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Modo: Corpus Pro

DIVORCIO. PARA FIJAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO APLICAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE ALIMENTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2009. · Registro digital (IUS): 22019
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 214.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo número **********, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia definitiva dictada por la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con la que se puso fin a un juicio ordinario civil de divorcio necesario, en el que la Sala, entre otras cosas, condenó al demandado al pago de una indemnización del cincuenta por ciento del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, en favor de la actora, con fundamento en el artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal.

En la resolución emitida por el Tribunal Colegiado antes citado, en lo que interesa, se estableció lo siguiente:

"QUINTO. Que los conceptos de violación resultan, por un lado, infundados e ineficaces y, por el otro, fundados y suficientes para conceder el amparo al quejoso. Para arribar a la anterior conclusión, es menester considerar que la materia de este juicio constitucional se ciñe a resolver tres aspectos, a saber: Si la causa de divorcio prevista en la fracción XVII del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, relativa a la violencia familiar, quedó debidamente acreditada, ya que el quejoso estima que la actora no la justificó y los estudios psicológicos rendidos por la Subdirección de Evaluación Psicológica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no constituyen prueba suficiente para demostrarla. Sí es procedente la condena al pago de alimentos que decretó la autoridad responsable en contra del quejoso, porque la tercera perjudicada trabajó durante el matrimonio y además, no se acreditaron las necesidades de los menores hijos de las partes. Sí es procedente la condena que impuso la responsable al inconforme de indemnizar a la tercera perjudicada con el cincuenta por ciento de los bienes que aquél adquirió durante el matrimonio, pues a juicio del peticionario de garantías, tal condena carece de motivación. ... Este tribunal se avoca a la causa de pedir que expone el quejoso en relación con el tema de la indemnización prevista en el artículo 289 Bis del Código Civil, la cual se estima fundada y suficiente para conceder el amparo. En efecto, la causa de pedir esencialmente consiste en que la condena que al respecto se impuso al quejoso es violatoria de garantías, porque para fijarla sólo se hizo un simple análisis de semántica del precepto legal antes citado, sin que la autoridad responsable motivara su determinación, máxime que aquél estima haber probado que la actora ha trabajado durante el matrimonio ... Como se anticipó, el artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, prevé para los cónyuges que pretenden entablar una demanda de divorcio, el derecho a reclamar de su contraparte el pago de una indemnización de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que haya adquirido durante el matrimonio; sin embargo, ese derecho no debe decidirse de manera dogmática, sino que dadas las características especiales bajo las cuales puede darse la indemnización en trato, como son que se reclame en la demanda de divorcio y que sea de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes y, en virtud de los elementos sui géneris que deben cumplirse para su procedencia, la determinación que al respecto se emita, debe estar sustentada en las circunstancias especiales del caso y apoyada en una adecuada motivación y fundamentación que lleven al juzgador a establecer, en primer lugar, el derecho a la indemnización y, en segundo lugar, el monto del porcentaje que en lo particular corresponda, de manera similar a como se aplica el principio de proporcionalidad que prevé el artículo 311 del ordenamiento en cita, para los alimentos, lo cual no se observó al emitir el fallo reclamado y por eso se estime que la causa de pedir es fundada. Ciertamente, es necesario destacar que la intención del legislador, al disponer en el primer párrafo del artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, que: ‘en la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubiera adquirido durante el matrimonio ...’, no fue la de establecer un porcentaje fijo para tratar de indemnizar al cónyuge demandante del costo de oportunidad asociado al no haber podido desarrollar la misma actividad que su contraparte en el mercado de trabajo convencional, en donde habría obtenido la compensación económica correspondiente, sino que al emplear la palabra ‘hasta’, es claro que lo que se buscó fue proponer un porcentaje máximo del cincuenta por ciento, que sirviera como parámetro para el cálculo de esta compensación; de manera que este porcentaje no debe considerarse como el único que puede demandarse y menos aún, como el único que puede otorgarse por ese concepto, pues suponer lo contrario, en principio, anularía la facultad que se otorgó al Juez Familiar en el último párrafo del precepto en cita, de resolver en cada caso lo conducente, de acuerdo a las circunstancias especiales del mismo, además de que haría nugatorio el derecho, si existiera controversia en cuanto a qué tan preponderante fue el desempeño del trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos del demandante o en cuanto a los bienes adquiridos por los cónyuges, porque entonces el juzgador no podría mediar el porcentaje de la indemnización, sino que tendría que declarar improcedente el reclamo. En esas condiciones, resulta inconstitucional que la Sala responsable haya decretado como monto de la indemnización que solicitó la hoy tercera perjudicada, el cincuenta por ciento del valor de los bienes adquiridos por el quejoso durante el matrimonio, sin haber razonado su decisión, esto es, sin haber expuesto la motivación suficiente por la que arribó a la convicción de que el porcentaje fijado era el adecuado conforme a las circunstancias especiales del caso ... Ahora, una vez que se haya establecido el derecho a recibir la indemnización, es obvio que el juzgador se verá en la necesidad de precisar en qué medida es procedente aquélla, para lo cual, deberá atender a las circunstancias especiales de cada caso. Luego, como el legislador omitió precisar la forma en que habría de fijarse la indemnización, pues se insiste, sólo fijó un porcentaje máximo como base para el cálculo y dejó en entera libertad al juzgador para que fuera éste el que, conforme a las peculiaridades del caso, resolviera lo conducente, este tribunal estima que resultaría de mucha utilidad aplicar un principio de proporcionalidad similar al que establece el artículo 311 del Código Civil, para fijar los alimentos y así, con base en las necesidades del cónyuge demandante y conforme a las posibilidades del cónyuge demandado, observando desde luego, la actualización de los supuestos que prevén las fracciones I a III del artículo 289 Bis ya mencionado, se determine el porcentaje conducente, que se repite, podrá ser como máximo del cincuenta por ciento del valor de los bienes, pudiendo en su caso, ser menor a éste ... De manera que para determinar la procedencia de la prestación reclamada, la autoridad responsable, también tuvo que analizar con todo cuidado, si la actora cumplió con los extremos de su acción, especialmente con haberse dedicado preponderantemente durante el matrimonio, al desempeño de las labores domésticas y al cuidado de los hijos, para lo cual, debió considerar que hubo elementos de prueba que dejaron demostrado que dicha parte trabajó en algún momento del matrimonio, tal y como este tribunal precisó en el considerando sexto de esta ejecutoria, al momento de analizar el derecho alimentario de la tercera perjudicada. Así las cosas, una vez precisadas las premisas bajo las cuales debe analizarse la procedencia de la indemnización que se reclame con fundamento en el artículo 289 Bis del Código Civil, resulta que en el caso, como acertadamente lo alega el quejoso, la autoridad responsable no motivó la condena que al respecto le impuso, porque simplemente determinó que era procedente fijar a favor de la hoy tercera perjudicada el cincuenta por ciento del valor de los bienes adquiridos por el quejoso durante el matrimonio, sin tomar en consideración las particularidades del caso ni razonar porqué era procedente ese porcentaje, máxime que conforme al artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tenía la obligación de suplir la deficiencia en los planteamientos de derecho del quejoso y observar los aspectos precisados a lo largo del considerando séptimo de esta ejecutoria para emitir una decisión motivada. De ahí que este Tribunal Colegiado considere que la determinación que al respecto tomó la autoridad responsable es inconstitucional, porque no fue debidamente motivada y en consecuencia, lo procedente sea conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos ... ÚNICO. Para los efectos precisados en la última parte del considerando séptimo de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por su propio derecho, contra el acto de la autoridad precisada en el proemio de esta ejecutoria."

