DOTACIÓN DE TIERRAS. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PENDIENTE DE EJECUCIÓN NO GENERA DERECHOS INDIVIDUALES A LOS INTEGRANTES DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN FAVORECIDO. DOTACIÓN DE TIERRAS. LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN BENEFICIADO NO PUEDEN CEDER DERECHOS SOBRE LA PARTE ALÍCUOTA QUE LES CORRESPONDE, EN TANTO NO SE HAYA EJECUTADO TOTALMENTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción se refiere a la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado Heriberto Leyva García, titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11 con sede en Guanajuato, Guanajuato, que intervino en su calidad de autoridad responsable en los juicios de amparo en que se sustentaron los criterios acusados como contradictorios.
TERCERO. Las ejecutorias denunciadas como contradictorias en la parte conducente señalan:
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.
Amparo directo administrativo 35/2006.
"... Esgrime el quejoso que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, porque contrario a lo que consideró la responsable, en el caso se encuentra acreditada la capacidad legal de las partes para obligarse y el objeto materia del contrato, con la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario dentro del expediente 420/94, con la que se dotó a un nuevo centro de población ejidal, el predio denominado ‘La Recibidora’, ubicado en el Municipio de Celaya, Guanajuato, en beneficio de treinta campesinos entre ellos, el demandado, Marcos Ramírez Arias. El anterior argumento es fundado como antes se adelantó. De acuerdo con los antecedentes del caso, José Antonio Sánchez Pacheco, ahora quejoso, demandó de Marcos Ramírez Arias la declaración de existencia, legalidad y eficacia jurídica del contrato privado de cesión de derechos agrarios de fecha quince de octubre de dos mil, que fueron concedidos al demandado por el Tribunal Superior Agrario, en la sentencia de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro dictada en el expediente 420/94 sobre dotación de tierras al nuevo centro de población ejidal denominado ‘José Ma. Morelos y Pavón’, del Municipio de Celaya, Guanajuato; el reconocimiento de la calidad de ejidatario; la pérdida de dicha calidad del demandado; y la orden para que se expida el certificado de derechos agrarios, debidamente inscrito en el Registro Agrario Nacional. Por su parte, el demandado en la audiencia de catorce de junio de dos mil cuatro, al contestar el escrito inicial negó haber suscrito el contrato de cesión, el cual dijo, no reúne los requisitos de ley, porque el procedimiento de dotación de tierras se siguió bajo el amparo de la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual en sus artículos 52 y 53 prohíben la enajenación y cesión de derechos agrarios, además de que tampoco se reúnen los requisitos previstos en el ordinal 80 de la Ley Agraria vigente, porque el supuesto cedente no es ejidatario ni avecindado y tampoco se notificó al Registro Agrario Nacional de la cesión ni a su cónyuge e hijos para que se ejerciera el derecho del tanto. Admitida que fue la demanda, el diecisiete de octubre de dos mil cinco, el tribunal agrario dictó la sentencia correspondiente, en la que resolvió sustancialmente, que no se acreditó en juicio que el demandado Marcos Ramírez Arias, en la fecha de elaboración del convenio, hubiere gozado de la calidad de ejidatario o hubiese sido titular de algún derecho agrario para poder comprometerse o convenir sobre el mismo; que si bien en la sentencia de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, se tuvo al demandando como integrante de una lista de treinta capacitados en términos de los artículos 198 y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, eso no le confiere la calidad de ejidatario ni derecho individual alguno sobre la tierra de la que fue dotada el nuevo centro de población ejidal denominado ‘José María Morelos y Pavón’, por lo que el demandado carecía de legitimación para ceder la posesión o el derecho agrario que les fue dotado a las treinta personas y no a él en lo particular. Ahora bien, a fojas 6 a la 21 del juicio agrario, consta copia simple de la sentencia de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictada dentro del juicio agrario 420/94 sobre dotación de tierras para un nuevo centro de población ejidal denominado ‘José Ma. Morelos y Pavón’, la cual se dictó con motivo de la solicitud efectuada por un grupo de treinta campesinos, el treinta de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, esto durante la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual fue derogada por la Ley Agraria publicada el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en el artículo tercero transitorio de la nueva Ley Agraria, se dispuso que los asuntos que en esa fecha (febrero de 1992), se encontraran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, se les seguiría aplicando la Ley Federal de Reforma Agraria derogada. En esa misma fecha, también se publicó