Corpus
Modo: Corpus Pro

VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL III.8 DEL CAPÍTULO 3 DE LOS PROGRAMAS RELATIVOS AL SEGUNDO SEMESTRE DE LOS AÑOS 2006 Y 2007, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL III.8 DEL CAPÍTULO 3 DEL PROGRAMA RELATIVO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRÁNSITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2009. · Registro digital (IUS): 21905
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, TERCERO, NOVENO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 317.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, TERCERO, NOVENO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de tesis denunciada, corresponde a la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien está facultado para hacerlo.

TERCERO. Las consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 18/2007, en lo conducente, se transcriben:

"SEXTO. ... En otro de sus agravios, la recurrente manifiesta:

"1. La juzgadora omitió analizar adecuadamente las pruebas y escritos, ya que califica en su considerando sexto como infundada la afirmación de que estaba impedido para transitar libremente por el territorio nacional, puesto que no se le ha permitido realizar la verificación del automotor, ya que si lo hace será detenido y remitido al depósito, lo cual a su vez implica mi desposeimiento sin que medie mandato de autoridad por escrito derivado de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos.

"2. La a quo omitió analizar adecuadamente las pruebas y escritos, ya que no sólo da por bueno, sino que también justifica que la autoridad responsable se erija como revisora y requisitora de obligaciones fiscales federales, pues pasó por alto que después del proceso de revisión documental de la verificación vehicular, a quienes se les detecte algún adeudo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no se les practicará la verificación correspondiente y el vehículo estará impedido para circular, es decir, su actuación implica una subrogación indebida, ilegal e inconstitucional en funciones de autoridad fiscal, al desplegar una actividad coercitiva para privar del uso de vehículos a los ciudadanos.

"3. La Juez de Distrito dejó de analizar adecuadamente sus pruebas y escritos, al omitir mencionar el contenido del artículo 14, segundo párrafo, constitucional, donde se demuestra que la autoridad responsable no sólo ha dictado una norma sin contar con las facultades constitucionales sino además se ha constituido en órgano revisor de obligaciones fiscales federales sin derecho ni facultad constitucional.

"4. El inconforme aduce que la Juez de Distrito omite mencionar la intención del Constituyente, es decir, que los ciudadanos deben contribuir al gasto público en la medida de sus posibilidades, es decir, lo percibido por el trabajo o la actividad cotidiana, pero no por los bienes poseídos, de lo contrario se traduciría en una doble o múltiple tributación.

"Lo anterior es inoperante, pues sólo se señala que la a quo hizo una inexacta valoración de las pruebas y escritos, sin exponer claramente a qué elementos probatorios o documentos en específico se refiere, a efecto de poder realizar el análisis correspondiente respecto de su dicho, es decir, lo que la referida Sala (sic) pasó por inadvertido, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, para así estar en posibilidad de conocer de qué forma trascendieron al resultado de la sentencia impugnada, de tal suerte que este tribunal se encuentra impedido de examinar tales afirmaciones.

"Además, cabe destacar que la circunstancia de que no se emita la autorización y su correspondiente holograma en comento, si no se ha pagado el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, de ninguna forma implica una subrogación en las facultades de una autoridad fiscal, pues sólo es la negación de una autorización ante la falta de uno de los requisitos necesarios para obtener la verificación positiva para circular en el Distrito Federal, pero de ninguna forma puede considerarse como una coerción para obligar a enterar dicho gravamen en ejercicio de facultades fiscales o de comprobación de pago, pues sólo niega dicha autorización y se indica que es porque falta uno de los supuestos necesarios para obtenerla.

"Esto es, el verificentro, auxiliar de la autoridad, no realiza una revisión de determinación del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos ni ejerce funciones de imperio tendientes a obtener dicho pago.

"Es más, el establecer condiciones ambientales para los vehículos de motor no contradice la garantía de libre tránsito por el territorio nacional, consagrada en el artículo 11 de la Constitución Federal, ya que de ninguna forma coarta el derecho de entrar o salir del país, viajar por su territorio o mudar de lugar de residencia, pues exclusivamente establecen medidas de protección ambiental mediante la revisión del buen funcionamiento de los vehículos que circulan en el territorio del Distrito Federal.

"Así las cosas, es inexacto que la Juez de Distrito debió tomar en cuenta los principios fiscales, pues si consideró que no se estaba en presencia de una norma fiscal, carecía de la obligación de examinar los principios que rigen los tributos.

