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Modo: Corpus Pro

RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO CONDUCENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 7419/2006. · Registro digital (IUS): 20086
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y OTRA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 1525.

AMPARO DIRECTO 7419/2006. FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y OTRA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son por un lado infundados y por otro fundados los conceptos de violación que se hacen valer.

Del análisis del juicio laboral se advierte que el trabajador, ante la Junta responsable, reclamó de Ferrocarriles Nacionales de México, Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, Eduardo Vizcaya Ramos y Arturo Silva Hernández, la reinstalación en el puesto de trabajo que venía desarrollando como jefe del Departamento de Arrendamiento, dependiente de la Subgerencia de Cobranza en ese organismo, en virtud de que considera que fue despedido injustificadamente de su trabajo, y como consecuencia el pago de salarios caídos, más prestaciones accesorias, y para el caso de que la empresa no lo reinstale, reclama la indemnización constitucional (fojas 2 a 5 de la demanda).

La empresa ferrocarrilera al contestar la reclamación formulada en su contra negó, en términos generales, que el actor tuviera acción y derecho para hacer sus reclamos pues, entre otras cosas, manifestó que entre las partes litigantes no existió vínculo laboral alguno, sino que lo que realmente se dio fue una relación de prestación de servicios (foja 125 del laboral).

Por su parte, los codemandados físicos negaron que el actor tuviera acción y derecho para hacerle sus reclamos, pues argumentaron que entre ellos no existió relación laboral.

Seguido que fue el trámite del juicio laboral y desahogadas las pruebas que así lo ameritaron, la responsable, el dos de agosto de dos mil cinco, emitió un primer laudo en el que determinó absolver a los demandados, tanto personas morales como físicas, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas (foja 345 del natural).

Inconforme con ese laudo, el actor instó la acción constitucional de la que correspondió conocer de la demanda a este Tribunal Colegiado, donde se registró bajo el número DT. 12029/2005, y por ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil seis determinó conceder la protección constitucional para el efecto de que la responsable estableciera correctamente la litis y reportara la carga de la prueba a quien correspondiera (foja 392 vuelta del natural).

En cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, la responsable, el veintiuno de febrero de dos mil seis, emitió un segundo laudo, que es el que ahora se combate, y en el que determinó condenar a Ferrocarriles Nacionales de México y Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, a pagarle al actor una cantidad de dinero por vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras, diferencias salariales, así como a cubrir las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y absolvió a los codemandados físicos de todas y cada una de las prestaciones que les fueron reclamadas (fojas 427 y 428 del natural).

Así las cosas, debe decirse que es infundado lo que alega la empresa ferrocarrilera en su primer concepto de violación.

Se afirma lo anterior, porque como ya quedó dicho en párrafos precedentes, Ferrocarriles Nacionales de México y Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, al contestar la reclamación formulada en su contra negaron que entre ellos y el trabajador existiera un vínculo laboral, sino que lo que realmente se dio fue una prestación de servicios.

Ahora bien, es inexacto que corresponda a la parte actora la carga de la prueba, si la parte patronal al contestar la demanda alega como excepción la inexistencia de la relación laboral, aduciendo que le prestaba sus servicios a través de un contrato de diversa índole, supuesto que esa negativa no es lisa y llana, sino que trae inmersa una afirmación en el sentido de que la relación fue de diversa naturaleza; por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, es al patrón a quien le corresponde la carga probatoria de acreditar ese extremo y no al trabajador.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 40/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en el Tomo IX, mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 480, que dice:

"RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO. Cuando el demandado niega la existencia de una relación de trabajo y afirma que es de otro tipo, en principio, está reconociendo la existencia de un hecho, a saber, la relación jurídica que lo vincula al actor, esa negativa también lleva implícita una afirmación, consistente en que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye su contrario; por consiguiente, debe probar cuál es el género de la relación jurídica que lo une con el actor, verbigracia, un contrato de prestación de servicios profesionales, una comisión mercantil, un contrato de sociedad o cualquier otra, porque en todos esos casos su respuesta forzosamente encierra una afirmación."