Las consideraciones planteadas en este asunto dieron origen a la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIV, septiembre de 2006

"Tesis: I.7o.C.79 C

"Página: 1457

"DIVORCIO. PARA FIJAR LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL, DEBE OBSERVARSE UN PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD SIMILAR AL QUE SE APLICA PARA LOS ALIMENTOS. El artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal en vigor, prevé para los cónyuges que pretenden entablar una demanda de divorcio, el derecho a reclamar de su contraparte el pago de una indemnización de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que haya adquirido durante el matrimonio; sin embargo, ese derecho no debe decidirse de manera dogmática, sino que dadas las características especiales bajo las cuales puede actualizarse, tales como que se reclame en la demanda de divorcio y que tal indemnización sea de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes, así como los elementos sui generis que deben cumplirse para su procedencia, la determinación que al respecto emita el juzgador, debe estar sustentada en las circunstancias especiales del caso y apoyada en una adecuada motivación y fundamentación que lo lleven a establecer en primer lugar, el derecho a la indemnización y en segundo, el monto del porcentaje que en particular corresponda, tomando como parangón el principio de proporcionalidad que prevé el artículo 311 del ordenamiento en cita, para los alimentos, por ser una forma legalmente establecida para regular un derecho patrimonial de características semejantes al que aquí se trata.

