PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. SU ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III, CONSTITUYE UNA CLÁUSULA HABILITANTE. SEPARACIÓN VOLUNTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LAS DISPOSICIONES EXPEDIDAS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE LAS CUALES SE CONDICIONA LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO A DETERMINADAS PLAZAS, NO PUGNAN CON EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 252/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, disponen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que pronunció uno de los criterios motivo de la denuncia indicada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RT. 1551/2007, promovido por Rocío García Hernández (trabajadora), determinó revocar la sentencia y negar el amparo solicitado, apoyándose en lo que al presente asunto importa, en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. El estudio de los agravios conduce a determinar lo siguiente.
"En esencia aduce el recurrente que la determinación del Juez de Distrito de sobreseer en el juicio, es ilegal, porque pasó por alto que las autoridades responsables al momento de rendir su informe con justificación, confesaron haber emitido, dentro de su respectiva competencia los actos reclamados, consistiendo, uno de ellos en la emisión de las disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal conforme a lo establecido en el artículo 9o., fracción III, del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil seis, emitidas por el titular de la Unidad Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"A juicio del recurrente la emisión de tales disposiciones constituye un acto de imperio, ya que las mismas tuvieron una operatividad en la esfera jurídica del gobernado, puesto que excluye al personal académico, investigador, docente y directivos de los modelos de educación básica, media superior y superior del beneficio de la compensación económica prevista en el presupuesto de egresos, para el caso del retiro voluntario.
"Precisa el inconforme, que la exclusión contenida en las disposiciones de comento, le fueron aplicadas de manera unilateral por el coordinador sectorial de Educación Primaria del Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, sostiene, que entre la parte quejosa y el titular de la Unidad Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no existe relación laboral alguna.
"Además de lo anterior, agrega el recurrente que la postura que asumió el Juez de Distrito, de sobreseer en el juicio, porque pasó por alto que el presente juicio de amparo, ahora en revisión, se promovió contra una ley con motivo del primer acto de aplicación.
"Lo anteriormente resumido es fundado.
"En efecto, conforme al artículo 1o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene por objeto toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen o vulneren las garantías individuales; de este precepto se desprende la procedencia del juicio de amparo para impugnar actos de autoridad cuyo contenido material crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas generales, impersonales y abstractas, que son elementos distintivos de la ley, en sentido amplio.
"Ahora bien, conforme a las reglas para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varios lineamientos que el juzgador debe observar, pero para ello es necesario, primero, decidir si el acto reclamado, visto desde el punto de vista material, es una ley, reglamento, o constituye el ejercicio de una cláusula habilitante, que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un acto formalmente legislativo.
"Una vez determinado que la norma impugnada, constituye un acto formalmente legislativo, y que por ello estamos en presencia de un amparo contra leyes, es menester fijar los requisitos de su procedencia, atendiendo a la forma en que la norma incide en la esfera jurídica del gobernado esto es, si se trata de norma autoaplicativa, o heteroaplicativa, pues de ello dependerá la relevancia de la existencia del acto que se atribuye a la autoridad ejecutora e incluso el carácter de autoridad que pueda imputársele, pues no hay que perder de vista que el acto de aplicación para la impugnación de normas heteroaplicativas a través del juicio de amparo, puede venir, incluso de particulares, o del propio quejoso, y no necesariamente de una autoridad considerada así desde el punto de vista formal.
"Así pues, en el tema vinculado con la determinación (sic) si el acto reclamado es o no un acto de autoridad, una ley, cabe destacar lo siguiente.
"En la demanda de amparo, el peticionario de garantías señaló como actos reclamados: (se transcribe).
"Ahora bien, el artículo 90 de la Constitución General de la República, establece: (se transcribe).
"Este precepto fundamental establece las bases en las que está organizada la administración pública federal, esto es, el ente político que auxilia al Ejecutivo Federal (presidente de la República), en el despacho de los asuntos de su competencia, ente político que está integrado por dos sectores, el centralizado y el paraestatal.
