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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2009. · Registro digital (IUS): 22163
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 61.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo en materias civil y mercantil, las cuales son del conocimiento exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso tener presentes los criterios sostenidos por los órganos colegiados que la motivaron.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustentó el mismo criterio al resolver los amparos en revisión RC. 296/2008 y RC. 362/2008, respectivamente, dictados con fechas seis de noviembre de dos mil ocho y veintinueve de enero de dos mil nueve, razón por la cual, a fin de evitar repeticiones innecesarias, sólo se transcribe en lo conducente el último de los fallos citados:

RC. 362/2008

"Entonces, en esencia, el acto reclamado consiste en la resolución de la Sala de apelación que confirma la improcedencia de la imposibilidad del demandado para cumplir voluntariamente la sentencia definitiva de condena a rendir cuentas y otras prestaciones y, está connotada por las siguientes particularidades: 1. Es dictada después de concluido el juicio civil; 2. Está vinculada con el cumplimiento voluntario de la sentencia definitiva de condena; 3. No se ha iniciado el procedimiento de apremio para el cumplimiento forzoso de la sentencia civil; 4. Determina que el demandado no se encuentra imposibilitado para el cumplimiento de la sentencia. En esas condiciones, debe ponderarse que el juicio concluye cuando existe sentencia que ha causado estado conforme a la ley procesal respectiva y cualquier acto posterior tiene la naturaleza de acto dictado ‘después de concluido el juicio’; y por ende debe distinguirse entre actos en ejecución de la sentencia, ya directa o en su preparación; que son lo que evidencia que, la enunciación de actos dictados ‘después de concluido el juicio’ se trata de un aspecto de ubicación meramente temporal que exige desentrañar la naturaleza procesal de los actos, a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo: a) Si se trata de un acto dictado en ejecución de la sentencia, desde el punto de vista formal y material, esto es, en un procedimiento específico debidamente instrumentado (‘formalmente dictado en’, refiriéndose al procedimiento) y con el objeto directo e inmediato de la ejecución de la sentencia (‘materialmente en ejecución de la sentencia’, refiriéndose al contenido y objeto del acto). En este caso el juicio de amparo es procedente, hasta el dictado de la última resolución, porque de permitirlo por cada acto procesal se entorpecería el cumplimiento de la sentencia definitiva, que como ha destacado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de orden público. b) Si se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia, con independencia de su objeto o efecto procedimental (‘formalmente dictado en ejecución de sentencia’); en el cual, por regla general, es también improcedente la acción de garantías para no obstaculizar o dilatar dicho cumplimiento; y, los casos de excepción lo constituyen los actos que estén desvinculados o tengan naturaleza u objeto autónomo de la ejecución. c) Si se trata de un acto vinculado directamente al cumplimiento de la sentencia del juicio, únicamente en su aspecto material, aunque no haya sido dictado en un procedimiento especial para la ejecución de la sentencia (‘materialmente de ejecución de la sentencia’); igualmente, en todo caso es improcedente el juicio de amparo, a fin de lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de condena. d) Si se trata de un mero acto dictado después de concluido el juicio y no en un procedimiento de ejecución de sentencia, ni con el objeto directo de ello, sin autonomía propia, sino que guarda relación con un aspecto de la ejecución y que tiende a demostrar la procedencia de declaración de inejecución, el juicio de amparo tampoco es procedente porque la tutela constitucional no opera respecto de cualquier acto jurisdiccional dictado después de concluido el juicio, sino únicamente cuando tienen autonomía de la cosa juzgada, es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución o la que aprueba o desaprueba el remate. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, porque se emiten con posterioridad de que la sentencia del juicio cause estado, conforme a la ley procesal y, en ese caso, para efectos de su procedencia o improcedencia como objeto de reclamo en la vía de amparo, se debe atender a la naturaleza procesal a fin de determinar si se trata de actos que: a) Liquida la sentencia, y por ende prepara la ejecución, por lo que previo el agotamiento del recurso ordinario, procede su impugnación constitucional desde luego; b) Están dictados con el objeto inmediato de ejecutar la sentencia, y sólo podrá reclamarse hasta la última resolución; o, c) Son dictados después de concluido el juicio y tienden a demostrar la improcedencia de la ejecución, y no es la última resolución, ni la que aprueba o desaprueba el remate, no se pueden reclamar en el amparo indirecto, sino hasta la última resolución. Ello es así porque, por principio, la intención legislativa que proscribe la acción de amparo ‘si se trata de actos de ejecución de sentencia’, sino hasta el dictado de la última resolución ‘en el procedimiento respectivo’, no debe entenderse en forma restrictiva sólo a los actos dictados en un procedimiento específico instrumentado para la ejecución de la sentencia, sino que comprende a los que fueren para la ejecución de la sentencia o en su preparación, puesto que de permitir la procedencia, se contravendría el propósito de evitar que las sentencias condenatorias se vean entorpecidas o dilatadas en su ejecución, en transgresión al orden jurídico y el interés público. Por esa misma razón, se ha admitido la existencia de resoluciones dentro de un procedimiento formalmente seguido para la ejecución de la sentencia, cuando los actos reclamados impidan o dilaten precisamente la prosecución de la ejecución, o bien, resulten procesalmente autónomos o desvinculados con la ejecución. Además, siguiendo la evolución de los pronunciamientos del Alto Tribunal en el tema, en aras del orden social e interés público, la improcedencia del amparo contra actos de ejecución de una sentencia, no admite distinción por cuanto al sujeto peticionario de tutela constitucional; de ahí que deba estimarse que tampoco está condicionada la norma reguladora del juicio de amparo a que se trate de actos dictados formalmente dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia, sino que, si el propósito es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales, como tutela del Estado en la impartición de justicia, opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena, o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado, pues ninguna razón sustancial se advierte que permita excluir a esta última del fin de la norma. También se ha destacado por el Supremo Tribunal del país que la resolución que se dicta en un incidente de falta de personalidad del ejecutante promovido en ejecución de sentencia, sólo es impugnable hasta el dictado de la última resolución, dado que su finalidad es impedir la ejecución de una sentencia que ha causado estado y, por ende, sujeto a tal regla de procedencia, de manera que similarmente por cuanto a sus efectos procesales, la resolución que se reclamó en el amparo tiene analogía con el caso específico de la ejecutoria, puesto que lo que implica el argumento de imposibilidad jurídica que adujo el demandado en el juicio civil, es que no puede cumplir la condena de rendición de cuentas impuesta en la sentencia definitiva porque el sujeto acreedor o persona a quien debe rendirlas, no está determinado concretamente, lo que guarda similitud con el caso de que se cuestione la legitimación de la persona que promueva la ejecución de la sentencia. Ciertamente, la ejecución de la sentencia implica un procedimiento cuyo objeto es que el sentenciado sea obligado o constreñido al cumplimiento forzoso de la sentencia; empero, ello no significa que no existan actos procesales dictados después de concluido el juicio por medio de los cuales se busca de manera inmediata y directa el cumplimiento de la sentencia, de manera que al ocurrir dichos actos deben ser tratados bajo la regla de que son después de concluido el juicio y si no tienen autonomía o no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia, y sólo impugnables hasta el dictado de esta última resolución. De otra manera sería un despropósito de la norma de improcedencia del juicio de amparo ante la fuerza de la cosa juzgada y los fines del orden público e interés social en el cumplimiento de las sentencias. En esa virtud, los actos dictados después de concluido