I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR NO SER OBJETO DE LA NORMA IMPUGNADA (ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. VIOLACIÓN DE LA VEDA ELECTORAL –SU EXPEDICIÓN NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO Y PARIDAD). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS Y DECLARADAS INVÁLIDAS, PARA EVITAR UN VACÍO LEGISLATIVO (REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS PREVIAS AL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO Y PARIDAD). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO Y PARIDAD).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y SUS ACUMULADAS 142/2020, 223/2020 Y 226/2020. PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 5 DE OCTUBRE DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día cinco de octubre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas identificadas al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de las demandas, autoridades (emisora y promulgadora) y normas impugnadas. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
Ver tabla
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
Normas generales cuya invalidez se reclama. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes disposiciones generales del Decreto Número Seiscientos Noventa por el que se reforman diversos artículos, se adicionan y se derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad:
Ver normas impugnadas
SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan son violatorias de los artículos 1o., 9o., 14, 16, 35, fracciones I, II y III, 41, párrafo primero, fracción I, 52, 53, 54, 56, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracciones II y IV, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los partidos políticos expusieron los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados a su estudio.
CUARTO.—Registro del expediente y turno de la demanda del Partido Socialdemócrata de Morelos y admisión. Por acuerdo de diez de julio de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, con el número 139/2020; y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
El Ministro instructor dictó proveído de trece de julio siguiente, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 139/2020, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que rindieran sus respectivos informes; especificó al Poder Legislativo de dicha entidad que adjuntara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado; y al Poder Ejecutivo para que remitiera el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que se publicó el decreto combatido; así como dio vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.
De igual forma requirió a la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para que en el plazo de tres días naturales remitiera copia certificada de los estatutos vigentes del Partido Político Socialdemócrata de Morelos, así como las certificaciones de su registro vigente, en las que se precise quiénes conforman su Comisión Ejecutiva Estatal e informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad; así como solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de diez días naturales, ese órgano expresara su opinión.
QUINTO.—Registro del expediente, turno de la demanda del Partido de la Revolución Democrática; acumulación de las acciones de inconstitucionalidad y desechamiento. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veinte, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria, por el representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el presidente de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con el número 142/2020; así como decretó la acumulación de ésta a la acción de inconstitucionalidad 139/2020; la turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán al haber sido designado como instructor en la acción de inconstitucionalidad aludida.
Posteriormente por auto de quince de julio siguiente, el Ministro instructor desechó de plano la demanda de acción de inconstitucionalidad porque no estuvo firmada electrónicamente por cualesquiera de sus representantes legales.
SEXTO.—Registro del expediente, turno de la demanda del Partido de la Revolución Democrática y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante proveído de once de agosto de dos mil veinte, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria, por el representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el presidente de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con el número 223/2020; así como decretó la acumulación de ésta a la acción de inconstitucionalidad 139/2020 y su acumulada 142/2020; la turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán al haber sido designado instructor.
SEPTIMO.—Registro del expediente, turno de la demanda de Movimiento Ciudadano y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Por auto de la misma fecha el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el coordinador, integrantes y secretario general de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, con el número 226/2020; así como decretó la acumulación de ésta a la acción de inconstitucionalidad 139/2020 y sus acumuladas 142/2020 y 223/2020; y la turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán al haber sido designado instructor.
OCTAVO.—Admisión de las demandas. El Ministro instructor dictó acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, en el que admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 223/2020 y 226/2020, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que rindieran sus respectivos informes; así como dio vista al fiscal general de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.
De igual forma requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral para que dentro del plazo de tres días naturales remitiera copia certificada de los estatutos o documentos básicos vigentes de los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de las certificaciones de sus registros vigentes y precisara quiénes son los actuales representantes e integrantes de sus órganos de dirección nacional; y solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de seis días naturales, ese órgano expresara su opinión en el expediente.
NOVENO.—Auto que tiene por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo demandado; por presentada la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la acción de inconstitucionalidad 139/2020; y por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como exhibidas las documentales que acompañó, incluidas las copias certificadas del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos del decreto impugnado. Asimismo tuvo por remitida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho informe y opinión se tienen a la vista para la resolución de este asunto.
Igualmente tuvo por agregados el oficio y anexos de la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el cual desahogó el requerimiento formulado; así como tuvo por exhibidas las copias certificadas de los estatutos del partido político actor, las certificaciones de sus registros vigentes, e informó que el proceso electoral en ese Estado inicia en el mes de septiembre del año previo a la elección.
