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Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2009. · Registro digital (IUS): 21991
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, , Pág. 1537.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo indirecto ***********, del índice del Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, de donde derivó uno de los criterios en conflicto.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión *********** en sesión de dieciocho de febrero del año en curso, en lo conducente, consideró:

"VI. Son jurídicamente ineficaces los agravios expuestos por la parte quejosa. En una parte de ellos, la aludida recurrente argumenta que reclamó los Acuerdos Legislativos 209 LVIII-07 y 213 LVIII-07, emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco, y los demás actos de la misma autoridad y otras que fueron señaladas como responsables, como antecedentes y consecuencias de los citados acuerdos legislativos, los cuales demostró eran violatorios de garantías por ser contrarios a la legalidad, seguridad jurídica, igualdad, audiencia y defensa previa, por lo que debió concedérsele el amparo. De igual forma, aduce la inconforme que el Juez de Distrito olvidó que el argumento toral del primero de los conceptos de violación, fue la aplicación retroactiva que hicieron en su perjuicio, del contenido de los artículos 56, 60 y 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, cuando habían adquirido la inamovilidad en sus puestos como Magistrados del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, con anterioridad a la reforma ocurrida en mil novecientos noventa y siete, sin que sea obstáculo que no hubiera impugnado la inconstitucionalidad del numeral 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, porque ese numeral no fue el que violó sus garantías individuales. Asimismo, expone la recurrente que el Juez de Distrito incumplió la obligación que le imponen los artículos 76 a 79 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por no haber resuelto todas las cuestiones que se hicieron valer en los conceptos de violación. Son inoperantes los argumentos antes sintetizados. Se colige lo anterior, en razón de que los argumentos planteados por la parte recurrente van encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, es decir, al estudio de fondo del asunto, lo cual no puede realizarse en virtud del sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, ya que el sentido del fallo recurrido le impedía legalmente abordar tal estudio, pues de lo contrario, su proceder sería incongruente, dado que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Sobre el tema, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 52/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y cuatro, del Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.’. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la parte recurrente argumente que en el primero de sus conceptos de violación, alegó la aplicación retroactiva del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, porque habían adquirido la inamovilidad en sus puestos como Magistrados del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, con anterioridad a la reforma ocurrida en mil novecientos noventa y siete. En efecto, a fin de que pudieran analizarse los argumentos antes referidos, era necesario que el juicio de garantías fuera procedente contra el acto reclamado (la no ratificación como Magistrados del órgano antes citado), en razón de que el estudio relativo a si el numeral de que se trata fue o no aplicado de manera retroactiva, involucra el examen de fondo de la controversia, el cual no puede abordarse con motivo del sobreseimiento decretado; máxime, que como reconoce la propia recurrente, no controvirtió constitucionalidad del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; de ahí que tampoco es dable señalar que tal causal de improcedencia implique a su vez cuestiones de fondo, por lo que no puede desestimarse por esa razón. Además, de la demanda de amparo se advierte que el argumento relativo a la aplicación retroactiva del artículo 61 referido, consistió en que su modificación constituía una adición que facultaba al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a realizar un dictamen técnico en el que analizaba y opinaba respecto del desempeño de los Magistrados que lo integraban, lo que no les resultaba aplicable porque habían adquirido la característica de inamovibles en el desempeño de sus cargos. Por ello, si el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en razón de que la determinación del Congreso del Estado de Jalisco, relativa a la no ratificación de la parte recurrente, constituía una resolución o declaración soberana que la Constitución Local le confirió; el agravio que ahora hace valer es ineficaz para revocar dicha determinación, porque el planteamiento realizado en sus conceptos de violación, no va dirigido a reclamar la soberanía de que fue investida la facultad del Congreso para determinar la ratificación o no de los Magistrados del órgano de que se