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Modo: Corpus Pro

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2010. · Registro digital (IUS): 22491
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA ADM
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, , Pág. 104.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados que intervienen en la presente contradicción.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el amparo en revisión 80/2010-I, en la parte que interesa, estimó lo siguiente:

"QUINTO. El agravio vertido por la recurrente resulta infundado. En efecto, de las constancias remitidas por el Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Tampico, Tamaulipas, para la sustanciación del presente medio de impugnación, relativo al juicio de amparo indirecto 1203/2009-IV, de donde emana la sentencia recurrida del diez de diciembre de dos mil nueve, terminada de engrosar el dieciocho de enero dos mil diez, se desprende que en apoyo en la emisión de sentencias a los Juzgados de Distrito, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, sobreseyó en el juicio de amparo, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XVIII, relacionado con la diversa II del artículo 114 de la ley de la materia; habida cuenta de que analizó la fracción III de este último precepto, atento a que el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento administrativo de ejecución y contra el auto que aprueba el remate. Lo anterior, porque consideró que los actos reclamados consistentes en el requerimiento de pago y embargo fueron emitidos en un procedimiento administrativo de ejecución, seguido contra la quejosa el veintinueve de julio de dos mil nueve, con motivo de dos mandamientos de ejecución derivados de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales 093002070, 098002070, 093003402 y 098003402, que tienden al cobro de los aludidos créditos fiscales al incumplir la recurrente con el requerimiento practicado; por tanto, sostuvo, no constituyen la resolución administrativa definitiva relativa a la aprobación o desaprobación del remate o a una resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que sólo procede en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, con la que se podría reclamar inclusive todas las violaciones que se hayan cometido dentro de dicho procedimiento y, además, concluyó el a quo federal, que por excepción, es procedente el juicio de amparo contra el acto reclamado consistente en la designación de intervención con cargo a la caja, aun dentro del procedimiento administrativo de ejecución; lo que en el particular, no aconteció. Ahora bien, en su único concepto de agravio el representante legal de la recurrente, después de precisar las consideraciones de la resolución reclamada, alude que el Juez de Distrito soslayó analizar que, en su demanda de garantías, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados con base en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que el embargo es de aquellos que causa en las personas y en las cosas una ejecución de difícil e imposible reparación, atento a que genera un grave perjuicio en la esfera jurídica de los gobernados, dada la restricción para disponer plenamente de los bienes embargados, afectando derechos sustantivos, pues al respecto, en el libelo se precisó: ‘... En mi carácter de representante legal, de la persona moral ********** calidad que acredito con la copia certificada, del poder otorgado a mi favor, ante la fe del C. Lic. **********, notario público No. 161, con ejercicio en este Distrito Judicial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones II, IV y V, de la Ley de Amparo en vigor, vengo a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que posteriormente se expresarán ...’. Ello es así, afirma, porque en el particular debió concatenar las fracciones II y IV del aludido precepto, dada la naturaleza del acto reclamado. Aseveraciones que sustenta en las tesis siguientes: ‘EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’, ‘PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’ y ‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA LA ORDEN RELATIVA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DERIVADA DE UN CRÉDITO FISCAL EXIGIBLE AL NO HABERSE GARANTIZADO SU PAGO DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’, asimismo, precisó, que resulta perfectamente aplicable por analogía de la naturaleza del acto reclamado, contrario a lo aducido por el Juez de Distrito, la jurisprudencia ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.’. Por lo que dice, resulta inconcuso que el a quo está resolviendo erróneamente al dejar de analizar la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues nunca mencionó la diversa fracción III. El anterior motivo de inconformidad es infundado. Ello es así, porque contrario a lo argumentado por la quejosa, hoy recurrente, aun cuando en su demanda de garantías solicitó el amparo con base en las fracciones II y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues alegó que el embargo es un acto que causa una imposible reparación, toda vez que genera un grave perjuicio en la esfera jurídica de los gobernados, dada la restricción para disponer plenamente de los bienes embargados, afectando derechos sustantivos, cuando el Juez debió concatenar las aludidas fracciones; sin embargo, el a quo no estaba obligado a tomar en consideración la fracción IV a que alude la inconforme, a efecto de sustentar su fallo, debido a que esa fracción no resulta aplicable al caso, como a continuación se verá. En efecto, la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone: ‘Artículo 114.’ (se transcribe). De la lectura de la disposición transcrita se advierte la procedencia del juicio de amparo en contra de aquellos actos emitidos dentro del juicio, que puedan tener una afectación de imposible reparación. Bajo tal premisa, en el particular, tal fracción no resulta aplicable, ello es así, pues no se está en presencia de actos dictados dentro de un juicio, por lo cual el Juez no se encontraba obligado a invocar tal hipótesis, ni a efectuar su estudio con base en ella; toda vez que el procedimiento administrativo de ejecución y el embargo de que se duele la inconforme, no constituyen juicio alguno, debido a que no existe controversia alguna entre partes, como tampoco existe un tercero que dilucide el asunto, como lo sería un Juez; es decir, dichos actos no tienen las características de un verdadero juicio. Por otra parte, como lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los actos dictados dentro de juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas genérica y específica de procedencia del juicio de amparo indirecto que rigen para los actos dictados después de concluido y en ejecución de sentencia; de igual manera, a los actos emitidos después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, como lo pretende la recurrente, porque si así se hiciera, se obtendría una anarquía total en el sentido de que el amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro y fuera de un procedimiento judicial, suspendiendo a cada momento procesal su continuación y pronta resolución, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación, pues bastaría invocar esta razón para que procediera el juicio de amparo, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Consideraciones sustentadas en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, visible en la página 11, cuyo rubro y texto dicen: ‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia ,definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el Más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de to

os los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías.’. En efecto, como lo afirma el a quo, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados, por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el contribuyente. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el procedimiento administrativo de ejecución no tiene las características de un juicio, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendentes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme, similar en eso a una sentencia ejecutoriada, que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, un presupuesto formal de éste, por lo que la ejecución forzosa concluye haciendo efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos. Asimismo, de la interpretación relacionada de las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, se desprende que la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Lo anterior implica que el juicio de amparo indirecto, como lo resolvió el Juez Federal, sólo procede hasta que se dicte en ese procedimiento la resolución definitiva con que culmina, pudiéndose reclamar tanto ésta como las violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, ello a fin de no obstaculizar injustificadamente la resolución ejecutiva. Por tanto, al promoverse el amparo en contra de la resolución definitiva dentro del procedimiento ejecutivo, el contribuyente está en aptitud de reclamar, tanto esta resolución como las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo, así como las normas legales que estime contrarias a sus garantías individuales que funden tanto dicha resolución como los actos del procedimiento aludido. Las anteriores consideraciones están contenidas en la ejecutoria de la jurisprudencia 2a./J. 17/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 187, que es del tenor literal siguiente: ‘EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie.’. Consecuentemente, resultan inaplicables las tesis que cita la recurrente ‘EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ y ‘PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’, atento a que se refieren, la primera a actos dictados dentro del juicio y la segunda, porque se trata de una tesis aislada cuya observancia no es obligatoria, al no constituir jurisprudencia en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Además, de que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya se vio, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 17/98, de rubro: ‘EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’, sostuvo: que la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, puede relacionarse con la fracción III de ese mismo precepto legal, debido a que la intención del legislador ha sido que no se entorpezca el procedimiento de ejecución con la promoción de juicios de amparo, ello, pese a que los actos descritos en la fracción II del citado precepto, a diferencia de los enunciados en la fracción III, no deriven de algún tribunal judicial o administrativo, pero que de cualquier forma dicho procedimiento administrativo de ejecución, se equipara a una sentencia ejecutoriada, por lo que entonces también el posible afectado debe esperar a que se dicte la última resolución en la que se apruebe o desapruebe el remate. En la ejecutoria de que se ha dado noticia, nuestro Máximo Órgano de Justicia en el país, en lo que aquí interesa, sostuvo: ‘Es importante tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución en comento es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, también conocido como facultad económico-coactiva. De lo dispuesto por los mencionados artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación se desprende que el