la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en cuyo artículo cuarto transitorio, fracción II, se dispuso que los asuntos que se encuentren en trámite, pendientes de resolución definitiva, se pondrán en estado de resolución y una vez integrados los expedientes, los asuntos relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, así como creación de nuevos centros de población ejidal, se turnaran al Tribunal Superior Agrario para que los resuelva, lo que explica el que haya sido este tribunal quien dictó la resolución en el juicio de origen. Así, para resolver el problema planteado, es necesario acudir a la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, particularmente a la parte correspondiente a las sentencias dictadas en los procedimientos de dotación de tierras y aguas, y su ejecución. La dotación de tierras y aguas tiene como objetivo primordial conferir a los núcleos de población tierras, bosques o aguas para satisfacer sus necesidades, cuando carezcan de ellas o no las tengan en cantidad suficiente, siempre que los poblados existan cuando menos con seis meses de anterioridad a la fecha de la solicitud respectiva, conforme al artículo 195. En el libro quinto de la mencionada ley, se regula el procedimiento para la dotación, el cual se divide en dos instancias: En la primera, contenida en los artículos 286 al 303, se publica la solicitud de dotación o el acuerdo que inicie el procedimiento de oficio en el Diario Oficial de la Federación, en los ciento veinte días siguientes a la publicación, la Comisión Agraria Mixta realizará los siguientes trabajos: a) Formación del censo agropecuario del poblado solicitante; b) Levantamiento del plano, con las siguientes especificaciones: zona urbana, terrenos comunales, propiedades inafectables, ejidos provisionales o definitivos que existan dentro del radio de afectación y porciones de las fincas afectables; y c) Informe escrito complementario del plano, conteniendo datos sobre ubicación del núcleo peticionario, extensión y calidad de las tierras, principales cultivos y producción media, así como las condiciones agrológicas, climatológicas y económicas de la localidad. En el censo agrario en particular, se incluirán a todos aquellos individuos, miembros del núcleo de población, que reúnan los requisitos fijados por el artículo 200, especificando su sexo, estado civil, ocupación, relaciones de dependencia económica dentro de la familia, superficie de tierra, útiles de labranza y número de cabezas de ganado que posean. Los miembros de la junta censal podrán hacer las observaciones que estimen pertinentes y la Comisión Agraria Mixta pondrá a la vista de los campesinos solicitantes y de los propietarios afectados, los trabajos censales para que en el término de diez días hagan sus observaciones y aporten las pruebas documentales que las apoye; si éstas resultan fundadas la Comisión Agraria rectificará los datos objetados. Dentro del término de quince días contados a partir de la fecha en que quede integrado el expediente, la Comisión Agraria Mixta formulará dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la dotación, el cual será sometido a consideración del Ejecutivo Local, para que éste resuelva en un término no mayor de cinco días. Si el funcionario no dicta su mandamiento en el plazo indicado, se estimará negativa su decisión, turnándose el expediente a la Secretaría de la Reforma Agraria para que se resuelva en definitiva. Si es la Comisión Agraria la que no formula dictamen dentro del plazo legal, el Ejecutivo Local dictará la resolución que estime procedente y ordenará su ejecución. Otorgada la posesión provisional, el núcleo agrario es legítimo poseedor y goza de plena personalidad jurídica, con derecho a crédito y a todas las garantías económicas y sociales que establece la ley. La Secretaría de la Reforma Agraria revisará el expediente que le envíe el delegado, para tramitar la segunda instancia dentro de la cual, una vez analizado se turnará al cuerpo consultivo agrario quien dictará el dictamen que contendrá los considerandos técnicos y los puntos resolutivos que proponga, así como un análisis minucioso del procedimiento de primera instancia destacando las fallas observadas. Especialmente se hará notar si los propietarios, presuntos afectados, fueron notificados en los términos de los artículos 275 y 329. Si las notificaciones se omitieron o se practicaron irregularmente, el secretario de la Reforma Agraria, mandará que se hagan correctamente, a fin de que dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la notificación, los presuntos afectados aporten pruebas y alegatos. Con apoyo en dichos dictámenes se proyectarán las resoluciones respectivas para ser sometidas a la aprobación del presidente de la República. El contenido de las resoluciones presidenciales es el siguiente: a) Resultandos y considerandos en que se informen y se funden; b) Datos relativos a propiedades afectables e inafectables, localizadas en el plano informativo correspondiente; c) Los puntos resolutivos que