trata. Así es, el agravio en comento es insuficiente para revocar el sobreseimiento decretado por el a quo, en razón de que el dictamen técnico a que se refiere el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, cuya aplicación retroactiva alega la parte recurrente, constituye un instrumento que contiene datos objetivos sobre la actuación jurisdiccional de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad federativa, así como la opinión de los propios integrantes del órgano jurisdiccional, que no vincula al Poder Legislativo en el procedimiento de ratificación, es decir, que no lo obliga a decidir en el mismo sentido que dicho dictamen, precisamente por la facultad soberana que la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Constitución Política, todas del Estado de Jalisco, otorgan al Congreso Local sobre la ratificación o no de los mencionados servidores judiciales, aspectos que no controvirtió la recurrente; de ahí lo ineficaz de su agravio. Sobre el tema, resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 101/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página un mil doscientos ochenta y cuatro, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE NO ES VINCULANTE PARA EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.’. En otra parte de los agravios, la recurrente argumenta que no existe razón lógica para que el a quo mencionara la posible actualización de diversas causales de improcedencia, cuando ni siquiera realizó su estudio y análisis, expresando las razones de hecho, los fundamentos de derecho y las argumentaciones lógicas indispensables para adecuarlas al caso concreto, lo que la deja en estado de indefensión por no poder desestimarlas en el presente recurso. Asimismo, la parte quejosa argumenta que el Juez mencionó como posible causa de improcedencia, el fallecimiento del quejoso ***********, sin que expresara las razones de hecho, los fundamentos de derecho y las argumentaciones lógicas indispensables para adecuarlas al caso concreto, a fin de establecer porqué se actualizaría tal causa de improcedencia, cuando lo cierto es que de concederse el amparo podría restituírsele al mismo quejoso, en persona de sus herederos, el perjuicio patrimonial que le causaron las autoridades responsables al violar sus derechos individuales, restituyéndolo de todas aquellas prestaciones de carácter económico que le privaron. En el mismo sentido, la parte quejosa sostiene que el a quo no precisó cuál fue la eventualidad o fundamentos tratados en el toca del amparo en revisión ***********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, lo que la deja en estado de indefensión. Son inoperantes los argumentos antes referidos. Se colige lo anterior, en razón de que el Juez de Distrito determinó que procedía sobreseer en el juicio de garantías, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en razón de que dicho juicio es improcedente en contra de resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o sus respectivas comisiones, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que se trate de los supuestos en que la Constitución Local les confiera la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. De lo que resulta evidente que la parte recurrente no controvierte cabalmente esas consideraciones expresadas por el Juez Federal en el fallo recurrido, pues se concreta a señalar que no existía razón lógica para que el a quo mencionara la posible actualización de diversas causales de improcedencia, sin realizar su estudio y análisis; que el fallecimiento del quejoso ***********, no constituye una posible causa de improcedencia; y, que el a quo no precisó cuál fue la eventualidad o fundamentos tratados en toca del amparo en revisión ***********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, lo que la deja en estado de indefensión; empero, no se controvierten las consideraciones expuestas por el Juez Federal, en el sentido de que el juicio resultaba improcedente en contra de actos emitidos en forma soberana por el Congreso Estatal, como era el caso de los actos reclamados. Sobre el tema, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y tres, del tomo 19-21, julio-septiembre de 1989, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.’. De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y uno, del Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.’. En una parte más de los agravios, la parte quejosa argumenta que es incorrecto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, porque dentro del texto de la causa de improcedencia no se infieren oraciones gramaticales, verbos, sustantivos y adjetivos utilizados por el legislador federal, que pretendan significar que la potestad a que se refiere la norma, se configure cuando sea ejercida por la autoridad que gozare de independencia y no requiriese injerencia externa para adoptar sus decisiones, porque ni la soberanía ni la discrecionalidad son sinónimos de independencia ni autonomía. De igual forma, la parte quejosa recurrente sostiene que si se desentrañara el significado gramatical de lo establecido en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Am

