I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO NÚMERO 29185/LXIII/23, POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 137, 214, 229, 232, 692 Y 693 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NÚMERO 29185/LXIII/23, POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 137, 214, 229, 232, 692 Y 693 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. EL HECHO DE QUE LA CITACIÓN PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTIVO NO HAYA SIDO ENTREGADA A LAS DIPUTACIONES INTEGRANTES CON ANTELACIÓN MAYOR A LA MÍNIMA DE UNA HORA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 29185/LXIII/23, POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 137, 214, 229, 232, 692 Y 693 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. LA REALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ELECTORALES, Y LA ASAMBLEA PLENARIA, VULNERA LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE, CONSISTENTE EN QUE LAS COMISIONES NO PUEDEN SESIONAR AL MISMO TIEMPO QUE LA ASAMBLEA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 29185/LXIII/23, POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 137, 214, 229, 232, 692 Y 693 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. EL HECHO DE QUE LA DISPENSA DE TRÁMITE DEL DECRETO IMPUGNADO NO HAYA SIDO ACOMPAÑADA DE NINGUNA MOTIVACIÓN NI FUERA SOMETIDA A DISCUSIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 29185/LXIII/23, POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 137, 214, 229, 232, 692 Y 693 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. POSTERGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL PRECEPTO RELATIVO A LA FECHA DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL, HASTA EL MOMENTO EN QUE CONCLUYA EL SIGUIENTE, PARA EVITAR MAYOR INCERTIDUMBRE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 29185/LXIII/23, POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 137, 214, 229, 232, 692 Y 693 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS HASTA QUE CONCLUYA EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 134/2023. PARTIDO POLÍTICO LOCAL HAGAMOS JALISCO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA
ÍNDICE TEMÁTICO
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1. Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
2. Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 134/2023, promovida por Partido Político Local Hagamos Jalisco, contra el Decreto 29185/LXIII/23 que reforma los artículos 137, 214, 229, 232, 692 y 693 del Código Electoral del Estado de Jalisco, publicado el veinte de mayo de dos mil veintitrés (en adelante el Decreto impugnado).
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
3. Presentación del escrito inicial. Por escrito enviado a través del sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, Ernesto Rafael Gutiérrez Guízar, ostentándose como presidente de la Coordinación Ejecutiva Estatal del partido político local Hagamos, del Estado de Jalisco, presentó demanda de acción de inconstitucionalidad.
4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial expuso los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO
• La iniciativa de la reforma reclamada se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, quien realizó el dictamen respectivo el once de mayo de dos mil veintitrés, misma fecha en que se entregó a las diputaciones que integran la Asamblea para su estudio y votación, siendo aprobado por mayoría de treinta y cuatro votos.
• Se suscitaron tres violaciones en específico:
a) La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales citó a sus integrantes a reunión extraordinaria para la discusión y votación del dictamen de decreto de reforma con menos de una hora de anticipación, sin circularles el dictamen correspondiente, en contravención al artículo 30, numeral 2, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (en adelante el Reglamento), violaciones en la dictaminación del asunto que trasciende a la validez de la norma al derivar de la inobservancia de la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (en adelante LOPLJ) y su Reglamento en perjuicio del artículo 16 constitucional, lo anterior, tomando en consideración la jurisprudencia P./J. 4/99, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA."
b) La Comisión fue convocada a sesión a las once treinta horas del once de mayo de dos mil veintitrés, misma hora y fecha que la convocatoria a sesión ordinaria número ciento veinte de Pleno, por lo que mientras la Comisión se encontraba en desarrollo, también lo estaba el Pleno.
c) La dispensa de todos los trámites legislativos ordinarios (como que mediara, al menos, una sesión ordinaria de la Asamblea entre la primera y segunda lecturas) resulta ilegal ya que, por una parte, se aprobó en lo económico por mayoría, cuando debió ser por unanimidad y, por otra parte, no se podría considerar que la reforma tuviera un tratamiento de urgencia, ya que, conforme con lo sustentado en la acción de inconstitucionalidad 107/2008 y acumuladas 108/2008 y 109/2008, así como la jurisprudencia P./J. 37/2009, de rubro: "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.", no basta con la aprobación de la moción de dispensa por la votación requerida, sino que es necesario que se expongan las razones objetivas que lleven a calificar un asunto como urgente, lo que no ocurrió en el caso.