DÉCIMO.—Proveído que tiene por rendido el informe requerido al Poder Legislativo demandado. Por acuerdo de diecisiete de agosto siguiente, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe requerido al Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como exhibidas las documentales que acompaña, incluidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado. Ese informe se tiene a la vista para la resolución de este expediente.
DÉCIMO PRIMERO.—Acuerdo que tiene por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral; por rendidos los informes requeridos a las autoridades demandadas; y por presentada la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la acción de inconstitucionalidad 223/2020 y su acumulada 226/2020. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por agregado el oficio y anexos del director jurídico del Instituto Nacional Electoral por medio del cual desahoga el requerimiento formulado; así como tuvo por exhibidas las copias certificadas de los documentos básicos vigentes de los partidos políticos nacionales actores, las certificaciones de sus registros vigentes y sus dirigencias.
Asimismo tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, por exhibidas las documentales que acompañan relacionadas con los antecedentes legislativos del decreto impugnado; y se tuvo por presentada la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichas documentales, informes y opinión se tienen a la vista para la presente resolución.
DÉCIMO SEGUNDO.—Pedimento de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento.
DÉCIMO TERCERO.—Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción de diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el ocho de junio de dos mil veinte, frente a la Constitución General de la República.
SEGUNDO.—Oportunidad en la presentación de las demandas. Por regla general, el párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) (de ahora en adelante la "ley reglamentaria") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que en materia electoral todos los días y horas son hábiles.
Sin embargo, en atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2-COVID-19, el Tribunal Pleno aprobó los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020, a través de los cuales se declararon inhábiles para la Suprema Corte los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte.
En particular, en los Acuerdos 10/2020 y 12/2020, en sus artículos primero, segundo, numerales 2 y 3, y tercero, se prorrogó la suspensión de plazos del primero de junio al treinta de junio y del primero de julio al quince de julio; permitiéndose promover electrónicamente los escritos iniciales de los asuntos competencia de esta Suprema Corte y ordenando proseguir electrónicamente el trámite de las acciones de inconstitucionalidad en las que se hubieren impugnado normas electorales. Sin que en ninguno de estos acuerdos se excepcionara de estas declaratorias como días inhábiles el plazo impugnativo que corresponde al ejercicio inicial de una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Más bien, se permitió habilitar días y horas pero sólo para acordar los escritos iniciales de las acciones que hubieren sido promovidas.
Decisiones plenarias que se complementaron con el Acuerdo General 8/2020, también emitido por el Pleno de esta Suprema Corte, mediante el cual se establecieron las reglas para la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad; en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad.
Bajo este contexto normativo, se advierte del expediente que los partidos políticos accionantes combaten el Decreto Número Seiscientos Noventa por el que se reforman diversos artículos, se adicionan y se derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, publicado el ocho de junio de dos mil veinte en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de esa entidad. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad corrió del tres de agosto al uno de septiembre de dos mil veinte.
En ese contexto, debe decirse que las acciones de inconstitucionalidad se promovieron en forma oportuna, dado que la demanda del Partido Socialdemócrata de Morelos se presentó mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte el ocho de julio de dos mil veinte, mediante el uso de firma electrónica (e.firma/FIEL). Las correspondientes a los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano se presentaron los días cinco y seis de agosto de ese año ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
Por tanto, se satisface el presupuesto procesal de temporalidad. Sin que sea obstáculo que la demanda del Partido Socialdemócrata de Morelos se haya presentado dentro del ámbito temporal declarado como inhábil por la Corte; ello, toda vez que dicha declaratoria no privó a los entes legitimados constitucionalmente de su acción para cuestionar la validez de normas generales a pesar de que no corrieran los plazos, como incluso se regula en los referidos Acuerdos Generales.
TERCERO.—Legitimación de los promoventes. Acto continuo se procede a analizar la legitimación de quienes promovieron las demandas de acción de inconstitucionalidad.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, son del tenor siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro."
"Artículo 62. ...
"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
De acuerdo con el inciso f) de la fracción II del artículo 105 constitucional transcrito, cuando la acción de inconstitucionalidad se promueva por los partidos políticos, deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso);
c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y,
d) Que las normas sean de naturaleza electoral.
