AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 1156/2007. FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO (EN LIQUIDACIÓN).
CONSIDERANDO:
CUARTO. El agravio propuesto por el recurrente conduce a determinar lo siguiente:
En una parte de su agravio el inconforme sostiene que el Juez de Distrito sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías, bajo el argumento de que la resolución combatida no es la última que se hubiere dictado en el procedimiento de ejecución, lo que considera incorrecto, toda vez que de la lectura de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo se desprende que las infracciones cometidas en el procedimiento de ejecución puedan hacerse valer en el momento en que éstas ocurran o, en su defecto, hasta la última resolución.
El agravio antes sintetizado resulta infundado, por las razones que a continuación se exponen:
Los artículos 73, en su último párrafo, 145 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:
"Artículo 73. ... Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio."
"Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso."
De la demanda de garantías que da origen al amparo indirecto se desprende que Ferrocarriles Nacionales de México (en liquidación), señaló como actos reclamados de la Junta Especial Número Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente y actuaria adscritos, la resolución de veinte de agosto de dos mil siete, recaída al recurso de revisión que promovió el ahora recurrente en contra de los actos de ejecución del presidente y actuaria de la Junta, contenidos en el auto de ejecución de seis de noviembre de dos mil seis y acta de veintiséis de enero de dos mil siete, emitidos en el juicio laboral 2687/96.
En la resolución de revisión de veinte de agosto de dos mil siete, se estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:
"... III. Del estudio y análisis de lo manifestado por la actora recurrente y tomando en cuenta la instrumental pública consistente en lo actuado en el expediente laboral 2687/1996, se desprende que su argumento lo basa en el hecho de que con fecha 6 de noviembre del 2006, el C. Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, por medio del cual se ordena requerir a mi representada la cantidad de $94,250.00, señalándose en el último párrafo del citado auto lo siguiente: ‘... En consecuencia, con fundamento en los artículos 939 al 946 de la Ley Federal del Trabajo, es de despacharse y se despacha auto de ejecución con efecto, de mandamiento en forma, comisionándose al C. Actuario para que, acompañado del actor Guadalupe Rosas Barrios y asistidos de su apoderado legal, quienes deberán identificarse con identificación oficial del IFE, debiendo dejar constancia de las mencionadas identificaciones de ambos, y se constituyan personalmente en el domicilio de la demandada Ferrocarriles Nacionales de México, y le requiera del pago de la cantidad de $94,250.00 (noventa y cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que dice la demandada en su comparecencia de fecha 8 de junio de 2005, visible a fojas 135 a 136, que ya le pagó al actor, según documental que obra a fojas 123, misma documental que, como quedó analizada, no fue ratificada ante esta Junta, quedando apercibidos Ferrocarriles Nacionales de México, que de no dar cumplimiento a lo requerido se le embargarán bienes suficientes que garanticen el monto total de la condena antes señalada, y si lo embargado fuesen bienes inmuebles se pondrán a disposición de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la actora, y si lo embargado fuese dinero o crédito realizable póngase a disposición del C. Presidente ejecutor, quien árale (sic) el pago al actor en términos de lo dispuesto en los artículos 950 al 956 de la Ley Federal del Trabajo ...’. Totalmente contrario a derecho es el acto del C. Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje al dictar el auto de ejecución de referencia, ya que viola flagrantemente las garantías individuales de mi representada consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como son las de legalidad y seguridad jurídica ... A fin de acreditar dicho argumento, ofreció como pruebas: 1. La instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado y por actuar en este procedimiento en todo aquello que beneficie a los intereses de su representada, en especial: promoción presentada en fecha 4 de febrero de 2005; dictamen en materia caligráfica y grafoscópica, emitido por el perito tercero en discordia en audiencia de fecha 13 de octubre de 2005; auto de ejecución de fecha 6 de noviembre de 2006; y acta de requerimiento de pago y embargo de fecha 26 de enero de 2007; 2. La presuncional legal y humana, la cual merece valor probatorio. La actora en el principal ofreció como pruebas: I. La presuncional legal, consistente en partir de lo que prevén los artículos 641, fracción IV (interpretada a contrario sensu) y 721 de la Ley Federal del Trabajo vigente, en relación con el 949 del mismo ordenamiento legal. II. La presuncional humana, consistente en partir del hecho de que la demandada, como ente público de gobierno, no ofreció en estos autos