"Máxime si la propia juzgadora hizo hincapié que no podía examinarse el contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional, porque el quejoso estaba en una situación que le impedía inconformarse contra una consecuencia derivada de su propio incumplimiento, es decir, la omisión de pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

"El recurrente manifiesta que para la juzgadora sólo los tratadistas del derecho tienen derecho a invocar y exigir el cumplimiento y resguardo de las garantías individuales, sin considerar que ello implica dejar a los gobernados a merced de que los Jueces puedan considerar si se tiene derecho al amparo y protección de la Justicia Federal, la cual es una institución tendiente a combatir y aminorar los excesos del poder público.

"El inconforme dice que de ninguna manera pretende evadir la verificación vehicular, sino que se le permita hacerlo sin la imposición de requisitos inconstitucionales, ya que al estar impedido para verificar su automóvil desde el uno de octubre de dos mil seis está privado de una posesión libre, lo cual a su vez le origina gastos excesivos para transportación, además de estar privado de una herramienta de trabajo diario.

"Lo anterior es inoperante, toda vez que no sólo son simples afirmaciones, sino que además omite combatir frontalmente cuestiones que fueron motivo de pronunciamiento por la Juez de Distrito para negar el amparo en revisión.

"Apoya la anterior determinación la jurisprudencia 32 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 26, que es del tenor literal siguiente:

"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"En las relatadas consideraciones, en la materia que se revisa, debe confirmarse la resolución dictada por la Juez Federal."

Por otra parte, las consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 14/2008, en lo conducente, se transcriben:

"SÉPTIMO. ... Al no advertirse diversa causa de improcedencia que haga nugatorio el ejercicio de la acción constitucional, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la ley de la materia -antes invocado-, lo que procede es modificar la sentencia recurrida de dieciséis de noviembre de dos mil siete, terminada de engrosar el seis de diciembre de dos mil siete, emitida por la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo **********; y, entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso.

"OCTAVO. El impetrante de garantías aduce como conceptos de violación, los siguientes: (resulta innecesario transcribirlos).

"Como puede advertirse, en una parte de la demanda de amparo, el quejoso aduce como motivo de queja que:

"- Se violan, entre otros, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de aplicación.

"- Las razones o motivos que deben tomarse en cuenta válidamente para emitir el programa de verificación vehicular única y exclusivamente deben ser de carácter ambiental, mas nunca con la finalidad de que la Secretaría del Medio Ambiente lleve al cabo la recaudación de créditos fiscales a favor del Distrito Federal.

"- La Secretaría del Medio Ambiente carece de facultades para recaudar créditos fiscales a favor del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas no tiene facultades para delegar las que a su vez le fueron conferidas, en materia de recaudación, a la Secretaría del Medio Ambiente.

"Son parcialmente fundados los motivos de queja, que se analizan en concordancia con la pretensión que llevan inmersa, en tanto que a partir de ellos se deduce con claridad la causa de pedir.

"Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización, rubro y contenido siguientes:

"‘Jurisprudencia

"‘Materia(s): Común

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘XII, agosto de 2000

"‘Tesis: P./J. 68/2000

"‘Página: 38

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (resulta innecesario transcribir su texto).

"En principio es de señalarse que el artículo 16 constitucional tutela la protección de cualquier gobernado a través de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que, dadas su extensión y efectividad, ponen a la persona a salvo de todo acto de afectación a su esfera de derecho que además de que no esté basado en norma legal alguna, sea contrario a cualquier precepto.

"El numeral referido, en su primer párrafo señala:

"‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’

"De la normatividad constitucional transcrita, emerge una de las garantías que, clasificada en el ámbito del género, ha sido denominada como ‘de seguridad jurídica’, de la cual se desprende la de legalidad, que establece la obligación de todo acto de autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

"A partir de ella se protege a todo individuo de los actos de autoridad que perturben cualquiera de los bienes jurídicos que en el precepto acotado -así como en otros- se contemplan, ya sea que se trate de actos materialmente administrativos, jurisdiccionales o actos estrictos de privación, independientemente de su índole formal o material, esto es, cualquier acto que produzca un menoscabo en la esfera jurídica de la persona y no cumpla con la obligación de fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

"La palabra seguridad proviene de securitas, que deriva del adjetivo securus (de secura) que, en su sentido más general, significa estar libre de cuidados y, en sentido amplio indica la situación de estar alguien seguro frente a un peligro. Enciclopedia Jurídica Mexicana. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Porrúa, tomo Q-Z, página 381.

