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Modo: Corpus Pro

CONTRATO-LEY. NO CORRESPONDE AL TRABAJADOR LA CARGA DE PROBAR LA EXISTENCIA DE PRESTACIONES EXTRALEGALES EN ÉL CONTENIDAS, CUANDO HA SIDO PUBLICADO EN EL ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL RESPECTIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19546
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 373.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia de trabajo, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en función de que fue formulada por la presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de octubre de dos mil cinco el amparo directo DT. 9367/2005, promovido por Celerina López Avendaño, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. ... Por otra parte, cabe precisar que cuando un trabajador demanda prestaciones de tipo contractual, éste debe demostrar haberse colocado en la hipótesis normativa que contiene el concepto reclamado. En esas condiciones, si la accionante está reclamando prestaciones derivadas del contrato ley o de los convenios suscritos a su amparo, es claro que, contrariamente a lo que pretende, es a ella a quien corresponde la carga probatoria de los elementos antes referidos y, por ende, este tribunal estima correcta la determinación de la autoridad responsable, de imponer a la promovente la carga de la prueba.

"También es de aclararse que en el caso a estudio, no tiene aplicación lo dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo que autoriza a la autoridad laboral a relevar a los trabajadores de las cargas procesales, toda vez que dicho precepto es específico en cuanto a los puntos que deberán ser relevados, sin que contemple dicha posibilidad en tratándose de prestaciones contractuales, de ahí que se sostenga la legalidad del laudo.

"No obsta para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que, en la especie, se trate de un contrato ley, toda vez que el hecho de que rija las relaciones obrero patronales en una determinada industria en todo el territorio nacional y que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, no tiene los alcances de desnaturalizar el acuerdo de voluntades tomado entre la parte patronal y sus trabajadores, a través de su representación sindical, constituyéndose así un contrato de trabajo donde deben respetarse los derechos mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo."

De la ejecutoria transcrita, derivó la tesis aislada pendiente de publicación, que dice:

"CONTRATO LEY. PRESTACIONES DERIVADAS DEL. CARGA DE LA PRUEBA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas jurisprudencias, que cuando un trabajador demanda prestaciones contractuales, es a éste a quien corresponde acreditar, tanto la existencia de aquellas, como el haberse colocado en la hipótesis normativa que las contengan, a fin de acreditar su derecho a percibirlas. No existe razón para variar dicho criterio en tratándose de prestaciones derivadas de un contrato ley, toda vez que el hecho de que la citada normatividad rija las relaciones obrero-patronales en una determinada industria a nivel nacional y que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para su debida divulgación, no tiene el alcance de desnaturalizar el acuerdo de voluntades tomado entre la parte patronal y sus trabajadores a través de la representación sindical, constituyéndose así en un contrato de trabajo, por lo que cuando se demandan prestaciones derivadas del mismo, corresponde al actor la carga probatoria."

CUARTO. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, el amparo directo DT. 8579/96, promovido por Jesús Luna Emba y otros, sostuvo en lo que al tema se refiere, lo siguiente:

"TERCERO. ... Por el contrario, en la suplencia de la queja anunciada al principio de este considerando debe decirse que es equivocada la decisión de la Junta al estimar que es de buena fe el ofrecimiento porque si bien como lo consideró, tanto en el expediente 575/94 como en su acumulado 293/95, las partes no controvirtieron el horario y la demandada con las pruebas que aportó tanto en uno como en otro expediente demostró la categoría de los trabajadores en los casos que la controvirtió, no sucede lo mismo respecto al salario, atento a que en este aspecto en el juicio número 575/94, los trabajadores señalaron que al servicio de la demandada devengaron un salario integrado por cuota diaria, cinco por ciento de despensa por cuota diaria, trece por ciento de fondo de ahorro por cuota diaria, cuatro punto nueve por ciento de bono de productividad sobre el salario diario, veintitrés días de salario por aguinaldo anual, cuota diaria, veintiocho punto ocho días de salario por concepto de vacaciones cuota diaria, veinticinco por ciento de prima vacacional sobre veintiocho punto ocho días por cuota diaria, dos por ciento de Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro cuota diaria y cinco por ciento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajador (sic), cuota diaria a lo cual se opuso la empresa, manifestando que los salarios señalados por los trabajadores no se integran en la forma en como lo expusieron porque no forman parte del número (ilegible) despensa, fondo de ahorro, bonos de productividad, vacaciones, sistema de ahorro para el retiro e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajador (sic), atendiendo a que la despensa, el fondo de ahorro y bono de productividad, son prestaciones de previsión social y esta última está determinada por decreto presidencial que no integra el salario, en lo referente a vacaciones de conformidad con la ley de la materia no integra el salario; y finalmente, el sistema de ahorro para el retiro y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tampoco integran parte del numerario.