"Amparo directo 407/2006. 4 de agosto de 2006. Mayoría de votos. Disidente: **********. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez."

De los autos de la presente contradicción de tesis se advierte que el Colegiado en mención hizo llegar también la ejecutoria derivada del juicio de amparo directo **********, así como la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo **********, destacándose que ambos asuntos tienen como juicio de origen un ordinario civil por divorcio necesario, donde el órgano colegiado sustentó esencialmente el mismo criterio.

B) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión número **********, derivado del recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto **********, en el que a su vez se señaló como acto reclamado la sentencia emitida por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se condenó al demandado a pagar en favor de la actora el equivalente al veinticinco por ciento del valor de los bienes señalados en la sentencia ejecutoria, dejando a salvo los derechos de la accionante para demostrar, con posterioridad, si el demandado obtuvo durante la vigencia del matrimonio más bienes de los enunciados en la ejecutoria.

El Colegiado en mención determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los anteriores motivos de inconformidad, mismos que se estudian en conjunto por la relación que guardan entre sí, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, resultan infundados, con base en las siguientes consideraciones ... Por otra parte, conviene citar el criterio en que apoya sus agravios la recurrente, mismo que se emitió por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y que se encuentra publicado en la página mil cuatrocientos cincuenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, Novena Época, cuyos rubro y texto señalan lo siguiente: (transcribe). Conforme al criterio antes precisado, se tiene que la interpretación que pretende darle la quejosa, hoy recurrente, al artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal es errónea, aunado a que la interpretación contenida en el criterio aislado que refiere, no tiene el alcance que le pretende dar, toda vez que no es factible tomar en consideración, de manera similar, para fijar el porcentaje de la indemnización que reclama (la prevista en el artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal), el criterio de proporcionalidad previsto para los alimentos, ya que se trata de figuras jurídicas con una naturaleza diversa, que no guardan relación entre sí, tal como se verá a continuación. Para abordar el tema cuestionado, es menester tomar en consideración que por decreto publicado el veinticinco de mayo de dos mil, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se adicionó al Código Civil de la entidad el artículo 289 Bis, que prevé la posibilidad de que en una demanda de divorcio el actor reclame una indemnización de hasta el cincuenta por ciento de los bienes que el demandado hubiera adquirido durante el matrimonio, siempre que se reúnan los supuestos ahí previstos ... Conforme al texto literal del precepto legal en cita, queda de manifiesto que establece que en la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro una indemnización de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubiere adquirido durante el matrimonio; sin embargo, tal imperativo no prevé un porcentaje fijo para tratar de indemnizar al cónyuge demandante por no haber podido desarrollar la misma actividad que su contraparte en el mercado de trabajo convencional, en donde habría obtenido la compensación económica correspondiente, sino que al emplear la palabra ‘hasta’, es claro que lo que se buscó fue proponer un porcentaje máximo del cincuenta por ciento, que sirviera como parámetro para el cálculo de esta compensación; de manera que este porcentaje no debe considerarse como el único que puede demandarse y menos aún, como el único que puede otorgarse por ese concepto, pues suponer lo contrario, en principio, anularía la facultad que se otorgó al Juez familiar en el último párrafo del precepto en cita, de resolver en cada caso lo conducente, de acuerdo a las circunstancias especiales del mismo; además, haría nugatorio el derecho, si existiera controversia en cuanto a qué tan preponderante fue el desempeño del trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos del demandante o en cuanto a los bienes adquiridos por los cónyuges, porque entonces el juzgador no podría mediar el porcentaje de la indemnización, sino que tendría que declarar improcedente el reclamo. Luego, es inconcuso que la autoridad que decida lo relativo a la indemnización de que se trata debe razonar su decisión, esto es, exponer la motivación suficiente por la que arribó a la convicción de que el porcentaje fijado es el adecuado conforme a las circunstancias especiales del caso ... Luego, una vez que se haya establecido el derecho a recibir la indemnización, es obvio que el juzgador se verá en la necesidad de precisar en qué medida es procedente, para lo cual, deberá atender a las circunstancias especiales de cada caso. En efecto, el artículo en comento es omiso en precisar la forma en que debe fijarse la indemnización; sin embargo, se reitera, el juzgador conforme a las peculiaridades del caso, debe resolver lo conducente atento a la actualización de los supuestos que prevén las fracciones I a III del citado numeral 289 Bis del Código Civil