aro, no se podría concluir que los funcionarios a quienes se refirió el legislador al redactar el texto de la norma, pudiesen incluir a los Magistrados de los Poderes Judiciales de los Estados, ni que las resoluciones o declaraciones mencionadas en dicho dispositivo, incluyan a los acuerdos legislativos que llegare a pronunciar el Congreso de una entidad federativa respeto de dichos funcionarios. Asimismo, la inconforme afirma que para desentrañar el significado de la norma, además del método gramatical, deben aplicarse los métodos exegético e histórico, con los cuales se concluirá que el fin del legislador fue impedir que se utilizara el juicio de amparo para proteger derechos políticos electoralmente adquiridos, ya que cuando la Ley de Amparo fue promulgada, correspondía al Poder Legislativo constituirse en colegio electoral, para el propósito de calificar el resultado de las elecciones y determinar quiénes debían ocupar los cargos de regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados y senadores, de modo que si no se hubiera incluido en el artículo como causal de improcedencia en el artículo 73, se hubieran multiplicado los casos contendientes en las urnas que habrían acudido inevitablemente a solicitar la protección de la Justicia Federal. En el mismo sentido, la parte quejosa manifiesta que los actos reclamados no son de naturaleza eminentemente política, sino que se trata de actos de autoridad violatorios de derechos individuales, sobre los cuales no es aplicable el contenido del precepto legal en comento, como ha determinado la jurisprudencia y la doctrina, al ocuparse de la interpretación del precepto de que se trata. Además, la parte quejosa argumenta que los funcionarios a que se refiere el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, no pueden ser otros que los integrantes del propio Poder Legislativo, o de los órganos para-legislativos, a través de los cuales ejerza dicho poder las funciones que le son propias, por así inferirse del texto de tal norma, ya que únicamente se refiere al Congreso Federal, a las Cámaras que constituyen a las Legislaturas de los Estados y a sus respectivas comisiones o Diputaciones Permanentes, sin que mencione a ninguno de los demás poderes de gobierno, lo que es explicable si se toma en consideración que sería impropio que los empleados del Poder Legislativo puedan oponerse a su remoción, designación, reasignación o cualquier otra acción análoga, recurriendo al juicio de amparo, lo que rompería el principio de autonomía de los poderes de gobierno. En el mismo tenor, la parte quejosa sostiene que si el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, no hace mención expresa de los funcionarios integrantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, no existe razón válida para suponer que el legislador quisiera referirse a tales funcionarios, sin que sea suficiente para entenderlo así, el hecho de que dicho numeral refiera ‘los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente’, porque el verbo ‘facultar’ utilizado, aparece empleado como la acción atribuida al sujeto ‘Poder Legislativo’, respecto de objetos en los que debería recaer el motivo de su hacer ‘los casos de los funcionarios a quienes debe nombrar, cesar o remover.’. De igual forma, la recurrente afirma que no son impugnables los nombramientos de los funcionarios de elección popular y directa, respecto de los cuales el Poder Legislativo deba pronunciarse, como serían los bandos solemnes que declaran a los titulares del Ejecutivo Federal o Local; lo que no ocurre respecto de funcionarios cuyas designaciones, remociones o ratificaciones, deban ser sujetas o propuestas a las determinaciones de otros poderes de gobierno, o que se encuentran sometidas a requisitos previstos en la Constitución Federal, como es el caso de los integrantes de los Poderes Judiciales (Federal y de los Estados), cuyas designaciones, remociones o ratificaciones deben hacerse a propuestas de los Consejos de las Judicaturas o de los titulares de los Poderes Ejecutivos, o sujetos a los requisitos y condiciones previstos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal de la República, numeral al cual debe sujetarse el Congreso Local, por lo que no tiene la potestad discrecional ni soberana para realizar los actos reclamados, independientemente de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, porque éstos no pueden estar por encima de lo establecido en nuestra Ley Fundamental. Por último, la parte quejosa sostiene que cuando son impugnadas las resoluciones emitidas por el Congreso del Estado de Jalisco, para nombrar, remover o ratificar a los funcionarios públicos, por ‘primera persona’ directamente interesada, por tratarse del ocupante del puesto de que se trate, no será aplicable la causa de improcedencia ponderada por el a quo, por existir un derecho adquirido por esa persona desde que comenzó a desempeñar el cargo, para seguir ocupándolo bajo determinadas y ciertas condiciones previamente estipuladas por la ley de la materia. Son infundados los argumentos antes planteados. En efecto, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, en el caso a estudio, sí se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establece: ‘Artículo 73. ...’. El precepto legal transcrito, prevé la improcedencia del juicio de garantías en contra de resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o sus respectivas comisiones, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que se trate de los supuestos en que la Constitución Local les confiera la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Esto es, conforme al texto de la disposición invocada, para que se surta la causa de improcedencia es preciso que, de alguna manera, la Constitución Local le confiera al Congreso del Estado (con inclusión de sus respectivas comisiones) la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. A fin de obtener el sentido que debe atribuirse a las características de soberanía y discrecionalidad, que el precepto examinado dispone como aquellas que precisan revestir las facultades de los órganos legislativos, para que se estime que los actos emitidos en uso de ellas se encuentran contenidos en el supuesto de improcedencia de la acción constitucional de que se trata, debe acudirse en primer lugar, a la interpretación gramatical, y en caso de que ese método no proporcione la significación adecuada, que guarde coherencia con el texto normativo, sólo entonces podrá atenderse a algún sistema de interpretación distinto, pues debe partirse de la base de que en la ley se utilizan las palabras en su acepción más común; por tanto, cuando surjan conflictos normativos, dentro del propio texto de la disposición relativa o con relación a lo dispuesto en norma diversa, de igual, mayor o menor jerarquía, exclusivamente en tal supuesto, en atención al caso concreto, será aceptable que el intérprete de la norma se apoye en algún método distinto al gramatical. El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española (vigésima segunda edición, Madrid, España, 2001) proporciona diversas acepciones del vocablo facultad y de los adjetivos soberano y discrecional, así como de otras palabras relacionadas con tales términos. Entre otros significados, se observan los siguientes: ‘Facultad. (Del lat. facultas, - ). 1. f. Aptitud, potencia física o moral. U. m. en pl. 2. f. Poder, derecho para hacer algo ...’. ‘Soberano, na. (Del b. lat. *superanus). 1. adj. Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Apl. a pers., u. t. c. s. ...’. ‘Supremo, ma. (Del lat. supremus). 1. adj. Sumo, altísimo. 2. adj. Que no tiene superior en su línea. ...’. ‘Independiente. 1. adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 2. adj. autónomo. 3. adj. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena. ...’. ‘Discrecional. (De discreción). 1. adj. Que se hace libre y prudencialmente. 2. adj. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas. ...’. ‘Discreción. (Del lat. discretio, -onis). 1. f. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. ... 3. f. Reserva, prudencia, circunspección. A (discreción) 1. loc. adv. Al arbitrio o buen juicio de alguien. ...’. Las acepciones contenidas en el instrumento de consulta referido llevan a considerar, que la facultad es el derecho que alguien tiene y que está en aptitud de ejercerlo. Tal facultad amerita calificarse como soberana, cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. La propia facultad será discrecional, cuando se ejerza conforme al propio arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma ‘arbitraria’, sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. Como se ve, el sentido gramatical de los vocablos referidos permite concluir, que la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso del Estado o sus respectivas comisiones, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que la Constitución Política del Estado les confiera a tales entes, la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna. Una vez establecido que el sentido que debe atribuirse a las características de soberanía y discrecionalidad, que el precepto examinado dispone, debe hacerse con base al sentido gramatical de dichos vocablos, es procedente analizar si las facultades que la Constitución Política del Estado de Jalisco confiere en sus artículos 12, fracción II, inciso b), 35, fracción IX, 60 y 61 tienen la naturaleza de soberanas y discrecionales, o bien, si son atribuciones que se encuentren sujetas a la decisión de terceros o que el Congreso deba ejercerlas en forma determinada, es decir, despojado de su arbitrio y decisión prudente. Los citados artículos establecen: ‘Artículo 12. ...’. ‘Artículo 35. ...’. ‘Artículo 60. ...’. ‘Artículo 61. ...’. Por su parte, los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, disponen: ‘Artículo 219. ...’. ‘Artículo 220. ...’