"Y en el expediente número 2937/95, el trabajador señaló que su salario se integraba con la cuota diaria, con cinco por ciento de cuota diaria por despensa, trece por ciento de fondo de ahorro por cuota diaria; cuatro punto nueve por ciento por bono de productividad sobre el salario diario; veintitrés punto treinta y tres días de salario por concepto de vacaciones cuota diaria; veinticinco por ciento sobre veintitrés punto treinta y tres días por cuota diaria; dos por ciento de fondo del sistema de fondo de ahorro para el retiro cuota diaria y cinco por ciento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajador (sic) por cuota diaria, mientras que la demandada negó que el numerario del demandante en ese juicio, se integraba con los conceptos señalados por José Socorro Zúñiga López, señalando a ese respecto que ni el fondo de ahorro ni los bonos de productividad integraban el salario porque son prestaciones de previsión social, esta última decretada por decreto presidencial; y por lo que se refiere a las vacaciones tampoco integran el salario conforme a la ley de la materia, y el sistema de ahorro para el retiro y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajador (sic) no integran el numerario.

"Con lo anterior se pone de manifiesto que opuestamente a lo considerado por la Junta, sí hubo controversia respecto al salario que percibían los trabajadores y, por ello, lo adecuado era que hubiera decidido si en ese aspecto la oferta del trabajo fue hecha de buena o mala fe, según lo plantearon las partes.

"Por otro lado, el artículo 2o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, determina que el Diario Oficial de la Federación es el Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean publicados y observados debidamente.

"A su vez, el artículo 414 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que una vez aprobado el contrato-ley, el presidente de la República o el gobernador del Estado o territorio, lo publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada, para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarquen o en todo el territorio nacional.

"Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios, ha establecido que cuando se demandan prestaciones extralegales, queda a cargo del actor el acreditar la existencia de las mismas; cuando se demandan prestaciones apoyadas en el contrato ley, no rige el criterio que atribuye al actor la carga de acreditar la existencia de prestaciones cuando son de carácter extralegal, como sucede en el caso de un contrato colectivo, pues tratándose de éste sólo se registra ante la Junta correspondiente y su existencia y contenido sólo es conocido normalmente por las partes que le suscriben; no sucede lo mismo con un contrato ley, cuya existencia y contenido debe ser conocido tanto por la autoridad como por las partes que dirimen ante ella una controversia suscitada con motivo de su aplicación, dada la difusión que hace a través del órgano publicitario oficial.

"De la misma forma, la Junta al decidir sobre la oferta del trabajo debía analizar si la continuación de la relación laboral se propuso con todas las prestaciones que en forma normal y común se les venían cubriendo a los trabajadores a cambio de sus servicios, porque la oferta del trabajo debe realizarse en esos términos aunque en un momento dado las prestaciones de que se trata puedan ser diferentes a las que deben tomarse en cuenta para la indemnización.

"Empero, como la Junta no actuó de la manera precisada, con su proceder infringió en perjuicio de los quejosos los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, por consiguiente, los artículos 14 y 16 constitucionales.

