DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados de Circuito, en materia administrativa, cuya competencia exclusiva corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la parte quejosa en uno de los juicios de amparo cuya resolución por el Tribunal Colegiado de Circuito participa en la presente contradicción de tesis.
Es aplicable al caso concreto, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXV/98, consultable en la página 585, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DIMANADA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE LE CONFIRIÓ TAL REPRESENTACIÓN. El mencionado autorizado se encuentra facultado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en el que se le otorgó tal representación y otra, ya que si bien en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no aparece precisada tal facultad, la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues, entre otras, señala la de realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante, y aunque la denuncia no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la citada legislación se desprende que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas hubieran sido sustentadas, ha de concluirse que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado artículo, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.
Las consideraciones del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la improcedencia RA. 632/2005, interpuesta por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada por el Juez de Distrito, en la que tuvo por no interpuesta la demanda, fueron del tenor siguiente:
"CUARTO. La parte recurrente en su primer concepto de agravio, argumenta que es ilegal la resolución del veintiuno de noviembre pasado, en la que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo bajo la justificación que no se cumplimentó la prevención del diverso auto de once del mismo mes y año; siendo que por escrito recibido en el juzgado del conocimiento el diecisiete de ese mismo mes y año, suscrito por el autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, se desahogó tal prevención, en el sentido de manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos de la demanda. Continúan alegando, la circunstancia anterior fue apreciada y valorada equivocadamente lo que provoca que la resolución recurrida se encuentre indebidamente fundada y motivada, es decir, se apreciaron incorrectamente los antecedentes que motivaron la resolución recurrida, porque, contrario a lo considerado por la a quo, sí se desahogó la prevención de que se trata. Agrega la parte recurrente, tomando en consideración que dentro de las facultades expresas del autorizado enunciadas en el artículo 27, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo, no se encuentra la de desahogar una prevención en el sentido de declarar bajo protesta de decir verdad los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cierto es que dicha facultad se encuentra inmersa en aquéllas debido a que se refiere a la defensa de los intereses del autorizante, lo que provoca lo incorrecto de la resolución recurrida, porque en tales condiciones se puede concluir que el autorizado en los términos del artículo precitado sí se encuentra facultado para desahogar la prevención referida. Aseguran los inconformes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos jurisprudencias ha desentrañado el alcance del artículo 27, párrafo segundo, primera parte, de la Ley de Amparo, concluyendo que la autorización a que se refiere dicho artículo, se trata de un verdadero mandato judicial, lo que representa que este autorizado actúe en defensa de los derechos del autorizante. Del mismo modo se afirma, es inaplicable al caso la jurisprudencia que citó la a quo en diverso proveído, para apoyar sus consideraciones, cuyo rubro es: ‘DEMANDA, ACLARACIÓN DE LA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTÁ FACULTADO PARA HACERLA.’, en virtud que se refiere al texto anterior del artículo 27 de la Ley de Amparo, es decir, al texto vigente que prevalecía previo a la reforma sufrida de dicho precepto en mil novecientos ochenta y ocho. Son fundados los anteriores argumentos, por los motivos siguientes. Por las condiciones del caso a estudio, cabe estimar que en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado; sin embargo, como en todo juicio, la personalidad puede ser originaria, si el propio interesado es quien despliega los actos procesales que le atañen, o derivada, si quien los ejerce es un tercero que interviene en su nombre. La segunda hipótesis en mención -representación derivada- encuentra fundamento, en el juicio constitucional, en la autorización prevista en la primera parte del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, para cuyo ejercicio el legislador estableció, como única condicionante, que se traduzca en actos necesarios para la defensa de los derechos del autorizante. Así es, el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a partir de las reformas que entraron en vigencia el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, establece que: ‘El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante ...’; de lo anterior se desprende que el autorizado por el titular de la acción constitucional puede, en su nombre, ‘realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante’, dentro de los cuales se encuentra, entre otros, evidentemente, la posibilidad de aclarar la demanda de garantías y cumplir con las prevenciones