PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver por mayoría de votos los amparos directos cuyos datos enseguida se señalan, y que corresponden al número 311/2002, promovido por Juan Becerra Oliva y 381/2002, promovido por Cruz Pérez viuda de Rodríguez, en la parte conducente, son:
"SÉPTIMO. Son parcialmente fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aunque para declararlo así deba suplirse su deficiencia en términos de la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. Antes de abordar su examen, es preciso indicar que por ejecutoria de veintidós de noviembre de dos mil uno este Tribunal Colegiado resolvió el juicio de amparo directo número 716/2001, promovido por el quejoso Juan Becerra Oliva en el que se determinó conceder la protección constitucional al peticionario de amparo para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara otra en la que considerando que es inconstitucional la obligación de agotar el recurso de inconformidad que establecen los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, analizara las prestaciones reclamadas en el juicio de origen y resolviera lo que en derecho procediera. En acatamiento a dicha ejecutoria, la Junta responsable dejó insubsistente el fallo reclamado en el amparo 716/2001 y, en su lugar, dictó uno nuevo en el que se analizó la procedencia de las prestaciones reclamadas. Expuesto lo anterior, cabe señalar que es procedente el estudio de los conceptos de violación que se hacen valer en el presente juicio de garantías (atinentes a la indebida valoración de la prueba de inspección ofrecida por el instituto demandado), pues no obstante la existencia de un juicio de amparo anterior (716/2001) que este mismo órgano colegiado resolvió, es de apuntar que el laudo entonces reclamado no analizó la procedencia de las prestaciones exigidas, y así fue que en el segundo laudo dictado en cumplimiento de dicha ejecutoria -que ahora constituye el presente acto reclamado- fue donde se estudió la procedencia de tales prestaciones reclamadas y donde se valoró y concedió eficacia a la prueba de inspección ofrecida por el instituto demandado, de la cual aquí se duele el peticionario de garantías. Ahora, consta de autos que el instituto demandado ofreció entre otros medios de convicción la prueba de inspección en los siguientes términos: ‘4. Inspección, que deberá desahogarse en el Departamento de Catálogo y Avisos Originales de la Subdelegación No. 2 que se encuentra ubicada en el domicilio de Manuel L. Barragán Cruz con Regio Villarreal en la esquina norte poniente de Monterrey, N.L., con el objeto de inspeccionar el expediente del actor Juan Becerra Oliva con número de afiliación 43-75-30-1055, por lo que el C. Actuario adscrito a este H. Tribunal deberá requerir al demandado y a dicho departamento para el efecto de que exhiba los documentos que obran en el archivo correspondiente del número de afiliación ya mencionado, además, el C. Actuario deberá dar fe y hacer constar que el C. Juan Becerra Oliva con número de afiliación ya mencionado, cotizó ante mi representado 149 semanas en el régimen de seguridad social de mi representado hasta el 5o. bimestre de 1997 por lo que es obvio que el actor no reúne los requisitos de los artículos 162 y 163 de la nueva Ley del Seguro Social, así como los artículos 150 y 151 de la misma ley, esto es, que no cuenta con el mínimo de señalas (sic) requeridos para el otorgamiento de la pensión que solicita. Además de que es obvio que se encuentra en exceso fuera del periodo de conservación de derechos. Deseando agregar que el periodo a inspeccionar lo será desde el 1er. bimestre de 1975, fecha de su inscripción ante el IMSS, hasta el 5o. bimestre de 1997, fecha de su última baja; por lo anterior solicito a esta autoridad que las anteriores probanzas se califiquen de legales por estar ajustadas a derecho y relacionadas con la litis que se plantea. Las pruebas ofrecidas por la contraparte se objetan en forma general en cuanto al alcance y valor probatorio que se les pretende dar.’ (fojas 89 y 90). Es conveniente transcribir el resultado de la prueba de inspección antes citada: ‘En Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:45 horas del día 13 del mes de agosto de 1999, el suscrito actuario adscrito a la Junta Especial No. 19 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, me constituí en el domicilio del Dep. Catálogos Avisos Originales (IMSS) ubicado en Manuel L. Barragán Cruz con Regino Villarreal, con el fin de practicar una diligencia de carácter laboral relativa al expediente al rubro indicado; constituido en el citado domicilio encontré presente al C. José Juan Martínez P., quien dijo ser auxiliar de oficina y a quien le hice saber el objeto y motivo de mi visita, consistente en dar cumplimiento