"En las narradas condiciones, lo que procede es conceder el amparo que se solicita, para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que reiterando las condenas y absoluciones que no fueron motivo de este amparo, y tomando en cuenta que el ofrecimiento de trabajo está hecho de buena fe en lo referente al horario y a la categoría de los trabajadores, únicamente determine si el propio ofrecimiento es de buena o mala fe respecto al salario atendiendo a la litis como le fue planteada a ese respecto y valorando las pruebas aportadas por las partes, atendiendo a los términos de esta ejecutoria."

De la ejecutoria transcrita derivó la tesis I.9o.T.62 L, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, página 695, que dispone:

"PRESTACIONES APOYADAS EN UN CONTRATO-LEY. CARGA DE LA PRUEBA. El artículo 2o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, establece que el Diario Oficial de la Federación es el Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean publicados y observados debidamente. A su vez, el artículo 414 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que una vez aprobado un contrato-ley, el presidente de la República o gobernador del Estado o Territorio, lo publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato-ley en la rama de la industria considerada, para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en una entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarquen en todo el territorio nacional. Lo expuesto pone de manifiesto que, cuando se demandan prestaciones apoyadas en el contrato-ley, no rige el criterio que atribuye al actor la carga de acreditar la existencia de prestaciones cuando son de carácter extralegal, como sucede en el caso de un contrato colectivo, pues tratándose de éste sólo se registra ante la Junta correspondiente y su existencia y contenido sólo es conocido normalmente por las partes que lo suscriben; no sucede lo mismo con un contrato-ley, cuya existencia y contenido debe ser conocido tanto por la autoridad como por las partes que dirimen ante ella una controversia suscitada con motivo de su aplicación, dada la difusión que se hace a través del órgano publicitario oficial."

QUINTO. Corresponde verificar si existe o no la contradicción de los criterios emitidos en las ejecutorias que quedaron transcritas en los considerados tercero y cuarto de esta resolución por los Tribunales Colegiados Séptimo y Noveno, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Con ese propósito, es necesario establecer que la contradicción de tesis se suscita cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, ante las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes; esa diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, siempre que los criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Así se ha establecido en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, cuyo contenido y datos de publicación son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XIII, abril de dos mil uno, página 76).

De lo expuesto, se infiere que para la procedencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos sometidos a su jurisdicción, los respectivos órganos colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adopten posiciones o criterios discrepantes.

b) Que la discrepancia de criterios, se presente en las consideraciones jurídicas de la sentencia respectiva.

c) Que la diferencia de posiciones adoptadas, provenga del estudio de los mismos elementos.

Pues bien, en cuanto al primer supuesto, se cumple, en virtud de que el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los asuntos de su competencia examinaron un punto concreto de derecho esencialmente idéntico, relativo a que si cuando un trabajador reclama una prestación extralegal o contractual apoyada en un contrato-ley, corresponde o no a éste la carga de acreditar la existencia de dicha prestación.

En cuanto al segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis, es obvio que también se da, puesto que ambos criterios se razonan en la parte considerativa de las respectivas sentencias; la discrepancia, por tanto, no se limita a los puntos resolutivos.

En efecto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consideró que cuando un trabajador demanda prestaciones contractuales, a él le corresponde acreditar tanto la existencia de aquellas como el haberse colocado en la hipótesis normativa que las contenga, independientemente de que se trate de un contrato-ley, pues el hecho de que rija para determinada industria y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, no desnaturaliza el acuerdo de voluntades del patrón y sus trabajadores; en tanto que el otro órgano jurisdiccional, esto es, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dice que cuando se demandan prestaciones apoyadas en un contrato-ley, no rige el criterio relativo a que el actor le corresponde la carga de acreditar la existencia de prestaciones cuando son de carácter extralegal, como sucede en el caso de un contrato colectivo, pues tratándose de éste sólo se registra ante la Junta correspondiente y su existencia y contenido únicamente es conocido normalmente por las partes que lo suscriben; en cambio, tratándose de un contrato-ley, debe ser conocido tanto por la autoridad como por las partes contendientes, dada su difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Finalmente, ambos criterios se sustentan en los mismos elementos, esto es, los procedimientos de trabajo derivaron de la reclamación de diversas prestaciones contenidas en contratos-ley.