local y así fijar el porcentaje conducente que, como ya se dijo, podrá ser como máximo del cincuenta por ciento del valor de los bienes, sin que lo anterior conlleve la limitante a que dicha indemnización pueda ser menor. Luego, como el legislador omitió precisar la forma en que habría de fijarse la indemnización pues, se insiste, sólo fijó un porcentaje máximo como base para el cálculo y dejó en entera libertad al juzgador para que fuera éste el que, conforme a las peculiaridades del caso, resolviera lo conducente, este tribunal estima que para determinar la procedencia de la prestación reclamada, la autoridad responsable también tuvo que analizar con todo cuidado si la actora cumplió con los extremos de su acción, especialmente con haberse dedicado preponderantemente durante el matrimonio al desempeño de las labores domésticas y al cuidado de los hijos, para lo cual, debió considerar que hubo elementos de prueba que dejaron demostrado que dicha parte trabajó en algún momento del matrimonio. ... Por ello se reitera que dicha indemnización tiene efectos compensatorios -de la parte que se dedicó a alguna actividad en el mercado laboral que le redituaba un ingreso y que ello le permitía hacerse de bienes- a favor de la otra parte que por dedicarse durante mayor tiempo al hogar (lo que involucra el cuidado de los hijos, en caso de que los hubiera), no estuvo en la misma aptitud de desempeñarse laboralmente a fin de obtener un ingreso propio que le permitiera acceder a la adquisición de bienes en la misma proporción que su cónyuge. ... Ahora bien, del citado criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se aprecia que el tribunal que lo emitió consideró que los juzgadores, al decidir el porcentaje que correspondiera a la indemnización prevista en el artículo 289 Bis del Código Civil local, debían considerar de manera similar el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 311 del mismo ordenamiento legal en tratándose de alimentos, al guardar semejanzas tales supuestos. Criterio que no comparte este Tribunal Colegiado, habida cuenta que no se puede emplear un principio relativo al pago de los alimentos, a la indemnización de mérito, toda vez que no es permisible atender a tal principio de proporcionalidad, contenido en el artículo 311 del Código Civil local, en una figura que no guarda relación con los alimentos y cuya naturaleza es notoriamente distinta. En efecto, la figura de los alimentos no guarda relación con la indemnización de que se habla en el presente asunto y tampoco los alimentos sirven de base para fijar la aludida indemnización, ya que las dos figuras tienen una naturaleza jurídica y regulación distintas, en donde no dependen una de la otra. Ello porque no existe codependencia entre la indemnización que se pretende y los alimentos, pues son independientes y su condena obedece a distintas circunstancias ... Cabe destacar que la proporcionalidad de que se habla es distinta en la indemnización y en los alimentos, motivo por el que tal criterio que se encuentra regulado en el artículo 311 del Código Civil local no puede ser aplicado con similitud a lo previsto en el artículo 289 Bis del mismo ordenamiento legal. Ello, porque si la naturaleza de las figuras en comento (alimentos e indemnización) es distinta, no puede existir similitud en la aplicación de los criterios de proporcionalidad, en donde los alimentos son ... de ahí que se diga que el principio de proporcionalidad que rige para los alimentos no pueda ser empleado a efecto de fijar la indemnización de mérito; máxime que ésta cuenta con sus propias bases para ser fijada ... PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..."

CUARTO. En primer término, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, para lo cual debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, examinaron hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegaron a conclusiones discrepantes respecto a la solución de la controversia planteada; sin que constituya un obstáculo para la existencia de la contradicción, que los criterios emitidos no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean y que, por ende, los criterios no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

Así lo determinó el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis **********, mediante las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. **********. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. **********. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

De conformidad con los criterios transcritos, para que exista contradicción de tesis no es necesario que coincidan las cuestiones fácticas analizadas por los órganos jurisdiccionales terminales, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.

En la especie, se advierte que sí existe la contradicción planteada, porque ambos Tribunales Colegiados contendientes resolvieron sendos asuntos en los que determinaron el porcentaje de los bienes adquiridos durante el matrimonio, por el cónyuge laboralmente activo, a que debía ascender la indemnización a que se refiere el artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, el cual establece que un cónyuge puede pedir del otro una indemnización de hasta el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22019-aa6cf32b/divorcio-para-fijar-el-monto-de-la-indemnizacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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