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Modo: Corpus Pro

NÓMINAS. LA EXENCIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTA EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21056
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 676.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de tratarse de una contradicción de criterios en materia fiscal, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en los cuales dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el autorizado por las quejosas en el amparo en revisión administrativo 254/2007, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, quien tiene facultades para ello y, por tanto, debe concluirse que se cumple el requisito de legitimación señalado de conformidad con los preceptos antes indicados.

Ahora bien, en el presente asunto conviene efectuar el estudio de los criterios contendientes, a efecto de determinar si existe o no la contradicción planteada.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 248/2007, promovido por Colegio Montessori, A.C. y otro, por un lado, revocó la sentencia de cuatro de julio de dos mil siete, pronunciada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el juicio de amparo indirecto número 301/2007 y su acumulado 302/207, y por el otro, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las quejosas.

Las consideraciones de dicho Tribunal Colegiado fueron esencialmente las siguientes:

• La fracción II, inciso e), del artículo 27 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí vigente en el ejercicio fiscal de dos mil siete, otorga una exención a las instituciones de educación con reconocimiento oficial que la impartan de manera gratuita respecto de las erogaciones que lleven a cabo dentro del territorio del Estado, en dinero o en especie, por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado.

• Por su parte, el impuesto sobre nóminas establecido en dicho ordenamiento grava las erogaciones que por el mismo concepto realicen instituciones de educación con reconocimiento oficial que no la impartan de manera gratuita; es decir, que cobren colegiaturas; por tanto, establece un régimen fiscal distinto pues mientras a unas favorece con la exención a otras les impone la carga de tributar.

• Si bien el legislador está facultado para establecer distintas categorías de contribuyentes; y, por tanto, en principio esto no vulnera la equidad tributaria a que debe atender, lo cierto es que la condición que debe satisfacerse al crear esas categorías es que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, bases que, como ya se puntualizó, pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.

• Para establecer si en el caso ese tratamiento fiscal distinto respeta el principio de equidad tributaria, es necesario analizar si existen bases objetivas que justifican esta desigualdad; para ello, debe determinarse si las instituciones de educación con reconocimiento oficial que la impartan de manera gratuita y aquellas que cobren colegiaturas se encuentran en la misma hipótesis tanto del sujeto como del objeto del impuesto; y, por tanto, si se ubican en un supuesto igual; o si por el contrario, guardan una situación distinta.

• El análisis integral de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí permite concluir que las instituciones educativas con reconocimiento oficial que cobran colegiaturas, se ubican en la misma hipótesis de sujeto y objeto del impuesto, atento a las siguientes observaciones:

a) Ambas son personas morales que realizan erogaciones, en dinero o en especie, por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado.

b) Las dos son instituciones de educación con reconocimiento oficial.

c) No tienen fines de lucro ni especulativos.

d) Cuentan con una planta de personal, tanto académico como administrativo y de apoyo, para el cumplimiento de su fin.

• Las instituciones educativas con reconocimiento oficial que cobran colegiaturas, respecto de las gratuitas, gozan de similitud jurídica y objeto de impuesto y, por ende, deben encontrarse sometidas al mismo régimen tributario.

• Precisado esto, procede analizar si la exención en estudio se sustenta en una base objetiva que justifique la diferencia de trato entre unos y otros sujetos del impuesto.

• La palabra exención se refiere a una ventaja fiscal que determinada por la ley, beneficia a un contribuyente, y en razón de la cual es exonerado del pago total o parcial de un tributo.

• En virtud de la exención se eliminan de la regla general de causación ciertos hechos o situaciones gravados, por razones de equidad, sociales, políticas, económicas e, inclusive, extrafiscales; génesis que debe estar plenamente justificada, ya sea en el texto de la ley, en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, en los dictámenes de las comisiones legislativas, en las discusiones parlamentarias de las Cámaras que sustentaron la norma que prevea tal figura jurídica o que se deduzca lógicamente de la ley, porque al neutralizar parcial o totalmente la obligación jurídico-tributaria para un universo o categoría de contribuyentes, la exención no puede ser arbitraria.

• Al igual que los elementos esenciales de los tributos, la exención debe estar contenida en la ley, entendida ésta como el acto formal y materialmente legislativo, cumpliéndose así con los principios tributarios de legalidad y equidad.