Sin embargo, aun cuando existen los mismos elementos y éstos fueron tomados en cuenta por los Tribunales Colegiados al emitir los fallos respectivos, aquéllos resolvieron en sentido diverso, sustentando su sentencia en razonamientos diferentes entre sí.

En este tenor, se actualizan los supuestos mencionados y, en consecuencia, existe la contradicción de tesis que se denuncia, por lo que el punto concreto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si cuando un trabajador reclama una prestación extralegal o contractual apoyada en un contrato-ley, corresponde o no a éste la carga de acreditar la existencia de dicha prestación.

SEXTO. La contradicción de tesis ha de resolverse declarando que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que coincide en lo esencial con el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al tenor de las consideraciones que a continuación se exponen.

Previo al estudio de la contradicción de tesis, es menester hacer acopio de las siguientes consideraciones:

La Ley Federal del Trabajo en su título séptimo, denominado "Relaciones colectivas de trabajo", en el cual se encuentra inserto el capítulo IV, intitulado "Contrato-ley", define dicha institución en su artículo 404, de la siguiente forma:

"Artículo 404. Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional."

Del precepto reproducido se desprende que el contrato-ley es un convenio en el que se establecen las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una determinada rama de la actividad industrial, de comercio o de servicios.

Dicho convenio es declarado obligatorio para todas las empresas del mismo sector, las existentes y las futuras, y su aplicación territorial puede abarcar un Estado, una región económica determinada o todo el país; y su ámbito de aplicación comprende, incluso, a los trabajadores y a los patrones, aunque no hayan intervenido en su celebración.

Al respecto, tiene aplicación la tesis histórica sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice dos mil, visible en el Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia Histórica, Tesis 10 (H), que dice:

"CONTRATO LEY-(TESIS HISTÓRICA). Según el artículo 39 de la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Constitucional, todos los contratos de trabajo que hayan sido formalizados por la mayoría de los patronos y de los trabajadores de determinada rama de la industria, y de determinada región, son obligatorios para todos los industriales y obreros de la misma rama de la industria, en la región indicada, previa la declaración que al efecto debe hacer la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, fijando los límites territoriales, y la fecha desde la cual son exigibles las obligaciones contraídas en el mismo contrato, determinando la mayoría de los patronos el número de obreros de cada patrono. La correcta aplicación de este artículo, necesariamente supone la división de la República, en zonas o regiones industriales determinadas, para que cuando en una de ellas se hayan formalizado contratos de trabajo, por la mayoría de los patronos y trabajadores, aquellos se declaren obligatorios para todos los patronos y obreros, precisamente en esa región, cuyos límites territoriales debe fijar la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo."

Cabe señalar que las partes en la relación laboral, trabajadores y patrones, tienen la libertad de pactar las condiciones en que habrá de prestarse el trabajo en el contrato-ley, siempre y cuando éstas no contravengan las disposiciones que, de manera imperativa, se encuentran establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en tales contratos las condiciones generales de trabajo convenidas no podrán ser inferiores a las previstas en el artículo 123 de la propia Carta Magna, ni contrariar las garantías individuales consagradas en su capítulo I del título primero.

Por otra parte, el contrato-ley posee la misma naturaleza del contrato colectivo de trabajo, pues ambos son fuentes formales del derecho del trabajo, de las que surgen normas jurídicas de contenido laboral, empero, existen diferencias entre uno y otro.

En este sentido, Néstor de Buen Lozano, en su libro "Derecho del Trabajo", apunta como diferencias principales entre el contrato-ley y el contrato colectivo de trabajo, las siguientes:

Ver diferencias

Sin embargo, la diferencia principal entre ambos, tal como lo señala el autor antes mencionado, radica en que el contrato colectivo de trabajo nace desde que se produce el acuerdo entre las partes, esto es, para su validez debe otorgarse por escrito y su eficacia dependerá de su depósito ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, y surtirá efectos desde la fecha y hora de la presentación del documento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo.

