AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. LA PERSONALIDAD DEL APODERADO DEL QUEJOSO DEBE ACREDITARSE CONFORME AL ARTÍCULO 12, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. PERSONALIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, CONFORME AL ARTÍCULO 12, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, PUEDE CONSTITUIR APODERADO MEDIANTE ESCRITO RATIFICADO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, así como los diversos 4/2002 y 6/2003 de ese mismo órgano colegiado, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos materia de la especialidad de esta Sala, respecto de los cuales no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, al no tratarse de un asunto que revista un interés excepcional, máxime que existen precedentes que auxilian a resolver la discrepancia de criterios.
En efecto los acuerdos mencionados, en la parte que interesa, disponen lo siguiente:
Acuerdo 4/2002
"Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de Listas."
Acuerdo 6/2003
"Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes:
"...
"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto; ..."
Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, debe decirse que subsiste la clara intención por parte del Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual ha estimado necesario conservar únicamente los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional, correspondiendo a las Salas la resolución de los demás asuntos que no revistan estas características, según se desprende de la siguiente transcripción:
Acuerdo 4/2002
"Séptimo. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;
"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema v las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede.
"Noveno. Para analizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los efectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido;"
Acuerdo 6/2003
"Séptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno."
En este sentido con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Pleno, dado que no reviste un interés excepcional, se estima que su conocimiento corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por Andrés Morales Moreno, quejoso en el juicio de amparo indirecto 115/2006 y su acumulado 116/2006, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, de donde derivó la queja 13/2006, que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el recurso de queja 5/2006, derivado del juicio de amparo 1551/2005-IV, que interpuso el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, y por ausencia de éste y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador Fiscal de la Federación, en contra del auto de veintitrés de diciembre de dos mil cinco, por el que la Juez Cuarto de Distrito con residencia en San Luis Potosí, admitió la demanda de amparo que promovió Sergio Iván García Badillo, quien se ostenta como mandatario del quejoso Severo Pérez Pérez, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. Los motivos de disenso insertos resultan infundados en sus diversos aspectos.
"La parte recurrente sostiene, en esencia, que es ilegal el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil cinco, dictado por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el amparo indirecto promovido por Severo Pérez Pérez, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, radicado bajo el número de expediente 1551/2005-IV, por conducto de su mandatario Sergio Iván García Badillo, en virtud de que la a quo federal realizaba una inexacta y limitada aplicación de los artículos 13 y 147 de la Ley de Amparo, pues no es suficiente acudir al juicio de garantías a nombre de otro con una carta poder, en mérito que el acto que se reclama no está regulado en las hipótesis normativas previstas en el capítulo II, del título primero de la ley de la materia por lo que se requiere de poder notarial. Aunado a que Sergio Iván García Badillo no tiene reconocida personalidad ante las autoridades responsables.
"Los ordinales 12 y 13 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:
"‘12. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen. En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
"‘Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio.’
"‘13. Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.’
"De acuerdo con el contenido de los preceptos reproducidos, la personalidad en el juicio de amparo se puede acreditar, por regla general, en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Empero, una excepción a lo anterior (artículo 13 supratranscrito), es cuando el interesado tiene reconocida la personalidad ante la autoridad responsable, pues bastará que se demuestre ese extremo para que el resolutor federal la tenga por admitida.
"Así como primera cuestión debe determinarse si Sergio Iván García Badillo acreditó el carácter que ostenta en términos de la excepción o de la regla general.
"En el proemio del libelo de garantías, cuya copia certificada remitió la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, se lee:
"‘Sergio Iván García Badillo, mexicano, mayor de edad en cumplimiento al mandato especial que me otorgó el C. Severo Pérez Pérez ... Por medio del presente escrito vengo a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal ...’ (foja cuarenta y uno).
"Como se advierte de lo antepuesto, Sergio Iván García Badillo dijo acreditar su personalidad en el expediente constitucional de origen, en términos del mandato especial que le confirió Severo Pérez Pérez, es decir, ajustándose a la regla general prevista en el ordinal 12 de la Ley de Amparo y no a la excepción contenida en el diverso numeral 13 del propio ordenamiento, pues el promovente no justificó, ni exhibió su personalidad con documental expedida por alguna de las autoridades responsables.