al acuerdo dictado por la Junta de mi adscripción con el fin de desahogar la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada; manifestando la persona que me atiende: Que en este acto sí pongo a disposición la documentación requerida para el desahogo de la probanza. En este acto el suscrito actuario doy fe y hago constar que sí me presentó la documentación requerida para el desahogo de la citada probanza, y de los cuales se desprende lo siguiente: teniendo a la vista el expediente personal de Juan Becerra Oliva, No. de afiliación 43-75-301055 y revisando las altas y bajas del trabajador se desprende que tiene 149 semanas cotizadas en el régimen de seguridad social hasta el 5o. bimestre de 1997 dentro del periodo desde el 1er. bimestre de 1975 hasta el 5o. bimestre de 1997 donde aparece su última baja. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, firmando al margen los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y al calce el suscrito actuario. Doy fe.’ (foja 100). Precisado lo anterior debe decirse, en principio, que es infundado lo aducido por el quejoso en sus conceptos de violación en el sentido de que debieron exhibirse las cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales debidamente cubiertas y pagadas a fin de determinar el número de semanas cotizadas por el actor; así lo es, pues, en el caso, no se está en presencia de una contienda entre el referido instituto y un patrón, sino entre el primero y un beneficiario, razón por la cual dicho demandado no tenía por qué exhibir los citados documentos. En cambio, es fundado lo alegado por el quejoso al señalar que la prueba de inspección, ofrecida por su contraparte, carecía de valor al no reunir los requisitos de ley, porque el demandado tiene en su poder los documentos que se requerían y debió exhibirlos, o bien, justificar los motivos por los que no los tuviera en su poder, aunado a que en la inspección no se detallaron claramente los datos que le dieran credibilidad, como son la empresa que dio de alta al trabajador, el número de registro patronal, la baja, el número de semanas de cotización y así sucesivamente hasta detectar con exactitud todas y cada una de las semanas de cotización. En efecto, al margen de que a cargo del instituto exista la obligación de presentar los documentos o el certificado correspondiente y de que la falta de exhibición pudiera generar la presunción de certeza del hecho afirmado por el asegurado, pero la cual es factible de desvirtuarse por cualquiera de los medios de convicción permitidos por la ley; consta de la diligencia de desahogo de la prueba en cuestión que el actuario adscrito a la Junta responsable dijo tener a la vista el expediente del actor, con número de afiliación y que sólo cuenta con ciento cuarenta y nueve semanas cotizadas al quinto bimestre del año de mil novecientos noventa y siete, cuando el citado funcionario omitió precisar: a) Los documentos que integraban el expediente examinado; b) De cuál de esos documentos obtuvo los movimientos afiliatorios del actor; c) El nombre de cada uno de los patrones para quienes trabajó y los números de los registros patronales; d) Así como las fechas en que al trabajador se le dio de alta de las diversas relaciones de trabajo; e) El grupo de cotización; f) Las fechas en que fue dado de baja respecto de los diversos patrones; g) El número de semanas cotizadas con cada uno de ellos; y h) Los demás datos de los cuales obtuvo la información que lo condujo a establecer que el actor del juicio laboral contaba sólo con ciento cuarenta y nueve semanas de cotización. Habida cuenta que, incluso, la inspección fue ofrecida para que se diera fe, previo análisis del expediente personal del peticionario de amparo y de otros datos en su caso, de que únicamente contaba con ciento cuarenta y nueve semanas de cotización en el periodo correspondiente al primer bimestre de mil novecientos sesenta y cinco al quinto bimestre de mil novecientos noventa y siete, por lo cual, es evidente que aun cuando la prueba se ciñó a la materia de la misma, lo inspeccionado no se ajustó a aquellos términos. No obstante las deficiencias de la prueba en comento, la responsable la consideró apta para tener por acreditado lo argüido por el demandado en el sentido de que el promovente había cotizado sólo ciento cuarenta y nueve semanas; lo que evidentemente vulnera las garantías individuales del ahora quejoso, ya que la Junta no debió otorgar al citado medio de convicción valor probatorio al no haberse ajustado a los términos precisados por el ya referido numeral 829, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, precisamente porque lo señale o no la parte oferente, el actuario ha de levantar ‘acta circunstanciada’ que dé cuenta de la diligencia realizada, atento que su