En contrapartida, en el contrato-ley, la voluntad de la convención no es suficiente para que nazca, pues se precisa, además, de una declaración de autoridad a cargo del presidente de la República o del gobernador del Estado que corresponda, es decir, su eficacia derivará de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato-ley en la rama de la industria considerada, tal como lo dispone el numeral 414, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, cuyo texto dice:

"Artículo 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a que se refiere el artículo 406 y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores.

"Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el presidente de la República o el gobernador del Estado o territorio, lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato-ley en la rama de la industria considerada, para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional."

Así, al ser distintos el contrato colectivo de trabajo y el contrato-ley, no pueden tener en sus efectos la misma fecha de aplicabilidad, ya que respecto del primero, es suficiente su simple depósito ante la Junta, para que entre en vigor, en tanto que el segundo está supeditado a la satisfacción de varios requisitos, entre ellos, el acuerdo de voluntades en las relaciones de trabajo, el tiempo de su duración y su obligatoriedad por todo ese lapso, mediante el decreto del Ejecutivo Federal o Local, según sea el caso.

Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice dos mil, visible en el Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, tesis 106, página 89, que dispone:

"CONTRATO LEY. Los contratos colectivos de trabajo y los contratos ley tienen de semejanza la concurrencia de uno o varios sindicatos o de uno o varios patronos para su otorgamiento; pero el contrato ley se distingue fundamentalmente en cuanto a que en su elaboración se requiere que concurran las dos terceras partes de los patronos y trabajadores sindicalizados y que éstos y aquéllos pertenezcan a cierta rama industrial que exista en determinada región. Por tal motivo, los contratos colectivos y los contratos ley son distintos; no pueden tener en sus efectos la misma fecha de aplicabilidad, ya que en los primeros es suficiente su simple depósito ante la Junta, para que entren en vigor, en tanto que los segundos están supeditados a la satisfacción de varios requisitos, entre ellos, el acuerdo de voluntades en las relaciones de trabajo, el tiempo de su duración, y su obligatoriedad por todo ese lapso, mediante el decreto respectivo del Ejecutivo Federal; de tal manera que, establecida la obligatoriedad de un contrato ley, en tanto no se prorrogue su vigencia, al fenecer su plazo, o se celebre uno nuevo, con la asistencia de los patronos y sindicatos de la misma industria, y sea sancionado por el Ejecutivo, continúa teniendo aplicación el contrato colectivo."

En este sentido, el artículo 416 de la legislación laboral establece la fecha en la que surte efectos el contrato-ley, al disponer:

"Artículo 416. El contrato-ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o en el periódico oficial de la entidad federativa, salvo que la convención señale una fecha distinta."

Luego entonces, una vez hecho lo anterior, regirá para todas las empresas o establecimientos que existan y que se establezcan en el futuro, en la rama de la industria a que se refiere y en las zonas o entidades que comprenda.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en los Volúmenes 151-156, Quinta Parte, página 111, que dice:

"CONTRATO LEY Y CONTRATO COLECTIVO. Si un contrato colectivo celebrado entre un sindicato y una empresa, fue posteriormente elevado a la categoría de contrato ley por virtud de un decreto del Ejecutivo, es ilógico pretender que el contrato ley sea obligatorio a partir de la fecha en que fue depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje respectiva el contrato colectivo, puesto que los contratos ley no se rigen por las disposiciones comunes aplicables a los contratos colectivos de trabajo ordinarios, sino que tienen vida jurídica desde el momento en que el Ejecutivo Federal promulga el decreto respectivo, declarando su vigencia y obligatoriedad (artículo 416 de la ley vigente)."

Una vez entendida la naturaleza de un contrato-ley, resulta indispensable, a fin de resolver la presente controversia, determinar los alcances de los acuerdos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como la naturaleza de las disposiciones que ahí se contienen.

En el caso, la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales establece:

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

"Capítulo primero

"Del Diario Oficial de la Federación

"Artículo 2o. El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente."

"Artículo 3o. Serán materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación:

"I. Las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión;

"II. Los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general;

"III. Los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general;

"IV

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19546-f3580126/contrato-ley-no-corresponde-al-trabajador-la-carga-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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