De ahí que el laudo impugnado, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, sea congruente y legal, pues fue correcto que la Junta responsable en el laudo reclamado le haya arrojado a la patronal la carga de la prueba de la existencia del vínculo que esgrimió y no al trabajador.

De igual forma es infundado el segundo de los conceptos de violación.

Lo anterior es así, porque en tratándose de la materia laboral rige el principio de amplitud de la prueba, que se contiene en los artículos 776, 781, 782, 783 y 784 de la Ley Federal del Trabajo, de los que se advierte que tanto dicha amplitud en materia de pruebas y su ofrecimiento, admisión, obtención y procuración oficiosa y desahogo de las mismas, como la regla de arrojar la obligación de su aporte y presunciones respectivas a la parte patronal o terceros, inclusive, que las tuvieran a su disposición, todo ello con la sola finalidad de llegar a la verdad que se busca y que permita sustentar sólidamente el laudo que al efecto se dicte.

Dichos artículos a que se alude, disponen:

"Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:

"I. Confesional;

"II. Documental;

"III. Testimonial;

"IV. Pericial;

"V. Inspección;

"VI. Presuncional;

"VII. Instrumental de actuaciones; y

"VIII. Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia."

"Artículo 781. Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban."

"Artículo 782. La Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate."

"Artículo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje."

"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

"I. Fecha de ingreso del trabajador;

"II. Antigüedad del trabajador;

"III. Faltas de asistencia del trabajador;

"IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;

"V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37 fracción I y 53 fracción III de esta ley;

"VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido;

"VII. El contrato de trabajo;

"VIII. Duración de la jornada de trabajo;

"IX. Pagos de días de descanso y obligatorios;

"X. Disfrute y pago de las vacaciones;

"XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;

"XII. Monto y pago del salario;

"XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y

"XIV. Incorporación y aportación al fondo nacional de la vivienda."

Por tanto, si el trabajador para acreditar la relación laboral, cuya existencia fue negada por la empresa ferrocarrilera, exhibió como prueba una carta de recomendación, que obra a foja 188 del natural, y de su análisis se advierte que cuenta con el logotipo de Ferrocarriles Nacionales de México y, además, la leyenda Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, Subdirección General de Administración y Tesorería, Dirección de Tesorería, Gerencia de Ingresos, y está suscrita por el gerente Adolfo González García, quien además, en la audiencia de siete de julio de dos mil tres, reconoció que la firma que calza ese documento fue puesto de su puño y letra (foja 306 del laboral), y en la carta se asienta que el actor Daniel Salazar Lozada se desempeñó en el Departamento de Arrendamiento de esa gerencia, y siempre demostró ser una persona honesta y responsable en las labores que se le encomendaron, ha de considerarse que esa prueba es apta para demostrar la existencia de una relación laboral, en la medida y alcance que se deduzca de la apreciación misma, sin perjuicio, desde luego, que del contexto de la litis, del análisis de otras pruebas, y del desenvolvimiento lógico y jurídico de valoración, dicho elemento de convicción resulte reforzado o disminuido, y en esas condiciones contribuya a la demostración clara, precisa y completa de los hechos en que sustente el laudo que al efecto se dicte.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 68/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en el Tomo II, noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 142, que textualmente señala:

"CARTAS DE RECOMENDACIÓN. CUANDO EN ELLAS EL DEMANDADO RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL, CONSTITUYEN PRUEBAS APTAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO. Las cartas de recomendación expedidas por la parte demandada, cuando en ellas se contiene un reconocimiento de la relación laboral o condiciones inherentes a la misma, constituyen un elemento de prueba permitido por la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, apto para demostrar la existencia del contrato de trabajo, sin perjuicio, desde luego, de que del contexto de la litis, del análisis de otras pruebas y del razonamiento lógico y jurídico de valoración, dichos documentos resulten apreciados o depreciados y como tales se consideren en la apreciación de los hechos que sustenten el laudo que al efecto se dicte. Así, el tribunal deberá justipreciar esos elementos de convicción en su sentido y alcance y en relación con el proceso lógico jurídico de valoración que pueda deducirse de los autos."

De ahí que la valoración que la responsable dio a la referida carta de recomendación sea legal y no por ello el laudo impugnado sea incongruente.

Los conceptos de violación tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo, de igual forma son infundados, los que se analizarán en forma conjunta por la relación que guardan entre sí.

Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la empresa ferrocarrilera al dar contestación a la demanda formulada en su contra negó en términos generales que el actor tuviera acción y derecho para reclamar las prestaciones que señaló en su demanda, pues entre otras cosas manifestó que con el actor jamás existió vínculo laboral alguno, sino uno de prestación de servicios profesionales, y para demostrar la existencia de ese vínculo exhibió como pruebas de su parte, entre otras, las documentales que marcó bajo el numeral cuatro, consistentes en diversos contratos de prestación de servicios profesionales de diversas fechas y el último de primero de junio de dos mil dos, del cual se advierte:

1. Que Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, representado por el subdirector general de Finanzas, celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con Daniel Salazar Lozada;

2. Que se pactó en las cláusulas primera y segunda:

"Primera. Objeto del contrato. ‘El prestador de servicios’, acepta y se compromete a proporcionar sus servicios a ‘El liquidador’, realizando de manera personal las actividades enunciadas en la declaración f) de este contrato.

"Segunda. Servicios. ‘El prestador de servicios’, acepta y se compromete a realizar las actividades que ‘El liquidador’ determine, mismas que serán eventuales y transitorias, aplicando al máximo su capacidad y conocimientos para cumplirlas satisfactoriamente, así como guardar una conducta recta y proba durante la vigencia del contrato.

"‘El prestador de servicios’, se obliga a desempeñar sus actividades, en el lugar o lugares en los que requieran sus conocimientos y capacidades, las cuales deberá ejecutar de acuerdo a las cláusulas pactadas en este contrato y ‘El liquidador’ se obliga a cubrir los honorarios correspondientes a cambio de la prestación de los servicios."

En la cláusula tercera se pactó:

"Tercera. Desempeño de actividades. ‘El prestador de servicios’, adecuará el desempeño de sus actividades a los horarios en que funcionen las oficinas en el lugar o lugares que se requiera para el cumplimiento de este contrato, como consecuencia, las actividades las desarrollará de conformidad con las necesidades que reclame satisfacer ‘El liquidador’." (fojas 213 y 214).

También lo es que del análisis de dichas cláusulas, con independencia de lo analizado por la responsable en el laudo impugnado, con ellas, contrario a lo que alega la empresa quejosa en sus conceptos de violación a estudio, se acredita la existencia de un vínculo laboral y no de prestación de servicios.

En efecto, la demandada, hoy quejosa, se excepcionó en el sentido de que la relación que existió con el actor fue de prestación de servicios profesionales y ofreció al juicio los contratos en los que se especifica ese hecho, empero, esos instrumentos, por sí solos, no demuestran que la relación haya sido de tal naturaleza, puesto que al analizar esos documentos, y en especial el último, conjuntamente con la carta de recomendación antes estudiada, de fecha trece de septiembre de dos mil dos, en la que se contiene una aceptación por parte del gerente de la Subdirección General de Administración y Tesorería, Dirección de Tesorería, Gerencia de Ingresos, de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, que el actor se desempeñó en el Departamento de Arrendamiento de esa gerencia, y siempre demostró ser una persona honesta y responsable en las labores que se le encomendaron; y con la documental consistente en el acta administrativa de entrega-recepción del Departamento de Arrendamientos, por parte del actor, de esa misma fecha trece de septiembre de dos mil dos, en la que se hace constar que el trabajador ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Arrendamientos, dependiente de la Subgerencia de Cobranzas, Gerencia de Ingresos en la Dirección de Tesorería de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, se acredita el elemento de subordinación de parte del actor con la demandada, pues del análisis de dichos documentos, estudiados en forma conjunta, se advierte que la demandada le ordenaba dónde debía realizar su trabajo, pues tenía que proporcionar sus servicios al liquidador y de manera personal las actividades que en la declaración f) del contrato se señalan; comprometerse a realizar las actividades que el liquidador le determinara, aplicando al máximo su capacidad y conocimientos para cumplirlas satisfactoriamente, y guardar una conducta recta y proba; además, estaba obligado a desempeñar sus actividades en el lugar o lugares en los que se requirieran sus conocimientos y capacidades, y esas actividades las tenía que adecuar a los horarios en que funcionaran las oficinas del lugar o lugares en que se le requiriera, es decir, que sus actividades las desarrollaría de conformidad con las necesidades que reclamara satisfacer el liquidador y se le asignó una compensación económica, que aun cuando se le denominó honorarios, pues así se consignó en los convenios, en verdad se trata de la retribución que se le pagaba por su trabajo; y con la carta de recomendación en la que se hizo constar que el actor siempre demostró ser una persona honesta y responsable en las labores que se le encomendaron, y la documental consistente en el acta administrativa en la que hizo entrega de los recursos que se le asignaron para el desempeño de su función; todos esos elementos llegan a determinar que la relación real que existió entre las partes fue de trabajo y no de índole civil.