• La lectura integral de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, contrario a lo expresado por la Juez Federal, no permite concluir la existencia de dicha base objetiva, pues como se ha venido exponiendo, no establece de forma marcada una clasificación distinta entre las instituciones que imparten educación de manera gratuita y las que sí cobran por ella. Ni la exposición de motivos de la ley, ni los dictámenes correspondientes de la discusión de dicha ley permiten advertir las razones que llevaron al legislador a establecer tal exención.

• De la referida exposición de motivos se desprende que se aumenta la base gravable del citado tributo, con la intención de que sea equitativa para todos los contribuyentes; que genere un incremento de recursos públicos para destinarlos a la inversión pública de obras y servicios que demanda la sociedad; y se mantienen las exenciones a organismos y agrupaciones sin fines lucrativos como sindicatos e instituciones de asistencia social.

• Si el legislador no es quien considera y expone en el cuerpo legal las bases objetivas que justifiquen el tratamiento distinto que otorga a determinados sujetos de la ley, no es dable al juzgador ser quien busque los posibles motivos (no expresados en la ley) que originaron ese tratamiento, pues como ha dicho el Máximo Tribunal Constitucional, en diversas tesis jurisprudenciales "... cuando en una ley tributaria se establece una exención, ésta debe justificarse como situación de excepción, ya sea porque del propio contenido de la ley se advierta con claridad o porque en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, en los dictámenes de las comisiones legislativas o en las discusiones parlamentarias de las Cámaras que sustentaron la norma que prevea la exención, se expresen las razones que den esa justificación."

• Los motivos considerados en la sentencia no justifican, en modo alguno, que sea equitativa la exención en estudio, ya que la Juez determinó como rasgos que hacen desiguales a las instituciones de educación que la imparten de manera gratuita y aquellas que cobran por la misma, las siguientes:

Que la situación económica de ambos sujetos es distinta, misma que tomó en cuenta el legislador, pues esta exención fue planteada de acuerdo a las características económicas de los sujetos, lo que no implica un trato inequitativo pues existen circunstancias que justifican de manera objetiva el trato fiscal que a cada una corresponde, al tener el trato distinto que se les da a las instituciones educativas, lo que tiene justificación en fines extrafiscales establecidos como parte de la política tributaria del Estado, reitera que la categorización se estableció de acuerdo a su capacidad contributiva, la cual se establece en base a una riqueza presunta como son los gastos que hace por concepto de remuneraciones a sus trabajadores, ya que en aquellas de carácter privado, los educandos aportan sus cuotas a cambio de la impartición del servicio, y las de carácter público no las reciben porque su sustento está en el erario público, y aun cuando las primeras no tienen una finalidad eminentemente lucrativa, sí reflejan su capacidad contributiva en las erogaciones que realizan por las remuneraciones a sus trabajadores, continúan diciendo que las instituciones educativas de carácter privado fijan su presupuesto y acorde a éste sujetan las aportaciones de los padres de familia, lo que no sucede con las instituciones gratuitas las que tienen que sujetarse al que les asigne el Estado, que se justifica el trato desigual, pues las que cobran una colegiatura realizan erogaciones por remuneración de prestación de un servicio personal subordinado, que es el hecho imponible, el que se grava y no el objeto social, que las asociaciones tienen la facultad de imponer sus cuotas y colegiaturas, y disponer de ellas tanto para el pago de sus trabajadores como para el objeto social.

• Ninguna de esas diferencias constituye un elemento relevante para los efectos de este asunto; pues, como se dijo, la capacidad contributiva se encuentra relacionada con el principio de proporcionalidad y no de equidad, además que tal trato desigual no responde objetivamente a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales, ya que las instituciones, tanto las que no cobran como las que sí lo hacen, imparten educación y cuentan con reconocimiento oficial.

• El hecho de que unas tengan que sujetar su actividad al presupuesto que les es asignado y las otras puedan cobrar colegiaturas o cuotas para llevar a cabo su fin social, pudiendo establecerlas libremente, no resulta ser una nota distintiva relevante, pues en tal caso, a mayores erogaciones que realicen las instituciones, por tener mayores ingresos y, por ende, mayor número de trabajadores o prestadores de servicios personales subordinados, mayor sería el monto a pagar por el tributo, lo cual, se insiste, tiene relación con la proporcionalidad y no la equidad, pues en todos los casos, el objeto de las instituciones es idéntico y ambas no tienen fin de lucro, pues las asociaciones civiles, como lo es la quejosa, se conforman cuando más de tres individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común (impartir educación) que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico.