objetivo es asentar en ella los hechos o datos que aprecie de lo inspeccionado, pero no extraer conclusiones o inferencias que sólo corresponden al juzgador, si se tiene en cuenta que la expresión ‘se levantará acta circunstanciada’ significa determinar las circunstancias de algo, y ese algo viene a ser un accidente de tiempo, lugar o modo, como particularidad que acompaña a un acto. Son aplicables al caso particular las tesis de jurisprudencia números 900 y 901, sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este órgano colegiado comparte, publicadas en las páginas 768 y 769, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 2, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como la tesis de jurisprudencia número VI.3o. J/25, sostenida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo VIII, septiembre de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1100 que, respectivamente, establecen: ‘INSPECCIÓN, PRUEBA DE. La prueba de inspección, por su naturaleza, requiere para su efectividad que el funcionario que la practique describa con precisión los documentos u objetos inspeccionados, anotando todas aquellas características y circunstancias que puedan formar convicción en el juzgador.’. ‘INSPECCIÓN, PRUEBA DE, EN MATERIA LABORAL. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL, SI EN SU DESAHOGO EL ACTUARIO OMITE DESCRIBIR DE MANERA CIRCUNSTANCIADA LOS DOCUMENTOS MATERIA DE LA PRUEBA QUE TUVO A LA VISTA. Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo, en el desahogo de la prueba de inspección debe levantarse acta circunstanciada de esa diligencia, entendiéndose por esto, que el actuario comisionado debe señalar en forma precisa y detallada qué documentos tuvo a la vista y qué es lo que inspeccionó, esto es, relacionará todos los hechos vinculados con el acto, de todo lo cual se sigue que si omite indicar la cantidad, fecha, datos de importancia y el nombre del suscriptor de los mismos, así como expresar por qué razones o motivos llegó a la conclusión de que eran ciertos los hechos objeto de la prueba, y la responsable lejos de enmendar tal proceder, estima que la inspección no surte efectos en favor del oferente, debe concluirse que viola las leyes del procedimiento al desahogar en forma indebida la prueba de inspección, lo que actualiza la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, si con dicha probanza su oferente pretendía demostrar sus excepciones.’. ‘INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ACTUARIO DEBE DESCRIBIR PORMENORIZADAMENTE LOS DOCUMENTOS MATERIA DE LA PRUEBA. El actuario de la Junta debe describir pormenorizadamente los documentos que le son exhibidos, asentando en cada caso el tipo de los documentos examinados, sus características y, en su caso, si aparecen o no firmados, especificando el nombre de los suscriptores, o haciendo constar que se trata de firmas ilegibles. Así debe entenderse el texto de la fracción IV del artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación para el actuario de levantar acta circunstanciada de la diligencia. Esto es así, pues gramaticalmente circunstanciar significa: «determinar las circunstancias de algo» y la palabra circunstancia significa «accidente de tiempo, lugar, modo, etcétera; particularidad que acompaña a un acto» (Larousse Diccionario Enciclopédico, Sexta Edición, Tomo I, 1988, México).’. Sin que en el caso pueda considerarse que se trata de una violación procesal, desde la óptica del aquí quejoso que no fue el oferente de la prueba, pues al no tratarse de un medio de convicción de él sino del ahora tercero perjudicado, sólo pueden estimarse las irregularidades en su desahogo para ponderarlo, pero de ninguna manera para ordenar su perfeccionamiento porque ello sería en su perjuicio; habida cuenta que es principio general de derecho que carecen de valor legal las pruebas recibidas con infracción a las formalidades de ley, por lo que de llegar a desestimarse la prueba con base en las irregularidades advertidas, su admisión ya no trascendería al sentido del laudo. Por tanto, lo conducente es conceder al quejoso el amparo que solicita para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que estime las irregularidades de la prueba de inspección ofrecida por el instituto demandado para acreditar el hecho pretendido, ponderándolas para otorgarle valor probatorio o para desestimarla, y hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda sobre las prestaciones reclamadas. Cabe destacar que similar criterio lo sostuvo este órgano colegiado al resolver los amparos 201/2002, promovido por Josefina Regalado Ortiz, de dos de mayo de dos mil dos y el 227/2002, promovido por Francisco Uresti Hernández, de quince de mayo de dos mil dos."
Voto particular del Magistrado Abraham Calderón Díaz.
