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Modo: Corpus Pro

RELACIÓN DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y NO CON EL GOBERNADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19543
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 700.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia de trabajo, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en función de que fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que es uno de los órganos contendientes.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el once de enero de dos mil seis, el amparo directo laboral 31/2005-I, promovido por el gobernador del Estado de San Luis Potosí, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Es esencialmente fundado uno de los conceptos de violación y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada.

"A manera de preámbulo, debe señalarse que en la demanda de garantías se sostiene la inobservancia a las reglas procesales que campean en el procedimiento fuente del acto reclamado, relativa al desahogo de la inspección ocular ofrecida por la parte actora en el juicio natural, la cual, dada la técnica que impera en el juicio de amparo, debería analizarse en primer lugar, sin embargo, en el caso que nos ocupa no será así, en virtud de que el resultado del estudio que enseguida se emprende, respecto de un diverso concepto de violación en el que se aducen cuestiones de fondo, le reporta mayor beneficio jurídico al quejoso.

"Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 37/2003-PL estableció que la concesión del amparo en la vía directa que otorga mayores beneficios jurídicos para el quejoso será aquella en la que la consecuencia de tal concesión sea el eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que en virtud de lo anterior se estará observando en su integridad la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en particular, el principio de completitud que encierra la misma, conforme al cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, esto es, no sólo resolviendo todas las cuestiones ante ellas planteadas, sino atendiendo a aquellas que se traducen en un mayor espectro de protección para los quejosos.

"Es de invocarse la jurisprudencia resultante de la precitada contradicción de tesis, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 5 del texto y literalidad siguientes:‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). Puntualizado lo que precede, es menester destacar algunos de los antecedentes que informan el acto reclamado y que se desprenden de lo actuado en el expediente de origen, con valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, de conformidad con lo preceptuado en los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

"Mediante escrito presentado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el veintisiete de junio de dos mil dos, J. Ascensión Hernández Aguinaga y Armando Araiza Contreras demandaron del Gobierno del Estado, de la Oficialía Mayor, de la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Cultura de San Luis Potosí, el reconocimiento y pago de la compensación que se les venía entregando en forma regular, entre otras prestaciones (fojas 1 a 4).

"Ese libelo fue admitido a trámite en sus términos el tres de julio de dos mil dos (foja 5). Posteriormente, el gobernador del Estado, en escrito fechado el veintidós de agosto del propio año produjo su contestación, dándose cuenta con el mismo en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 15 a 22).

"Seguido el juicio por sus cauces legales, el quince de agosto de dos mil cinco, se dictó el laudo impugnado en esta vía en el cual se condenó al Gobierno del Estado al pago de todas y cada una de las prestaciones (fojas 59 a 70).

"Por otra parte, al contestar la demanda el gobernador del Estado negó la existencia de alguna relación directa de tipo laboral con los demandantes por no darse los requisitos de subordinación y dependencia. Esa circunstancia fue desestimada por el tribunal responsable en la resolución reclamada, bajo el argumento de que conforme a lo establecido en los artículos 1o., 2o., 3o., 31, fracciones II, IV y XIV, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado el Poder Ejecutivo, de acuerdo a su estructura, se apoya en diversas dependencias para el debido funcionamiento de la administración pública estatal, entre las que se encuentran la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, por lo que siendo éstas codemandadas entes que orgánica y económicamente dependen de él, lo alegado no lo deslinda de la relación laboral.

"Ahora, la parte quejosa expresa, como primer argumento, en lo medular, que no se demostró en autos la relación de trabajo entre ella y los actores demandantes, que al contestar la demanda negó la relación laboral, por lo que a su contraparte le correspondía probar su existencia, que resulta material y jurídicamente imposible la existencia de dicha relación con el titular del Poder Ejecutivo y que los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletoria de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, disponen que la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias que ahí se cita y los trabajadores, por lo que no hay duda, afirma, no existe la relación laboral con el Gobierno del Estado.