• Sostener que la exención fue establecida por motivos extrafiscales, sin que ellos se desprendan con claridad de la propia ley, no es un argumento apto para justificar que se trata de dos categorías de contribuyentes porque no encuentra sustento en la ley, ni en las razones expuestas en la sentencia recurrida; amén de que como ya se explicó, de su contenido no se advierte la existencia de bases objetivas que justifiquen un tratamiento especial para las instituciones educativas con reconocimiento oficial que la impartan de manera gratuita. Además, los motivos que el Juez expuso (y que el legislador no consideró) no son aptos para demostrar que, efectivamente, se trata de grupos distintos de contribuyentes que, por tanto, deben recibir un trato también distinto.

Similares consideraciones ha sostenido dicho tribunal al resolver los amparos en revisión administrativos 242/2007 y 255/2007.

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 254/2007, promovido por María Luisa Olanier, A.C., Colegio Juan de Dios Peza, A.C., e Instituto Matel, A.C., por un lado, confirmó la sentencia recurrida y, por el otro, negó el amparo de la Justicia de la Unión solicitado.

Las consideraciones de dicho Tribunal Colegiado fueron esencialmente las siguientes:

• El legislador cuenta con plena libertad para el establecimiento de contribuciones, cuyo único límite es el respeto a los principios constitucionales en materia tributaria, esto es, el establecimiento de contribuciones constituye el ejercicio de la potestad tributaria; así el que tiene el poder de gravar, tiene el poder de no gravar, de gravar de diversa manera y de desgravar, pero siempre en respeto de los márgenes constitucionales.

• Las exenciones establecidas por el legislador también deben atender a los principios contenidos en los artículos 13 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues también deben observar los principios de generalidad y un esquema de igualdad de las cargas tributarias que pesan sobre los particulares, para lo cual es necesario que el legislador, al crear el supuesto generador de la obligación o exención tributaria, no se conduzca con fines discriminatorios (por ejemplo, por motivos de raza, religión o sexo), ni caprichosos o arbitrarios sino conforme a criterios objetivos con relevancia y significación frente al objeto y fin de la ley tributaria.

• De las pruebas aportadas por la quejosa, si bien se desprende su constitución, asociación civil sin fines lucrativos, no existe alguna de la que se advierta, que efectivamente no produzca ingresos que luego de las deducciones le generen riqueza.

• El hecho generador del tributo referido como impuesto sobre la nómina, son las erogaciones pagadas dentro del territorio del Estado, en dinero o en especie, por concepto de remuneración de la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, en la capacidad contributiva de los sujetos pasivos visualizadas a través de sus erogaciones y no el objeto o finalidad ni tampoco la riqueza generada por éstos.

• Aun cuando el artículo impugnado prevé un trato distinto para los sujetos de la exención correspondientes a las instituciones educativas previstas en el inciso e) de dicho dispositivo, que tengan reconocimiento oficial y sean gratuitas en relación con aquellas que tienen el mismo objeto social, pero la impartición de educación la proporcionan a cambio de un pago, se advierte que el legislador local estableció la exención en los términos planteados, de acuerdo con las características económicas de los sujetos, lo que no implica que se le dé un trato inequitativo, puesto que existen distintas circunstancias que justifican de manera objetiva el trato fiscal que se les da a cada una de ellas, incluso, su justificación se encuentra en fines extrafiscales establecidos como parte de la política tributaria del Estado.