"La doctrina define a la seguridad jurídica como la garantía que se otorga al individuo de que su persona, bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos ni su situación jurídica será afectada más que por los procedimientos generales establecidos previamente.

"Dentro de un régimen jurídico, la afectación en comento -de diversa índole-, de múltiples y variadas consecuencias, que opera en el status de cada gobernado, es imprescindible que obedezca a determinados principios previos y llene ciertos requisitos, es decir, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas y, dependiendo de su observancia, tendrá validez desde el punto de vista del derecho.

"La garantía de seguridad jurídica implica un conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse determinada actividad estatal autoritaria para generar afectación válida con diversos matices en la esfera del gobernado; por tanto, el acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo sin ajustarse a las taxativas referidas, en el campo del derecho, no será válido.

"Aparte, de la lectura del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre del año 2007, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de junio de dos mil siete, en la parte considerativa se lee lo siguiente:

"‘Considerando

"‘Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 4o. «que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar».

"‘Que la Ley Ambiental del Distrito Federal establece dentro de los principios y lineamientos de política ambiental que las autoridades así como la sociedad deben asumir en corresponsabilidad la protección del ambiente, así como la conservación y el mejoramiento de la calidad del aire del Distrito Federal, con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de su población; y que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar y que las autoridades, en los términos de la Ley Ambiental del Distrito Federal tomarán las medidas necesarias para conservar este derecho.

"‘Que el artículo 131 de la Ley Ambiental del Distrito Federal señala como criterios ambientales para la protección a la atmósfera que las políticas y programas de las autoridades ambientales deberán estar dirigidas a garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria en el Distrito Federal y que las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera deben ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para la salud y el bienestar de la población y el mantenimiento del equilibrio ecológico.

"‘Que los propietarios o conductores de vehículos automotores en circulación matriculados en el Distrito Federal deberán someter sus unidades a la verificación de emisiones contaminantes, en los centros de verificación específicamente autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente en los términos de la ley ambiental, así como sustituir los dispositivos de reducción de contaminantes cuando terminen su vida útil, para circular o aplicar los programas de restricción de circulación en situaciones normales y de contingencia.

"‘Que los centros de verificación están obligados a operar conforme a las normas oficiales aplicables, así como a las disposiciones emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

"‘Que el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Ambiental del Distrito Federal publicada el 21 de junio de 2006, señala que se exceptúa a las motocicletas de la aplicación de los artículos 139 y 140 de dicho ordenamiento, hasta en tanto se expida la normatividad oficial mexicana aplicable.

"‘Que las Secretarías del Medio Ambiente y de Finanzas suscribieron el siete de marzo de 2006 el convenio de intercambio de información y su modificación el dieciocho de mayo del mismo año, con el objeto de que en el marco de la aplicación del programa de verificación vehicular obligatoria, la verificación vehicular se realice conforme a lo siguiente: I) Durante los cuatro primeros meses de cada año, no deberán presentarse adeudos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV), del ejercicio fiscal inmediato anterior. II) A partir del mes de mayo de cada año no deberán presentarse adeudos del ISTUV, del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se realiza la verificación, así como del ejercicio fiscal en que se realiza dicha verificación. En caso de detectarse adeudos del ISTUV conforme a las fracciones anteriores, el trámite de verificación no podrá ser realizado por los propietarios o poseedores de los vehículos de que se trate. ...

"‘Que las Secretarías del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, del Gobierno del Distrito Federal y del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, suscribieron el 27 de octubre del 2006, el acuerdo de intención con el objeto de promover a través de los programas de verificación vehicular, un esquema de incentivos diferenciado para el otorgamiento del holograma doble cero en la zona metropolitana del Valle de México; y,

"‘Que el 12 de junio del 2007, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno Estado de México, en el seno de la Comisión Ambiental Metropolitana, firmaron el acuerdo de colaboración para promover ante las instancias competentes de los gobiernos locales las modificaciones al programa de verificación vehicular en la zona metropolitana del Valle de México.

"‘Que para el cumplimiento de los preceptos y políticas antes referidos, he tenido a bien expedir el siguiente:

"‘Programa de verificación vehicular obligatoria para el segundo semestre del año 2007. ...’

"En la parte considerativa transcrita, se advierte que:

"a) Sirvió de fundamento para la emisión del programa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, directamente su artículo 4o., así como la Ley Ambiental del Distrito Federal.