que hagan al quejoso, pues esos actos tienden a lograr la efectiva defensa de los derechos en nombre del peticionario de amparo, aun cuando propiamente no se haya dado trámite legal al escrito inicial, como bien refiere la parte recurrente. Dicha capacidad entraña una diversidad importante de facultades de representación, cuyo ejercicio dentro del juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda en la que se confiere tal representación y subsiste mientras exista un acto que realizar en relación con el juicio constitucional, siempre que en ningún proveído del juzgador se haya desechado expresamente el reconocimiento de tal autorización. En este tenor, si la prevención fue desahogada por el autorizado de los quejosos en términos del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, una vez que los peticionarios de amparo presentaron la demanda y lo designaron como autorizado, reconociéndole ese carácter la juzgadora, delegándole las facultades procesales que prevé el dispositivo en comento, aquél puede actuar de la manera descrita porque su legitimación deviene de la voluntad de los quejosos. Concluir lo contrario significaría una interpretación restrictiva del texto legal, pues si las facultades concedidas al autorizado se restringieran al acto declarativo de la Juez para su reconocimiento, harían inútil que se permita el ejercicio de cualquier acto de defensa, máxime que el juicio se instaura con la presentación de la demanda y la autorización del representante no se condiciona, a excepción del requisito referente a que se acredite la facultad del autorizado para ejercer la profesión de abogado. Luego, dada la trascendencia en el juicio constitucional, resultaría más perjudicial para los quejosos la negativa de la juzgadora de amparo no reconocer la personalidad del autorizado que los propios actos de autoridad reclamados, porque se le impediría en definitiva defenderse contra éstos, incluso en el supuesto en que el titular del derecho no esté en aptitud de desahogar personalmente la prevención de que se trate para que en su caso se admita la demanda de garantías. En consecuencia, el autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, puede desahogar las prevenciones que realice la juzgadora de amparo, con motivo de la promoción de la demanda de amparo, tal como lo expusieron los recurrentes, sin tener más restricciones que la de acreditar la facultad para ejercer la profesión de abogado. También tiene razón la parte recurrente, cuando afirma que la jurisprudencia con el rubro: ‘DEMANDA, ACLARACIÓN DE LA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTÁ FACULTADO PARA HACERLA.’, con la que apoyó la a quo sus consideraciones, en su diverso auto, es inaplicable al caso. En efecto, la citada jurisprudencia no es aplicable en la actualidad, en atención a que el texto del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo que originó la formación de dicha jurisprudencia, emana del antiguo contenido del numeral citado, el cual, en su parte conducente, disponía: ‘El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para sustituir dichas facultades en un tercero.’. En cambio, a partir de las reformas que sufrió este precepto que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en su parte conducente dice ahora lo siguiente: ‘El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante ...’. Como se ve, el nuevo texto del precepto legal en comento permite concluir que la jurisprudencia de que se trata dejó de tener aplicación a partir de las reformas señaladas -quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho-, pues conforme a su contenido, el autorizado ya no es un delegado con facultades procesales restringidas expresamente, sino que se le asignaron nuevas facultades como son: 1. Solicitar la suspensión o diferimiento de la audiencia. 2. Pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal. 3. Realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Entre los actos a que se refiere el tercer punto enumerado se encuentra, evidentemente, la posibilidad de aclarar la demanda de garantías y cumplir con las prevenciones que se hagan a los quejosos, pues esos actos tienden a lograr la efectiva defensa en su nombre. Esto es, en virtud de dicha reforma, dejó de tener aplicación la citada jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 9, consultable en la página doscientos noventa y cinco del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos ochenta nueve, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por mayoría de razón, orienta al anterior criterio la jurisprudencia número P./J. 26/2000, consultable en la página cinco del Tomo XI de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ‘AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA DESISTIR DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL JUICIO, POR ÉL O POR SU AUTORIZANTE. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto, el autorizado en términos amplios goza de la capacidad procesal necesaria para realizar, a nombre del autorizante, cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de éste, por lo que a aquél corresponde valorar qué actuaciones procesales son factibles de permitir al autorizante obtener una resolución favorable a sus intereses, con independencia de que en un caso concreto pudieren ser desfavorables a este último, riesgo que asume el autorizante al conferir su representación a un tercero, profesional en derecho, cuando se trate de las materias administrativa, civil y mercantil. En esa medida, en ejercicio de la representación conferida, el autorizado puede válidamente desistir de una prueba ofrecida por él o por su autorizante, lo que se corrobora por la circunstancia de que tal actuación encuadra dentro de la relativa a utilizar en juicio los medios de prueba que se estimen pertinentes, la que no se limita a su aspecto positivo, el ofrecimiento y rendición de pruebas, pues también se expresa en su aspecto antagónico, la posibilidad de desistir de pruebas previamente ofrecidas.’