Es aplicable la tesis aislada 907, emitida por este Tribunal Colegiado, que aparece visible en el Tomo V, Materia del Trabajo, Precedentes Relevantes, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, página 582, que dice:

" Si el demandado se excepciona en el sentido de que la relación que existió con el actor fue de prestación de servicios profesionales y ofrece al juicio un contrato en el que se especifica ese hecho, en donde se señala que el vínculo se rige por las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, este instrumento por sí solo no demuestra que la relación haya sido de tal naturaleza, puesto que el referido documento debe estudiarse conjuntamente con el resto del material probatorio para resolver lo conducente; de ahí que si en el juicio se acreditan los elementos de subordinación, como es el caso en que al prestador del servicio se le ordena dónde y cómo debe realizar su trabajo, se le proporcionan los medios para el desempeño de su labor, que son propiedad de la empresa, se le expiden credenciales que lo identifican como su empleado y se le asigna una compensación económica, que aun cuando se le denomine honorarios, por así haberse consignado en el convenio, pero que en verdad se trata de la retribución que se le pagaba por su trabajo; por consiguiente, si se justifican estos extremos se debe concluir que la relación real que existió entre las partes fue de trabajo y no de índole civil."

Respecto a lo que se manifiesta en el sentido de que no se le debe dar valor probatorio al acta administrativa de entrega-recepción del Departamento de Arrendamiento de trece de septiembre de dos mil dos, que exhibió el actor bajo el numeral 20 de su escrito de pruebas, en razón de que se desistió de la confesional y de la ratificación de contenido y firma de uno de los firmantes.

Al respecto, debe decirse que su argumento es infundado.

Lo anterior es así, porque del análisis de los autos del juicio laboral se desprende que la referida acta de trece de septiembre de dos mil dos, fue suscrita, aparte del trabajador, por la persona que recibió el encargo, de nombre Cecilia Barrios Morales, así como los testigos de asistencia Cecilio Aliaga M. y Manuel E. Jiménez Zárate, y por el órgano interno de control de la empresa demandada, Jorge Abel Carranza Toledano, y el actor al momento de ofrecer sus medios de convicción con los numerales 7 a 9, ofreció la confesional para hechos propios a cargo de esas personas, y con el numeral 20 la ratificación de contenido y firma por parte de las mismas personas de la acta administrativa de entrega-recepción del Departamento de Arrendamiento de trece de septiembre de dos mil dos.

En audiencia de cuatro de junio de dos mil tres (foja 300), la responsable llevó a cabo la confesional para hechos propios y ratificación de contenido y firma a cargo de Manuel Ernesto Jiménez Zárate, respecto de la ya citada acta administrativa, y no obstante estar legalmente notificado para que compareciera, no lo hizo, razón por la cual la Junta le tuvo por confeso fíctamente de las posiciones que le formuló el actor, esto es, que el trece de septiembre de dos mil dos le requirió la entrega del departamento que tenía a cargo el actor, que participó como testigo en el acta de entrega-recepción, y que reconoció tanto el contenido del acta recepción como suya la firma que calza esa acta.