"b) La ley ambiental mencionada, tiene como principio el que las autoridades y la sociedad deben asumir en corresponsabilidad, la protección del ambiente, así como la conservación y mejoramiento de la calidad del aire en el Distrito Federal con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de su población; siendo que ese ordenamiento establece como criterio ambiental para la protección de la atmósfera, que las políticas y programas de las autoridades de la materia deberán estar dirigidas a garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria en el Distrito Federal.

"Conforme lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, párrafo quinto, adicionado el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; garantía que es reglamentada en el ámbito federal, por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, en el Distrito Federal, por la ley ambiental; sin que se soslaye que la palabra contaminación, ha sido definida por el legislador ordinario como la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.

"La previsión constitucional sobre el ambiente ha obligado a realizar una reinterpretación armónica y sistemática de otros derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad de movimiento y tránsito, la libertad de residencia, la libertad de reunión, el derecho al desarrollo, o el derecho a la propiedad, entre otros.

"Así, resulta que el derecho al medio ambiente conlleva planeación a futuro, dado que el ambiente no se tutela solamente con vista en la adecuación del mismo a la vida de quienes actualmente habitan el planeta, sino también como una medida para quienes lo van a habitar. De ahí que el Estado -en sus distintos ámbitos- implemente programas que están orientados a llevar al cabo esa planeación, como lo son los programas de verificación vehicular.

"En tanto que, la Ley Ambiental del Distrito Federal, que sirvió de fundamento al programa tachado de inconstitucional, en su artículo 1o., fracción V, dispone:

"‘Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:

"‘...

"‘V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en aquéllos casos que no sean competencia de la Federación.’

"Como puede verse, uno de los objetivos de la ley, que se considera es de orden público e interés social, estriba en prevenir y controlar la contaminación del aire en el Distrito Federal en aquéllos casos que no sean competencia de la Federación.

"En ese contexto, resulta que si el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre del año 2007, atento al fundamento jurídico que le sirvió de sustento -especialmente los artículos 4o. constitucional y 131 de la Ley Ambiental del Distrito Federal-, así como atento a las razones de derecho que se insertaron en la parte considerativa de dicho programa, éste no tiene como finalidad la recaudación; de ahí que, es evidente que el supracitado programa causa inseguridad jurídica en la parte en que, con la finalidad de que sea acatado, condiciona al gobernado, a efecto de que se le permita circular ajustándose a la política ambiental, al cumplimiento de obligaciones diversas como lo son las de carácter tributario.

"En efecto, en concomitancia con lo dispuesto en los puntos III. 5 y III.8 del apartado III ‘Vehículos no verificados en el semestre anterior o con adeudos de infracciones al reglamento de tránsito o del impuesto sobre tenencia del Gobierno del Distrito Federal’ del programa; a los propietarios o legales poseedores de los vehículos de uso particular que les sea detectado el adeudo de infracciones al Reglamento de Tránsito del Gobierno del Distrito Federal, durante el proceso de revisión documental de la verificación vehicular, se les notificará esa situación mediante el sellado del certificado de la leyenda que el propio programa prevé; y, por el adeudo del impuesto sobre tenencias, durante el mismo proceso de revisión, no se les deberá verificar la unidad; lo que implica que, para dar cumplimiento a las reglas en materia de la protección al ambiente y se pueda ejercer el derecho correspondiente, aquél se condiciona a elementos diversos a los fines que persigue el programa, como es el acatamiento de cargas tributarias, lo que implica que se inmiscuyan cuestiones ajenas y, por ende, se viole la garantía de seguridad jurídica tutelada a nivel constitucional.

"En consecuencia, sin que haya necesidad de analizar los restantes conceptos de violación, dado el resultado alcanzado; lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, en contra del Programa de Verificación Vehicular obligatoria para el segundo semestre del año 2007 emitido por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal; así como en contra del convenio de intercambio de información y su Modificación, celebrados entre las Secretarías del Medio Ambiente y de Finanzas, ambas del Gobierno del Distrito Federal; para el único efecto de que no se le impongan las sanciones que deriven, exclusivamente, del incumplimiento de dicho programa en la parte que se refiere a adeudos de infracciones al Reglamento de Tránsito del Gobierno del Distrito Federal y de adeudos del impuesto sobre tenencias; y, en el supuesto de que el quejoso tenga que sujetarse al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre del año dos mil ocho, de ser aplicado este último, tal aplicación no se condicione a hechos derivados del incumplimiento del vigente en el segundo semestre de dos mil siete, en la parte que se ha detallado."