. Por consiguiente, la resolución recurrida es ilegal por encontrarse indebidamente fundada y motivada, por apreciar incorrectamente los antecedentes del caso a estudio, es decir, por considerar incorrectamente que la parte quejosa no cumplimentó la prevención realizada, siendo que tal circunstancia sí se realizó, no por ellos mismos, sino por el autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, que da lugar sin duda alguna a tener por desahogada la prevención de que se trata. Importante resulta significar que de no actualizarse motivo o causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario se estarían privando a los quejosos de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que les causa perjuicio. Apoya lo antes considerado, la tesis LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y ocho del Tomo XVI, de julio de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por «manifiesto» lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.’. Por las consideraciones vertidas, resultan fundados los agravios que se estudian, por tanto, se debe revocar el acuerdo recurrido para lo que en derecho proceda."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia 445/2000, interpuesta por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada por el Juez de Distrito, en la que tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, sustentó la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, junio de 2001
"Tesis: III.2o.A.23 K
"Página: 743
"PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO DE LA DEMANDA DE AMPARO, QUE SÓLO COMPETE CUMPLIRLO AL QUEJOSO Y NO A SU AUTORIZADO. Si bien es verdad que el autorizado con las facultades a que alude el artículo 27 de la Ley de Amparo, puede realizar todo aquello que expresamente se menciona en este numeral y, en general, la verificación de cualquier acto que beneficie al quejoso, también lo es que el requisito de la protesta de decir verdad que exige el numeral 116, fracción IV, de la citada ley únicamente compete cumplirlo al quejoso -como persona física, o al representante legal, en tratándose de una persona moral-, precisamente, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal del quejoso o mandatario; por lo que tal requisito -protesta de decir verdad- no puede cumplirlo el autorizado para recibir notificaciones, aun gozando de las amplias facultades que otorga el referido artículo 27, puesto que, de lo contrario, no se podría fincar al quejoso la responsabilidad penal a que alude el numeral 211 de la legislación en consulta.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
"Amparo en revisión (improcedencia) 445/2000. Constructora y Promotora La Venta del Astillero, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Gustavo de León Márquez."
Las consideraciones jurídicas en que se sustentó la tesis transcrita, son del tenor siguiente:
"CUARTO. Los agravios hechos valer resultan jurídicamente ineficaces para revocar o modificar la resolución recurrida, los cuales, por razón de método, serán abordados en forma diversa a la planteada. En efecto, previo a analizar los motivos de inconformidad propuestos, es menester señalar algunas de las constancias que integran el cuaderno auxiliar que ahora se revisa, a saber: a) Demanda de garantías solicitada por la empresa quejosa, aquí recurrente, por la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco y de otras autoridades, a quienes reclamó, esencialmente, la aplicación del reglamento de zonificación del Estado de Jalisco, por no existir el Plan de Desarrollo de Población de la Venta del Astillero, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, del Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco y Plan de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, así como la ejecución de tales actos (fojas 2 y 3). b) Acuerdo de treinta y uno de agosto del año dos mil, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, mediante el cual ordenó requerir a la promovente del amparo para que, ‘dentro del término de tres días, contados a partir de el siguiente a aquel en que surta efectos de este proveído, por escrito ...’ -fojas 51 vuelta-, aclarara su demanda en los términos siguientes: bajo protesta de decir verdad, y para los efectos de la responsabilidad penal que prevé el artículo 211 de la Ley de Amparo en caso de falsedad en sus manifestaciones, respecto de las cuestiones que enseguida se señalan: A) Precise por separado los actos que reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, mencionando la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de ellos. B) Manifieste los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de cada acto reclamado a las autoridades que señala como responsables, toda vez que de los hechos que narra, no se advierte la intervención de la totalidad de ellas. Además se le requiere para que dentro del término y con las mismas condiciones precisadas con antelación, manifieste: Si los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado los formula bajo protesta de decir verdad, tal como lo exige el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que la protesta tiene como fin vincular al peticionario del amparo con las sanciones a que se hace acreedor en caso de narrar hechos falsos. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia número 127/1999 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintiséis de octubre del año próximo pasado, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente. ‘PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con ese requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase «Protesto lo necesario», que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.’. La anterior determinación, busca precisar los actos sobre los que, en su caso, habrá de pronunciarse este juzgado, pues el análisis integral de la demanda de amparo, conduce a advertir obscuridad en tales aspectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 322 del Tomo XI-Enero, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, aquí transcrita: ‘REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO QUE EXISTA UNA IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO EN QUE SE FORMULA LA PETICIÓN. Una recta interpretación del artículo 146, de la Ley de Amparo, lleva a establecer que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es requisito sine qua non que exista irregularidad en el escrito en el que se formula la petición de amparo.’. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo anterior, dentro del término y con las condiciones apuntadas, se procederá como lo dispone el numeral 146 citado y se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo que nos ocupa -lo resaltado es de este tribunal- (fojas 51 vuelta a 53). c) Notificación personal realizada por el actuario judicial del juzgado recurrido, el cinco de septiembre del año dos mil, a Hernán Francisco Ramírez Reyes, autorizado de la empresa quejosa, respecto del acuerdo aludido en el párrafo que antecede (foja 54). Conforme a la referida notificación, resulta que el término de tres días otorgados a la promovente del amparo para que cumpliera aquel requerimiento, comprendió del siete al once de septiembre del año dos mil, excluyéndose de tal término los días sábado y domingo, por ser inhábiles. d) Oficio número 6098-E, deducido del cuaderno de varios relativo al año dos mil del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, dirigido por el secretario del citado juzgado, al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en esta entidad federativa, mediante el cual se le remite (por corresponderle) original y copias del escrito dirigido al cuaderno auxiliar A-441/2000-1, suscrito por Aldo García Rodríguez (foja 55). Tal oficio fue recibido el trece de septiembre del año próximo pasado en la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa -según se advierte del sello impreso- (foja 55 vuelta). e) El escrito aludido en el párrafo anterior, es del tenor literal siguiente: ‘Prevención: A-441/2000-10 Quejoso: Constructora y Promotora La Venta del Astillero, S.A. de C.V. Autoridad responsable: H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan y otros. Se cumple prevención. C. Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa presente. Aldo García Rodríguez, autorizado para efectos del artículo 27 de la Ley de Amparo de la persona moral quejosa en el juicio de garantías cuyo número he dejado anotado al rubro, ante usted C. Juez con el debido respeto comparezco y expongo. Que venimos en los términos del presente escrito, en tiempo y forma, a cumplir con el apercibimiento ordenado por auto de fecha 31 de septiembre del 2000, razón por la cual, señalo bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ... C) Respecto al particular, bajo protesta de decir verdad, ratifico y reproduzco los hechos y abstenciones narrados en el escrito inicial de demanda de garantías, lo anterior para todos los efectos legales conducentes. Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Juez de la manera más atenta le pido: Único. Se me tenga en tiempo y forma cumpliendo con la prevención de mérito. Protesto lo necesario Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre del 2000. Lic. Aldo García Rodríguez -lo resaltado y subrayado es de este tribunal- (fojas 56 y 58).’. Enseguida se contiene la siguiente razón: ‘En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día ocho de septiembre del año dos mil, el licenciado Antonio Calderón Pastrana, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, recibí en mi domicilio particular escrito de Aldo García Rodríguez, con seis copias de dicho escrito (firma ilegible). Lic. Antonio Calderón Pastrana.’ (foja 58). De lo hasta aquí expuesto, es importante resaltar que fue el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, el que ordenó que la negociación quejosa que cumpliera con los requisitos que estatuye el artículo 116 de la Ley de Amparo; que tal requerimiento se notificó a la parte quejosa el cinco de septiembre del año dos mil; que el escrito aclaratorio de la demanda se presentó el ocho de septiembre del citado año, ante el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco; y que tal escri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19639-c91144fa/demanda-de-amparo-la-manifestacion-bajo-protesta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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