SUBADMINISTRADORES DE CONTROL DE TRÁMITES Y ASUNTOS LEGALES DE ADUANAS, DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS. EL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2005, PREVÉ SU EXISTENCIA JURÍDICA Y LOS FACULTA PARA SUPLIR EN SUS AUSENCIAS AL TITULAR DE LA ADUANA A LA QUE ESTÉN ADSCRITOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dicho año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente de la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de que este órgano jurisdiccional intervino como parte en la revisión fiscal 48/2006, en la que se sostuvo uno de los criterios denunciados como contradictorios.
TERCERO. Los antecedentes de las ejecutorias que se analizarán en la presente contradicción de tesis, son los siguientes:
I. Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.
Revisión fiscal 66/2004.
"SEXTO. Son infundados los agravios que hace valer la autoridad inconforme. Argumenta esencialmente la autoridad recurrente, que la Sala Fiscal violó los artículos 237 y 239, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 22, apartado C y 24, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, porque en la sentencia recurrida no consideró que el jefe de Departamento de Control de Trámites y Asuntos Legales, actuó en suplencia del administrador de la aduana, por lo cual no tiene porqué demostrar que cuenta con facultades para emitir la resolución impugnada, ni tomó en cuenta que quien en todo caso debe justificar su competencia, es el administrador de la aduana, que fue quien emitió la resolución impugnada, por lo que el funcionario que lo suplió sólo está obligado a señalar que actúa con tal calidad y el fundamento que prevé la posibilidad de que pueda suplir a la autoridad competente, situación que se acató, concluyendo que entonces no es necesario que el funcionario que actúa en ausencia acredite su existencia. Al respecto, este Tribunal Colegiado considera pertinente señalar que a diferencia de la delegación de facultades en la suplencia por ausencia, el funcionario suplente no sustituye en su voluntad o responsabilidad al titular de las facultades legales, pues es a este funcionario a quien jurídicamente se le puede imputar la responsabilidad de los actos, porque es el autor de los que lleguen a emitirse y sólo por cuestiones de colaboración y coordinación administrativa que permitan el ejercicio de la función pública de manera ininterrumpida, se justifica la suplencia que se limita a un acto instrumental. Sin embargo, de ello no se desprende que para que opere legalmente la suplencia por ausencia, basta con que el funcionario titular, en el caso, el administrador de la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, justifique su competencia, y que el funcionario suplente, en la especie el subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales, no así el jefe de departamento al que alude la recurrente, exprese que actúa con tal calidad. Lo anterior, en virtud de que en definitiva, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la suplencia por ausencia, para que opere esta figura, indefectiblemente es necesario que el funcionario suplente acredite su existencia legal, pues de otra forma no se le puede atribuir al funcionario titular la responsabilidad de los actos, por lo que aun cuando la suplencia por ausencia tenga el objetivo de permitir el ejercicio de la función pública de manera interrumpida, se requiere que el funcionario suplente demuestre su existencia legal, porque de lo contrario no se surte la sustitución. Por tanto, se estima que válidamente resolvió la Sala Fiscal, que como los dispositivos legales invocados en la resolución impugnada no prevén la existencia legal del subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales, como funcionario de las aduanas del Servicio de Administración Tributaria, entonces no se justifica que se hubiera delegado la competencia al mismo en ninguna de sus formas, esto es, originaria, delegada o por grado (suplencia), procediendo conforme a derecho al declarar la nulidad de la resolución impugnada, en términos del artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por actualizarse la causa de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción I, del propio ordenamiento tributario, relativa a la incompetencia del funcionario que dictó o tramitó el procedimiento del que deriva dicha resolución. Por ende, se estiman inaplicables las jurisprudencias y las tesis invocadas por la autoridad revisionista, tendentes a distinguir la delegación de facultades y la suplencia por ausencia, publicadas bajo los rubros: ‘SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SUPLENCIA POR AUSENCIA. EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE NO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE NO EXCEDE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 16 Y 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.’, ‘AUTORIDAD RESPONSABLE. LO ES QUIEN EMITIÓ EL ACTO A TRAVÉS DE OTRA AUTORIDAD QUE ACTUÓ EN SU AUSENCIA Y NO A NOMBRE PROPIO.’ y ‘DELEGACIÓN DE FACULTADES Y SUPLENCIA POR AUSENCIA. DISTINCIÓN.’