el juicio y que tengan por objeto la ejecución de la sentencia, incluso en la etapa de cumplimiento voluntario, sólo pueden ser reclamados hasta que se dicte la última resolución de la ejecución de la sentencia, sin que se condicione al aspecto formal del inicio del procedimiento de cumplimiento forzoso o ejecución coactiva de la sentencia, habida cuenta que, como se ha distinguido, la misma razón de improcedencia de la acción de amparo ocurre en estos actos, como en los meramente dictados después de concluido el juicio aunque no tienden al cumplimiento de la condena. Cabe agregar que si el aspecto formal del inicio del procedimiento forzoso o coactivo de la ejecución de la sentencia fuere el parámetro de determinación de la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, no podría entonces alegarse que los actos dictados dentro de dicho procedimiento instaurado puedan ser impugnables desde luego por tener autonomía con la ejecución de la sentencia, como se expresa en los diversos pronunciamientos citados. Otra razón más de la limitación en la procedencia del juicio de amparo radica en que los actos dictados en el procedimiento seguido para el cumplimiento forzoso de la sentencia no tienen un fin distinto, ni están desvinculados de aquellos que se dictan después de concluido el juicio para el cumplimiento voluntario de la sentencia, puesto que es precisamente el objeto de tales medidas, el cumplimiento o no de la sentencia del juicio, lo que habrá de determinar su sucesión procesal; es decir, si con aquellas providencias para el cumplimiento voluntario se obtiene su cumplimiento, ya es innecesario el procedimiento de ejecución forzosa, en tanto que si en aquellos no se logra el fin, precisamente mediante éstos últimos habrá de cumplirse la sentencia del juicio. En el caso, el acto reclamado consistente en la resolución de apelación que confirma que no existe imposibilidad del cumplimiento de la sentencia por parte del demandado, y con relación al sujeto o persona a quien habrá de rendirse las cuentas a que fue condenado, por lo que dicha resolución dictada después de concluido el juicio participa de la naturaleza procesal, no formal, de ejecución de la sentencia, pues con relación a un argumento de oposición al cumplimiento por parte del demandado, determina su improcedencia y, consecuentemente despeja cualquier obstáculo que se adujo como imposibilidad. Entonces, con tal calificación, el juicio de amparo se torna improcedente porque no se trata de la última resolución de la ejecución de la sentencia. En esa circunstancia, lo procedente es revocar la negativa de amparo y, en su lugar sobreseer en el juicio de garantías por cuanto a la materia de la litis, pues el diverso sobreseimiento por la inexistencia de los actos de ejecución a cargo del actuario adscrito a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no fue materia de impugnación y, por ende, subsiste. No es óbice de lo anterior, la circunstancia de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión RC. 72/2008 (improcedencia), en ejecutoria de trece de marzo de dos mil ocho, hubiere considerado que no se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación al 114, fracción III, de la Ley de Amparo, habida cuenta que tal calificación, conforme a los normativos 145 y 147, en vínculo al 83, fracción I, 85, fracción I y, 190 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, se emitió respecto del desechamiento de la demanda y no por cuanto al fondo del asunto, dado que dicho pronunciamiento debe entenderse acorde a la materia del recurso de revisión contra el auto que desecha la demanda de amparo, esto es, si en el caso, se actualizó o no, de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia de la acción de garantías. Por ello, la calificación procesal que se formuló para la admisión de la demanda no impide que ahora conforme al cúmulo de actuaciones en la audiencia constitucional se tenga por acreditada fehacientemente tal causa. Robustece lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Volumen LXXI, página 2307, del epígrafe y texto: ‘SOBRESEIMIENTO, NO OBSTA PARA DICTARLO, EL QUE SE HAYA ADMITIDO LA DEMANDA.’ (se transcribe)."

II. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustentó igual criterio al resolver los amparos en revisión RC. 107/2008 y RC. 72/2008, emitidos con fechas trece de marzo y veinticuatro de abril de dos mil ocho.