documentación alguna que justifique el procedimiento administrativo de liquidación o de pago. III. La instrumental pública de actuaciones consistente en todas y cada una de las actuaciones que conforman este juicio. IV. Con lo anterior y de conformidad por lo manifestado por las partes y tomando en cuenta la instrumental de actuaciones consistente en el auto de ejecución de fecha 6 de noviembre del año dos mil seis, mismo que fue emitido para dar cumplimiento al laudo de fecha 15 de octubre de 2003, el cual condenó a la demandada Ferrocarriles Nacionales de México a pagar al actor la cantidad de $94,250.00, por lo que el referido auto fue emitido de conformidad con lo establecido en los artículos 939, 940, 944, 946, 949 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, ya que como se indicó en el citado auto de ejecución, si bien es cierto que esta Junta llevó a cabo diversas diligencias a fin de llegar al esclarecimiento de la verdad respecto de la promoción presentada por el actor con fecha 4 de febrero de 2005, también los es que de (sic) esta Junta no cuenta con elementos ni constancia del pago realizado al actor por parte de la demandada, y en virtud de la misma, en ningún momento aportó y acreditó con documentación fehaciente el pago al actor del multicitado laudo, por lo que al haberse observado estrictamente lo establecido en los artículos 618, fracción II, 940, 945, 946 y 949 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen lo siguiente: ‘Artículo 618.’ (se transcribe). ‘Artículo 940.’ (se transcribe). ‘Artículo 945.’ (se transcribe). ‘Artículo 946.’ (se transcribe). Artículo 949.’ (se transcribe). En razón de lo anterior resulta infundado el recurso de revisión de los actos del presidente ejecutor, quedando firme el auto de fecha 6 de noviembre de 2006 al estar apegado a derecho y al que deberán estarse las partes ..."
El Juez de amparo en el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil siete, dictado en el juicio de garantías 1531/2007-II, sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías por considerar que la resolución reclamada no tenía el carácter de último acto en el procedimiento de ejecución de laudo.
Determinación que se estima objetivamente acertada, en virtud de que la resolución de veinte de agosto de dos mil siete, dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto por el demandado contra los actos de ejecución, no es un acto impugnable en amparo indirecto, al tratarse de un acuerdo o resolución que no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, ni está directamente encaminada a cumplirlo, sino únicamente tiende a remover el eventual obstáculo que existía para cumplirlo, ya que se trata de un medio establecido en la ley laboral para impugnar alguno de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, encaminados para la ejecución de los laudos, convenios o de las resoluciones que ponen fin a las tercerías.
Cierto, se entiende que la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tal y como lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia P./J. 32/2001, de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en la página 31 del Tomo XIII, abril de 2001, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."
De lo anterior se deduce que la resolución reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral, pues si bien fue emitida después de concluido el juicio laboral dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, de su texto no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total del indicado laudo, ni tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; como consecuencia, sólo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto.
Apoya lo anterior la tesis aislada 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y tenor siguientes: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución."
De ahí que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución cuando proceda el amparo, en el cual el ahora recurrente podrá impugnar la resolución de mérito, más aún, cuando al declararse infundado el recurso de revisión interpuesto en contra de actos del ejecutor, quedó firme el acuerdo de seis de noviembre de dos mil seis, en el que el presidente de la Junta responsable, atendiendo a que el actor no ratificó el escrito en el que supuestamente manifestó que el quince de noviembre de dos mil cuatro, Ferrocarriles Nacionales de México le cubrió en forma administrativa la suma de $94,250.00, que como condena se le impuso en el laudo de quince de octubre de dos mil tres, despachó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, por lo que comisionó al actuario para que en compañía del actor se constituyeran en el domicilio de la empresa ferrocarrilera a requerir el pago de la cantidad referida, lo que aconteció el veintiséis de enero de dos mil siete; determinación que no le depara perjuicio de imposible reparación al recurrente, sino que, en su caso, podría constituir una violación al procedimiento de ejecución que de trascender al resultado final de dicho procedimiento puede ser reparado por la vía del amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.