• Esas formalidades tienen por objeto que quienes van a dictaminar la reforma tengan tiempo de deliberarla, que tengan oportunidad de asistir a las sesiones de las Comisiones, que no exista imposibilidad de asistir tanto a las Comisiones como a la Asamblea y que se tenga la oportunidad de reflexionar sobre la reforma que están por aprobar. Sin que pueda tomarse como excusa que el dictamen no pasara por el proceso legislativo ordinario, ya que era necesaria la justificación para su tratamiento como asunto urgente, cuestión que no aconteció, razón por la cual se trastocó el artículo 16 constitucional al impedirle a la Legislatura conocer previamente el sentido del dictamen, por lo que no puede afirmarse que el decreto tiene sustento en su voluntad al no contar con los elementos necesarios para discutir y aprobar la reforma a los plazos electorales que garantice el cumplimiento del mandato constitucional establecido en los numerales 41 y 116 constitucionales.
• Las violaciones al proceso legislativo son susceptibles de control constitucional, como se sustentó en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, en la que se invalidó la reforma a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
SEGUNDO
• La reforma es una modificación legal fundamental, ya que atrasa los tiempos para la publicación de la convocatoria a elecciones ordinarias para renovar al titular del Poder Ejecutivo, el Congreso Local y los Ayuntamientos, el inicio de las precampañas, la fecha para que el OPLE de Jalisco determine los montos de los topes de gastos de precampaña y la manifestación de las candidaturas independientes de intención a postularse a un cargo público, por lo que se requiere tener certeza sobre la fecha en que dará inicio el proceso electoral y las etapas subsecuentes, para no afectarlo gravemente.
• De la exposición de motivos de la reforma reclamada, se advierte que la celeridad en el proceso legislativo y la violación en sus tiempos se justifica en lo establecido en el artículo 105 de la Constitución General, que obliga a las legislaturas a modificar las leyes electorales por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral, de tal manera que, conforme a la anterior redacción del artículo 214 el proceso electoral comenzaría la primera quincena de septiembre, por lo que, tomando en consideración como fecha de cómputo el uno de septiembre de dos mil veintitrés, la prohibición para legislar vencería, el seis de junio del mismo año.
• De la acción de inconstitucionalidad 29/2023, así como de la jurisprudencia P./J. 34/2007, de rubro: "LEYES ELECTORALES. EL PLAZO EN QUE DEBEN PROMULGARSE Y PUBLICARSE, Y DURANTE EL CUAL NO PODRÁ HABER MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LAS MISMAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO JUSTIFICA LA URGENCIA EN SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE ELUDA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBA CUMPLIRSE.", se desprende que el hecho de que las reformas en materia electoral deben promulgarse y publicarse noventa días antes del inicio del proceso en que se pretendan aplicar no puede invocarse como justificación para dejar de observar el proceso legislativo, menos aún si se vulnera el principio de certeza respecto a los derechos político-electorales de la ciudadanía de votar y ser votada.
5. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo registró con el número de expediente 134/2023 y ordenó turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que fungiera como instructora del asunto.
6. Por acuerdo de treinta de junio siguiente, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco, para que rindieran el informe correspondiente, así como a la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a fin de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera y solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la emisión de la opinión respectiva.
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Por escrito enviado a través del sistema electrónico de esta Suprema Corte el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, José Tomás Figueroa Padilla, ostentándose como Secretario General de [sic] Poder Legislativo, rindió el informe correspondiente, en el que expresó:
IMPROCEDENCIA
• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, ya que la parte actora no acredita la afectación al interés jurídico o legítimo en lo particular, ya que el decreto reclamado es constitucional, legal y no vulnera derechos humanos, al versar únicamente sobre los tiempos del inicio del proceso electoral, lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 133/2017 (10a.): "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO."
• Resultan infundados los conceptos de invalidez, ya que no existe contravención alguna a la Constitución General, al ajustarse el Decreto reclamado a la normativa relacionada con el ámbito competencial del Congreso local; además de que la legalidad de los actos emitidos por este último se encuentran implícitos en su aprobación, al ser producto de un proceso legislativo sustentado en las constituciones general y local, además de que los requisitos de fundamentación y motivación se encuentran satisfechos en la exposición de motivos que fue materia de posterior dictamen; asimismo, el acto reclamado fue emitido sobre una base normativa que favorece la igualdad entre partidos políticos.