"El primero está integrado por las secretarías de Estado y los organismos desconcentrados, en tanto que el segundo sector se integra por los organismos descentralizados, estos últimos se caracterizan porque tienen personalidad y patrimonio jurídicos propios, capacidad autónoma de gestión, y tiene con el sector centralizado un vínculo de jerarquía necesario para conservar la unidad administrativa.
"Lo anterior quiere decir, que las secretarías de Estado, en específico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actúan con base en un esquema de delegación de facultades, que va desde las subsecretarías, hasta las direcciones específicas, pero dado que los organismos centralizados, a diferencia de los descentralizados, no tienen personalidad jurídica propia porque forman parte de una unidad administrativa específica.
"Pues bien, los organismos como la Unidad de Política y Control Presupuestario, forman parte del sector centralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizan y ejecutan actos con base en las leyes que los crean y les dotan de competencia, que pueden incidir hacia el interior o hacia el exterior del organismo, cuando esa incidencia repercute en los integrantes de la sociedad civil, se habla de actos extraorganizacionales.
"Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en los últimos años, el Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que ha provocado transformaciones en su estructura y funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo de atribuciones de naturaleza normativa para que aquél enfrente eficazmente situaciones dinámicas y altamente especializadas.
"Esta situación ha generado el establecimiento de mecanismos reguladores denominados ‘cláusulas habilitantes’, que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el hecho de que el Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente de la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad pública, al estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser reguladas, adquiere información y experiencia que debe aprovechar para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez.
"En el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace alusión a la administración pública y no se distingue si se refiere al sector centralizado o al paraestatal, lo que resulta lógico porque como ya se dijo los organismos desconcentrados, no sólo actúan hacia el interior de su organización, sino hacia el exterior, de manera que es factible que en las relaciones que tales organismos entablan con la comunidad civil, con los gobernados, realicen actos de supra a subordinación con los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas y particulares, de manera que cuando esa actuación se funda en una facultad prevista en la ley, se está en presencia de un verdadero acto de autoridad.
"En relación al tema, pero en referencia al sector paraestatal, específicamente a los organismos descentralizados, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 91/2002, visible en el Tomo XVI, agosto de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 245, cuyo rubro es ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’, estableció que el apercibimiento de corte en el suministro eléctrico se considerará como acto de autoridad, a pesar que el servicio que dicho organismo descentralizado por servicio presta, tenga su origen en un contrato, cuya naturaleza encuentra su génesis en el derecho privado.
"La razón de esta determinación estriba en que no se puede soslayar que los organismos descentralizados, tienen capacidad jurídica para actuar de forma unilateral, esto es, que no requieren de acudir ante una autoridad determinada para crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta y particular, precisamente porque la ley los faculta a realizar tal o cual acto, que debe considerarse como de autoridad.
"Pues bien los organismos desconcentrados, al igual que los descentralizados, tienen en su actuar una doble identidad, pues además de que realizan actos de supra a subordinación como la determinación de impuestos, derechos y aprovechamientos, también realizan actos de coordinación, igualmente hacia el interior, por ejemplo el establecimiento de las condiciones de trabajo, las que pueden ser sometidas a controversia ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde el órgano desconcentrado tiene el carácter de parte, con igualdad de derechos, esto es, en un plano coordinado.
"Para realizar las funciones que se han encomendado a los órganos desconcentrados, es menester que éstos contraten personal, que por la naturaleza de la función pública que ejercen, también adquieren esta dualidad de personalidad, pues a la vez que son trabajadores porque prestan un servicio personal subordinado, a cambio de una retribución (dieta, emolumentos, salarios o estipendios), también tienen el carácter de servidores públicos porque están sujetos a responsabilidad administrativa conforme al artículo 108 constitucional, el cual establece: (se transcribe).
"En este orden de ideas, dada la dualidad de personalidad que gozan tanto los órganos desconcentrados, como sus trabajadores, es factible que sus actos puedan catalogarse tanto como actos de autoridad, como actos de particulares, y su naturaleza tiene que dilucidarse en cada caso concreto, atendiendo a que, si con el actuar, a) se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas; b) el acto se emite de manera unilateral y; c) dicha actuación está prevista en una ley.
"Ahora bien, si se determina que el acto que ejerció tal o cual persona, cumple con los tres requisitos enunciados en el párrafo que antecede, también se tiene que analizar si los efectos de dicho acto tiene efectos hacia el interior del órgano, esto es, si sólo afecta las relaciones jurídicas entre las personas que lo conforman, o si afecta a terceros ajenos a él, como cualquier gobernado, pues si se está en la primera hipótesis puede darse el caso que a pesar de que reúna los requisitos destacados en el párrafo que precede, puede no constituir un verdadero acto de autoridad, como por ejemplo el cese de un trabajador que se realiza conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.
"Este tipo de actos, deben ser controvertidos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje según sea el caso, dado que, a pesar de que el organismo extingue unilateralmente la situación jurídica de un trabajador e incluso con base en una ley, el trabajador al demandar ante dicho tribunal, se coloca en un plano de coordinación pues el órgano desconcentrado y el trabajador quedan sometidos por igual a la jurisdicción del tribunal correspondiente.
"Todo lo anterior tiene por objeto poner en evidencia que el quehacer de los órganos desconcentrados es un tanto complejo porque, dada su función tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas con base en el ejercicio de facultades conferidas en la ley, pero no siempre los actos de los mismos pueden ser catalogados como actos de autoridad, pues para ello se requiere además, de la satisfacción de los requisitos que se han venido destacando, de un análisis del contenido material.
"Ahora bien, como ya se dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desarrollar el concepto de ‘cláusulas habilitantes’ precisó que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el aprovechamiento de la información y experiencia acumulada por tales órganos para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez.
"La nota distintiva del ejercicio de las cláusulas habilitantes, es que, por virtud de ellas se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, generales, impersonales y abstractas, como si se tratara de un reglamento, expedido en uso de la facultad prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución General, sin embargo, como el acto materialmente legislativo no es expedido por el Ejecutivo Federal, no tiene el carácter de reglamento, independientemente de la denominación que se le dé.
"Al respecto la tesis P. XXI/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que se habla se encuentra publicada en el Tomo XVIII, diciembre de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 9, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"‘CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS.’ (se transcribe).
"Las consideraciones expuestas con antelación conllevan a considerar que las DISPOSICIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS INHERENTES A LA CONCLUSIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, expedidas por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el veintisiete de noviembre de dos mil seis, tiene el carácter de acto de autoridad porque es unilateral, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, generales, impersonales y abstractas, con base en el ejercicio de una cláusula habilitante.
"En efecto de la lectura del oficio circular 307-A. 054, se advierte que las DISPOSICIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS INHERENTES A LA CONCLUSIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, fueron expedidas con base en los artículos 31, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 65, fracción IV, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 128 de su Reglamento, y 62, fracción XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los que, por su orden establecen: (se transcribe).
"Por su parte el propio artículo 9o., fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil seis, precisó lo siguiente: (se transcribe).
"De las anteriores transcripciones se observa que las disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal, se expidieron con base en una facultad prevista en la ley, para legislar sobre la materia específica de la Unidad de Política y Control Presupuestal, se emitió en forma unilateral, porque en su elaboración no participó el sindicato correspondiente, y crea, modifica o extingue situaciones jurídicas generales, impersonales y abstractas, por ende debe considerarse desde el punto de vista material como acto legislativo, esto es, la esencia de una ‘cláusula habilitante’ y como tal, susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo en el esquema del amparo contra leyes.