Por lo que fue correcta la conclusión del a quo respecto a que el acto combatido en esa demanda de garantías no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por no ser ésta la determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una resolución que forma parte de la ejecución de una sentencia, contra la cual sólo procede el amparo ante un Juez de Distrito una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento; y, por ende, lo que procedía en el caso era sobreseer fuera de audiencia en el juicio de garantías con apoyo en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que el agravio formulado por el recurrente en este sentido resulta infundado.
Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías."
También la jurisprudencia 177 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.-Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo."
Así como la tesis aislada I.6o.T.178 L, de este Tribunal Colegiado, visible en la página 1022, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL, NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.-De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En tal virtud, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, si no ocasiona un perjuicio inmediato, por no ordenarse en la misma el cumplimiento del laudo, no es la última con la que concluye el procedimiento de ejecución, que se entiende como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento."
En otra parte de su agravio el recurrente esgrime que si bien es cierto que la finalidad de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo es que no se entorpezca la ejecución de un fallo que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, no menos verdad resulta que en el caso ya se dio cumplimiento al laudo combatido, como se advierte de la promoción de cuatro de febrero de dos mil cinco, en la cual el actor manifestó bajo protesta de decir verdad que el demandado, de manera administrativa, le cubrió el quince de noviembre de dos mil cuatro la cantidad de $94,250.00 a que fue condenada por la autoridad responsable, por lo que resulta ilegal que ésta emitiera un auto de ejecución con el propósito de cumplimentar un laudo, sobre el cual ya no existe materia de ejecución, por lo que se estaría realizando un doble cobro en perjuicio del ahora recurrente, y por ello no debe esperarse a que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución para combatir la multicitada resolución; aunado a que el actor promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra del escrito en que se reconocía el pago de la condena, el cual fue declarado infundado, por lo que quedó firme la confesión de pago.
El agravio antes sintetizado resulta en parte inoperante y en otra infundado, en atención a lo siguiente:
Resulta inoperante su agravio, pues únicamente reitera parte de sus conceptos de violación esgrimidos en su demanda de garantías, sin combatir propiamente los argumentos esgrimidos por el Juez de amparo para determinar que se actualizó una causal de improcedencia que, en esencia, se hizo consistir en que la resolución reclamada no constituye la última resolución en ejecución de sentencia para efectos de la procedencia del juicio de amparo.
Esto es así, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio de garantías son de orden público y de estudio preferente, ya sea que las planteen las partes o que éstas se adviertan de oficio, por lo que si el juzgador encuentra que se surte alguna de ellas está obligado a examinarla en primer orden, y de resultar fundada, con base en ella, decretar el sobreseimiento; determinación que le impide abordar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.
Por tanto, si en el juicio de amparo que se analiza el Juez de Distrito consideró que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, lo que originó el sobreseimiento fuera de audiencia, era evidente que el sentido de tal determinación no sólo no lo obligaba a estudiar los alegatos de fondo, sino lo imposibilitaba a hacerlo, pues de analizar tales cuestionamientos su proceder sí sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.
Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 32 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo contenido literal es el siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes, puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."
En cuanto a lo manifestado por el agraviado en el sentido de que no tiene que esperarse a la emisión de la última determinación en el procedimiento de ejecución para combatir la resolución dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto, toda vez que ya cubrió el monto de la condena impuesta en el laudo; como quedó demostrado, al declararse infundado el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el actor en contra del escrito en que se reconocía dicho pago, y por ello la emisión de un auto de ejecución con el propósito de cumplimentar dicho fallo implica un doble cobro en perjuicio del ahora recurrente, debe señalarse que su argumento resulta infundado.
