RECURSO DE REVOCACIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 45 DE LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Y 65 A 67 DE SU REGLAMENTO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 4/2002 de fecha ocho de abril de dos mil dos, conforme al cual las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados serán resueltas en Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue presentada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió las ejecutorias que participan en la posible contradicción de tesis, por tanto, se cumple con el requisito de legitimación previsto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 285/2003, 333/2005 y 403/2005, de diecinueve de septiembre de dos mil tres, cuatro y diecinueve de enero de dos mil seis, respectivamente, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe, aclarando que dada la similitud de consideraciones sustentadas en los amparos en revisión ya identificados, únicamente se transcribirá, en la parte que interesa, el primero de los señalados:
"CUARTO. En el presente asunto no se procederá al análisis de los agravios formulados, en relación con la parte del acto reclamado que se hizo consistir en el oficio número CCT-SO-0322-2003, de veintiocho de febrero del año en curso, mediante el cual el coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, dio contestación a la petición que le formuló sobre la expedición de copias certificadas de diversos expedientes administrativos, resolución de las solicitudes de concesión para sus agremiados, la investigación de la autorización 00190 y el origen de las placas 403907N, así como que se respetara el ‘enrolamiento’, horarios, itinerarios y vehículos que las cubrían, al advertir este tribunal que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, la cual es de estudio preferente.
"En apoyo del anterior criterio, es de invocar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13 del Tomo IX, enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe).
"El artículo 45 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, señala:
"‘Contra las resoluciones que se dicten por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y/o la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con motivo de la aplicación de esta ley o de su reglamento, procederá el recurso de revocación ante la propia autoridad que emita el acto. La admisión y sustanciación del recurso de revocación se llevará en los términos del reglamento de la presente ley.’
"El artículo 65 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, señala:
"‘Artículo 65. Procederá el recurso de revocación contra:
"‘I. Las resoluciones por las cuales se decrete la suspensión o cancelación de la concesión o permiso; y,
"‘II. Las demás resoluciones que emita la SCOP y COCOTRA en ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley y este reglamento.’
"El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo:
"‘XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rija, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’
"Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso señaló como acto reclamado el oficio número CCT-SO-0322-2003, de veintiocho de febrero del año en curso, mediante el cual el coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán dio contestación a la petición que le formuló, entre otras cosas sobre la expedición de copias certificadas de diversos expedientes administrativos, resolución de las solicitudes de concesión para sus agremiados, la investigación de la autorización 00190 y el origen de las placas 403907N, y que se respetara el enrolamiento, horario, itinerario y vehículos que lo cubrían, es indudable que contra la respuesta dada a esas peticiones, procede el recurso de revocación a que se refieren los artículos 45 de Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado y el 65 de su reglamento, que debió ser agotado previamente a la interposición del juicio de amparo, en virtud de que los actos reclamados, se suspenden mediante la interposición de ese recurso, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; ello es así, ya que el reglamento de que se trata, señala en su último párrafo: ‘En la sustanciación y resolución del recurso en lo que no esté previsto en la ley o en este reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y es el caso que de conformidad con el artículo 693 de este último dispositivo legal, aplicado supletoriamente al multicitado reglamento y su ley, la interposición del recurso de revocación suspende los efectos del auto recurrido.’; por lo que debe establecerse que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal.
"Sobre el particular es de invocar la tesis de jurisprudencia 12, de la antes Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 del Tomo III del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que dice:
"‘AMPARO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe)."
De la transcripción anterior, se destaca lo siguiente:
• Se sobresee respecto del acto reclamado consistente en el oficio número CCT-SO-0322-2003, de veintiocho de febrero del año en curso, mediante el cual el coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, dio contestación a la petición que le formuló sobre la expedición de copias certificadas de diversos expedientes administrativos, resolución de las solicitudes de concesión para sus agremiados, la investigación de la autorización 00190 y el origen de las placas 403907N, así como para que se respetara el enrolamiento, horarios, itinerarios y vehículos que las cubrían, al advertir que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
• Procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 45 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, en contra de las resoluciones que se dicten por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y/o la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. Con motivo de la aplicación de la ley o de su reglamento, procederá el recurso de revocación ante la propia autoridad que emita el acto. La admisión y sustanciación del recurso de revocación se llevará en los términos del reglamento de la referida ley. Asimismo, señaló que el citado recurso debe tramitarse conforme a las reglas previstas en el artículo 65 del reglamento de la ley en cita.
• Previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el recurso de revocación, toda vez que del artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del último párrafo del artículo 67 del reglamento, no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva.
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver la improcedencia administrativa 150/2005, en síntesis, resolvió:
"CUARTO. Son fundados en una parte los agravios. En efecto, en la demanda de garantías que dio origen a este asunto, entre otros, se señalaron como actos reclamados las resoluciones administrativas de fecha diez de diciembre del año dos mil cuatro, dictadas por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, mediante las cuales se impuso a los quejosos, ahora recurrentes, Pablo García Barrón, Juan Manuel Zavala Calderón, Mariella Tello Madriz, Rafael González Cueto, Reynaldo Pérez Carrasco y Alfonso Montoya Ramírez, una multa derivada de ciertas infracciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. En efecto, opuestamente a lo sostenido en el proveído que se revisa, es inexacto que en la especie se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues como se sostiene en los motivos de inconformidad, no existe la ‘Ley del Transporte Público para el Estado de Michoacán de Ocampo’, que sirvió de base para desechar la demanda de garantías por considerar que la parte quejosa debió haber agotado el recurso de reconsideración previsto en los artículos 111 y 116 a 121 de ese inexistente ordenamiento legal, lo que se corrobora con la constancia que este tribunal recabó, suscrita por el presidente del Congreso del Estado de Michoacán, en la que informó que no existe cuerpo normativo alguno bajo esa denominación (foja 22 del cuaderno de improcedencia); y siendo esto así, es inconcuso que no se configura la causal de improcedencia que se analiza, puesto que la parte quejosa no se encontraba obligada a agotar dicho medio de impugnación antes de acudir al juicio de garantías, por no existir el cuerpo de leyes que aparentemente lo prevé, por lo que es inconcuso que no se tenía base legal para desechar la demanda de garantías de que se trata, con el fundamento que al efecto se invocó en el auto recurrido. Consecuentemente, se impone revocar el acuerdo impugnado y ordenar que se admita a trámite la demanda de amparo por lo que ve al acto que se analiza (resoluciones administrativas pronunciadas por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán), si no existe diverso obstáculo legal para ello. Por otro lado, asiste razón a la parte quejosa en relación con que en el proveído recurrido, se obró con error al omitir tomar en consideración que también hizo valer como acto reclamado las infracciones de las que derivan las resoluciones mencionadas en el párrafo que antecede, pues sobre el particular en el escrito de demanda en el capítulo correspondiente, se refirió: ‘Acto reclamado. Del coordinador general de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, las diversas resoluciones administrativas en las que impone ilícitas y unilaterales multas y las infracciones de las que se derivan las resoluciones que se combaten ...’ (foja 3 del cuaderno de desechada); así las cosas, es indudable que si no existe obstáculo legal para hacerlo se deberá admitir la demanda de garantías por lo que a este acto se refiere. No obsta para considerar lo anterior, la circunstancia de que la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, que es la que rige los actos reclamados, establezca en su artículo 45 el recurso de revocación en contra de los actos dictados, entre otros, por la autoridad responsable, Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, y que en los diversos 65 a 67 del reglamento a la mencionada Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, se regule la procedencia y tramitación del recurso que nos ocupa, esto es, existe un medio de impugnación para combatir los actos reclamados; sin embargo, es el caso que en dichos ordenamientos legales no se prevé sobre la suspensión de los efectos del acto reclamado con motivo de la interposición de dicho recurso, lo que actualiza una excepción al principio de definitividad previsto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que prescribe: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley ...’, en consecuencia, la parte quejosa no se encontraba obligada a agotar dicho medio de impugnación, antes de acudir al juicio de garantías."
De la anterior transcripción, se considera lo siguiente:
• En el presente asunto, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en virtud de que no existe la Ley de Transporte Público para el Estado de Michoacán de Ocampo, que sirvió de base para desechar la demanda de garantías, toda vez que la quejosa no se encontraba obligada a recurrir el recurso de reconsideración previsto en un ordenamiento legal inexistente.