• El legislador quiso establecer diversas categorías de los sujetos en mención, con base en su capacidad contributiva reflejada, no a través de la riqueza que se hace patente por sus elementos ciertos que son la renta o el patrimonio, sino una riqueza presunta, a la cual se llega por otra manifestación, como son los gastos hechos por el patrón por concepto de remuneraciones a sus trabajadores, pues no obstante que el objeto social de las instituciones educativas en uno y otro caso es el mismo, las circunstancias económicas de ambos son distintas, pues mientras que en las instituciones educativas de carácter privado los padres de familia aportan sus cuotas para la impartición del servicio, las de carácter público no lo reciben porque se sostienen precisamente del erario público, y si bien las primeras no tienen una finalidad eminentemente lucrativa, sí reflejan esa capacidad contributiva al manifestarse en las erogaciones que realizan por las remuneraciones a sus trabajadores, cuyo costo transfieren a los educandos, de quienes reciben el pago de la colegiatura, de tal forma que éstas fijan su presupuesto, acorde al cual sujetan las aportaciones de los padres de familia.

• Las instituciones educativas tanto públicas como privadas, tienen características particulares y diversas una de la otra, no obstante que el objeto de ambas sea el de impartir educación, ya que como se afirma, las circunstancias económicas son distintas, pues aun cuando la parte quejosa sostenga que no tiene un fin lucrativo y que los cobros realizados son los necesarios para realizar la prestación del servicio, no menos verídico resulta que a través de ellos se crea una presunción lógica de riqueza, característica que, evidentemente, diferencia a las escuelas de educación privada de las públicas.

• Las hipótesis de exención contempladas en el precepto legal impugnado, se establecen en forma casuística y particular, tomando en cuenta situaciones objetivas en razón de intereses sociales o económicos, pues en relación con las instituciones educativas que imparten educación de manera gratuita, se atendió a fines de carácter extrafiscal, en tanto se trata de instituciones que no persiguen un lucro, sino que realizan actividades a favor del interés social, y lo hacen de manera gratuita, porque asumen el costo total de la educación, sin cobro real a los alumnos, lo que justifica el trato desigual ante la ley, ya que las coloca en situación distinta de las que cobran una colegiatura, siendo las erogaciones que éstas realizan en concepto de una remuneración por la prestación de un servicio personal subordinado el hecho imponible, el que se grava y no el objeto social de la sociedad como lo afirma la impetrante.

• La quejosa no demuestra en juicio un saldo económico en ceros, a fin de demostrar a plenitud su estatus no lucrativo, es decir, no acredita con probanza alguna, ni aun de manera indiciaria, su dicho de no obtener lucro, de ahí que no resulten lógica y jurídicamente válidos sus argumentos al equipararse a las instituciones públicas.

• Lo que se grava con el impuesto sobre nóminas no es el objeto, la finalidad social o bien la riqueza generada, sino que, como bien se estableció, este impuesto grava las erogaciones realizadas por el contribuyente, es decir, el tributo de examen impone pago a los sufragios realizados por los pasivos tributantes y no si éstos tienen uno u otro objeto, si generan o no lucro o bien si sus ingresos obtenidos se distribuyen entre sus trabajadores.

• En la hipótesis que se examina, se atiende al principio de equidad tributaria basándose en la distinción de la riqueza presunta, tomando en consideración, que a pesar de que la quejosa sea una asociación civil, si no cobrara por sus servicios educativos, se ubicaría en la exención que establece el artículo que combate. De modo que el parámetro del legislador, sí permite establecer una distinción de los iguales con los que no lo son.

• Si al igual que las instituciones de carácter privado llevan a cabo el hecho imponible, el cual obedece no a la actividad que desarrollan, sino a las razones económicas que imperan, es de decirse que tal circunstancia no implica violación al principio de equidad, en tanto se trata de un impuesto indirecto que atiende en forma mediata a la riqueza del contribuyente, pues no se fija en función de los ingresos económicos del capital o del patrimonio de las personas que hacen la erogación, sino solamente en la capacidad que tiene el sujeto para realizar esa erogación o gastos, porque conforme a la técnica tributaria que rige este tipo de impuestos, debe suponerse la riqueza de las personas, mayor, igual o menor, según efectúen, más, iguales o menores gastos por concepto de remuneración a los trabajadores, ello en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la equidad en los impuestos exige que se respete el principio de igualdad, esto es, que se encuentren obligados a determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley, y que no se encuentren en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente, o sea, tratar a los iguales de manera igual, por tanto, si la equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo impuesto, los que en esas circunstancias deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, debe entenderse que en la especie no existe violación a tal principio, por la circunstancia de que las instituciones educativas privadas no se contemplen en alguno de los casos de exención que prevé el precepto impugnado, y se le equipare de algún modo o bien de forma indirecta a las sociedades mercantiles o a las personas físicas y morales que contempla la ley como contribuyentes del impuesto, si se encuentran en un plano de igualdad, en cuanto a que también se ubican en el supuesto de causación.

