anterior, la quejosa adujo no haber sido emplazada a ese juicio y solicitó el otorgamiento de la suspensión para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se dictara sentencia en el recurso de apelación ********** del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

La Juez de Distrito, en auto de siete de enero de dos mil nueve, formó por duplicado y cuenta separada al cuaderno principal, el incidente de suspensión y concedió la provisional, esencialmente en los mismos términos y condiciones que en el caso anterior, "... para que sin paralizar el procedimiento, se continúe con la tramitación del recurso de apelación **********, del índice del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, hasta la etapa previa al dictado de la resolución correspondiente y no se dicte ésta, como lo prevé el artículo 138 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, pues de emitirse dicha resolución podría causar al peticionario del amparo daños de difícil o imposible reparación ..."

Igualmente, para fijar el monto de la garantía tomó en consideración el precio de compraventa del departamento propiedad de la quejosa, establecido en el contrato privado respectivo, que en este caso fue de **********, los cuales multiplicados al tipo de cambio de **********, dieron como resultado la cantidad de ********** y estimó en seis meses el tiempo probable para la resolución del juicio de amparo.

Para cuantificar los daños, a esa cantidad aplicó el factor inflacionario anual de 6.23% publicado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México, por seis meses y obtuvo la cantidad de **********.

Con relación a los perjuicios, aplicó la tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de veintiocho días, proporcionada por el Banco de México, de 8.7% anual, la que multiplicada por seis meses y aplicada al valor de la compraventa dio un total de **********.

Conforme a lo anterior, la Juez de Distrito estableció que la suma de ambas cantidades da un total de **********, en la cual fijó la garantía correspondiente.

Inconforme con las condiciones de efectividad de la medida precautoria establecidas por la Juez de Distrito, la quejosa interpuso recurso de queja.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, mediante ejecutoria de catorce de enero de dos mil nueve, emitida en el recurso de queja **********, la declaró fundada y modificó el auto recurrido, al tenor de las siguientes consideraciones esenciales:

No son materia del recurso los efectos de la suspensión, porque esa decisión no afecta a la recurrente y no fue impugnada por la parte a quien, en su caso, pudiera perjudicarle.

Al conceder la suspensión provisional la Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fijó garantía por la cantidad de **********, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los terceros perjudicados con la concesión de dicha medida, bajo la consideración de que la suspensión del dictado de la resolución del recurso de apelación, conlleva necesariamente la de la ejecución de la sentencia de primera instancia dictada en el juicio natural, que declaró la nulidad de diversos actos administrativos con los cuales se autorizó la construcción del edificio donde se ubica la propiedad de la quejosa, lo que hacía posible su demolición.

La Juez de Distrito, al fijar el monto de la garantía, se apartó de criterios objetivos y apreció incorrectamente el artículo 125 de la Ley de Amparo, porque el valor de la propiedad no afecta el patrimonio de las empresas hoteleras terceras perjudicadas y actoras en el juicio de nulidad, además de que no se afecta su patrimonio ni se les causa perjuicio alguno, entendido este último como la ganancia lícita dejada de percibir por la falta de renta de alguna habitación.

La fijación de la garantía prevista en el artículo 125 de la Ley de Amparo para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, obedece a la necesidad de garantizar los daños y perjuicios que con el otorgamiento de esa medida y sus efectos pudieran ocasionarse a los terceros perjudicados, con la salvedad de que si sus derechos no son estimables en dinero, aquélla debe fijarse discrecionalmente.

Esta facultad discrecional debe ejercerse en forma objetiva, tomarse en cuenta los elementos del sumario para asegurarse si existen daños o perjuicios estimables o no en dinero que pudieran resentir los terceros perjudicados, en apoyo de lo cual citó la tesis II.2o.C. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS."

Entre otros actos, la quejosa reclamó la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en el juicio de nulidad **********.

La suspensión provisional de los actos reclamados, concedida para los efectos de que sin paralizar el procedimiento se continúe con la tramitación del recurso de apelación **********, del índice del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, hasta la etapa previa al dictado de la resolución correspondiente y no se dicte ésta, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, no genera afectación alguna en sentido económico, porque la resolución emitida por la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco no hizo declaratoria de algún derecho apreciable en dinero, sino sólo decretó la nulidad de algunas determinaciones emitidas por autoridades administrativas, la cual constituye una simple expectativa a favor de los actores en el juicio de nulidad, porque no ha adquirido firmeza jurídica, al haber sido recurrida a través del recurso de apelación previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; por lo tanto, no se trata de un derecho que en forma definitiva hubiera ingresado a su haber jurídico como sería la preservación del entorno en el cual se encuentran las instalaciones de las personas morales actoras, el que -según alegaron en el juicio natural- se afectó por las obras autorizadas a la sociedad mercantil tercera interesada en los actos administrativos plasmados en los documentos cuya nulidad se demandó y, en consecuencia, el otorgamiento de la suspensión provisional no afecta un derecho legítimamente tutelado.

Los términos en que fue otorgada la medida -los cuales no fueron impugnados-, no modifican el valor de los inmuebles de los hoteleros actores en el juicio de nulidad, terceros perjudicados en el juicio de amparo, porque la plusvalía es inherente a la propiedad del inmueble, no puede desmembrarse del mismo y recibirse cada determinado tiempo, pues forma parte de su valor intrínseco; por ello, la paralización de la ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, con motivo de la interposición del recurso de apelación y de la no demolición del inmueble que defiende, por el momento, no ocasiona daños o perjuicios a los terceros perjudicados, sobre todo porque la plusvalía de sus propiedades o inversiones no es materia de la litis en el juicio de origen y, por ello, no puede tomarse en cuenta para determinar si el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados pudiera afectarlos.

Tampoco se aprecia que la concesión del beneficio suspensional afectara la prestación del servicio de hospedaje de los terceros perjudicados, cuantificable en dinero, pues no existen elementos de convicción objetivos y eficaces que pongan de manifiesto esa circunstancia.

Con base en estas consideraciones esenciales, el Tribunal Colegiado concluyó que hasta el momento de resolver el asunto no se advierte necesidad de fijar garantía como requisito de efectividad de la suspensión provisional concedida; declaró fundado el recurso de queja y modificó el acuerdo recurrido, para establecer que es innecesario fijar alguna garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional otorgada, al no advertir, por el momento, que pudieran causarse daños o perjuicios a los terceros perjudicados.

(fojas 70 a 106 de la contradicción de tesis 52/2009).

Éstos son, en resumen, los antecedentes de los casos a estudio, los cuales se obtuvieron tanto de las correspondientes relatorías de los hechos efectuadas en las ejecutorias en conflicto como de las consideraciones rectoras de éstas.

QUINTO. La contradicción de tesis es improcedente.

La oposición de criterios se suscita cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia:

a) Examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ante las cuales adoptan conclusiones distintas;

b) Esa diferencia de opiniones se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Sus discernimientos provienen del examen de los mismos elementos.

Así lo establece la jurisprudencia número P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)

En el caso, ambos asuntos tienen como antecedentes juicios de amparo indirecto promovidos en contra de los artículos 169, 170, 402, 410, 411, 412 y 422 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; la sentencia dictada por la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en el juicio de nulidad **********, que declaró la anulación de diversos actos administrativos consistentes, esencialmente, en acuerdos, dictámenes y la licencia de construcción relacionados con la autorización de un desarrollo habitacional en la ciudad de **********; así como la sustanciación del recurso de apelación ********** en contra de dicha sentencia, ante el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

También en ambos asuntos los quejosos solicitaron la suspensión provisional de los actos reclamados para que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban y no se dictara sentencia en el recurso de apelación, la cual fue otorgada por la misma Juez de Distrito que conoció de los dos juicios de amparo, "... para que sin paralizar el procedimiento, se continúe con la tramitación del recurso de apelación **********, del índice del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, hasta la etapa previa al dictado de la resolución correspondiente y no se dicte ésta, como lo prevé el artículo 138 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, pues de emitirse dicha resolución podría causar al peticionario del amparo daños de difícil o imposible reparación ..." y en cada caso fijó garantía para resarcir a los terceros perjudicados de los posibles daños y perjuicios que pudieran resentir con su otorgamiento, en función del valor de los departamentos respecto de los cuales los quejosos adujeron ser propietarios, bajo la consideración esencial de que la suspensión del pronunciamiento del recurso de apelación, implicaba, a su vez, la suspensión de la sentencia dictada en el juicio de nulidad que, entre otras consecuencias, podría implicar la demolición de dichos inmuebles.

En ambos casos, los quejosos interpusieron recursos de queja en los cuales impugnaron, esencialmente, el establecimiento de la garantía para efectos de la suspensión provisional, tema que fue resuelto de manera distinta por cada órgano jurisdiccional.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la ejecutoria de trece de enero de dos mil nueve, emitida en el recurso de queja ********** considera, esencialmente, que sí existe u

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21993-94be4276/contradiccion-de-tesis-debe-declararse-improcedente-la-denuncia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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