"Los razonamientos que soportan ese concepto de violación se estiman suficientes para declararlo fundado, pues, como se constatará más adelante, en ellos se expresa cuál es el agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada y los motivos que lo originan, es decir, expresa con claridad la causa de pedir lo que es suficiente para considerar su estudio, del que, se reitera, se advierte que son fundados.

"Sirve de apoyo a lo que precede la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de la voz y literalidad siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe).

"En estas condiciones, se procede a evidenciar el porqué de la conclusión anticipada. Los artículos 40, 41, primer párrafo, 49, primer párrafo, 80, 89, fracción II y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo contenido fue retomado, como se desprende del estudio comparativo que enseguida se realiza, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, disponen:

"‘40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.’

"‘41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.’

"‘49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.’

"‘80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará «Presidente de los Estados Unidos Mexicanos».’

"‘89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: ... II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;’

"‘90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

"‘Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos.’

"Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí establece lo relativo en sus numerales 3o., 6o., 72, 80, 82 y 131 bajo el tenor siguiente:

"‘3o. El Estado de San Luis Potosí adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, y lo ejerce por medio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En ningún momento podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. Los Poderes del Estado no tendrán más atribuciones que las que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ellas emanen.’

"‘6o. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución son la Ley Suprema del Estado. Las leyes y demás ordenamientos que de ellas emanen conforman su estructura jurídica.

"‘Para la prevalencia y conservación del Estado de derecho, todas las autoridades y servidores públicos, así como todos los habitantes del Estado estarán obligados a respetar y obedecer dichas leyes.’

"‘72. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Su elección será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral del Estado, salvo los casos previstos en la presente Constitución.’

"‘80. Son atribuciones del gobernador del Estado las siguientes: ... XI. Designar y remover libremente a los secretarios de despacho, así como a los demás servidores públicos del Estado cuyo nombramiento y remoción no estén atribuidos expresamente por esta Constitución a otra autoridad;’

"‘82. El gobernador del Estado se auxiliará con las dependencias y entidades que prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública, para el despacho de los negocios de su competencia.

"‘Esta ley determinará las atribuciones de cada una de las dependencias; definirá las bases generales para la creación de entidades paraestatales, así como la intervención del Ejecutivo para su operación; complementariamente, los reglamentos interiores de las dependencias prevendrán su organización, funcionamiento y atribuciones específicas.’

"‘131. Las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley de la materia expedida por el Congreso del Estado con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’

"Como se anticipó, de un análisis comparativo entre la Constitución Federal y la Local se colige, en lo que interesa, que ambas establecen que el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, quien se auxiliará de las dependencias y entidades que prevea la ley orgánica de la administración pública en cada uno de los ámbitos correspondientes, para el despacho de los negocios de su competencia.

"Por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí que dispone las bases de la organización y funcionamiento de la administración pública de esta entidad federativa, prevé, en sus ordinales 2o., 3o., 8o., 17, 18, 26 y 31 lo siguiente:

"‘2o. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo denominado Gobernador Constitucional del Estado, quien tendrá las funciones y atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la presente ley, y las demás disposiciones jurídicas que de ellas emanen.’

"‘3o. Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que conforman la administración pública del Estado, la cual será:

"‘I. Centralizada, la que se integrará por las siguientes dependencias:

"‘a) Las secretarías del despacho;’

"‘8o. El gobernador del Estado nombrará y removerá libremente a los secretarios del despacho, al oficial mayor y a los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento y remoción no estén atribuidos expresamente por la ley a otra autoridad y presentará al Congreso el nombramiento del procurador general del Estado para su ratificación.’

"‘17. Las dependencias de la administración pública centralizada tendrán igual rango y entre ellas no habrá preeminencia alguna.’

"‘18. Al frente de cada dependencia habrá un titular, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los servidores públicos que autoricen las leyes, los reglamentos interiores y los decretos y acuerdos del Ejecutivo.’