De igual manera, a foja 324 del natural obra la audiencia de trece de enero de dos mil cuatro, en la que se hace constar que la responsable llevó a cabo la confesional para hechos propios y ratificación de contenido y firma a cargo de Cecilia Barrios Morales respecto del acta administrativa, y no obstante estar legalmente notificada para que compareciera, no lo hizo, razón por la cual la Junta la tuvo por confesa fíctamente de las posiciones que le formuló el actor, esto es, que el trece de septiembre de dos mil dos le requirió la entrega del Departamento de Arrendamiento que tenía a cargo el actor, que participó en el acta de entrega-recepción, y que reconoció tanto el contenido del acta recepción como suya la firma que calza esa acta.

También a foja 326 del natural obra un escrito por medio del cual el actor se desistió de la confesional para hechos propios y ratificación de contenido y firma a cargo de Cecilio Aliaga M., respecto del acta de fecha trece de septiembre de dos mil dos.

Empero, ese desistimiento no es motivo suficiente para que la Junta le restara validez al acta administrativa de entrega-recepción del Departamento de Arrendamiento, de trece de septiembre de dos mil dos, pues aun cuando no fue ratificada por todas las personas que en ella intervinieron, lo cierto es que sí lo fue en cuanto a su contenido y firma, aunque sea en forma ficta, por un testigo de cargo y por la persona que recibió el puesto como depositaria de las labores que realizaba el actor, lo que hace incuestionable que la actuación redargüida se encuentra revestida de valor jurídico, dado que lo depuesto por un testigo de cargo le reviste de validez.

Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que la prueba confesional para hechos propios y ratificación de contenido y firma fue ofrecida en forma conjunta para acreditar un mismo hecho, también lo es que la forma en que fue ofrecida deviene irrelevante, pues lo importante es que la valoración se lleve a cabo en los términos que prevén los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas y formulismos sobre estimación de pruebas, siempre y cuando se expresen los motivos y fundamentos en los que se apoyen, así también en forma congruente con las constancias del juicio.

Por consiguiente, si la prueba confesional para hechos propios y ratificación de contenido y firma fue ofertada en forma conjunta, y de su desahogo resulta que sólo uno de los testigos y la persona que recibió el puesto como depositaria de las labores que realizaba el actor depusieron en forma ficta sobre hechos que sólo a ellos les constaba de manera independiente, la valoración de esa prueba debe efectuarse de acuerdo a lo establecido en los artículos 841 y 842 en comento, también atento a lo dispuesto por el artículo 820 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que un solo testigo podrá formar convicción si en el mismo concurren circunstancias que sean garantía de veracidad que lo hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declara y que su declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas que obren en autos.

Este precepto, en cambio, como excepción a la regla general que prevén los artículos 841 y 842 citados, sí contiene reglas de valoración, pero no implica de manera alguna que su actualización traiga consigo que carezca de valor el ofrecimiento de la prueba en forma colegiada, pues es innecesario cumplir con la formalidad de que se ofrece como "testigo singular", dado que la Ley Federal del Trabajo no exige ese requisito; además, porque de lo que sea materia del interrogatorio puede deducirse si fue la única persona que se dio cuenta de los hechos sobre los que declara y será hasta su valoración cuando se determine si fue o no testigo singular; de ahí que la excepción a la regla general, como en el presente caso, no la nulifica, sino que, por el contrario, la perfecciona.