Ahora bien, se procede al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los partidos políticos promoventes de las acciones acreditan su legitimación, a saber:
La acción de inconstitucionalidad 139/2020 fue promovida por el Partido Socialdemócrata de Morelos, instituto que se encuentra registrado como partido político estatal, según certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de veintisiete de julio de dos mil veinte. Asimismo, fue suscrita por Israel Rafael Yudico Herrera, en su calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de ese instituto político, lo que se acredita con la diversa certificación de la misma fecha.
Por otra parte, del artículo 55, inciso a), de los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos(2) se desprende que el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal tiene la atribución de representar legalmente al partido político.
La acción de inconstitucionalidad 223/2020 fue promovida por el Partido de la Revolución Democrática, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de dieciocho de agosto de dos mil veinte.
La demanda fue suscrita por Adriana Díaz Contreras, Ángel Clemente Ávila Romero, Aida Estepgany (sic) Santiago Fernández, Karen Quiroga Anguiano y Fernando Belaunzarán Méndez, integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria y por Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quienes lo acreditan con las diversas certificaciones de dieciocho de agosto dos mil veinte expedidas por esa autoridad electoral.
Por su parte, los artículos 38 y 39 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática,(3) prevén la integración de la Dirección Nacional Ejecutiva y sus funciones.
Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 226/2020 fue promovida por Movimiento Ciudadano, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de dieciocho de agosto de dos mil veinte.
De igual forma, la demanda fue suscrita por José Clemente Castañeda Hoeflich, Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, Royfid Torres González, Perla Yadira Escalante Domínguez, Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, coordinador, integrantes y secretario general de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional, quienes acreditan ese carácter con la diversa certificación de la misma fecha expedida por esa autoridad electoral.
Por su parte, del artículo 20, numerales 1 y 2, incisos a) y o), de los Estatutos de Movimiento Ciudadano,(4) se desprende que son atribuciones y facultades de la Comisión Operativa Nacional, entre otras, promover en términos de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
En consecuencia, las acciones de inconstitucionalidad fueron hechas valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de partidos políticos nacionales y local con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente; fueron suscritas por quienes cuentan con facultades para tal efecto en términos de los estatutos que les rigen; y las disposiciones combatidas son de naturaleza electoral.
CUARTO.—Causales de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente. Así, las autoridades demandadas plantearon lo siguiente:
a) El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos aduce como causal de improcedencia la prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley de la materia, esto es, porque las demandas promovidas por los Partidos de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano se presentaron fuera del plazo legal para ello.
Esta causal de improcedencia es infundada con base en lo expuesto en el considerando segundo de esta ejecutoria, en el cual se calificó como oportuna la presentación de las demandas con fundamento en los acuerdos generales emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, ante la situación de pandemia, suspendió labores y los plazos procesales que rigen para la promoción de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
De igual forma argumenta que de la lectura a los conceptos de invalidez del Partido Socialdemócrata de Morelos no se desprende que atribuya acto alguno al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que se debe sobreseer en la acción de inconstitucionalidad.
Ese motivo de sobreseimiento es infundado ya que conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal, de lo que deriva que lo que se somete a conocimiento de este Tribunal Constitucional es precisamente la constitucionalidad de la norma impugnada, y no actos en forma destacada, como lo sería la promulgación, publicación y refrendo de dicho decreto; en todo caso, tales actos se analizarían como parte del procedimiento legislativo, siempre y cuando se combata en los conceptos de invalidez su inconstitucionalidad con motivo de la publicación de la norma general.
Aunado a lo anterior los artículos 61 y 64 de la ley reglamentaria,(5) prevén que la demanda de acción de inconstitucionalidad deberá contener, entre otros aspectos, los órganos Legislativo y Ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas; así como que el Ministro instructor dará vista a esos órganos para que rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción, como ocurrió en el caso que el Poder Ejecutivo de Morelos fue quien promulgó la norma general impugnada.
Consecuentemente, la circunstancia de que el partido político no formule conceptos de invalidez por vicios propios respecto de la promulgación de la norma general impugnada, no podría traer consigo la improcedencia o sobreseimiento en la acción, pues ésta constituye un control abstracto de la constitucionalidad de una norma general. Además, sí se plantearon conceptos de invalidez en contra del decreto, por lo que hace a su procedimiento legislativo; decreto en cuya emisión, promulgación y publicación participa el Ejecutivo; lo que lleva a declarar infundada su petición de sobreseimiento.
b) El Poder Legislativo del Estado de Morelos argumentó que es improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Socialdemócrata de Morelos, en virtud de que carece de legitimación, es decir, porque no acreditó esa calidad con la constancia actualizada expedida por las autoridades electorales de la entidad.