. Del contenido de los numerales antes anotados, en resumen, se advierte que el procedimiento de ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, es una facultad discrecional y soberana que le compete únicamente al Congreso del Estado (Poder Legislativo) y que en dicho procedimiento no intervienen otros poderes (Ejecutivo o Judicial), pues el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, únicamente interviene en la elaboración de un dictamen técnico en el que analiza y emite su opinión sobre la actuación y desempeño del Magistrado. Esto es, la actuación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, se limita a la elaboración del dictamen técnico antes citado; empero, sin facultades de recomendación, menos aún decisorias o vinculatorias, pues el Congreso del Estado es quien decide si ratifica o no al Magistrado o Magistrados de dicha dependencia; es decir, es el propio Poder Legislativo, sin injerencia de los demás poderes de la entidad u organismo diverso, el que ejerce la facultad soberana de ratificar a los Magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia; tan es así, que la propia Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los numerales que han quedado transcritos en el párrafo precedente, establecen y reiteran esa facultad soberana del Congreso Local sobre el procedimiento de ratificación de los mencionados servidores públicos. En efecto, los preceptos transcritos permiten considerar que el Congreso del Estado de Jalisco, tiene la facultad exclusiva de ratificar, mediante votación calificada (dos terceras partes de los diputados presentes), a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, pues así lo dispone el texto normativo que confiere tal facultad y describe la manera en que debe ejercerse. En el caso concreto, el sentido en que los artículos 35, fracción IX y 61 de la Constitución Política del Estado se encuentran redactados permite advertir, sin lugar a dudas, que la facultad de ratificar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, conferida por la Constitución Local al Congreso, es de naturaleza autónoma, en tanto que la Ley Fundamental no exige que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Congreso de Jalisco, es un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en los artículos 11, 12 y 17 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. De manera que, cuando el Congreso del Estado de Jalisco ratifica o no a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y soberana porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el Texto Constitucional Local, en cumplimiento al propio mandato de la Ley Local Suprema; por ello, la decisión del órgano legislativo en ese sentido, se encuentra revestida de significación constitucional (local) relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana. Ahora bien, si respecto de la ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en uso de la facultad soberana que le otorga la Constitución Política del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por mayoría de razón, este supuesto tendrá lugar, cuando se reclame cualquier otro acto emitido por el propio Congreso dentro del procedimiento instaurado para tal efecto, pues si la acción constitucional no procede contra el acto por el que determinó la no ratificación como Magistrados de los quejosos, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, mucho menos procederá dicha acción de amparo contra cualquier otro acto acaecido como consecuencia de éste. Lo anterior se patentiza, si se toma en cuenta que la causa de improcedencia que se analiza no atiende, como otros supuestos de improcedencia, a la etapa del procedimiento en que el acto correspondiente se emita, sino que dicha causa se refiere, exclusivamente, al origen del acto, esto es, a que provenga de la autoridad legislativa correspondiente, en elección, ratificación, suspensión o remoción de funcionarios, cuando la Constitución (Federal o Local según sea el caso) le confiera la facultad soberana o discrecional para ello. De modo que el supuesto de improcedencia de que se trata, se actualiza cuando se reclame en el juicio de garantías, algún acto emitido con motivo de la elección, ratificación, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que el órgano legislativo esté dotado constitucionalmente de la facultad soberana o discrecional para decidir al respecto, con independencia de que el acto se emita dentro del procedimiento o se trate de la decisión que elija, suspenda o remueva al funcionario respectivo, es decir, la determinación con que el procedimiento culmine. Las consideraciones anteriores, se apoyan en la tesis LXXXIX, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el texto de la ejecutoria que la sustenta, cuyos razonamientos y consideraciones hace propios este Colegiado, dada la similitud y analogía que guarda con este asunto. La tesis aludida es del rubro y texto: ‘COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’. La transcrita tesis resulta aplicable por analogía a este asunto, porque aunque se refiere a la facultad soberana del Senado de la República en la elección del titular de un organismo públi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21991-77209f03/magistrados-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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