"En este contexto, resulta por demás evidente que estamos en presencia de un amparo contra leyes, pues si bien la norma intitulada DISPOSICIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS INHERENTES EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN III, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, no es una ley porque no proviene del Congreso de la Unión o de alguna de las legislaturas de los Estados, ni es un reglamento porque no fue expedido por el Ejecutivo, ya de la Federación o de alguno de los Estados, también lo es que constituye un acto formalmente legislativo porque fue expedido con base en una cláusula habilitante contenida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
"Ahora bien, en el segundo tema a dilucidar, una vez que se determinó que la presente revisión se trata de un amparo contra leyes, debe quedar establecido que la norma impugnada es de carácter heteroaplicativa, pues el apartado que se impugna es del tenor siguiente: (se transcribe).
"Ahora bien, atendiendo al principio de la individualización incondicional, por virtud de la cual una norma es autoaplicativa cuando no requiera de un acto posterior para individualizar la hipótesis general en un caso concreto, porque los efectos de la norma inciden por su sola entrada en vigor en la esfera jurídica del gobernado, es evidente que la norma de comento es heteroaplicativa, porque, para aplicar el beneficio contenido en el artículo 9o., fracción III, del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil seis, es necesario que se realicen varios actos, el primero, que el servidor público que pretenda obtener tal beneficio, solicite su retiro voluntario; en segundo término y conforme a la regla establecida en el punto 7.2. de la norma, que se instaure un procedimiento administrativo que concluya con la aplicación del estímulo económico.
"Con relación al tema cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VI, julio de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 5, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe).
"En este contexto, la norma general impugnada es de carácter heteroaplicativo, y por ende para la procedencia del juicio de amparo se requiere de un acto concreto de aplicación, pues lo contrario actualizaría la causa de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo el cual establece: (se transcribe).
"Es oportuno dejar asentado que el acto de aplicación para la procedencia del juicio de amparo, no necesariamente debe provenir de una autoridad, considerada ésta desde el punto de vista formal y material, sino que incluso el acto de aplicación puede atribuirse a un particular cuando éste actúa en auxilio de las autoridades, como sucede, por ejemplo en las leyes tributarias, en que los patrones, o los comerciantes retienen impuestos tales como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado.
"Lo anterior es así porque cuando un particular actúa en el sentido que le impone la norma, se convierte en aplicador de la misma, incluso el acto de aplicación puede provenir del propio gobernado cuando en lugar de ser un tercero que individualice la norma, lo hace de motu proprio, por ejemplo si se rinde una declaración fiscal y se autodetermina el impuesto aplicable con base en la ley respectiva.
"Al respecto cobra aplicación la tesis aislada P. XXVI/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo IX, mayo de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 22, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS. SI SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ÉSTE NO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO POR PROVENIR DEL PROPIO QUEJOSO O DE UN TERCERO QUE ACTÚA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY, NO ACARREA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO DE AQUÉLLAS.’ (se transcribe).
"Ahora bien, aun suponiendo que el Coordinador Sectorial de Educación Primaria en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, conforme a los lineamientos que expuso el Juez de Distrito, no fuera autoridad responsable, ello no hace improcedente el juicio de amparo, pues aún con el carácter de particular, conforme a la tesis aislada recién transcrita, el acto de aplicación de una disposición general puede provenir de un particular.
"No obstante lo anterior, a juicio de este Tribunal Colegiado, la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que el Coordinador Sectorial de Educación Primaria en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo es incorrecta.
"En efecto, como ya se precisó al inicio del presente considerando, las características que determinan que una autoridad tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo, son tres, a saber, que su actuación se haga con base en una ley; cree, modifique o extinga, situaciones jurídicas concretas y particulares, precisamente con base en la ley, y que para ello no tenga que acudir ante una autoridad diversa o ante los tribunales, esto es, que el acto revista el carácter de unilateral.
"En el presente caso el acto que se atribuye al Coordinador Sectorial de Educación Primaria en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, consiste en el oficio No. 215-1/4314/2007, del veintiocho de febrero del dos mil siete, glosado a fojas 48, cuyo contenido es el siguiente (se transcribe).
"Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad señalada como responsable ejecutora, realizó un acto con base en una ley, esto es, con fundamento en el artículo 9o. del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil seis, así como en las DISPOSICIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS INHERENTES EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN III, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, que ya quedó precisado se trata de un acto formalmente legislativo, con su actuar creó una situación jurídica concreta y particular, pues determinó que la petición para ser incluida en el programa de retiro voluntario, era improcedente, determinación que tomó de manera unilateral, pues no acudió a ninguna otra autoridad o tribunal, para tal efecto.
"Lo anterior revela, que el acto atribuido al Coordinador Sectorial de Educación Primaria en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, constituye un verdadero acto de autoridad, que además se fundó en una norma general, impersonal y abstracta cuya inconstitucionalidad se reclama, todo lo cual, hace procedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el que precisa: (se transcribe).
"En virtud de lo anterior es fundado el primer agravio expuesto en la presente revisión y suficiente para revocar la sentencia recurrida; sin embargo, para levantar el sobreseimiento es necesario que este Tribunal Colegiado verifique si no se actualiza una causa diversa de improcedencia, específicamente las invocadas por las autoridades responsables, dado que al ser la procedencia del juicio una cuestión de orden público, su estudio es preferente aun en la segunda instancia, sea que lo aleguen o no las partes.
"...
"Consecuentemente ... ni se actualizan las que hacen valer las autoridades responsables, ni menos se advierte causa de improcedencia que impida el estudio del fondo del asunto, procede levantar el sobreseimiento decretado en el juicio, y con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, el que dispone que el Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, procede transcribir de los expresados en la demanda de garantías.
"SEXTO. Los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo son los siguientes: (se transcribe).
"SÉPTIMO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente.
"Por razón de método se analiza en primer lugar el tercer concepto de violación, en el que el peticionario de garantías sostiene que en su perjuicio, se violó el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contiene en el principio de igualdad de las personas ante la ley.
"En su concepto, de la interpretación judicial y doctrinal del artículo 13 constitucional, se ha aceptado que contiene en forma implícita el principio de la igualdad de las personas ante la ley, principio que tiene como propósito regular la igualdad jurídica concebida como la capacidad que tiene toda persona para adquirir los mismos derechos o las mismas obligaciones cualitativamente propios de todos aquellos sujetos jurídicos que se encuentren colocados en la misma situación jurídica, es decir, que la citada igualdad jurídica como contenido de una garantía individual, se traduce en una ausencia de distinciones de los hombres provenientes de atributos y circunstancias, originados y emanados de su propia personalidad.
"Afirma la quejosa que por virtud del principio de igualdad, se impide al legislador establecer privilegios o diferencias en razón del origen, la clase, el extracto social, raza, sexo, condición económica o la condición social de las personas. El principio de igualdad de las personas ante la ley también se encuentra implícito en el artículo 1o. párrafo primero de la Constitución, de acuerdo con el cual en México ‘todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución’.
"Asegura la quejosa, aquí recurrente, que de la lectura de la fracción III del artículo 9o. del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se advierte que los beneficios en ella contenidos es para todos los empleados de las dependencias de la administración pública federal, y que por ello, siendo el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 la fuente origen del derecho para concluir en definitiva la prestación de mis servicios en la administración pública federal, no existe justificación legal alguna para que un ordenamiento secundario como lo son las DISPOSICIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS INHERENTES A LA CONCLUSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN III, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 establezcan qué servidores de la administración pública federal se encuentran beneficiados y cuáles de ellos se encuentran excluidos, porque ello equivale precisamente a conculcar la garantía de igualdad tutelada en el artículo 13 constitucional, dado que con dicho señalamiento, se hace desiguales a los iguales.
"Lo anterior es infundado.
"En efecto, el pri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21059-2b013c17/presupuesto-de-egresos-de-la-federacion-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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