Así las cosas, debe decirse que si la acta administrativa de entrega-recepción del Departamento de Arrendamiento, de trece de septiembre de dos mil dos, se perfeccionó y se determinó que las firmas que la calzan sí proceden del puño y letra de la persona que recibió el encargo, de nombre Cecilia Barrios Morales, así como el del testigo de asistencia, Manuel E. Jiménez Zárate; y, por otro lado, concatenando esa confesional ficta con la carta de recomendación que le fue expedida al trabajador, en la que se hizo constar que siempre demostró ser una persona honesta y responsable en las labores que se le encomendaron, y el contrato de prestación de servicios profesionales, del que se desprende que la demandada le ordenaba dónde debía realizar su trabajo, pues tenía que proporcionar sus servicios al liquidador, y de manera personal las actividades que en la declaración f) del contrato se señalan; comprometerse a realizar las actividades que el liquidador le determinara, aplicando al máximo su capacidad y conocimientos para cumplirlas satisfactoriamente y guardar una conducta recta y proba; además, estaba obligado a desempeñar sus actividades en el lugar o lugares en los que se requirieran sus conocimientos y capacidades, y esas actividades las tenía que adecuar a los horarios en que funcionaran las oficinas del lugar o lugares en que se le requiriera, es decir, que sus actividades las desarrollaría de conformidad con las necesidades que reclamara satisfacer el liquidador, y se le asignó una compensación económica, que aun cuando se le denominó honorarios, pues así se consignó en los convenios, en verdad se trata de la retribución que se le pagaba por su trabajo; todos esos elementos llegan a determinar que la relación real que existió entre las partes fue de trabajo y no de índole civil y, por ende, su defensa consistente en la inexistencia de un vínculo entre las partes queda desvirtuada.

Por otra parte, el organismo quejoso manifiesta que el laudo impugnado es ilegal, y por lo mismo violatorio en su perjuicio de garantías constitucionales, en razón de que no analizó ni valoró correctamente las pruebas que ofreció, y que marcó con el apartado cuatro de su escrito de pruebas, incisos a), b), c), d) y e), pues con esas documentales, consistentes en diversos contratos de prestación de servicios profesionales, acreditó plenamente que entre las partes litigantes no existió algún vínculo o relación de índole laboral, sino que, en todo caso, lo que se dio fue una relación de prestación de servicios, y por ello considera que fue incorrecto que la Junta lo condenara en los términos en que lo hizo.

Como se dijo, dichas argumentaciones son infundadas.

Lo anterior es así, pues aun cuando es verdad que el organismo demandado, en el juicio natural, para demostrar que entre las partes no existió vínculo o relación de índole laboral, sino que, en todo caso, lo que se dio fue una relación de prestación de servicios profesionales, ofreció los referidos contratos, que son cinco, y que marcó con el apartado cuatro de su escrito de pruebas, incisos a), b), c), d) y e), con vigencias determinadas, suscritos los dos primeros por el actor y Ferrocarriles Nacionales de México, y los tres últimos por el actor y Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, representado por su liquidador, documentales que obran a fojas de la 199 a 216 del juicio natural, también es cierto que ello es insuficiente para acreditar el vínculo civil que se adujo.

Se afirma lo anterior, porque si el demandado se excepciona en el sentido de que la relación que existió con la actora fue de prestación de servicios profesionales, y ofrece al juicio los contratos en los que se especifican ese hecho, en donde se señala que el vínculo se rige por las disposiciones del Código Civil Federal, estos instrumentos por sí solos no demuestran que la relación haya sido de tal naturaleza.

En efecto, el capítulo II del Código Civil para el Distrito Federal, que prevé lo relativo a la prestación de servicios profesionales, establece que el contrato de prestación de ese tipo de servicios es aquel por medio del cual el prestador se obliga a proporcionar, en beneficio del cliente o prestatario, determinados servicios que requieren de una preparación técnica o profesional; en consecuencia, si ante el despido alegado por el trabajador el demandado niega la existencia del nexo de trabajo aduciendo que se trata de un contrato de prestación de servicios, resulta insuficiente para demostrarlo porque no desvirtúan la naturaleza laboral de la relación.

Además, lo que determina la existencia de un contrato de prestación de servicios son sus elementos subjetivos y objetivos, como lo son: que la persona prestataria del servicio sea profesionista, que el servicio lo preste con sus propios medios y se determine expresamente, contando con libertad para realizarlo, tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional propiamente dicho, elementos que no quedaron debidamente probados en autos, pues aun cuando en los contratos de prestación de servicios se haya establecido que el prestador posee los conocimientos técnicos, capacidades y habilidades para desempeñar las actividades requeridas por el liquidador, al igual que la capacidad jurídica par

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20086-e4b8d06f/relacion-de-trabajo-un-contrato-de-prestacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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