"‘26. Las dependencias y entidades administrarán los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales que requieran sus unidades administrativas.’

"‘31. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos y negocios de la administración pública estatal, el Ejecutivo contará con las siguientes dependencias: I. Secretaría General de Gobierno; II. Secretaría de Finanzas; III. Secretaría de Planeación del Desarrollo; IV. Secretaría de Desarrollo Social y Regional; V. Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; VI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; VII. Secretaría de Desarrollo Económico; VIII. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos; IX. Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; X. Secretaría de Educación; XI. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; XII. Secretaría de Turismo; XIII. Secretaría de Cultura; XIV. Oficialía Mayor; XV. Procuraduría General de Justicia; XVI. Contraloría General del Estado; y XVII. La Secretaría de Salud.

"‘En el caso de la Consejería Jurídica y de la Defensoría Social, éstas quedarán adscritas al despacho del Ejecutivo.’

"Los preceptos transcritos revelan que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos y negocios de la administración pública estatal, el Ejecutivo contará con diversas dependencias y que cada secretaría tendrá un titular, el cual, para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de diversos funcionarios que autoricen las leyes respectivas, es decir, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado permite la delegación de facultades para la eficaz atención y despacho de los asuntos.

"Ahora, como se anotó en supralíneas la autoridad responsable determinó que la parte quejosa está obligada a responder de las pretensiones reclamadas por los actores, en virtud de que la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, orgánica y económicamente dependen de él, apoyando su decisión, entre otros, en los artículos 1o., 2o., 3o., 31, fracciones II, IV y XIV, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Conclusión que se estima contraria a los preceptos legales reproducidos y a los que más adelante se invocarán.

"En primer lugar, es de apuntarse que, como bien lo dice la autoridad quejosa, en el juicio de origen se demandó y condenó al ‘gobierno del Estado’, el cual en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Local (transcrito líneas atrás), está integrado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sin embargo, quien fue emplazado con la demanda intentada por los actores y produjo su contestación, es el gobernador de esta entidad federativa, por lo que debe entenderse al no existir indicios que vislumbren una conclusión diversa, máxime que al desahogarse la audiencia trifásica el representante de los trabajadores no hizo aclaración alguna después de que se le dio vista con la antepuesta contestación, que el efectivamente demandado es el titular del Ejecutivo Local.

"Por otro lado, de acuerdo con la obra ‘Teoría General del Derecho Administrativo’ del autor Miguel Acosta Romero, editorial Porrúa, décimo quinta edición, páginas 273, 282 y 283 ‘la centralización es la forma de organización administrativa en la cual, las unidades, órganos de la administración pública, se ordenan y acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a partir del presidente de la República, con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la acción y la ejecución ...’, conclusión que si bien alude al Ejecutivo Federal, resulta aplicable, por analogía, al Ejecutivo Estatal, pues en términos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de San Luis Potosí, reproducidos en supralíneas, tienen una organización semejante.

"Asimismo, en palabras del autor en consulta, la secretaría de Estado es el órgano superior político administrativo compuesto por la estructura jurídica y el conjunto de personas y elementos materiales a su disposición, para ejercitar su competencia, bajo la autoridad del titular, quien a su vez, depende del Ejecutivo. Los secretarios de Estado son los jefes superiores de la unidad administrativa de la que son titulares, ellos la administran en todos sus aspectos, designando al personal de confianza que no nombre el Ejecutivo, interviniendo en los movimientos escalafonarios del personal de base, estando su actividad sujeta al orden jurídico aplicable.

"En ese tenor, de lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que si bien es verdad el Poder Ejecutivo es una unidad, el mismo no es ejercido por un solo individuo, sino por varios. En efecto, como ya se dijo, en términos de la Constitución Local, la cual es acorde con la Carta Magna, el titular de ese poder es el gobernador del Estado, quien delega cierto tipo de facultades a los secretarios que el mismo nombra, quienes podrán delegar cualesquiera de sus funciones que no deban ser ejercidas por ellos, a favor de otros de menor jerarquía de la propia secretaría.