RC. 107/2008

"CUARTO. Resultan fundados los argumentos planteados en el agravio expresado. Lo fundado es así, por lo que se expone a continuación: El quejoso, ahora recurrente, señaló como acto principal reclamado, la resolución de uno de febrero de dos mil ocho, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 98/2006/11, mediante la cual se revocó el auto de veintiséis de noviembre de dos mil siete, emitido por el Juez Décimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, en el juicio ordinario civil 854/2005, en el que se había declarado procedente la aclaración del diverso auto de quince de noviembre del año pasado, en el que se acusó la rebeldía en contra del aludido quejoso, al no dar cumplimiento voluntario a la sentencia pronunciada en el juicio de origen, para en su lugar negarse dicha Sala a acordar de conformidad tal aclaración, ordenando estarse a lo determinado en el proveído de quince de noviembre de dos mil siete, y tenerse por acusada la mencionada rebeldía. Como antecedentes de los actos reclamados, el peticionario de garantías señaló en su demanda de amparo, lo siguiente: 1. Mediante oficio 7851 de veintinueve de agosto de dos mil siete, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, comunicó al Juez Décimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, que este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, había negado al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la sentencia definitiva de veintidós de marzo del citado año, dictada por la referida Sala. 2. Ese oficio se tuvo por recibido en auto de cuatro de septiembre de dos mil siete, notificándose éste a los demandados el veintiséis de septiembre siguiente, teniéndose por practicada la notificación en cuestión en proveído de veintiocho de septiembre de los indicados mes y año. 3. En auto de once de octubre de dos mil siete, el Juez de primera instancia ordenó se realizara el cómputo y certificación del término con el que contaba el inconforme para dar cumplimiento voluntario a las prestaciones a que había sido condenado en el juicio de origen, por lo que al efecto la secretaría de Acuerdos respectiva, determinó que dicho término transcurría del veintisiete de septiembre al diecisiete de octubre del señalado año, la cual se ordenó se hiciera del conocimiento de las partes, en auto de once de octubre de la misma anualidad. 4. En contra de dicho auto de once de octubre de dos mil siete, el promovente del amparo interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado en auto de diecinueve de los mencionados mes y año, al determinarse que: ‘A sus antecedentes el escrito de cuenta de la parte demandada y atento a las constancias que integran al (sic) pieza de autos, sin lugar a dar trámite al recurso de revocación propuesto por la parte demandada en contra del auto de fecha once de octubre del año en curso, en virtud de los razonamientos esgrimidos en diverso proveído de esta misma fecha, aunado a lo anterior se hace notar al promovente que le (sic) término concedido por la superioridad para dar cumplimiento a las prestaciones condenadas (sic), es un término voluntario, por lo que no tiene el carácter de requerimiento judicial ...’. 5. El dieciséis de octubre de dos mil siete, el quejoso informó al Juez a quo que el actor ********** había fallecido, adjuntando el acta de defunción correspondiente, por lo que el citado Juez, en auto de dieciocho de octubre siguiente, ordenó se diera vista a los demás actores, quienes desahogaron ésta en tiempo y forma. 6. En auto de quince de noviembre del año pasado, se decretó, por un lado, la suspensión del procedimiento, hasta en tanto la persona fallecida estuviera legalmente representada; y, por otro lado, se tuvo a la parte actora acusando la rebeldía en contra del quejoso, por no haber dado cumplimiento voluntario a la sentencia dictada en el juicio. 7. Dicho quejoso solicitó la aclaración de ese auto, al estimar que resultaba contradictorio que se le acusara la señalada rebeldía, por encontrarse suspendido el procedimiento del juicio. 8. En auto de veintiséis de noviembre de dos mil siete, el juzgador de primer grado acordó la referida aclaración en los siguientes términos: ‘A sus autos el escrito de cuenta del codemandado **********, y visto su contenido, así como atento a las constancias que integran la pieza de autos, específicamente del acta de defunción que obra a foja trescientos diecisiete de los presentes (sic), de la que se advierte que el coactor ********** feneció (sic) el diez (sic) primero de octubre de dos mil seis, por lo que a partir de dicha fecha se encontraba sin representación dicha sucesión, en consecuencia, se deja sin efectos la parte conducente del proveído de fecha quince de noviembre de dos mil siete, en lo relativo a tener por acusada la rebeldía de la parte demandada para dar cumplimiento voluntario a la sentencia de marras, pues atento a la circunstancia apuntada con anterioridad (sic), como se ha señalado, desde dicha fecha la sucesión no se encontraba debidamente representada ...’