• Se atiende al principio de equidad tributaria basándose en la distinción de la riqueza presunta, si se toma en consideración, que a pesar de que la quejosa sea una asociación civil, si no cobrase por sus servicios educativos, se ubicaría en la exención establecida en el artículo combatido. De modo que el parámetro del legislador sí permite establecer una distinción de los iguales con los desiguales.

• No le causa perjuicio a la recurrente que la a quo haya considerado la existencia de razones de carácter extrafiscal que llevaron al legislador a eliminar la exención de que gozaban las quejosas, al advertirse de la exposición de motivos, que el autor de la ley para gravar las instituciones educativas privadas atendió a aspectos de carácter social, político y cultural.

• Tratándose de la imposición al gasto, como resulta ser el impuesto sobre nómina, de acuerdo a sus características, el objeto del tributo es la realización de una erogación, la base se conforma por el gasto que el legislador escoge de entre los que efectúa el contribuyente, siendo los sujetos pasivos las personas que realizan ese gasto o erogación. La imposición al gasto o erogación se produce una vez que las personas poseyendo la riqueza, hacen uso de ella para adquirir bienes y servicios, constituyendo los denominados impuestos indirectos, entendiendo como tales aquellos que gravan la manifestación de riqueza en la medida en que su utilización a través del gasto o erogación, refleja indirectamente la capacidad contributiva de los sujetos. Así, es evidente que por la naturaleza propia del impuesto sobre nóminas, el objeto del mismo atiende a la manifestación de riqueza en cuanto que refleja una determinada capacidad contributiva de los sujetos obligados en la medida que la utilizan para efectuar el pago de salarios.

• La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el impuesto a las erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado es indirecto porque evidencian en forma mediata la existencia de la capacidad contributiva de los patrones que emplean trabajadores atendiendo al patrimonio que soporta esa erogación.

• La exención de impuestos debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinadas personas, y no cuando se otorga con base en consideraciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de una categoría de sujetos, pues debe tomarse en cuenta que el objeto del impuesto lo constituye la realización de pagos, esto es, las erogaciones, por lo que no existe impedimento legal alguno para que se exenten de ciertos conceptos o erogaciones del pago del impuesto cuestionado, puesto que en el caso en la fracción II del artículo 27 de la ley impugnada, no se establecen exenciones en forma casuística y particular, pues basta su simple lectura para percatarse de que el establecimiento de los sujetos comprendidos se realizó tomando en cuenta situaciones objetivas, en razón de intereses sociales o económicos y no por sus características individuales o personalísimas.

• Las instituciones educativas privadas cuentan con ingresos gravables al imponer sus cuotas y colegiaturas, y ante todo, disponer de ellas tanto para el pago de sus trabajadores subordinados como para el objeto social. De lo que se advierte que la riqueza y la capacidad contributiva sí existen en las asociaciones civiles que cobren por sus servicios.

• No se violó el principio de equidad consagrado en favor de la quejosa porque el objeto social, actividad, generación o no de riqueza, no fueron elementos que el legislador tomó en consideración para excluirla de las exenciones del impuesto sobre nóminas, pues lo cierto fue que, atendiendo a la capacidad económica que reflejó la asociación inconforme en el gasto por erogaciones al trabajo personal subordinado, se le incluyó como objeto del tributo.

QUINTO. Una vez precisado lo anterior, debe estudiarse si existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual conviene tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos constitucional y legal transcritos regulan la figura jurídica de la contradicción de tesis como una vía para la integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la seguridad jurídica a través de la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios a prevalecer en caso de oposición, discrepancia o divergencia en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho.

Lo anterior supone necesariamente que los criterios entre los cuales deba decidirse cuál deberá prevalecer, sean efectivamente divergentes, discrepantes u opuestos, para lo cual deben reunirse determinados requisitos, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis).

De acuerdo con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia aludida, los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21056-0b248991/nominas-la-exencion-de-pago-del-impuesto-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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