. Por otra parte, agrega la autoridad recurrente que independientemente de lo anterior, el jefe de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, sí tiene existencia legal conforme a los artículos 29 y 39, punto C, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que contempla la figura de los jefes de departamento que dependerán de la administración de la aduana, así como la existencia del personal que se requiera para cubrir las necesidades del servicio, además que el artículo 10 del citado reglamento, contempla la competencia jurídica de los jefes de departamento para suplir las ausencias de los administradores, sin necesidad de que se exijan mayores requisitos para identificar a tales funcionarios, pues de lo contrario se llegaría al extremo de que en el reglamento se tuvieran que indicar todas y cada una de las combinaciones de los funcionarios suplidos y los que firmarán en ausencia, lo que sería ilógico, más si se debe atender al principio de derecho, acorde al cual ‘donde la ley no distingue no se debe distinguir’. Motivos de disenso que resultan infundados, porque en principio cabe señalar que el subadministrador de Trámites y Asuntos Legales, que firmó la resolución impugnada, no así el subjefe al que alude la autoridad revisionista, invocó en la misma para fundar la suplencia, los artículos 10, penúltimo párrafo y 31, último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en los que no se contempla su existencia legal, en el entendido que no se citó en dicha resolución como fundamento el artículo 31, punto C, de dicho reglamento, al que alude la autoridad inconforme, precepto que tampoco contempla la existencia legal de tal funcionario. Además, es dable destacar que en oposición a lo planteado por la autoridad inconforme, la denominación de las autoridades debe estar correctamente especificada en la ley, para así justificar su existencia, pues de otra suerte no se cumple con el requisito de la competencia constitucional, previsto en el artículo 16 de la Carta Magna, que prevé la garantía de que todos los actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de los gobernados deben provenir de autoridad competente, ya que en caso contrario carecen de validez, requisito fundamental referido a la suma de facultades que la ley le otorga al servidor público para ejercer sus atribuciones, por lo que debe encontrarse legalmente acreditada su existencia, previendo expresamente su denominación legal específica. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, clave IV.2o.A.81 A, página 1773, que dice: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE CONTROL DE TRÁMITES DE ASUNTOS LEGALES CARECE DE FACULTADES PARA ELABORAR EL ACTA DE INICIO RESPECTIVA, YA QUE SU EXISTENCIA JURÍDICA NO SATISFACE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN DOS MIL UNO).’ (se transcribe). En las condiciones relatadas, procede confirmar la sentencia que se revisa."
Revisiones fiscales 17/2005, 28/2005, 16/2005 y 101/2005.
En virtud de que las tres últimas revisiones fiscales reiteran el criterio contenido en la número 17/2005, en obvio de repeticiones sólo se transcribirá la parte que interesa de esta última, que a la letra señala:
"SÉPTIMO. El estudio del único concepto de agravio expresado por el administrador local Jurídico de Torreón, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, conduce a determinar lo siguiente. Aduce la autoridad recurrente que la Sala Fiscal actúa incorrectamente al considerar que el subadministrador del Departamento de Control de Trámites y Asuntos Legales constituye una autoridad inexistente que carece de competencia para emitir resoluciones determinantes de créditos fiscales, en tanto refiere en su motivo de inconformidad que el artículo 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establece que cada aduana estará a cargo de un administrador, del que dependerán los subadministradores, jefes de sala y jefes de departamento que las necesidades del servicio requieran, y que por dicho motivo ‘... no es a partir de la denominación interna de la subadministración de donde nace su facultad para actuar en suplencia del administrador de la aduana, sino y así debe entenderse, desde el momento en que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no distingue por sus funciones a los subadministradores de la aduana, es decir, su actuación es a partir de su calidad de subadministrador adscrito a la Aduana de Piedras Negras, independientemente de la denominación que se dé al departamento del que se haga cargo, por lo que si quien suscribe la resolución determinante de los créditos fiscales contenida en el oficio número 326-SAT-A18-VII-L-3787, es el subadministrador del área de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Piedras Negras, es claro que no obstante que reglamentariamente no se encuentra reconocida el área de Control de Trámites y Asuntos Legales, pero sí el de subadministrador, las manifestaciones de la demandante en cuanto a la inexistencia del funcionario en mención, carecen de sustento.’