. 9. En contra de ese auto, los coactores ********** y **********, interpusieron recurso de apelación, del que tocó conocer a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien lo resolvió mediante resolución de uno de febrero de dos mil ocho, en el toca 98/2006/11, la cual constituye el acto reclamado por el quejoso. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.’. Ahora bien, de los antecedentes narrados por el quejoso en su demanda de amparo, no se desprende ningún dato con base en el cual pueda afirmarse, fehacientemente, que en el juicio de origen se inició el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en él; puesto que de las narraciones efectuadas por el aludido quejoso e incluso de la transcripción que hizo de las actuaciones de ese juicio, se observa que la cuestión analizada en la resolución reclamada, tiene que ver únicamente con el hecho de que si dicho quejoso está o no en posibilidad de dar cumplimiento voluntario a tal sentencia, derivado de que se encuentra suspendido el procedimiento por el fallecimiento del actor **********; sin que se advierta que se haya formulado algún requerimiento al peticionario de garantías, para que cumpliera la mencionada sentencia, y menos que se le hubiera prevenido para que en caso de no llevar a cabo ese cumplimiento, se procedería a la ejecución forzosa; pues no consta respecto de ello, la petición de la parte actora ni la realización de los actos jurisdiccionales necesarios para vencer la negativa del recurrente, sino que, por el contrario, se evidencia que éste de ninguna forma ha sido requerido para que cumpla forzosamente con la condena impuesta en la sentencia definitiva, lo cual es indispensable para iniciarse el señalado procedimiento de ejecución, conforme a lo previsto en el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consistente en que: ‘Artículo 500. Procede la vía de apremio a instancia de parte siempre que se trate de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea ...’. Por lo que, de acuerdo con lo expuesto, es claro que, contrariamente a lo estimado por la Juez de Distrito, la resolución reclamada debe considerarse como un acto dictado después de concluido el juicio, pero en un momento anterior a la ejecución de sentencia, ya que no tiende directamente a obtener su cumplimiento, sino que únicamente lo prepara, puesto que el quejoso puede optar o no por cumplir en forma voluntaria con las prestaciones a que fue condenado; y si lo hace, obviamente ya no procede la ejecución de la sentencia; y, en esa virtud, es incorrecto establecer que éste debía esperar al dictado de la última resolución que se pronuncie en el procedimiento de ejecución de sentencia, para reclamar en el juicio de amparo la resolución reclamada a la Sala responsable, resultando por ello inaplicables en el caso las tesis jurisprudenciales invocadas por la juzgadora federal en el auto recurrido, cuyos rubros han quedado transcritos en esta ejecutoria."

RC. 72/2008

"QUINTO. Como se advierte, la recurrente aduce en sus agravios, inconformidades relacionadas con el desechamiento de su demanda de garantías, decretado por la Juez de Distrito, aplicando la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con lo dispuesto en el diverso artículo 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, invocada para desechar la demanda de garantías. ... De los antecedentes que han quedado reseñados, no se aprecia la existencia de algún dato con el que pueda afirmarse, fehacientemente, que en el juicio de origen se inició el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva. Lo anterior es así, debido a que de las narraciones efectuadas por el quejoso e incluso de la transcripción de una parte de las actuaciones del juicio de origen, entre las que se encuentra la sentencia reclamada, se aprecia que el motivo que fue analizado al dictarse la resolución impugnada en el amparo, se vincula con la supuesta imposibilidad del quejoso para cumplir voluntariamente con la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, basado en el hecho de que en dicha resolución no se había precisado a quién o quiénes debía rendir las cuentas a que fue condenado, esto es, la materia de lo resuelto en la sentencia reclamada, y que aquí sirve para identificar la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen, no versó sobre algún requerimiento al demandado para que cumpliera la sentencia definitiva, previniéndosele de que en su defecto se procedería a la ejecución forzosa. Así, de la transcripción que hizo el quejoso del auto del dieciocho de octubre de dos mil siete, dictado con motivo de la solicitud del aquí recurrente para que se acordara su imposibilidad para cumplir voluntariamente con