"Estoy en contra del criterio mayoritario, en virtud de que en mi concepto existe una violación a las leyes del procedimiento que ameritaba conceder el amparo, a fin de que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y repusiera el procedimiento. En efecto, la audiencia de aceptación de pruebas se encuentra firmada solamente por dos personas, independientemente de las que se refieren a las partes (pues las de éstas se encuentran al margen izquierdo) sin poder precisarse a quiénes de los integrantes de la Junta corresponden. Lo anterior es contrario a lo dispuesto por el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo, que en su fracción II establece, en lo que importa, que si no está presente ninguno de los representantes de la Junta, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen, entre otras, sobre aceptación de pruebas; que en esos casos el presidente acordará se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda. Si no se da la circunstancia señalada en la última parte del párrafo anterior, es obvio que la audiencia de aceptación de pruebas debe estar firmada por los tres integrantes de la Junta (presidente, representante del capital y representante del trabajo) y del secretario respectivo. En la audiencia de aceptación de pruebas de cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve se encuentran, como se dijo, únicamente dos firmas, no obstante que en dicha actuación se establece: ‘... encontrándose legalmente integrada esta Junta Especial No. 19 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ... firman al margen para constancia, haciéndolo al calce los CC. Representantes que integran esta Junta Especial. Doy fe.’ (fojas 89 y 90). Cabe precisar que en esa audiencia se admitió la prueba de inspección ofrecida por la demandada, que se tomó en cuenta para dictar el laudo en contra del quejoso. En tales circunstancias, se dio una violación en el procedimiento que afectó las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Violación que es análoga a la contenida en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que existe este tipo de violación cuando al quejoso no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley. Siendo ponente el primero de los mencionados, quien es presidente y firma para los efectos legales con el último de los mencionados y la secretaria de Acuerdos que da fe."
Amparo directo 381/2002.
"QUINTO. El concepto de violación que se hace valer en un aspecto es infundado y en otro resulta fundado. De los antecedentes del laudo reclamado deriva que mediante escrito de quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la ahora quejosa Cruz Pérez Viuda de Rodríguez demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros conceptos, el otorgamiento y pago de pensión de viudez a partir del doce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco en que falleciera su cónyuge Manuel Rodríguez Contreras. Admitida la demanda por la Junta responsable y registrada bajo el número 678/98, se citó a las partes a la audiencia a que se refiere el artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, la que tuvo verificativo el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve en la que el demandado, en concreto, adujo que al momento en que el trabajador falleció, el mismo se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos. Además, dentro de la etapa correspondiente de la citada audiencia, la parte actora ofreció las pruebas que describió en escrito de la misma fecha y solicitó se le tuviera por desistida de la prueba de inspección, lo que se acordó de conformidad. Por su parte, el instituto demandado ofreció los elementos de convicción que había precisado en escrito de tres de febrero del citado año, consistentes en prueba presuncional, instrumental de actuaciones, confesional expresa y espontánea, así como prueba de inspección. Es oportuno señalar que la prueba de inspección del demandado, dicha parte la ofreció en los siguientes términos: ‘Inspección. La cual se ofrece con fundamento en el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, la cual debe practicarse en el archivo de la Oficina del C.A.O. ubicada en la Subdelegación 2 del IMSS en Av. Manuel L. Barragán y Regino Villarreal entre los límites de San Nicolás de los Garza y Monterrey, N.L., para la cual solicito que el C. Actuario adscrito a este H. Tribunal que se designe para tal efecto, se constituya en el domicilio antes señalado y verifique en el expediente del extinto Manuel Rodríguez Contreras, con número de afiliación 4161421012-2 y dé fe y haga constar lo siguiente: a) Objeto de la inspección. Verificar los antecedentes de altas y bajas, movimientos afiliatorios, semanas cotizadas, periodo de conservación de derechos del actor seguido bajo su número de afiliación arriba indicado. b) Lugar en donde debe practicarse. En el archivo de la Oficina del C.A.O. ubicada en la Subdelegación 2 del IMSS en Av. Manuel L. Barragán y Regino Villarreal entre los límites de San Nicolás de los