Ello es así, toda vez que si bien es cierto que la resolución señalada como acto reclamado fue emitida durante el procedimiento de ejecución de sentencia, también lo es que no se trata de una determinación en la que se reconoce o aprueba el cumplimiento total del fallo definitivo, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que, por el contrario, constituye una resolución que declaró la improcedencia del recurso de revisión interpuesto en contra del auto que mandó cumplir el laudo, en virtud de que el actor no ratificó la promoción presentada con fecha cuatro de febrero de dos mil cinco, en la que supuestamente reconocía que el demandado le cubrió de manera administrativa el monto de la condena impuesta en el laudo definitivo y, además, no contaba con la documentación idónea para tener por demostrado el referido pago, no obstante las diversas diligencias llevadas a cabo por la autoridad responsable a fin de contar con documentación fehaciente que acreditara dicha circunstancia, como fueron los requerimientos realizados el ocho de diciembre de dos mil cinco y veintiuno de febrero de dos mil seis, al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito y al delegado fiduciario especial encargado de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México (fojas 326 y 333 del expediente laboral), a fin de que informaran si la empresa ferrocarrilera le cubrió al actor la cantidad de $94,250.00 como cumplimiento al laudo de quince de octubre de dos mil tres, sin que dichas autoridades ni la empresa demandada proporcionaran la información requerida, ni remitieran la documentación idónea para demostrar el pago, por lo que obviamente la resolución dictada en el recurso de revisión interpuesto por la empresa ferrocarrilera no se trata de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, sino que constituye una determinación intermedia dictada dentro del citado procedimiento a fin de lograr el debido cumplimiento del fallo definitivo, sobre todo, si se considera que de las constancias remitidas por la autoridad responsable no obra dato o elemento de convicción alguno que demuestre, sin lugar a dudas, que Ferrocarriles Nacionales de México dio cumplimiento al fallo laboral, pues hasta el momento en que se resuelve el presente asunto no se tiene noticia de la respuesta correcta a los requerimientos formulados por la autoridad responsable, ni obra documentación idónea que demuestre de manera fehaciente el pago de la condena impuesta en el laudo de quince de octubre de dos mil tres, y si bien es factible que durante el procedimiento respectivo puedan surgir algunos vicios, la impugnación de éstos no debe realizarse en forma aislada a través del juicio de garantías, sino hasta el dictado de la última resolución por imperativo del artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
De tal suerte que en contra de la resolución que resolvió el recurso de revisión interpuesto por Ferrocarriles Nacionales de México no procede el amparo indirecto, al no tratarse de la última resolución que puede dictarse en el procedimiento de ejecución del laudo pronunciado en el juicio de origen.
Sin que obste a las anteriores consideraciones el hecho de que la Junta responsable haya declarado improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor en contra de la promoción presentada el cuatro de enero de dos mil cinco, en la que supuestamente el trabajador reconocía que la empresa demandada le había cubierto de manera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20838-08643ceb/amparo-indirecto-no-procede-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CUOTAS SINDICALES EXTRAORDINARIAS DE LOS TRABAJADORES DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO. PARA QUE LA PATRONAL PUEDA DESCONTARLAS ES NECESARIO QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADA ESPE (AMPARO DIRECTO)
- INFORME DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. ES INDEBIDO SU DESECHAMIENTO CON BASE EN QUE DICHO INSTITUTO COMPARECIÓ A JUICIO COMO TE (AMPARO DIRECTO)
- RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRU (AMPARO DIRECTO)
- CONDICIONES DE TRABAJO. SI EN EL CONTRATO COLECTIVO NO SE EXIGE LA PRECISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES Y LUGARES EN QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO, CONFORME A UNA INTERPRETACIÓ (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (s/clave)
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis