I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULOS 90, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). VII. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS CONGRESOS LOCALES. VIII. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. IX. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. X. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LOS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. XI. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. XII. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XIII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. XIV. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE LAS CONTRIBUCIONES. XV. DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS MUNICIPIOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XVI. DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SUS CONCEPTOS Y ALCANCES. XVII. DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. FORMAS PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. XVIII. DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, A FIN DE DETERMINAR LA CUOTA A PAGAR, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE EQUIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 56, FRACCIÓN III, INCISO A), NUMERALES 1, 2 Y 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACATIC; 56, FRACCIÓN III, INCISO A), NUMERALES 1, 2 Y 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO; 53, CUARTO PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A), NUMERALES 1, 2 Y 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA; 56, FRACCIÓN III, INCISO A), NUMERALES 1, 2, 3 Y 4, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATENGO; 58, FRACCIÓN III, INCISO A), NUMERALES 1, 2 Y 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATENGUILLO; 62, FRACCIÓN III, INCISO A), NUMERALES 1, 2 Y 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN; 57, FRACCIÓN III, INCISO A), NUMERALES 1, 2 Y 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO; 56, FRACCIÓN III, INCISO A), NUMERALES 1, 2 Y 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO Y 80, FRACCIÓN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2023 Y SU ACUMULADA 25/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnan diversos artículos de leyes de ingresos de Municipios del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023 que establecen derechos por el suministro de agua potable y alcantarillado, por servicios prestados en horas hábiles o inhábiles, por reproducción de información pública, por la búsqueda de documentos, así como de preceptos que prevén la imposición de multas por practicar juegos y deportes fuera de los lugares permitidos para ello.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 18/2023 y su acumulada 25/2023, la primera promovida por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, en contra de leyes de ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de los Municipios del Estado de Jalisco: Zapopan, Atotonilco El Alto, Guadalajara, San Juan de los Lagos, San Martín de Bolaños, Tonalá, Yahualica de González Gallo, Jocotepec, Tamazula de Gordiano, Talpa de Allende, Ejutla, San Pedro Tlaquepaque y Tepatitlán de Morelos; respecto de las cuales plantea la inconstitucionalidad de los preceptos que establecen el cobro de derechos por búsqueda de documentos, así como la imposición de multas por provocar molestias a las personas o a sus bienes, por la práctica de juegos o deportes individuales o de conjunto fuera de los sitios destinados para ello; mientras que su acumulada fue promovida por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de las leyes de ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de los Municipios del Estado de Jalisco: Acatic, Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco El Alto, Atoyac, Tequila, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres, Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán El Grande y Zapotlanejo, de las que plantea la invalidez de los preceptos que establecen el cobro de derechos por el suministro de agua, por la reproducción de información pública y por conceptos no especificados.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:
1. Artículos 93, fracción IV, inciso a), y 128, apartado E, número 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
2. Artículo 84, fracción II, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
3. Artículo 62, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
4. Artículo 92, fracción VI, número 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
5. Artículo 50, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Bolaños, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
6. Artículo 75, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
7. Artículos 63, fracción V, y 72, fracción I, inciso x), de la Ley de Ingresos del Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
8. Artículo 114, fracciones III y IV, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Jocotepec, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
9. Artículos 120, fracción IV, y 149, letra E, número 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
10. Artículos (sic) 99, fracción V, número 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
11. Artículo 66, fracciones XIX, incisos a) y b), y XX, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ejutla, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
12. Artículo 71, fracción XII (sic), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
13. Artículo 97 (sic), inciso x), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
2. Demanda acumulada y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:
a) Cobros por servicio de agua potable:
1. Artículo 56, fracción III, letra a, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatic, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
2. Artículo 56, fracción III, letra a, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
3. Artículo 53, cuarto párrafo, fracción III, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
4. Artículo 56, fracción III, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atengo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
5. Artículo 58, fracción III, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atenguillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
6. Artículo 62, fracción III, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
7. Artículo 57, fracción III, inciso a), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yahualica de Gonzalez (sic) Gallo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
8. Artículo 56, fracción III, letra a, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán De (sic) Vadillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
9. Artículo 79 (sic), fracción III, letra a, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
b) Cobros por derechos no especificados:
1. Artículo 64, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatic, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
2. Artículo 108 (sic), fracciones XVI y XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
3. Artículo 74, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
4. Artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Amacueca, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
5. Artículo 84, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Amatitán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
6. Artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ameca, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
7. Artículo 78, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
8. Artículo 58, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
9. Artículo 65, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atengo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
10. Artículo 64, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atenguillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
11. Artículo 85, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
12. Artículo 61, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atoyac, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
13. Artículo 115, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tequila, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
14. Artículos (sic) 79, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
15. Artículos (sic) 71, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
16. Artículos (sic) 65, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yahualica de Gonzalez (sic) Gallo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
17. Artículos (sic) 80, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
18. Artículo 102, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
19. Artículos (sic) 83, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotiltic, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
20. Artículos (sic) 64, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán De Vadillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
21. Artículo 79, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán Del Rey, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
22. Artículo 104, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
23. Artículo 87, letras f y g, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
c) Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información:
1. Artículo 80, fracción VII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatic, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
2. Artículo 108 (sic) fracción XV, incisos b), c) y d), así como numeral 6, en la porción normativa "costo de $2.00 por hoja impresa hasta 20 hojas", del tercer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
3. Artículo 83, fracción VII (sic), incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
4. Artículo 84, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Amacueca, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
5. Artículo 99, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Amatitán, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
6. Artículo 75, fracción VI (sic), y 84, fracción IX, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ameca, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
7. Artículo 94, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Arandas, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
8. Artículo 74, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
9. Artículo 62, fracción V, y 80, fracción IX, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atengo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
10. Artículo 80, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atenguillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
11. Artículo 101, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
12. Artículo 56, fracción V, y 81, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Atoyac, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
13. Artículo 127, fracción IX, incisos b) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tequila, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
14. Artículos (sic) 93, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
15. Artículos (sic) 87, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
16. Artículos (sic) 74, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Yahualica de Gonzalez (sic) Gallo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
17. Artículos (sic) 96, fracción IX, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
18. Artículo 121, incisos b), c) y d) ,de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
19. Artículos (sic) 99, fracción IX, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotiltic, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
20. Artículos (sic) 80, fracción VIII, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
21. Artículo 95, fracción XI, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán Del Rey, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
22. Artículos (sic) 109, incisos b), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
23. Artículo 96, fracción VII (sic), incisos b), c), d) y e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023.
3. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. El presidente de la República consideró que se violaban los artículos 1o., quinto párrafo; 4o., párrafos noveno y décimo tercero; 6o., apartado A, fracción III; 14; 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
5. Conceptos de invalidez del presidente de la República. En su escrito inicial de demanda, el Ejecutivo Federal planteó dos conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:
Primero. La porción normativa contenida en las leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente a "búsqueda de documentos", vulnera los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
a) Vulneración al principio de gratuidad en materia de acceso a la información
El Congreso del Estado de Jalisco, mediante los preceptos impugnados, establece un pago de derechos por concepto de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos de diversos Municipios del Estado de Jalisco, que resulta inconstitucional al vulnerar el principio de gratuidad establecido en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Resulta injustificado aplicar cobros en los procedimientos administrativos que las autoridades establecen para la obtención de la información, ya que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, por lo que éstas únicamente pueden imponer una carga al solicitante de la información con motivo de los soportes en los que la información deba ser entregada, tales como medios magnéticos, copias o mensajería.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018, así como el diverso expediente 15/2019, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el principio de gratuidad se introdujo al texto constitucional con motivo de la reforma de dos mil siete, cuyo proceso de creación, en específico, del dictamen de la cámara de diputados, se advierte que el poder reformador de la Constitución Federal precisó que dicho principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, sin que se incluyan los eventuales costos que derivan de la modalidad en los que se entregue la información.
De igual manera, señaló que en la diversa acción de inconstitucionalidad 5/2017 este Alto Tribunal también analizó el derecho de acceso a la información, sus dimensiones y vertientes, señalándose, en lo que interesa, que al emitir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el legislador enfatizó que el principio de gratuidad constituye una máxima fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información y que, entre sus objetivos, está evitar la discriminación, pues pretende que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a ella.
Por ello, el requisito adicional impuesto en las leyes locales impugnadas, relativo al pago de una tarifa por la búsqueda de información pública, representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.
b) Vulneración al principio de proporcionalidad tributaria
Los preceptos señalados como inconstitucionales violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que establecen una tarifa excesiva por el servicio que proporcionan los Municipios del Estado con motivo de la búsqueda de información que posean sus registros civiles y catastros, que de ninguna manera corresponde al costo de los materiales empleados para su reproducción y desincentiva injustificadamente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
La exclusión de un cobro por el ejercicio del derecho de acceso a la información no permite el cobro per se por la solicitud de información, sino que los Municipios únicamente pueden cobrar los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el envío y la certificación de documentos, para lo cual las cuotas deben fijarse de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, pues de lo contrario, la tarifa resulta violatoria del principio de proporcionalidad en materia tributaria.
Los costos o tarifas establecidas no pueden constituir barreras desproporcionadas al derecho de acceso a la información, pues si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, ésta debe ser entregada sin costo alguno.
Este Alto Tribunal ha emitido diversos precedentes sobre la proporcionalidad de los "derechos", en el sentido de que, en relación con el costo que tiene el servicio proporcionado, no existe la posibilidad para el Estado de lucrar con la tarifa que pretenda establecer.
De la revisión integral a las leyes impugnadas se advierte que en ellas se fija una cuota por búsqueda de documentos o información, pero no se justifican los elementos que sirvieron de base para determinarla, es decir, la manera en que se cuantificó la tarifa por el pago de tales derechos, por lo que no es posible determinar si la misma corresponde o no al costo de los materiales que las entidades federativas tienen permitido cobrar por el servicio prestado.
El legislador tampoco estableció razón alguna a efecto de justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en los preceptos impugnados y el valor comercial de los insumos necesarios para proporcionar la información. Segundo. La porción normativa contenida en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente a multas "por provocar molestias a las personas o a sus bienes, por la práctica de juegos o deportes individuales o de conjunto fuera de los sitios destinados para ello", vulnera los principios de interdependencia e indivisibilidad, el derecho al acceso al deporte, libre desarrollo de la personalidad, y de legalidad en su vertiente de taxatividad, previstos en el artículo 1o., párrafo quinto, 4o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
a) Vulneración al principio de interdependencia e indivisibilidad
El artículo 1o. de la Constitución Federal prevé los principios de interdependencia e indivisibilidad, los cuales implican la obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias y mediante una coordinación institucional, de implementar los mecanismos necesarios para asegurar a todo individuo el ejercicio libre y efectivo de sus derechos humanos.
El legislador del Estado de Jalisco incumplió con su obligación de respetar, reconocer, proteger y garantizar no intervenir en la libertad del desarrollo a la cultura física de la persona (muchos menores de edad), al haber establecido una multa por provocar molestias a las personas o a sus bienes, por la práctica de juegos o deportes fuera de los sitios destinados para ello, lo que genera una desventaja injustificada a la persona para satisfacer sus derechos, sobre todo si el Estado no garantiza el lugar destinado para ello.
Por tanto, las disposiciones reclamadas obstaculizan el derecho reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Federal que establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, razón por la cual la privación del derecho al libre esparcimiento y desarrollo del deporte afecta negativamente a los derechos que se ligan con su ejercicio.
b) Vulneración al principio de libre desarrollo de la personalidad
Las porciones normativas impugnadas vulneran dicho principio, toda vez que el congreso estatal no puede interferir en la libertad de los individuos para el desarrollo de la cultura física y deporte al establecer una multa por provocar molestias a las personas o a sus bienes por la práctica de juegos o deportes.
La previsión de dicha multa infringe la posibilidad de las personas (menores de edad en su mayoría) a desarrollar libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los particulares, es decir, forma parte de la autonomía personal protegida por la Constitución Federal, por lo que el legislador local está obligado a protegerlo y no a disminuir ni restringir ese derecho.
c) Vulneración al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad
En precedentes, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los principios básicos del derecho penal, como lo es el principio de taxatividad, son aplicables a la materia administrativa sancionadora, pues la potestad administrativa forma parte de un genérico ius puniendi del Estado, por lo que ambas materias comparten principios similares. Por otra parte, también estableció que la vulneración a la exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, no sólo vulnera la seguridad jurídica de las personas al no ser previsible la conducta, sino que afecta el derecho de defensa, al desconocer qué conducta es la que se atribuye.
En ese sentido, los artículos impugnados contravienen el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, que exige que las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas; ya que además de vulnerar el derecho a la libertad de decisión, imponen una sanción injustificada, sin sustento alguno, o motivación de que necesariamente la sociedad lo requiere.
Resulta ambigua, abierta y poco clara la manera en que el legislador local estableció las sanciones, dado que no previó el parámetro para determinar qué tipo de juego o deporte amerita una multa, ni estableció qué tipo de acción puede llegar a provocar molestias.
Los órganos legislativos se encuentran constreñidos a definir de manera suficiente y precisa las conductas que se sancionarán dentro del ámbito del derecho administrativo, de manera que las autoridades que se encuentren encargadas de operar el sistema normativo no incurran en arbitrariedad o discrecionalidad en su aplicación.
Las normas que se impugnan, al indicar que aplicará una multa contra la causa de molestia, "por la práctica de juegos o deportes individuales", implican necesariamente una evaluación subjetiva de la autoridad municipal, cuya brecha de apreciación de la norma es desproporcionada, pues cualquier juego o reunión sería susceptible de atentar notoriamente contra la tranquilidad de las personas.
Lo que puede resultar una afectación evidente de molestia de una persona no implica que lo sea para todos, ya que ello depende del margen de tolerancia de cada individuo y, en el caso concreto, las normas que se impugnan tienen un espectro de aplicación muy amplio que puede redundar incluso en la afectación de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, libertad de tránsito en vía pública, libre concurrencia y la libre manifestación de ideas, motivo por el cual, la descripción normativa, bajo los esquemas ya descritos, puede ser utilizada para reprimir un acto social, dejando al criterio de las autoridades administrativas, definir los alcances de los supuestos actos de molestia.
6. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su escrito inicial de demanda, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó tres conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:
Primero. Los artículos impugnados, relativos al cobro por la prestación del servicio de agua potable, establecen diversas tarifas fijas a pagar que dependen de la extensión de los predios, por lo que para determinar la cuota respectiva el Congreso Local tomó en consideración elementos ajenos al costo real de ese servicio, lo que se traduce en una vulneración a los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, señaló que la autoridad legislativa se encuentra habilitada para establecer diversos tipos de contribuciones, pero siempre observando la obligación de respetar sus notas esenciales en lo referente a su naturaleza.
Como este Alto Tribunal ha considerado, el hecho imponible de las contribuciones no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además sirve como elemento para su identificación. En ese sentido, los derechos y los impuestos se definen por hechos imponibles diferentes y, por tanto, los principios de justicia tributaria –que se desdoblan en proporcionalidad y equidad– les rigen de manera distinta.
En materia fiscal se entienden por "derechos" aquellas contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado como precio por los servicios de carácter administrativo que prestan sus poderes y dependencias a las personas que los soliciten. Por tanto, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares.
Refirió que tratándose de los "derechos" ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que para analizar la proporcionalidad y equidad de las disposiciones normativas que los establecen debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, pues ello permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en que la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.
Por tanto, estima que el Congreso Local transgredió el principio de equidad tributaria al haber al haber considerado la extensión de los predios baldíos propiedad de los sujetos pasivos como componente determinante para fijar la tarifa de la contribución a pagar por las personas propietarias o poseedoras de predios baldíos que cuenten con tomas instaladas para que el Ayuntamiento correspondiente les proporcione los servicios de agua y alcantarillado, ya sea que reciban ambos o alguno de estos servicios o porque por el frente de los inmuebles pase alguna de estas redes.
Indicó que las normas impugnadas otorgan un trato diferenciado, pues cuanto mayor es la extensión de los predios el incremento de las tarifas previstas disminuye, siendo que, para que dichos preceptos fuesen respetuosos del principio de equidad tributaria, el cobro fijado tendría que haber sido igual, no menor por cada metro que exceda de mil metros cuadrados, como se dispuso. Aunado a que no advierte razón objetiva para determinar una cuota menor de incremento a mayor extensión del predio baldío de que se trate.
Agregó que el Congreso Jalisciense también transgredió el principio de proporcionalidad al haber tomado elementos ajenos a la naturaleza de la contribución a la que denominó "derecho", ya que la base gravable de la cuota a pagar por el referido servicio se determinará a partir de un elemento que no atiende al consumo o aprovechamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado que el Ayuntamiento respectivo preste.
Consecuentemente, estima que las normas reclamadas son inconstitucionales, dado que establecen una tarifa fija por la prestación de servicios de agua y alcantarillado a partir de circunstancias que no atienden al consumo o beneficio de aludidos servicios, sino por la extensión del predi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32131-fd84cead/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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