fijarán las tierras y aguas que se otorgan y la cantidad con las que cada una de las fincas afectadas contribuya; d) Unidades de dotación que se constituyen, superficies para uso colectivo, zona de urbanización, parcela escolar, unidad agrícola industrial para la mujer, el número y nombre de los campesinos dotados y de aquellos cuyos derechos queden a salvo; y e) Los planos proyectos de ejecución. Las resoluciones presidenciales, los planos respectivos y la lista de los beneficiarios, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en los Periódicos Oficiales de las entidades correspondientes, y se remitirán a las delegaciones respectivas de la Secretaría de la Reforma Agraria para su ejecución. La ejecución de las resoluciones presidenciales en que se otorgan tierras por restitución, dotación complementaria, ampliación o creación de nuevos centros de población, comprende: a) La notificación a los comisariados ejidales, así como a los propietarios afectados y colindantes, a quienes se les notificará por oficio con una anticipación no menor de tres días a la fecha de la diligencia de posesión; b) El envío de las copias necesarias de la resolución presidencial para su conocimiento y publicación; c) El acta de apeo y deslinde de las tierras concedidas y el señalamiento de los plazos para levantar cosechas, conservar el uso de las aguas y para desocupar las tierras de agostadero de conformidad con los artículos 302 y 303; d) La determinación y localización de las tierras laborables, de la parcela escolar, de la unidad agrícola industrial para la mujer, de la zona de urbanización y de las tierras no laborables en las que se pueda realizar una explotación útil para la comunidad; e) La expedición de certificados de derechos agrarios. El Delegado Agrario en unión del Comisariado Ejidal hará la entrega material de las parcelas en los términos aprobados por la Asamblea General y por la Secretaría de la Reforma Agraria, recorriendo la colindancia de cada una de ellas y levantando una acta general que firmarán quienes intervengan en la diligencia. La Reforma Agraria (sic) expedirá los certificados de derechos agrarios correspondientes, los cuales inscribirá en el Registro Agrario Nacional y entregará a los interesados por conducto del comisariado. En caso de que los titulares de parcelas no estén conformes con la asignación de parcelas, pueden ocurrir a la Comisión Agraria Mixta en los términos de los artículos 395, 396, 397 y 398 solicitando la nulidad del parcelamiento. La Delegación Agraria informará a la Reforma Agraria (sic) inmediatamente, todos los pormenores de la ejecución (artículos 304 al 317). De esta manera, se puede concluir que con la resolución emitida en el procedimiento sobre dotación de tierras, en este caso dictada por el Tribunal Superior Agrario, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Agraria, el ejido o nuevo núcleo de población ejidal y los beneficiarios, sí adquieren derechos ejidales y no únicamente una expectativa de ellos. En efecto, conforme a la Real Academia de la Lengua Española, (sic) expectativa es cualquier esperanza de conseguir una cosa, si se depara la oportunidad que se desea; se define también como la posibilidad de conseguir un derecho, herencia, empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé; esto es, es la esperanza o posibilidad jurídica de obtener una ventaja o bien, que todavía no se realiza. En tanto que un derecho constituido es la ventaja o bien jurídico de que es poseedor un titular del derecho. Así, al existir una resolución que dotó de tierras al núcleo de población, es evidente que de ella emanan derechos no únicamente para el ejido en sí, sino también para los solicitantes que resultaron beneficiados, de acuerdo con lo siguiente: El artículo 305, fracción IV, de la Ley Federal de Reforma Agraria, prevé: ‘Artículo 305. Las resoluciones presidenciales contendrán: ... IV. Las unidades de dotación que pudieron constituirse, las superficies para usos colectivos, la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer y la zona de urbanización, el número y nombres de los individuos dotados, así como el de aquéllos cuyos derechos deberán quedar a salvo.’. Por su parte, los ordinales 307, fracción IX, 308, 315 y 316 de la ley en consulta, establecen: ‘Artículo 307. La ejecución de las resoluciones presidenciales que concedan tierras por restitución, dotación, ampliación o creación de un nuevo centro de población, comprenderá: ... IX. Entretanto se efectúa el fraccionamiento definitivo de las tierras de cultivo, cuando ésta deba operarse, se expedirán también certificados de derechos agrarios que garanticen la posesión y el disfrute de las superficies que hayan correspondido a cada ejidatario en el reparto derivado de la posesión provisional que deberá hacerse de acuerdo con las bases establecidas para el fraccionamiento y la distribución de las unidades individuales de dotación.’