CONTESTACIÓN AL CONCEPTO DE INVALIDEZ PRIMERO
• El Decreto impugnado fue aprobado en términos de la LOPLJ. La iniciativa fue presentada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el diez de mayo siguiente se citó a sesión extraordinaria al término de la ordinaria 120, en términos del artículo 40 de la LOPLJ. También se citó a todos los miembros de la Comisión en términos del diverso 30, numeral segundo, del Reglamento. Por otro lado, la dispensa fue aprobada para que el Decreto impugnado fuera discutido y votado en la misma sesión, de conformidad con los artículos 152 y 153 de la LOPLJ. Moción aceptada por treinta y cinco de los treinta y ocho diputados que integran la legislatura, siendo que solo debe ser aprobada por mayoría absoluta.
• La accionante confunde dispensa de trámite (de lectura) con dispensa de ley. La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 35, fracción XXVI, faculta al Congreso local para conceder dispensas de ley por causa justificada, en cambio, la dispensa de trámite se refiere a la omisión justificada dentro del proceso legislativo.
• Para verificar que el proceso legislativo se apegue a los principios democráticos, es suficiente que se corrobore que se realizó por los órganos constitucionalmente facultados y cumpliéndose con los requisitos relativos a cada fase de éste. Así, es falso lo alegado al respecto en la demanda. Lo que se verifica con la inasistencia por parte del diputado de Hagamos a la reunión de la Comisión, en tanto no hizo efectivo su derecho al principio de deliberación democrática que su encargo le confiere. Cosa que sí hizo cuando votó en la sesión en que se aprobó el Decreto impugnado.
• Cita en su favor la acción de inconstitucionalidad 19/2010, 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017.
• No se vulneran los principios de democracia representativa ni de deliberación, en tanto en la Comisión como en el Pleno del Congreso se dio la oportunidad para intervenir en el debate, teniendo el órgano legislativo el tiempo para conocer dicha iniciativa y realizar un debate sobre ella (cita la tesis P./J. 94/2001).
CONTESTACIÓN AL CONCEPTO DE INVALIDEZ SEGUNDO
• Es infundado el concepto de invalidez, en tanto el Decreto impugnado se ajusta a los parámetros de legalidad, puesto que el procedimiento se ajustó a lo establecido en la LOPLJ.
• La reforma busca dar certeza en el proceso electoral mediante la fijación del inicio de dicho proceso. Esto, con motivo de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE) cuyo régimen transitorio obliga a los Estados a adecuar la normativa local. Sin embargo, en contra de dichas reformas se emitió una suspensión por parte de esta Suprema Corte, generando incertidumbre sobre la fecha de inicio de los procesos electorales.
• El Decreto impugnado tiene como finalidad salvaguardar el principio de certeza en el próximo proceso electoral definiendo la fecha de inicio de dicho proceso electoral, facultad que le compete al Congreso local, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Federal.
• El Decreto impugnado fue promulgado antes de los noventa días al periodo electoral próximo (cita la tesis P./J. 46/2001).
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por escrito enviado a través del sistema electrónico de esta Suprema Corte el ocho de agosto de dos mil veintitrés, Isidro Rodríguez Cárdenas, ostentándose como Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Titular de dicho Poder local, rindió el informe correspondiente, en el que expresó:
• Sólo es cierto que el Poder Ejecutivo local sancionó, promulgó y ordenó la publicación del Decreto reclamado.
• Los actos que competen al Poder Ejecutivo en la emisión de leyes, tales como la sanción, promulgación y orden de publicación, fueron cumplidos a cabalidad de conformidad con la Constitución local y la LOPLJ.
9. Opinión de la Sala Superior. Por escrito recibido en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió su opinión, en la que señaló:
ÚNICA. Los conceptos de invalidez planteados por el partido promovente no son materia de opinión.
10. Pedimento. En el presente caso no se realizó pedimento alguno.
11. Alegatos. Por sendos escritos presentados, mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el Poder Legislativo local y el partido accionante, formularon los respectivos alegatos.