"Ahora, en el segundo párrafo del multicitado artículo 12 de la ley en consulta se prevé que la personalidad en el juicio de amparo se justifica:
"a) En la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y
"b) En caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
"En ese contexto, debe determinarse la materia del acto reclamado para concluir en qué forma debe acreditarse la personalidad en el juicio de amparo.
"Al resolver el amparo en revisión 845/2000, de los de su índice, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que son dos aspectos los que determinan el tipo del juicio de amparo en materia de trabajo, a saber:
"a) La calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo, quien debe ser trabajador.
"b) La naturaleza jurídica del acto reclamado, que se fija por el bien jurídico o interés fundamental que afecta o lesiona, sin importar su origen, es decir, si deriva de un conflicto obrero patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento. Efectivamente, basta que se menoscabe de manera directa e inmediata algún bien o interés fundamental tutelado en el artículo 123 constitucional o en las leyes ordinarias de naturaleza laboral que de ella emanen, a favor del trabajador quejoso.
"De la ejecutoria invocada resultó la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 502, del rubro y contenido siguientes:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y, POR EXTENSIÓN, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AUNQUE DICHO ACTO SEA FORMALMENTE ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe).
"Pues bien, con apoyo en lo anterior, se procede a analizar si en el caso se actualizan los dos supuestos necesarios para considerarlo de naturaleza laboral.
"De la copia certificada de las demandas de amparo que obran agregadas al cuaderno formado con motivo de este recurso, se desprende que la instancia constitucional fue incoada por Sergio Iván García Badillo, quien se ostentó mandatario especial de Severo Pérez Pérez, de ese libelo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir, en esencia, en el proceso legislativo de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil cinco, así como su reglamento, denominado Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (FID 2106), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil cinco, además de la aplicación y consecuencias de esos ordenamientos.
"También en la demanda de garantías se precisa que el señor Pérez Pérez fue trabajador migratorio mexicano entre mil novecientos cuarenta y dos y mil novecientos sesenta y cuatro, acompañando a ese libelo copia certificada del ‘formato de presentación de documentos de procedencia, fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos 1942-1964’, con número de folio 472, en el que aparece que la solicitud relativa la formuló en su calidad de beneficiario.
"Así las cosas, Severo Pérez Pérez es trabajador pues desempeñó alguna actividad laboral en los Estados Unidos de Norte América en el periodo comprendido de mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro.
"En cuanto al segundo requisito, naturaleza jurídica del acto reclamado, debe precisarse que las circunstancias accidentales de que en el juicio de amparo del que deriva el recurso de queja que se resuelve, el quejoso no tenga como contraparte al patrón o a una autoridad del trabajo, sino a autoridades de índole legislativa y administrativa; y de que el acto reclamado no derive de un conflicto obrero patronal, sino de una norma legal y de su acto concreto de aplicación, realizado por una autoridad administrativa, no son causas determinantes de la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, de la materia del amparo pues como quedó acotado anteriormente, la materia o naturaleza del amparo la determinan la calidad del sujeto que lo promueve, así como la naturaleza jurídica del acto, ley o reglamento reclamado, que a su vez se fija por el bien jurídico o interés fundamental que afecta o lesiona.
"Así, en el escrito de demanda se indica que la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos se encuentra dirigida a todos aquellos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de Norte América durante los años de mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro, contratados bajo el programa de trabajadores migratorios, comúnmente denominado ‘braceros’, que dichos trabajadores mexicanos suscribieron contratos individuales de trabajo con los patrones norteamericanos y que en razón de un convenio entre ambos gobiernos se estipuló en dichos contratos un descuento del diez por ciento de su salario, para la formación de un fondo de ahorro que sería entregado al regreso a su lugar de origen y mientras tanto dicha cantidad quedó en depósito del Gobierno Mexicano.