Garza y Monterrey, N.L. c) Periodo que abarca la inspección. Del 7 de enero de 1976 al 6 de marzo de 1998. d) Objetos y documentos que deben inspeccionarse. Los antecedentes de altas y bajas, movimientos afiliatorios, semanas cotizadas, periodo de conservación de derechos del actor seguido bajo su número de afiliación arriba indicado. e) Cuestiones y hechos que se pretenden acreditar. Que efectivamente el extinto Manuel Rodríguez Contreras tiene únicamente 20 semanas cotizadas al 6o. bimestre de 1992, no reconociéndosele las anteriores semanas cotizadas conforme al Art. 183, fracción III, de la Ley del Seguro Social de 1973 y 151 de la Ley del Seguro Social en vigor. Dicha probanza se ofrece en sentido afirmativo y en términos del Art. 827 de la ley laboral, a fin de acreditar que el extinto Manuel Rodríguez Contreras tiene solamente 20 semanas cotizadas al 6o. bimestre de 1992 y, por tanto, no reúne los requisitos de los artículos 149, 150, 152 y 182 de la abrogada Ley del Seguro Social y que tampoco reúne los requisitos de los artículos 127, 128 y 150 de la Ley del Seguro Social en vigor, acreditándose así las excepciones y defensas que se hicieron valer en el presente juicio por el instituto demandado, acreditándose que la actora no genera derecho alguno al otorgamiento y pago de la pensión de viudez que reclama, al no cotizar el extinto el mínimo de 150 semanas de cotización dentro del periodo de conservación de derechos de acuerdo a los artículos 150, 151, 127, 128 y demás relativos de la Ley del Seguro Social vigente y 149, 150, 181, 182 y 183 de la Ley del Seguro Social de 1973.’ (foja 44). También precisa mencionar que dicha prueba se desahogó en la forma siguiente: ‘En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las doce horas del día primero de marzo de 1999, el suscrito actuario hace constar que se constituyó conforme a lo ordenado en acuerdo de fecha 4 de febrero de 1999 en las Oficinas del C.A.O. del IMSS, ubicadas en Manuel L. Barragán y Regino Villarreal, a fin de realizar la inspección ordenada haciendo constar que en dichas oficinas se encuentra presente el o los José Martínez Peña, quien dijo laborar en dichas oficinas, a quien hice saber el motivo de mi presencia y requerí a fin de que se ponga a la vista del suscrito el expediente del C. Manuel Rodríguez Contreras, afiliación número 4161421012-2, haciendo constar el suscrito que revisadas las altas, bajas y movimientos afiliatorios, semanas cotizadas de dicho expediente, se da fe que en el periodo de 7 de enero de 1996 al 6 de marzo de 1998, al 6o. bimestre de 1992, el C. Manuel Rodríguez Contreras tiene cotizadas 20 semanas, según consta en el expediente sujeto a inspección lo que se hace constar para los efectos legales conducentes dando con lo anterior por concluida la presente diligencia firmando al margen quienes en ella intervinieron.’ (foja 46). Concluidos los trámites legales, el ocho de abril de dos mil dos se dictó el laudo que ahora se reclama, cuya parte considerativa obra ya transcrita. Ahora bien, aduce la quejosa, en la segunda parte de su concepto de violación, que la prueba de inspección ofrecida por el demandado, que fue la base para que a éste se le absolviera, se desahogó el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve en el C.A.O., el que dejó de existir desde mil novecientos noventa y ocho como deriva de la diligencia actuarial de cuatro de marzo del año en curso practicada dentro del diverso juicio laboral 224/2000. Lo que constituye una razón más, sigue aduciendo la quejosa, para que la prueba de inspección que ofreció el demandado pueda desecharse. Es infundado lo anteriormente argüido en virtud de que si bien el C.A.O. desapareció como departamento de certificación, el mismo subsiste como departamento administrativo. Tan es así que el actuario adscrito a la responsable se constituyó en ese lugar el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve a practicar la diligencia relativa al desahogo de la prueba de inspección ofrecida por el Instituto demandado. Por lo que al haberse ofrecido dicha inspección precisándose el lugar donde había de practicarse, el cual, se repite, subsiste como departamento administrativo, tal ofrecimiento, en este aspecto, se ajustó a lo dispuesto por el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo y en modo alguno vulnera las garantías individuales de la quejosa. En otro aspecto, aduce la quejosa en su concepto de violación que la prueba de inspección ofrecida por el demandado para justificar que el asegurado sólo tenía veinte semanas cotizadas al sexto bimestre de mil novecientos noventa y dos, no era la idónea para acreditar los extremos pretendidos por el oferente, ya que éste tenía en su poder los documentos relativos, los cuales debió exhibir en juicio. Es infundado lo anterior por las siguientes consideraciones. Conforme a los artículos 240 de la Ley del Seguro Social anterior y 251 de la ley en vigor, 4o., 6o., 7o., 10, 13, 14 y 15 del Reglamento de Afiliación de