. ‘Artículo 308. Las resoluciones de dotación se tendrán por ejecutadas al recibir los campesinos las tierras, bosques o aguas que se les hayan concedido. Este hecho se hará constar mediante el acta de posesión y deslinde correspondiente, en la que firmarán y pondrán su huella digital los miembros del comisariado, sin requerir ulterior procedimiento de aprobación, salvo inconformidad de los núcleos agrarios. En este caso, la Secretaría de la Reforma Agraria ordenará la investigación, recibirá las pruebas de los interesados y entregará sus resultados al cuerpo consultivo; con estos elementos se formulará un dictamen en el plazo de noventa días, que se someterá a acuerdo del secretario de la Reforma Agraria, quien resolverá lo conducente en el término de quince días.’. ‘Artículo 315. Hecha la asignación de las unidades de dotación en los términos del artículo 72 de esta ley, el delegado agrario, acompañado del comisariado ejidal, hará entrega material de ellas en los términos aprobados por la propia secretaría y por la asamblea general de ejidatarios, recorriendo las colindancias de cada una, con lo que tendrá por consumada la posesión definitiva de las unidades de dotación. De la diligencia de posesión se levantará un acta general que suscribirán un funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria, el comisariado y los beneficiados, quienes además pondrán su huella digital ...’. ‘Artículo 316. La Secretaría de la Reforma Agraria procederá a expedir los certificados correspondientes, de acuerdo con el acta mencionada en el artículo anterior, y los entregará a los interesados por conducto del comisariado ejidal, después de haber sido inscritos en el Registro Agrario Nacional.’. De acuerdo con los anteriores preceptos, con la resolución del Tribunal Superior Agrario se asignarán las unidades de dotación a los solicitantes que conforme al censo, demostraron tener capacidad para obtener una unidad de dotación; sin embargo, estas personas no sólo son ‘capacitados’ para adquirir dicha dotación, sino que además son beneficiarios con la dotación determinada por el tribunal, tan es así que sus nombres deberán constar en la sentencia correspondiente por ser los ‘individuos dotados’ y a quienes se les expedirán los certificados parcelarios que les serán entregados por la Secretaría de la Reforma Agraria, después de que se inscriban en el Registro Agrario Nacional, como lo establecen los artículos 307, fracción IX y 316 citados. Asimismo, la sentencia dotatoria sólo se tendrá por ejecutada una vez que las tierras se hayan entregado a los campesinos beneficiados. Lo anterior significa que los derechos adquiridos con la entrega de las parcelas y de los certificados parcelarios correspondientes a cada uno de los beneficiarios, emanan no de la ejecución, sino de la sentencia dotatoria cuyos efectos se ven materializados al ejecutarse, por lo que contrario a lo que sostuvo la responsable, el que se encuentre pendiente de ejecución una resolución dotatoria, no implica que los beneficiarios no formen parte del ejido constituido o que no tengan derechos como ejidatarios. Este antecedente lo confirman los artículos 64, 66 y 68 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que establecen respectivamente, que cuando los campesinos beneficiados en una resolución presidencial dotatoria manifiesten en asamblea general que no quieren recibir los bienes objeto de dicha resolución, por decisión expresa cuando menos del noventa por ciento de sus componentes, tales bienes quedarán a disposición del Ejecutivo Federal; que antes de que se efectúe el fraccionamiento y la adjudicación de parcelas, los ejidatarios en particular tendrán los derechos que proporcionalmente les correspondan para explotar y aprovechar los diversos bienes ejidales, de acuerdo a lo estatuido en dicha ley; y que el ejidatario cuyo derecho a participar en el ejido se haya reconocido, perderá la preferencia que se le había otorgado si en el término de tres meses, contados a partir de la distribución provisional o definitiva de unidades de dotación, no se presenta a tomar posesión de las tierras de labor que le correspondan y que lo mismo se seguirá si no participa en la explotación colectiva. De esta manera, si la propia legislación prevé la renuncia o pérdida del derecho a detentar los bienes objeto de la dotación, en los supuestos mencionados, con esto se pone de manifiesto que los ejidatarios beneficiados con la resolución dotatoria, sí adquieren derechos ejidales y no una simple expectativa, que sí tuvieron al momento de presentar la solicitud de dotación, pero que al dictarse la sentencia que los reconoció como beneficiados con la dotación, esa esperanza se transformó en un derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 2611, Tomo LXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘EJIDATARIOS, POSESIÓN POR LOS. Las resoluciones presidenciales rotatorias o restitutorias de ejidos, constituyen títulos legítimos que sirven de modo perfecto a los ejidatarios beneficiados para amparar su posesión, mientras no existan resoluciones definitivas que vengan a cambiar los términos de aquellas.’