"Siguiendo esa línea de pensamiento, la Ley de la Administración Pública Estatal, en su artículo 26 establece que las dependencias y entidades administrarán, entre otros, los recursos humanos que requieran sus unidades administrativas, es decir, prevé la facultad de los titulares de las secretarías de Estado y de las entidades que conforman la administración pública de nombrar y remover al personal de la dependencia u organismo a su cargo. Prerrogativa que no es ilimitada, pues en respeto al derecho de estabilidad en el empleo, la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado regula los supuestos y la forma en que habrá de actuarse en caso de terminación de la relación laboral.

"En efecto, la relación laboral se da entre los titulares de las dependencias y los trabajadores a su servicio. Interpretar de otra manera el precepto en comento (artículo 26 de la Ley de la Administración Pública Estatal), sería tanto como hacer incongruente e impracticable el sistema establecido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reflejado en la Carta Fundamental del Estado -ya comentado en supralíneas-. Así es, es manifiesto (sic) que en el caso de empleados y funcionarios menores, la responsabilidad de la designación de todos ellos no puede quedar a elección del gobernador del Estado, ni éste va a quedar solidarizado con la actuación individual de todos y cada uno de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo Local, pues precisamente una de las finalidades de la delegación de facultades es la desconcentración de actividades y sus consiguientes responsabilidades.

"Sobre el tema que se trata, los artículos 1o., 5o. y 7o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado establecen:

"‘1o. La presente ley es de observancia general y obligatoria en el Estado de San Luis Potosí y rige las relaciones de trabajo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de los Municipios, así como de los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal con sus trabajadores.’

"‘5o. Para efectos de la presente ley, se entenderán por instituciones públicas de gobierno, a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Municipios, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal.’

"‘7o. Para efectos de la presente ley, se entiende por trabajador toda persona física que presta un servicio personal subordinado a las instituciones públicas a que se refiere el artículo 1o. de la misma, en virtud de nombramiento expedido por funcionario competente.’

"De la literalidad de esos preceptos podría entenderse que la relación de trabajo se establece entre los titulares de cada uno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Municipios y otros organismos que integran la administración pública estatal, verbigracia el gobernador del Estado. Sin embargo, razonar en esa forma torna incongruente el sistema previsto por el legislador en la Carta Magna y retomado en la Constitución Local, ya que si aquéllos no tienen ninguna intervención en los nombramientos de los empleados de cada una de las dependencias citadas, dado que no está dentro de sus potestades en mérito de la delegación de facultades prevista en las leyes ya analizadas, no se explica ni se justifica la razón de la distracción de sus actividades para atender asuntos relativos a tales nombramientos y cuestiones referentes a los mismos.

"Esa conclusión se ve reforzada por dos aspectos:

"1) Al remitirnos al proceso legislativo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado se desprende que en el proyecto originario denominado ‘Ley Estatal del Trabajo Burocrático’, el contenido de los artículos 1o. y 18 era el siguiente:

"‘1o. La presente ley es de observancia general y normará las relaciones de trabajo entre las autoridades, funcionarios del Estado, funcionarios de los Ayuntamientos, instituciones descentralizadas, instituciones paraestatales y los trabajadores al servicio de dichas entidades públicas.’

"‘18. Para la elaboración de las condiciones de trabajo, los titulares de las entidades o instituciones habrán de establecer las disposiciones necesarias que normen el buen funcionamiento interno de sus dependencias u oficinas, pero en todo caso, aun para la modificación del reglamento de condiciones de trabajo, deberán oír la opinión del sindicato. Las condiciones de trabajo obligan a su cumplimiento y a las consecuencias que sean conforme a las aptitudes del trabajador, la costumbre y la buena fe.’