"De igual forma, se aprecia que se tildan de inconstitucionales las normas reclamadas, entre otros aspectos, porque en el artículo 9o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y en el punto 6.3.3. de las reglas de operación de ese fideicomiso, se establece que las personas que acepten el apoyo liberarán al Gobierno Mexicano de cualquier reclamo, presente o futuro relacionado en cualquier forma con los acuerdos internacionales que dieron origen al programa de trabajadores migratorios mexicanos, sin reservarse ningún derecho o acción legal que pudiera corresponder en virtud de dichos acuerdos, que tomando en consideración que el convenio celebrado entre los Gobiernos de México y de Estados Unidos de Norte América en mil novecientos cuarenta y dos es el antecedente directo del programa de trabajadores migratorios mexicanos, se deduce que las obligaciones de las que se pretende liberar el Gobierno de México es la entrega del fondo de ahorro formado con las aportaciones de los trabajadores mexicanos que tiene en depósito, las cuales fueron descontadas directamente de sus salarios en términos de los contratos individuales de trabajo celebrados en su momento y de conformidad con lo pactado por ambos países en el anotado convenio.
"Los artículos 1o., 3o., 5o., fracción I, 6o., primer párrafo y 9o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, son de la literalidad siguiente:
"‘1o. El Ejecutivo Federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta ley a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el programa de trabajadores migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la presente ley.’
"‘3o. El fideicomiso contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias. El fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.’
"‘5o. El comité técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades: I. Establecer las reglas de operación por las cuales se regirá el cumplimiento del fin del fideicomiso;’
"‘6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones: ...’
"‘9o. Los ex trabajadores o sus beneficiarios con derecho a recibir el apoyo previsto en esta ley, al recibirlo, aceptarán por escrito liberar al Gobierno de México y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier reclamo pasado, presente y futuro relacionado en cualquier forma con los acuerdos internacionales que dieron origen al programa de trabajadores migratorios mexicanos, sin reservarse ningún derecho o acción legal alguna que pudiera corresponderles por virtud de dichos acuerdos. El apoyo otorgado por esta ley no se considerará compensación, indemnización o retribución alguna a favor de ningún titular o beneficiario.’
"De esos numerales se desprende, en lo que interesa, que el Ejecutivo Federal constituirá el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos y que tendrá por finalidad otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro, de conformidad con lo establecido por el programa de trabajadores migratorios, o en su caso, a sus cónyuges o a los hijos que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo.
"Por su parte, las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964), que también reclama la parte quejosa, en sus puntos 1, 3, 5, 6.3.3., 7 y 8, establecen:
"‘1. Aplicación y objeto. Las presentes reglas de operación, son de observancia general y tienen por objeto establecer los criterios de operación que rigen el funcionamiento del fideicomiso No. 2106 fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos con apego al contrato (el constitutivo del fideicomiso denominado fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos) y al decreto (mediante el que se expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos) ... 3. Población objetivo. La población objetivo del fideicomiso son los ex trabajadores migratorios que acrediten que prestaron sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años 1942-1964, o en su caso, sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan, y que cumplan con los requisitos del artículo 6o. del decreto ... 5. Importe del apoyo social. El importe del apoyo social que se entregará a cada beneficiario será por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho, mil pesos 00/100 M.N.); de acuerdo con los recursos disponibles en el patrimonio del fideicomiso, de conformidad con el orden de prelación que se establece en el artículo 5o., fracción III, del decreto ... 6.3.3. Entrega del apoyo social. La fiduciaria transferirá los apoyos sociales los días lunes o el día hábil siguiente al tercero, para que a partir de ese mismo día, éste instrumente lo necesario para llevar a cabo la entrega del apoyo social a los beneficiarios que integran la relación de apoyos programados, contra la obtención del documento previsto en el artículo 9o. del decreto y cláusula quinta del contrato. El tercero efectuará la entrega de los apoyos sociales de acuerdo con la relación de apoyos programados autorizada por el comité técnico y proporcionada por la fiduciaria conforme se presenten los beneficiarios a recibir dicho apoyo en las sucursales respectivas del tercero, el apoyo social se entregará a cada beneficiario que integra la relación de apoyos programados, previa