. Lo anterior, de ninguna manera pugna con los artículos 51 y 69 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, que estatuyen que a partir de la publicación de la resolución presidencial en el Diario Oficial de la Federación, el núcleo de población ejidal, es propietario de las tierras y bienes que en la misma se señalen y que los derechos ejidatarios se acreditarán con el respectivo certificado de derechos agrarios, toda vez que aunque la titularidad de las tierras y aguas dotadas la tiene el ejido en sí, es en sus miembros que la componen en quienes reside finalmente la posesión y el ejercicio de los derechos adquiridos; ahora, si bien el certificado parcelario, es el documento idóneo para acreditar la titularidad de los derechos de ejidatarios, esto no impide que de manera provisional y antes de que se expidan los mismos, estos derechos se puedan demostrar con la resolución dotatoria, que como ya se explicó, es de donde emanan sus derechos ejidales. Luego entonces, en el presente caso, resulta que Marcos Ramírez Arias, al haber resultado beneficiado con la resolución dotatoria de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, como se advierte del considerando tercero de dicha resolución en donde consta su nombre, junto con el de veintinueve personas más, no tiene una simple expectativa de derecho, sino un derecho adquirido, pues en la propia sentencia (resolutivos segundo y tercero) se mandó que se dotara de tierras y aguas de conformidad con el plano proyecto ‘en favor de los treinta capacitados que se relacionan en el considerando tercero de esta sentencia ...’ y también se ordenó al Registro Agrario Nacional que expidiera los certificados de derecho correspondientes. Así, resulta evidente entonces que el cedente del contrato base de la acción, Marcos Ramírez Arias, sí adquirió, aunque de manera proporcional, los derechos que emanan de la sentencia dotatoria de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro mencionada, de manera que en esa misma proporción, era titular de los mismos al quince de octubre de dos mil, fecha en que realizó el contrato de cesión, por lo que contrario a lo que resolvió el tribunal agrario, sí había legitimación por parte del cedente del contrato y objeto del mismo. No es obstáculo a esta conclusión, el que según lo asegura el tribunal agrario, a la fecha en que se elaboró el contrato de cesión, no se haya ejecutado la sentencia o el demandado beneficiado por la resolución no tenga el certificado de derechos parcelarios, con el que acredite ser ejidatario, pues como quedó evidenciado en líneas anteriores, los derechos emanan de la propia sentencia dotatoria. Sin que con lo anterior se esté prejuzgando sobre la validez del contrato de cesión de derechos ejidatarios, pues lo único que se está dirimiendo es, si con la sentencia dotatoria los beneficiados adquirieron algún derecho o bien, si éste se obtiene una vez que se haya ejecutado la misma. Al margen de lo anterior, cabe precisar que las documentales consistentes en la primera convocatoria, acta de asamblea y minuta, exhibidas por quien se ostentó como presidente del comisariado ejidal, no se consideraron por el tribunal agrario, pese a que las mismas eran necesarias, toda vez que la razón por la cual la responsable resolvió declarar improcedente la acción, deriva de que el demandado cedente carecía de capacidad para obligarse, que no era ejidatario y que al no tener derecho alguno, el contrato carecía de objeto, en tanto que de dichas documentales se advierte que por el contrario, existe evidencia de que sí tenía derechos derivados de la propia resolución, corroborados por diversas autoridades agrarias, pues no debe perderse de vista, que en los juicios en materia agraria, el principio rector preponderante es obtener la verdad material sobre la formal. De esta manera, es también incorrecta la conclusión del Magistrado responsable de que el nuevo centro de población ejidal no existe, puesto que las anteriores constancias demuestran lo contrario, pese al informe rendido por el Registro Agrario Nacional delegación Guanajuato en el sentido de que no encontró antecedente del ejido. Por lo anterior, si la autoridad responsable resolvió que el demandado Marcos Ramírez Arias, carecía de la capacidad necesaria para obligarse y de derechos ejidatarios para ceder, viola lo establecido en el artículo 139 de la Ley Agraria, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que no apreció los hechos y los documentos en conciencia. En las relatadas circunstancias, se concede el amparo solicitado para que la responsable deje sin efectos la resolución reclamada y resuelva con base a las consideraciones aquí expuestas, respecto a que los derechos ejidales adquiridos por Marcos Ramírez Arias, con la sentencia dotatoria, sí pueden ser objeto de cesión, y posteriormente, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, conforme a los hechos planteados en la demanda y a las correspondientes excepciones y defensas hechas valer y que no se analizaron." (fojas 30 a 48 del proyecto).