. Resulta infundada la anterior aseveración. En efecto, contrario a lo alegado, la Sala Fiscal actuó de manera correcta al declarar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 325-SAT-05-I-(13)-0978, de catorce de abril de dos mil cuatro, relativa al recurso de revocación 273/2003, emitida por el administrador local Jurídico de Piedras Negras, Coahuila, en la que se resolvió confirmar la diversa resolución contenida en el oficio 326-SAT-A18-VII-L-3787, de veintisiete de octubre de dos mil tres, emitida por el subadministrador del Departamento de Control de Trámites y Asuntos Legales, que determinó el crédito fiscal H-283448 a la contribuyente Woo Chang México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en cantidad de $993.00 (novecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de multa. Lo anterior es así, pues como se afirma en la sentencia recurrida, ‘si bien es cierto que los administradores de las aduanas pueden ser suplidos indistintamente por los subadministradores o por los jefes de departamento que de ellos dependa, también es verdad que la autoridad que sustituye al administrador debe tener existencia como tal en la ley o reglamento, y en el caso a debate, del análisis realizado al artículo 2o. y 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en donde se hace referencia a los servidores públicos y a las unidades administrativas que integran al Servicio de Administración Tributaria, así como al personal con el que contará cada aduana, no se desprende la existencia legal del subadministrador del área de Control de Trámites y Asuntos Legales, con lo que queda de manifiesto la inexistencia de dicha autoridad en el reglamento interior de referencia’, y que por dicho motivo ‘la resolución recurrida es ilegal al haber sido emitida por un funcionario que carece de competencia, razón por la cual la Sala estima que procede declarar la nulidad de dicha determinación, así como de la que la confirma, en los términos que prevé el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación’. Esto es así, ya que como lo señala la Sala Fiscal, de lo dispuesto en los artículos 2o., 10 y 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ‘... en donde se hace referencia a los servidores públicos y a las unidades administrativas que integran al Servicio de Administración Tributaria, así como al personal con el que contará cada aduana’, se infiere que ninguno de dichos preceptos legales establece la ‘existencia legal’ del cargo denominado subadministrador del Departamento de Control de Trámites y Asuntos Legales; de ahí que ese cargo hace referencia a un nombre genérico cuya existencia no se encuentra identificada ni prevista en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, para estimarse debidamente satisfecha la garantía de legalidad jurídica establecida en el artículo 16 constitucional, el subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, debió justificar que su actuación se encontraba regulada en normas legales expresas que justificaran la existencia legal y competencia de dicho cargo, máxime que el concepto relativo a la competencia, alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. De ahí que la Sala Fiscal actuó correctamente al considerar que el subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, carecía de competencia para emitir la resolución contenida en el oficio 326-SAT-A18-VIII-L-3787, de veintisiete de octubre de dos mil tres, a través de la cual determinó a Woo Chang México, Sociedad Anónima de Capital Variable, un crédito fiscal en cantidad de $993.00 (novecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de multa. No es óbice a lo anterior, el hecho de que la autoridad recurrente afirme que ‘... no es a partir de la denominación interna de la subadministración de donde nace su facultad para actuar en suplencia del administrador de la aduana, sino y así debe entenderse desde el momento en que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no distingue por sus funciones a los subadministradores de la aduana, es decir, su actuación es a partir de su calidad de subadministrador adscrito a la Aduana de Piedras Negras, independientemente de la denominación que se dé al departamento del que se haga cargo, por lo que si quien suscribe la resolución determinante de los créditos fiscales contenida en el oficio número 326-SAT-A18-VII-L-3787, es el subadministrador del área de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Piedras Negras, es claro que no obstante que reglamentariamente no se encuentra reconocida el área de Control de Trámites y Asuntos Legales, pero sí el de subadministrador, las manifestaciones de la demandante en cuanto a la inexistencia del funcionario en mención, carecen de sustento’; pues con independencia de que el artículo 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria establezca que cada aduana -entre otros funcionarios-, estará a cargo de un administrador, del que dependerán los subadministradores, jefes de sala y jefes de departamento que las necesidades del servicio requieran, lo cierto es que para estimarse debidamente satisfecho el requisito del señalamiento de la competencia del funcionario emisor del acto de molestia, en el acto administrativo determinante del crédito fiscal, debió señalarse con precisión el precepto legal que estableciera