identificación del beneficiario y obtención del documento a que se refiere el artículo 9o. del decreto y la cláusula quinta del contrato de conformidad con el formato propuesto por la dependencia coordinadora, el cual se acompaña como anexo 2 de las presentes reglas. El tercero deberá obtener de cada uno de los beneficiarios que integran la relación de apoyos programados, contra la entrega de los apoyos sociales, el documento a que se refiere el artículo 9o. del decreto y la cláusula quinta del contrato, en el que aceptará liberar al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier reclamo del pasado, presente y futuro relacionado en cualquier forma con los acuerdos internacionales que dieron origen al programa de trabajadores migratorios mexicanos, sin reservarse ningún derecho o acción legal que pudiera corresponderles en virtud de dichos acuerdos, en términos del artículo 9o. del decreto, en el entendido de que la fiduciaria no tendrá mayor responsabilidad que la prevista en el contrato y en las presentes reglas. Los beneficiarios tendrán un plazo de 30 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación de la relación de apoyos programados que realice la dependencia coordinadora en el Diario Oficial de la Federación y, por lo menos, en dos diarios de amplia circulación local en la entidad federativa de que se trate, para acudir a la sucursal del tercero a recibir el mismo. Una vez transcurrido dicho plazo, el tercero informará y transferirá los apoyos sociales remanentes a la cuenta del fideicomiso que el fiduciario previamente le proporcione. El tercero remitirá a la fiduciaria, a más tardar dos días hábiles posteriores a la fecha de la entrega del apoyo social a los beneficiarios, la copia de identificación de estos últimos y el original del documento a que se refiere el artículo 9o. del decreto y la cláusula quinta del contrato debidamente firmado. La fiduciaria concentrará la documentación que le remita el tercero como soporte de la entrega de los apoyos sociales a los beneficiarios, y los remitirá a la dependencia coordinadora a más tardar dos días hábiles posteriores a su recepción, a efecto de que esta última los integre a los expedientes respectivos, conservándolos bajo su custodia. En tanto es entregado el apoyo social a los beneficiarios, el tercero transferirá dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, a la cuenta del fideicomiso que previamente le notifique la fiduciaria, los intereses que en su caso, genere el saldo de los recursos que le fueron transmitidos. En caso de presentarse beneficiarios ante el tercero, después de transcurrido el plazo señalado en el cuarto párrafo del presente numeral, el tercero identificará al beneficiario y lo informará a la fiduciaria, quien a su vez, lo hará del conocimiento del comité técnico para su resolución correspondiente. 7. Modificación a las reglas. Las presentes reglas de operación se podrán modificar mediante acuerdo adoptado por el comité técnico, previa opinión del fiduciario. 8. Interpretación de las reglas. El comité técnico podrá resolver cualquier caso no previsto en las presentes reglas para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, en estricto apego al decreto, al contrato de fideicomiso y demás normativa aplicable ...’
"Como se advierte de lo transcrito, el comité técnico estableció los criterios de operación que rigen el funcionamiento del fideicomiso número 2106, denominado fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos.
"Concluyendo, los citados ordenamientos se tildan de inconstitucionales, entre otros aspectos, porque en ellos se establece como requisito para recibir el apoyo signar un documento en el que se libera al Gobierno Mexicano de cualquier reclamo presente y futuro relacionado en cualquier forma con los acuerdos internacionales que dieron origen al programa de trabajadores migratorios mexicanos, sin reservarse ningún derecho o acción legal alguna que pudiera corresponderles por virtud de dichos acuerdos lo que lleva inmerso, por lo menos así se concluye de las documentales con las que se cuenta hasta el momento en que esto se resuelve, renunciar a la parte proporcional del salario que le fue descontado a Severo Pérez Pérez durante el tiempo que laboró en el país vecino, en términos del convenio binacional México-Estados Unidos, celebrado en mil novecientos cuarenta y dos.
"Los artículos 5o., primer y tercer párrafos, 73, fracción X, 123, apartado A, fracciones VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen:
"‘5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. ... Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.’
"‘73. El Congreso tiene facultad: ... X. ... y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;’
"‘123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento ... X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda.’
"Y los artículos 6o., 18, 28, 33, 82 y 98 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, establecen:
"‘6o. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19787-6c8ba16a/amparo-indirecto-contra-leyes-la-personalidad-del-apoderado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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