A su vez, las consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 53/2007, en lo conducente, se reproducen:

"OCTAVO. No quedando pendiente abordar ninguna causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables ni que sea el caso que este Tribunal Colegiado advierta de oficio actualizada otra, lo procedente es levantar el sobreseimiento decretado y con fundamento en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, proceder al estudio de los conceptos de violación hechos valer.

"NOVENO. En su demanda de garantías, el quejoso ahora recurrente argumentó lo siguiente: (resulta innecesario transcribirlos).

"DÉCIMO. El concepto de violación hecho valer, consistente esencialmente en que no es legal condicionar la verificación vehicular al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, deviene esencialmente fundado.

"En efecto, el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre de dos mil seis, en su capítulo 3, inciso III, subinciso III.8, establece lo siguiente:

"‘III. Vehículos no verificados en el semestre anterior o con adeudo de infracciones al reglamento de tránsito o del impuesto sobre la tenencia del Gobierno del Distrito Federal. ... III. 8 Los propietarios o legales poseedores de los vehículos en cualquiera de usos (sic) a los que sea detectado el adeudo del impuesto sobre tenencia durante el proceso de revisión documental de la verificación vehicular, les será notificada esta falta mediante sellado del certificado de verificación con la leyenda «su actual verificación se encuentra sujeta al pago y validación del impuesto sobre la tenencia, para mayor información consulte la página http:/www.finanzas.df.gob.mx/, en la opción <consulte adeudos de tenencia> en la página principal, o acudir cualquier (sic) oficina de la Tesorería del Distrito Federal, con copia y original para cotejo de los siguientes documentos: recibo de pago o formato universal de la tesorería, tarjeta de circulación y factura de la primera enajenación e identificación oficial (sic).»

"De la anterior transcripción se aprecia, que si durante el trámite de verificación vehicular, es detectado adeudo del impuesto sobre tenencia, se les notificará a los poseedores/propietarios que la verificación se encuentra sujeta al pago y validación del impuesto sobre la tenencia y que para mayor información pueden consultar la página de Internet de la secretaría de finanzas de esta ciudad.

"Al respecto, este tribunal estima que el acto administrativo consistente en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre de dos mil seis deviene ilegal, al condicionar el trámite de verificación vehicular, necesario para circular por el territorio del Distrito Federal, al pago del impuesto sobre tenencia, pues se trata de actos diversos que la autoridad no puede válidamente supeditar uno a otro, ya que la verificación vehicular es un programa que se rige por disposiciones administrativas y la tenencia una cuestión fiscal.

"En estas condiciones, el incumplimiento en el pago del impuesto no puede tener como consecuencia legal la negativa por parte de los centros de verificación vehicular a realizar el trámite que permite la libre circulación por el territorio de esta ciudad capital, alegando la aplicación del programa de referencia por parte de las autoridades locales.

"Lo contrario tendría como consecuencia una doble punición ante el incumplimiento de las obligaciones fiscales, pues éstas tienen contempladas sanciones pre-establecidas en forma de recargos y multas en caso de no ser cubiertas debidamente u omitidas, por lo que no puede válidamente añadirse la negativa a realizar un trámite administrativo que, de no realizarse, coartaría la libertad de circulación de los gobernados.

"En estas condiciones, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación hecho valer, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que no se aplique el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre de dos mil seis en la parte que condiciona su procedencia al previo pago del impuesto a la tenencia vehicular."

Por otra parte, las consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 84/2008, en lo conducente, se reproducen:

"DÉCIMO SEGUNDO. ...

"Atento a lo anterior, es que deviene eficaz el argumento analizado, ya que como lo manifestó la quejosa en su demanda, tal precepto se reclama en su carácter de autoaplicativo; por ende, la Juez analizó en forma incorrecta su naturaleza para concluir en que se trataba de una disposición heteroaplicativa.

"Vista la conclusión anterior, lo que procede es levantar el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito respecto del acto reclamado consistente en la expedición y publicación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre de dos mil siete, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de junio de dos mil siete, con fundamento en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, por tanto, este tribunal se hace cargo del estudio de los conceptos de violación esgrimidos.

"DÉCIMO TERCERO. En el único concepto de violación el quejoso arguye que la expedición del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, para el segundo semestre del año dos mil siete, viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al condicionar el trámite de verificación vehicular y la obtención del holograma respectivo, a la acreditación del pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21905-8b0832bc/verificacion-vehicular-obligatoria-en-el-distrito-federal-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.