Patrones y Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social es quien posee los comprobantes e información idónea para acreditar el tiempo de cotización de un asegurado, por corresponderle el registro e inscripción de los trabajadores para efectos del seguro social obligatorio, altas y bajas de éstos, así como el registro de los salarios y sus modificaciones, lo que evidentemente debe obrar en la documentación que al efecto lleve dicho instituto y la cual tiene obligación de conservar, atento lo dispuesto por el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo y, dado el caso, ofrecer como prueba a efecto de lograr el esclarecimiento de los hechos en las controversias que se susciten entre él y sus asegurados o sus beneficiarios, en tanto dichas controversias deben sustanciarse conforme al procedimiento previsto por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de una correcta interpretación de los artículos 776, 784, 804 y 805 de la citada Ley Federal del Trabajo, se llega al convencimiento de que no sólo con la prueba documental puede el demandado probar los hechos que se deriven de los documentos que tiene obligación de conservar y exhibir, sino que al efecto puede ofrecer diverso medio de convicción, pues el numeral 776 citado prevé la admisión, además de la prueba documental, de la prueba de inspección, entre otras. Asimismo, al disponer el artículo 805 de la ley en consulta que la presunción derivada de la no presentación de los documentos a que se refiere el artículo 804 admite prueba en contrario, ello implica que no únicamente con la documental puede el demandado justificar su dicho en cuanto a la controversia que se suscite en relación con los hechos que se derivan de los documentos que tiene obligación de conservar. Apoyan la anterior consideración las tesis de jurisprudencia sustentadas por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 69, 70 y 71, respectivamente, Tomo VIII, julio de 1991, Semanario Judicial de la Federación, que dicen: ‘INSPECCIÓN OFRECIDA POR EL PATRÓN RESPECTO DE DOCUMENTOS QUE TIENE OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 804 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. No existe razón para entender que lo establecido en el artículo 804 mencionado, en cuanto a que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que ahí se precisan, se traduzcan en la exigencia de presentarlos materialmente ante la Junta, ya que tal precepto debe entenderse en un sentido más amplio, esto es, que tal exhibición es susceptible de lograrse también, con validez jurídica impecable, cuando se muestren los documentos en el desahogo de la inspección, pues con ello también se están exhibiendo en el juicio, en términos de los artículos 828 y 829 de la Ley Federal del Trabajo.’. ‘INSPECCIÓN, PRUEBA DE. PROCEDE SU ADMISIÓN PARA DEMOSTRAR HECHOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN LEGAL DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO. De los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la parte patronal tiene determinadas cargas probatorias y la obligación de conservar y exhibir en juicio diversos documentos relacionados con hechos y prestaciones que se generan con la existencia, desarrollo y terminación de la relación laboral. Además, que en caso de controversia sobre alguno de los puntos alegados, si el patrón incumple con dicha obligación, se genera en su contra una sanción, consistente en que se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que al respecto haya alegado el trabajador en su demanda, salvo prueba en contrario. Sin embargo, tal omisión no le impide acreditar los hechos controvertidos relacionados con tales documentos, con algún otro elemento o medio probatorio que la ley de la materia reconoce y admite, en razón de que no se establece en los preceptos invocados, ni en algún otro, la exclusividad de la prueba documental para la demostración de esos hechos, pues la referida sanción no es absoluta, toda vez que no implica que éstos se deban tener por ciertos, sino que existe la posibilidad de desvirtuarlos con otra u otras pruebas, al disponer el citado artículo 805 que la presunción derivada de la no presentación de los documentos, admite prueba en contrario, lo que significa que no únicamente con la documental puede el patrón probar su dicho en cuanto a la controversia que se suscite con relación a los hechos que se derivan de los documentos que tiene la obligación de conservar y exhibir, sino que la ley le permite demostrar lo procedente con cualquier otra prueba que sea idónea para el fin determinado, verbigracia la inspección, la cual si se ofrece debe admitirse y, por ende, otorgársele el valor probatorio que le corresponde. De lo contrario, se limitaría, en perjuicio de la parte oferente, el d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17767-aad93df9/prueba-de-la-contraparte-del-quejoso-su-recepcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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