la sentencia definitiva, se advierte lo siguiente: ‘... el planteamiento y encuadre de la litis, lo fue en base de las prestaciones reclamadas por parte de la actora a la demandada y las defensas esgrimidas por ésta, prestaciones que encontradas procedentes por lo que hace al codemandado ********** (sic) y constituir en la rendición de cuentas de todos y cada uno de los actos relacionados con el ejercicio del poder otorgado a su favor por los actores, y contenido en la escritura pública número (sic) ********** de veintinueve de enero de 1986, en virtud del mandato conferido a dicho codemandado y dada la relación jurídica entre poderdante y mandatario, máxime la relación jurídica de las partes en el presente procedimiento, evidencia claramente a cargo de quién está la prestación, entendiéndose como la parte demandada condenada por la resolución en comento y a quién resultó favorable la sentencia, siendo ésta la poderdante parte actora, en virtud de haberse encontrado procedentes las prestaciones reclamadas respecto del multirreferido codemandado; ... (folio 6 de autos). A su vez, de la transcripción efectuada por el impetrante respecto de la resolución reclamada, se aprecia lo siguiente: ‘... De lo antes precisado, se advierten de manera clara y precisa los términos en que debe ser cumplimentada la sentencia de referencia, dado que es por demás evidente, de acuerdo a la lógica y el sentido común a quién tiene que rendir, el codemandado apelante las cuentas de referencia, dado que del considerando quinto de la sentencia de mérito se advierte que se condenó al codemandado ********** a que rindiera cuentas de manera exacta, precisa, detallada y pormenorizada de todos y cada uno de los actos relacionados con el ejercicio del poder otorgado a su favor por los actores, esto es, a quien tiene que rendir cuentas por lo que hace al ejercicio del poder de referencia es a los actores, dado que así se desprende de (sic) resolutivo en cita, ...’ (folio 7 de autos). De la lectura de las transcripciones efectuadas por el quejoso en su demanda de amparo y referidas a las actuaciones de origen, queda de manifiesto que no asiste razón a la Juez de Distrito al considerar que la sentencia reclamada se pronunció en la fase de ejecución de sentencia, pues de las propias actuaciones en cita sólo se advierte que el demandado, aquí recurrente, planteó la supuesta imposibilidad para cumplir voluntariamente con la sentencia dictada en el juicio de origen, sobre todo por el hecho de que en dicha resolución definitiva no se había precisado a quién o quiénes debía rendir las cuentas a que fue condenado, y si bien las providencias vinculadas con dicha petición se emitieron una vez que concluyó el juicio; lo cierto es que ello no implica que necesariamente se hubiera iniciado la ejecución de la sentencia, en tanto que no existe constancia de que se hubiere requerido el cumplimiento al condenado, previniéndosele de que en su defecto se procedería a la ejecución forzosa. En ese sentido, cabe señalar que de la transcripción efectuada por el quejoso respecto de las actuaciones en comento, se advierte que su pretensión fundamental estaba vinculada con la imposibilidad de realizar el cumplimiento voluntario de la sentencia definitiva ejecutoriada, sin que esto signifique que sea de manera forzosa, ya que la sentencia reclamada solamente se ocupó de la legalidad del auto de primera instancia que negó la solicitud para declarar la imposibilidad de efectuar tal cumplimiento voluntario en los términos referidos por el demandado, estudiando el aspecto concreto consistente en la definición de a quién debían rendírsele las cuentas a que se condenó en dicha sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, si bien la sentencia reclamada, aparece dictada después de concluido el juicio, lo cierto es que no fue emitida en ejecución de sentencia, porque lo resuelto en la misma no tiende directamente a obtener su cumplimiento forzoso, sino que únicamente lo prepara, si el condenado opta o no por cumplir en forma voluntaria; y si lo hace obviamente ya no procede la ejecución de la sentencia. En ese mismo sentido, debe precisarse que otro motivo que corrobora la incertidumbre respecto del inicio del procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen, lo constituye el hecho de que la Juez Federal se equivocó al considerar en la resolución recurrida, que la finalidad perseguida por el quejoso con las promociones que dieron origen a la sentencia reclamada, era ‘suspender el procedimiento’. En efecto, la Juez de Distrito al dictar la resolución recurrida, hizo referencia al auto del dieciocho de octubre de dos mi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22163-f8832bdb/amparo-indirecto-es-improcedente-contra-actos-dictados-despues · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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