"Sin embargo, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación y Puntos Constitucionales emitieron, el siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, un dictamen en el que propusieron reformas a diversos ordinales de entre los que destaca la redacción de los artículos 1o. y 7o. del tenor siguiente:

"‘1o. La presente ley es de observancia general en el Estado de San Luis Potosí y obligatoria para las autoridades y funcionarios de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de sus Municipios. Rige las relaciones de trabajo entre éstos y sus servidores públicos, así como la existente entre los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal y sus trabajadores.’

"‘7o. Para efectos de la presente ley, se entiende por trabajador toda persona física que presta un servicio personal subordinado a las instituciones públicas a que se refiere el artículo 1o. de la misma, en virtud de nombramiento expedido por funcionario competente.’

"Como se observa de lo transcrito, la intención del legislador fue la de regular las relaciones laborales entre los titulares de las dependencias que integran cada uno de los Poderes del Estado, por ejemplo, del Ejecutivo, las Secretarías de Estado y las entidades que conforman la administración pública, entre ellos los organismos descentralizados, por lo que la ley burocrática vigente debe interpretarse en ese sentido.

"2) Este punto radica en que al no prever la Ley de los Trabajadores al Servicio de la Administración Pública del Estado en forma expresa entre quiénes se establece la relación de trabajo, se vuelve necesario recurrir a la supletoriedad de la norma, regulada en el artículo 4o. de la misma en la forma siguiente:

"‘4o. En lo no previsto en este ordenamiento, se aplicarán supletoriamente y, en su orden, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los principios generales del derecho y de la justicia social, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Si aún persiste la duda resolverá con la interpretación más favorable al trabajador.’

"En el caso particular, se considera que no es aplicable la Ley Federal del Trabajo en atención a que esa norma regula las relaciones laborales ordinarias las cuales tienen diferencias sustanciales con las burocráticas, baste mencionar la posición de las partes, esto es, mientras en el primero interviene la libre voluntad de ellas, en el segundo la relación nace como consecuencia de un acto de nombramiento, además de que el desempeño de la función no se encuentra sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia y del servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

"Además, el contenido de los artículos 8o. y 10 de la Ley Federal del Trabajo no ilustran lo suficiente para dilucidar el problema planteado, ya que de ellos únicamente se desprende que la relación laboral se establece entre la persona física que presta un trabajo personal subordinado y la persona física o moral que los utiliza, lo cual nos remitiría a desentrañar quien se sirve de las actividades desplegadas por el servidor.

"De tal suerte que se debe acudir a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la que en sus artículos 1o. y 2o. ordena:

"‘1o. La presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos.’

"‘2o. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo las directivas de la Gran Comisión de cada Cámara asumirá dicha relación.’

"Según se aprecia, ese marco normativo corrobora lo hasta aquí razonado, pues textualmente preceptúa que la relación de trabajo se establece entre los titulares de las dependencias que integran los Poderes de la Unión, lo que al trasladarse al Gobierno Local debe entenderse con cada uno de los Poderes del Estado, y los trabajadores de base a su servicio. Y en cuanto al aspecto de la dependencia económica aducido por la autoridad responsable, en el caso no se surte, ya que ni la Secretaría de Finanzas ni la Oficialía Mayor dependen económicamente del gobernador del Estado, pues los recursos de esa naturaleza se asignan al Poder Ejecutivo y no a su titular, siendo varias secretarías de Estado -entre ellas la de Finanzas y la de Planeación y Desarrollo-, en acuerdo con el aquí quejoso, los encargados de su programación y administración.

"En suma, si por un lado tenemos que de los numerales 72, 80 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí se desprende que el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, quien se auxiliará de las dependencias y entidades que prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal para el despacho de los negocios de su competencia; por otro, que de los numerales 18 y 26 del ordenamiento citado en último término se advierte que los titulares de cada una de dichas dependencias se apoyarán de los servidores que autoricen las leyes, reglamentos interiores y los decretos y acuerdos del Ejecutivo, estando a cargo de aquél su administración

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19543-e0636eb4/relacion-de-trabajo-de-los-servidores-publicos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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