12. Cierre de la instrucción. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora cerró la etapa correspondiente a efecto de elaborar el presente proyecto.
I. COMPETENCIA
13. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(2) Lo anterior, en virtud de que acude un partido político del Estado de Jalisco para controvertir las reformas al Código Electoral de esa entidad federativa, por considerarlas contrarias a la Constitución General de la República.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
15. De una lectura integral de la demanda se desprende que el partido político local Hagamos impugna el proceso legislativo que dio origen al Decreto número 29185/LXIII/23 que reforma los artículos 137, 214, 229, 232, 692 y 693 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
III. OPORTUNIDAD
17. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria),(3) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
18. En este caso la acción es oportuna.
19. Si el Decreto impugnado fue publicado el veinte de mayo de dos mil veintitrés, el plazo a que se hace referencia transcurrió del domingo veintiuno de mayo al lunes diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Por lo que, si la demanda fue presentada ese diecinueve de junio de ese mismo año, es de concluirse que fue presentada de forma oportuna.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
IV. LEGITIMACIÓN
21. La acción fue promovida por parte legitimada.
22. Conforme al inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, están legitimados para impugnar leyes electorales locales. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Reglamentaria señala que la parte promovente debe comparecer a juicio por conducto de las personas que estén legalmente facultadas para ello.
23. En el presente caso, se cumplen con estos requisitos, en tanto el escrito inicial de demanda fue firmado electrónicamente por Ernesto Rafael Gutiérrez Guízar, Presidente de la Coordinación Ejecutiva Estatal del partido político local Hagamos, calidad que le fue reconocida mediante auto admisorio de treinta de junio de dos mil veintitrés.(4)
24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
V.1. Falta de interés legítimo.
25. El Congreso local argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, ya que la parte actora no acredita la afectación al interés jurídico o legítimo en lo particular, toda vez que el decreto reclamado es constitucional, legal y no vulnera derechos humanos, al versar únicamente sobre los tiempos del inicio del proceso electoral, lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 133/2017 (10a.), de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO."
26. Deben desestimarse los argumentos que preceden, en virtud de que es criterio de este Tribunal Pleno que la acción de inconstitucionalidad constituye un medio de control abstracto promovido en interés de la regularidad constitucional, y no para salvaguardar derechos propios de quien la ejerce o de una persona determinada, por lo que las partes legitimadas para promoverla no deducen derecho propio o defensa de las posibles afectaciones que eventualmente les pudiera causar una norma general.(5)
27. En ese sentido, no resulta aplicable en el caso la jurisprudencia invocada por la parte actora 2a./J. 133/2017 (10a.), de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO." 28. Lo anterior, ya que el juicio de amparo y la acción de inconstitucionalidad son medios diferentes de control de constitucionalidad de los actos de autoridad, en tanto que en el primero rige el principio de agravio personal, de tal manera que se requiere necesariamente una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; en cambio, en la acción de inconstitucionalidad el análisis a realizar es contrastando las normas impugnadas con la Constitución Federal, sin considerar las posibles afectaciones a personas en concreto, ya que este tipo especial de control constitucional no constituye una vía para deducir derechos particulares, puesto que su promoción se sustenta en el interés de preservar la supremacía constitucional y, por tanto, no es necesario que el promovente resienta agravio alguno para que sean iniciadas.(6)
29. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
V.2. Ausencia de violaciones a la Constitución General de la República.
30. Por otra parte, el mismo Congreso argumenta que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, ya que no existe contravención alguna a la Constitución Federal, al ajustarse el Decreto reclamado a la normativa relacionada con el ámbito competencial del legislativo local; además de que la legalidad de los actos emitidos por este último se encuentran implícitos en su aprobación, al ser producto de un proceso legislativo sustentado en las constituciones general y local, además de que los requisitos de fundamentación y motivación se encuentran satisfechos en la exposición de motivos que fue materia de posterior dictamen; asimismo, el acto reclamado fue emitido sobre una base normativa que favorece la igualdad entre partidos políticos.