procedimiento administrativo de ejecución se efectúa mediante una serie de actos que tienen su inicial orientación en lo que dispone el artículo 145 del Código Fiscal Federal, en cuanto a que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etcétera, así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia. En los mencionados artículos se comprende también que una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su enajenación, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. En conclusión, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Es cierto que el procedimiento de ejecución es administrativo porque tanto el órgano que lo ejecuta es la administración pública, como porque materialmente no tiene como finalidad la resolución entre partes contendientes, por lo que no teniendo como supuesto una controversia, no puede decirse, en rigor, que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero igualmente resulta que de la interpretación relacionada de este párrafo con el último de la fracción III del mismo ordenamiento, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, se infiere que operan las mismas razones para la procedencia del juicio hasta que se da la última resolución. En efecto, aun cuando en la hipótesis de los preceptos reclamados no se está en presencia de actos desarrollados en forma de juicio -como ya se indicó-, sí existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme, similar en esto a una sentencia ejecutoriada. Así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, y como tal, dentro del procedimiento de ejecución por constituir un presupuesto formal de éste, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. Como ilustración, conviene tener presente que sobre el particular, el tratadista Gabino Fraga dice: «Esta posibilidad de acción directa constituye lo que en la doctrina se conoce con el nombre de carácter ejecutorio de las resoluciones administrativas.», y sigue diciendo: «Esta solución está fundada en la necesidad de que las atribuciones del Estado que la legislación positiva ordena se realicen en forma administrativa no estén sujetas a las trabas y dilaciones (sic) significarían la intervención de los tribunales y el procedimiento judicial.». En otro orden señala que está convencido de la absoluta necesidad de que el poder administrativo sea el que tenga en sus manos la posibilidad de hacer efectivos los impuestos, de otra manera se vería en apuros para poder realizar las atribuciones que le están encomendadas. De acuerdo con la precisada naturaleza del procedimiento administrativo de ejecución en comento, se justifica que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte en él la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, de lo cual se infiere que tratándose de actos administrativos dentro de un procedimiento de ejecución fiscal, sólo procede el amparo en contra de la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen. Desde esa óptica, debe aceptarse la interpretación relacionada de las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de garantías, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...’. Del mismo modo deviene inaplicable la jurisprudencia de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.’, habida cuenta que la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al sostener la diversa jurisprudencia de voz: ‘INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del Tomo XV, enero de 2007, visible en la página 637, determinó en lo que aquí interesa: que en atención a los efectos jurídicos y al impacto severo, que la intervención con cargo a la caja, causa a las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de perjuicio irreparable para el contribuyente, ya que tal acto limita la disposición de su patrimonio por quedar a cargo del interventor, en términos del artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, la obligación de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y demás créditos preferentes, además de retirar de la negociación intervenida el diez por ciento de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida en que se efectúe la recaudación, por excepción, la designación del interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento administrativo de ejecución es impugnable en amparo indirecto. Finalmente, en virtud de las propias consideraciones sustanciales en que se apoya el presente fallo, no se comparte el criterio contenido en la tesis invocada de voz: ‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA LA ORDEN RELATIVA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DERIVADA DE UN CRÉDITO FISCAL EXIGIBLE AL NO HABERSE GARANTIZADO SU PAGO DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’. En consecuencia, al resultar infundado el agravio esgrimido, se impone confirmar la sentencia recurrida que sobresee en el amparo."

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 236/2009, sustentó lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios son fundados. Se analizan de manera conjunta un apartado del primer agravio y la totalidad del tercero, atento a la relación que guardan entre sí, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, en los que la disconforme manifiesta que fue ilegal la determinación adoptada por la Juez Federal en el sentido de que el juicio de garantías es improcedente contra el acto reclamado consistente en el oficio que ordenó el congelamiento o embargo de su cuenta bancaria, al tenor de que si bien tal acto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22491-83f3759f/embargo-de-cuentas-bancarias-decretado-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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