la existencia jurídica de dicha autoridad, y su correspondiente atribución para imponer multas en materia de comercio exterior. Esto es así, ya que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la garantía de que todos los actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de los gobernados deben provenir de autoridad competente, ya que en caso contrario carecen de validez y efecto jurídico, requisito fundamental referido a la suma de facultades que la ley le otorga al servidor para ejercer sus atribuciones públicas; luego, el primer presupuesto básico para tener por reunidos los elementos de tal ordinal es la existencia en la norma jurídica del puesto o cargo público que ostenta el funcionario dotado de las atribuciones por ejercitar, es decir, que la ley le dé existencia jurídica al servidor que emite o ejecuta el acto de molestia, previendo expresamente su denominación legal específica, pues de no ser así no podría afirmarse siquiera la existencia de una autoridad, mucho menos de una que cumpla con el requisito de la competencia constitucional. Consecuentemente, si el subadministrador del Departamento de Control de Trámites y Asuntos Legales no existe jurídicamente, ya que los artículos 2o., 10 y 31 del Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria (vigentes en octubre de dos mil tres), tal como lo señaló la Sala Fiscal, no avalan jurídicamente su actuar al resultar tales preceptos genéricos y vagos al señalar a los funcionarios subordinados a los administradores de la aduana, y no establecer el número, ni su denominación legal, ni mucho menos las funciones, categorías y necesidades específicas del servicio que atenderán y que refiere la norma para cumplir con el principio constitucional comentado, toda vez que se considera que la simple cita de la existencia de subadministradores es insuficiente para tener por definidos el puesto y función que tendrán, por lo que aun de quedar claro que los subadministradores son integrantes de las aduanas y que pudiera deducirse que en atención a ‘las necesidades del servicio’, es como se designarán sus cargos y funciones dentro de las mismas, ello no satisface en lo mínimo lo dispuesto por el ordinal 16 de la Carta Magna, por lo cual, el subadministrador del Departamento de Control de Trámite y Asuntos Legales carece de facultades para determinar un crédito fiscal, con motivo del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera respectivo; razón por la cual, la Sala Fiscal actuó correctamente al declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 238, fracción I y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente y sustancial, el criterio sostenido por este Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 1720, XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: ‘AUTORIDADES ADUANERAS. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁMITES Y ASUNTOS LEGALES, CARECE DE EXISTENCIA JURÍDICA Y DE COMPETENCIA MATERIAL PARA EMITIR ACTOS DE MOLESTIA.’ (se transcribe). En mérito de lo anterior, ante lo infundado del único concepto de agravio expresado por la autoridad recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."
El criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver las revisiones fiscales mencionadas (66/2004, 17/2005, 28/2005, 16/2005 y 101/2005), integró la jurisprudencia cuyos datos de identificación y contenido son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXII, septiembre de 2005
"Tesis: VIII.1o. J/22
"Página: 1209
"AUTORIDADES ADUANERAS. EL SUBADMINISTRADOR DE CONTROL DE TRÁMITES Y ASUNTOS LEGALES, CARECE DE EXISTENCIA JURÍDICA Y DE COMPETENCIA MATERIAL PARA EMITIR ACTOS DE MOLESTIA. Para estimar satisfecha la garantía de fundamentación legal establecida en el artículo 16 constitucional, resulta indispensable que en el texto de la ley se contenga la cita del precepto o preceptos legales que justifiquen la existencia jurídica de la autoridad y la competencia material para emitir actos de molestia en perjuicio de cualquier particular. Por tanto, para considerar satisfecho dicho requisito de legalidad, y que el particular esté en aptitud de conocer si la autoridad emisora se encuentra o no facultada para emitir resoluciones determinantes de créditos fiscales, el funcionario que emitió el acto de molestia con el carácter de subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales de la aduana, debe apoyar su actuación en la cita del precepto o preceptos legales que justifiquen su existencia jurídica y su competencia material para hacerlo, porque aun cuando el artículo 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria menciona como autoridad aduanera a quien ostenta el cargo de subadministrador; sin embargo, la referencia que se hace en la resolución determinante del crédito fiscal, de que el acto se emite en suplencia del administrador de la aduana, obliga a la autoridad a apoyar su actuación en la cita del precepto o preceptos que establezcan la existencia jurídica de su cargo; y de no resultar así, el acto emitido carece de fundamentación, lo cual origina su nulidad."
II. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
Revisión fiscal 48/2006.