31. Deben desestimarse los argumentos precisados, ya que es criterio de este Tribunal Pleno, que las causales de improcedencia deben ser claras e inobjetables, por lo que si se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez.(7)
32. En el caso, la argumentación propuesta por el Congreso del Estado de Jalisco se centra en evidenciar la constitucionalidad del proceso legislativo que dio origen al Decreto reclamado, al presuntamente apegarse al marco constitucional y legal, además de supuestamente favorecer la igualdad entre partidos, tópicos cuyo análisis es propio del fondo del asunto y no así de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, razón por la cual debe desestimarse.
33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI. Violaciones al procedimiento legislativo.
34. En sus conceptos de invalidez, la accionante señala una serie de vicios ocurridos en el proceso legislativo los cuales serán abordados a continuación de manera cronológica.
Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las violaciones al procedimiento legislativo.
35. Esta Suprema Corte cuenta con una doctrina consolidada respecto a cuándo se actualiza una violación al procedimiento que haga necesaria la invalidación total de un decreto que reforma, deroga y adiciona diversas leyes. En síntesis, se ha entendido que el régimen democrático imperante en nuestro texto constitucional exige que en el propio seno del órgano legislativo que discute y aprueba las normas, se verifiquen ciertos presupuestos formales y materiales que satisfagan los principios de legalidad y de democracia deliberativa.
36. De dichos precedentes conviene destacar las acciones de inconstitucionalidad 9/2005, la diversa 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006; y 42/2015 y sus acumuladas 43/2015 y 44/2015. La primera se resolvió el trece de junio de dos mil cinco.(8) En ese caso, la parte demandante adujo violaciones al procedimiento legislativo que dio origen al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. El Tribunal Pleno llegó a la conclusión de que no existieron violaciones con potencial invalidante; sin embargo, sentó un importante precedente en cuanto a las reglas y principios que deben acatarse en un procedimiento legislativo en atención a las garantías de debido proceso y legalidad que, en esencia, han sido las que han mantenido su vigencia hasta la fecha. En la sentencia se dijo lo siguiente:
"De conformidad con lo expuesto, este Tribunal Pleno estima que para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en la violación de las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en el artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal(9) y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario las mismas no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares:
"1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentarias, en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario, que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates.
"2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.
"3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.
"El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales puntuales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, puesto que su función es precisamente ayudar a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo.
"Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. La entrada en receso de las cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, por ejemplo –algo que, como veremos, caracteriza el caso que debemos abordar en el presente asunto– son circunstancias que se presentan habitualmente y ante las cuales la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades del caso concreto, sin que ello pueda desembocar, en cualquier caso, en la final desatención de ellos."(10)
37. Del precedente citado se advierte que para este Tribunal Pleno lo mínimo indispensable que debe cumplirse en un trabajo legislativo es: a) el respeto a las reglas de votación; b) la publicidad en el desarrollo del proceso legislativo y en las votaciones; y, c) la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el respectivo órgano legislativo en el proceso de creación normativa en condiciones de libertad e igualdad en un contexto de deliberación pública.
38. En dicho fallo se dijo que existen dos principios legislativos fundamentales que deben ser considerados para conocer del potencial invalidante del acto legislativo: la economía procesal y la equidad en la deliberación parlamentaria.(11) El primero de estos dos principios busca quitarle rigidez al procedimiento legislativo, es decir, pretende no reponer procedimientos que no cambiarían de manera sustancial la voluntad parlamentaria expresada en la votación. Por otra parte, el segundo principio considera que no todas las violaciones procedimentales son irrelevantes. Ambos principios deben entenderse no como excluyentes, sino que deben ser interpretados de manera conjunta para poder determinar con mayor certeza si existieron violaciones sustanciales al procedimiento legislativo.
39. A partir del marco jurisprudencial anteriormente citado, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se han establecido parámetros de regularidad constitucional atendiendo a las características y especificidades de cada caso concreto para determinar la invalidez o la validez del proceso legislativo, como son: las acciones de inconstitucionalidad: 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, resueltas el cuatro de enero de dos mil siete;(12) 42/2015 y sus acumuladas 43/2015 y 44/2015, resueltas en sesión de tres de septiembre de dos mil quince;(13) la controversia constitucional 41/2014, fallada en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil quince;(14) las acciones de inconstitucionalidad 36/2013 y su acumulada 37/2013, resuelt
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32477-d90f6b43/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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