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.
Amparo directo administrativo 741/2005.
"QUINTO. Son infundados los anteriores conceptos de violación; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo, habrá de emprenderse una revisión integral de la resolución reclamada. Ante el Tribunal Unitario Agrario del 11 Distrito, Ma. de Lourdes Sánchez Pacheco, demandó a Mario Ramírez Arias el cumplimiento de un contrato de cesión de derechos agrarios, respecto de los derechos que le pudieran corresponder en el núcleo agrario denominado ‘José María Morelos y Pavón’, Municipio de Celaya, Guanajuato y, como consecuencia, la pérdida de su calidad de ejidatario y su reconocimiento en su lugar con esa calidad; como sustento de su pretensión adujo, en lo esencial, que mediante resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario en fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, se declaró procedente la acción de creación del nuevo centro de población ejidal, dotando al núcleo agrario solicitante de una superficie de 105-56-19 hectáreas; que en el considerando tercero de la misma, el demandado aparece como beneficiario de dicha dotación; que en fecha quince de agosto de dos mil, celebró una cesión escrita y gratuita con el demandado, respecto de los derechos agrarios que le fueron concedidos en la sentencia definitiva arriba indicada; por su parte, Mario Ramírez Arias, en la audiencia de ley al contestar la demanda instaurada en su contra, si bien admitió la existencia del procedimiento dotatorio ante el Tribunal Superior Agrario, negó haber efectuado ese pacto de voluntades con la demandante. De las constancias que integran el expediente agrario del que emana el acto reclamado, se obtiene que mediante resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario el diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, se dotó de una superficie total de 105-56-19 hectáreas de riego, tomadas del vaso desecado de almacenamiento de agua de la presa denominada ‘La Recibidora’, ubicada en el Municipio de Celaya, Guanajuato, y en ese entonces propiedad de la Federación, al grupo de campesinos integrado por treinta personas, para ‘... la creación de un nuevo centro de población ejidal ...’, según se desprende de la resolución dictada por el Tribunal Superior Agrario dentro del juicio agrario número 420/94, allegada por la actora en copia simple y glosado de fojas 6 a 20 del expediente de origen, cuestión en que las partes son acordes y que constituye medio de prueba común al haber hecho suya dicha documental el demandado en la audiencia de ley. Sin embargo, la referida resolución dotatoria, fue ejecutada hasta el quince de diciembre de dos mil tres, según se obtiene de la minuta relativa a la suscripción de convenio de ocupación previa y firma del acta de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior Agrario dictada en el expediente número 420/94, relativo al núcleo de población ejidal José María Morelos del Municipio de Celaya, Guanajuato, que la actora aportó en copia autorizada al expediente; y es a partir de ese momento cuando el comisariado ejidal, órgano supremo de representación ejidal, se encuentra en condiciones de proceder a la depuración censal para el fraccionamiento y adjudicación parcelaria y hasta entonces reconocer derechos ejidales a quienes fueron inscritos como ‘capacitados’ o aptos para obtener una unidad de dotación y así se plasmara en un certificado individual de derechos agrarios expedido por autoridad competente, lo anterior de conformidad con los artículos 198 y 200 en concordancia con el diverso 69 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, vigente en el año de mil novecientos ochent
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20164-01f7ef7b/dotacion-de-tierras-la-resolucion-definitiva-pendiente-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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