Este motivo de improcedencia es infundado en atención a lo razonado en el considerando tercero de esta ejecutoria, en donde claramente se detalló la forma en la que se tiene por acreditada la legitimación de ese partido político, es decir, se hizo referencia a la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de veintisiete de julio de dos mil veinte, que contiene la constancia de registro como partido político estatal; así como la diversa constancia de la misma fecha en la que consta la integración de la Comisión Ejecutiva Estatal, la que incluye a su presidente Israel Rafael Yudico Herrera, quien según los estatutos tiene la representación legal del instituto político.
También argumenta que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes porque el Decreto Seiscientos Noventa es un acto que surgió en cumplimiento de lo que ordena la Constitución de la entidad, y al mandato de autoridades federales que exigieron armonizar la legislación local con los decretos electorales sobre paridad de género; además de que no se transgredió el procedimiento legislativo ya que éste encuentra fundamento en la Constitución Estatal y en el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos que fueron fielmente observados.
Estos argumentos se desestiman porque no constituyen causal de improcedencia, sino en todo caso son una exposición que trata de justificar la constitucionalidad del decreto reclamado, de ahí que corresponda más bien a argumentos de fondo, que no de causales.
En cambio, de oficio, ha lugar a sobreseer en la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática respecto del artículo 13 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, pues reclama esa disposición y ésta no fue objeto de reforma en el Decreto Seiscientos Noventa.
En efecto, en la demanda de ese instituto político se señala como precepto impugnado el artículo 13 de ese código y expresa los vicios de inconstitucionalidad que le atribuye.
Esa disposición es del tenor siguiente:
"Capítulo II
"De la elección del Poder Legislativo
(Reformado, P.O. 26 de mayo de 2017)
"Artículo 13. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por veinte diputados, doce diputados electos en igual número de distritos electorales, según el principio de mayoría relativa, y ocho diputados electos según el principio de representación proporcional.
"En la integración del congreso, ningún partido político podrá contar con más de doce diputados por ambos principios.
"La elección consecutiva de los diputados propietarios a la Legislatura podrá ser hasta por cuatro periodos consecutivos.
"La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los hubiere postulado salvo que hayan renunciado o perdido su militancia hasta antes de la mitad del término para el que fue electo.
"Los diputados que pretendan reelegirse deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, cumplir con los requisitos que establece el artículo 25 de la Constitución Local."
Ahora bien, en el artículo segundo del Decreto Seiscientos Noventa se enumera el conjunto de disposiciones del código que fueron objeto de modificación y de su lectura no se aprecia la cita de ese artículo 13, según se lee de ese apartado que es del tenor siguiente:
"Artículo segundo: Se reforman los artículos 1, primer y segundo párrafo; se adicionan las fracciones II y XV, recorriéndose las subsecuentes y se reforman las fracciones I y VIII que pasa a ser IX, todas, del artículo 4; 5; párrafos primero y segundo, fracciones VI y VII y se adicionan las fracciones VIII y IX; 6; primer párrafo; 7; 8; 9, primero y tercer párrafos; 10, primer párrafo; 11; 12; 16; 17; 18; 19, primer párrafo; 20, primer y tercer párrafos; 21, primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo; se adiciona un segundo párrafo al artículo 27, recorriéndose el subsecuente; 29; 37, fracción III; 39, fracción I y párrafo tercero; 40, primer párrafo; 41; 45; 48, primer párrafo; 49; 50, primer y segundo párrafo; 60, primer párrafo e incisos a), b), c), d), e), g) y h) del segundo párrafo; 63, primer y último párrafo y se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes; se adicionan las fracciones III, XIX y XX, recorriéndose el orden de las subsecuentes, al artículo 66; se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 69; 70, fracción IX; 71, fracciones I, II y III, segundo y tercer párrafos; 72; 73; 74; 75, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto; 76, primer párrafo; 77, fracciones I, II y III; 78, fracciones IV, VI, XXVI, XXIX, XXX, XXXII y XXXV y se adicionan las fracciones LV, LVI, LVII y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29844-17f359dc/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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