• No obsta lo anterior, la circunstancia de que la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán establezca en su artículo 45 el recurso de revocación en contra de los actos dictados por la autoridad responsable, y que en los diversos 65 a 67 del reglamento de la mencionada ley, se regule la procedencia y tramitación del recurso de revocación; sin embargo, es el caso que en dichos ordenamientos legales no se prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado con motivo de la interposición de dicho recurso, lo que actualiza una excepción al principio de definitividad previsto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
QUINTO. Atendiendo a los criterios relacionados, debe determinarse, como cuestión previa, si la presente contradicción de tesis denunciada reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
También cobra aplicación lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, los cuales sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Dichos numerales señalan:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las siguientes bases:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubieren dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Como se aprecia, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que conjuntamente debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
Precisa destacar que para la denuncia de la posible contradicción de criterios, no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, sino que únicamente se requiere que provenga de las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata, como lo establece la tesis P. L/94 del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página treinta y cinco, del rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Asimismo, es aplicable la tesis 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve, con el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Conforme a los criterios jurisprudenciales transcritos, procede establecer que para la existencia de una contradicción de tesis se requiere que los criterios relativos se hayan adoptado respecto de una misma cuestión jurídica suscitada en un mismo plano, y que expresa o implícitamente los Tribunales Colegiados del conocimiento hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuestión, de modo que a fin de determinar si efectivamente existe dicha oposición, no basta atender a la conclusión del razonamiento o razonamientos vertidos en las correspondientes resoluciones judiciales, sino que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al criterio respectivo, ya que esa coincidencia es la que determina que existe una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que, por sus características de generalidad y abstracción, podrá aplicarse en asuntos similares.
En tal virtud, para que se considere existente la contradicción de tesis denunciada, será necesario que los criterios opositores hayan derivado de los mismos elementos o supuestos esenciales, es decir, de los que originaron las conclusiones que se estiman divergentes y del examen de cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
Con el propósito de analizar si en el caso que nos ocupa existe contradicción de criterios, resulta conveniente precisar lo que en esencia sostuvieron los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito determinó que procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 45 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, en contra de las resoluciones que se dicten por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y/o la Comisión Coordinadora del Transporte Público de esa entidad, con motivo de la aplicación de dicha ley o de su reglamento.
La admisión y sustanciación del recurso de revocación se tramitarán conforme al reglamento de la referida ley.
Asimismo, el Tribunal Colegiado sobreseyó en el juicio, en virtud de que el reglamento establece que en lo no previsto se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán.
Por tanto, si el artículo 693 de este último ordenamiento establece la suspensión del acto sin exigir requisito alguno, es de concluir que conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el particular, previo a promover del juicio de amparo, debe agotar el recurso de revocación.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito estimó que el artículo 45 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, establece la procedencia del recurso de revocación, mientras que los diversos 65 a 67 del reglamento de dicho ordenamiento, regulan la tramitación del recurso de revocación, sin que prevean sobre la suspensión del acto reclamado, razón por la que se actualiza una excepción al principio de definitividad previsto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, consistente en que no es necesario agotar el citado recurso de revocación previo a promover el juicio de amparo.
Para una mayor ilustración del caso que nos ocupa, se acude a la siguiente gráfica:
Ver gráfica
Con base en lo anterior, se estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si con la interposición del recurso de revocación que prevén los artículos 45 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, y 65 a 67 de su reglamento, se suspende el efecto del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito considera que previo al juicio de amparo, el particular está obligado a agotar el recurso de revocación, en virtud de que el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, de aplicación supletoria según dispone el último párrafo del artículo 67 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, establece la suspensión del acto sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito, sostuvo lo contrario, esto es, que los artículos 45 de ley en cita y 65 a 67 de su reglamento, no prevén la suspensión del acto.
Corroboran lo anterior, las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que son del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia." (Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, junio de 2000. Tesis 1a./J. 5/2000. Página 49).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19712-441fae6f/recurso-de-revocacion-no-es-necesario-agotar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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