"... Precisado lo anterior, son fundados los argumentos. En efecto, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, el subadministrador de la aduana, quien actuó en suplencia del administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, al emitir las resoluciones impugnadas cumplió con el mandamiento contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que impone a las autoridades la obligación, entre otras, de que las resoluciones que emitan ostenten la firma del funcionario competente. Esto es así, porque de acuerdo con el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los administradores de aduana serán suplidos en sus ausencias por los subadministradores que de ellos dependan, sin que sea necesaria autorización expresa para ello, como también resulta irrelevante el nombre que se le dé a dicho funcionario. Esto es así, pues de conformidad con el citado numeral 10 y 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los administradores de aduana serán suplidos en sus ausencias, indistintamente, por los subadministradores que de ellos dependan, por ende, la competencia de la autoridad demandada queda colmada, cuando en las resoluciones impugnadas que determinaron diversos créditos fiscales, se hizo la anotación correspondiente de que quien firma lo hace en suplencia del titular de la competencia y se señala el fundamento legal para su procedencia, por tanto, es inconcuso que el acto de autoridad motivo de impugnación en el juicio de nulidad, cumplió con los requisitos del artículo 16 constitucional y 38, fracción IV, del código tributario. De igual forma, resulta intrascendente que el puesto de subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales de la aduana, no se encuentre previsto en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria para sostener que es una autoridad inexistente dentro de la Aduana de Nuevo Laredo y que, por tanto, no pueda suplir las ausencias del administrador, ni firmar resoluciones donde se determinen créditos fiscales a los contribuyentes, como lo resolvió la Sala Fiscal, en virtud de que, contrariamente a lo que sostuvo el a quo, en el artículo 31, último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no se hace distingo alguno respecto a cómo deben llamarse los subadministradores o los jefes de departamento, pues conforme con lo establecido en el artículo 10, penúltimo y último párrafos, y 31, último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los administradores serán suplidos indistintamente por los subadministradores que de ellos dependan y tomando en cuenta que cada aduana se encuentra a cargo de un administrador del que dependen los subadministradores, jefes de sala, jefes de departamento, jefes de sección, verificadores, notificadores y el personal que las necesidades del servicio requiera. Entonces, si la ley no hace distinción con respecto al tipo de subadministrador que suplirá las ausencias de los administradores, resulta irrelevante el nombre que se le dé, y la circunstancia de que el subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Nuevo Laredo no figure en el organigrama de la Aduana de Nuevo Laredo, no desvirtúa la legitimidad de su actuación, puesto que su función al suplir las ausencias del administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, se encuentra contenida y regulada en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, independientemente de la nomenclatura que se le otorgue al área en cuestión, además, acorde con lo establecido por el artículo 29, fracción LXVIII, del citado reglamento, la Administración General de Aduanas estará a cargo de un administrador general, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que la ley señala, así como por el personal que requiera para satisfacer las necesidades del servicio, por tanto, el argumento de la autoridad responsable para declarar la nulidad de la resolución impugnada, basado en que el subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales de la aduana es una autoridad inexistente, es desafortunada, toda vez que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que faculta a los subadministradores para suplir las ausencias del administrador, no hace distinción alguna sobre la denominación, ya que solamente se refiere a que tengan el carácter de subadministradores. En esa tesitura, al advertirse que el subadministrador de la Aduana de Nuevo Laredo, independientemente de su denominación, que firmó en suplencia del administrador de la aduana las resoluciones impugnadas, es evidente que su actuación es legal y ajustada a derecho, toda vez que su función se encuentra fundamentada en los diversos 10 y 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y al advertirse que el citado funcionario no ejerció actividades propias, sino que sólo actuó en suplencia del titular de la Aduana de Nuevo Laredo, tampoco podría hablarse de una delegación de facultades, pues el funcionario de mérito sólo actuó en suplencia del administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, con fundamento en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, de donde se deviene que su actuación es legal y ajustada a derecho. Tiene aplicación la tesis sustentada por este tribunal publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Novena Época, septiembre de 2004, página 1716, tesis IV.1o.A.15 A, de rubro y texto siguientes: ‘ADMINISTRADORES DE RECAUDACIÓN O DE ADUANAS. SERÁN SUPLIDOS EN SUS AUSENCIAS, INDISTINTAMENTE, POR LOS SUBADMINISTRADORES QUE DE ELLOS DEPENDAN, CON LA SALVEDAD DE QUE SE HAGA CONSTAR FEHACIENTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA.’ (se transcribe). Consecuentemente, al advertirse que la sentencia reclamada transgrede en perjuicio de la autoridad recurrente los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, se impone revocarla para el efecto de que se deje insubsistente la resolución impugnada y atendiendo a los lineamientos de esta ejecutoria, emita una nueva determinación en la que declare infundado el agravio relativo a la incompetencia del funcionario que emitió las resoluciones impugnadas, y se examinen los restantes conceptos de anulación para que en su oportunidad se resuelva con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho proceda. Igual criterio sostuvo este tribunal por unanimidad al resolver las revisiones fiscales números 14/2003, 101/2003 y 150/2003, vistas en sesiones, la primera, el veinte de marzo, dieciséis de octubre de dos mil tres, y diecinueve de febrero de dos mil cuatro."
CUARTO. Corresponde ahora verificar si existe o no la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Primero del Octavo Circuito, contenidos en las resoluciones acabadas de reproducir.
Con ese propósito, es necesario establecer que la contradicción de tesis se suscita cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, ante las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes; esa diferencia de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19904-64b69f9f/subadministradores-de-control-de-tramites-y-asuntos-legales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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