I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES POSIBLE ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES CONTENIDAS EN UN REGLAMENTO LEGISLATIVO SI HAN SIDO EXPEDIDAS POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL Y CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE GENERALIDAD, ABSTRACCIÓN E IMPERSONALIDAD. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTADOS EQUIVALENTES A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE UNA NORMA GENERAL EMITIDA POR LA LEGISLATURA LOCAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, BASTA QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN, SIN QUE SEA NECESARIO ACREDITAR ALGÚN TIPO DE INTERÉS EN ELLA. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA MANIFESTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EN EL SENTIDO DE QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO QUE SE LE RECLAMA DERIVAN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES, NO ACTUALIZA ALGUNA DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. FASES QUE LO COMPONEN. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. LA MODIFICACIÓN DE UN ARTÍCULO DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD LLEVADA A CABO SIN CUMPLIR CON LA MAYORÍA CALIFICADA DE VOTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A AQUÉL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135, ADICIONANDO UN PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. LA EXIGENCIA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE QUE LAS CONSTITUCIONES LOCALES NO PUEDEN CONTRAVENIR SUS DISPOSICIONES NO LLEGA AL EXTREMO DE IMPONER A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EL DEBER DE AJUSTAR SUS RESPECTIVAS CONSTITUCIONES A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135, ADICIONANDO UN PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. TIPOLOGÍA DE USO DEL CONCEPTO DE MAYORÍA EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135, ADICIONANDO UN PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. LA INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE VOTACIÓN DE DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA PARA APROBAR UNA LEY O DECRETO, CON FUNDAMENTO EN UN ARGUMENTO DE OPERATIVIDAD LEGISLATIVA, INCUMPLE CON LA PRETENSIÓN DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135, ADICIONANDO UN PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. LA REGLA DE MAYORÍA CALIFICADA NO PREVIENE QUE SE TOMEN DECISIONES CON UNA VOTACIÓN MAYOR A LA REQUERIDA, SINO MENOR (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135, ADICIONANDO UN PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. APROXIMACIÓN POR EXCESO Y UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO INMEDIATO SUPERIOR COMO LA CANTIDAD DE VOTOS EXIGIDA POR LA REGLA DE MAYORÍA ANTE EL RESULTADO DE NÚMEROS FRACCIONADOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135, ADICIONANDO UN PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 121/2020 Y SU ACUMULADA 125/2020. DIPUTADAS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de abril de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020, promovidas por diversas diputadas del Congreso del Estado de Morelos y por la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa en contra de una modificación al Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de las demandas. El trece de marzo de dos mil veinte, siete diputadas integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respectivamente, interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma realizada al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, publicada el doce de febrero de dos mil veinte mediante el Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis.
2. Conceptos de invalidez. En dichos escritos se expusieron los siguientes razonamientos.
Diputadas del Congreso
a) PRIMERO.—El Congreso del Estado transgrede los principios de legalidad, fundamentación y motivación, pues el dictamen de reforma se sometió a votación de la Asamblea para ser considerado de urgente y obvia resolución, sin cumplir lo previsto en el artículo 134, segundo párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Dicha norma exige que la calificativa de urgencia sea aprobada por dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, lo cual no ocurrió en el caso concreto, ya que la urgencia se aprobó con sólo trece de los veinte diputados presentes en ese momento en la sesión. Además, esta votación fue realizada de manera económica, cuando el artículo 44 de la Constitución Local exige que sea de manera nominal.
b) La reforma resulta incongruente y paradójica, pues su objeto fue definir que la mayoría calificada debe entenderse como trece votos a favor y no catorce. Situación hilarante, pues de manera consentida se acepta de primer momento que la mayoría calificada son catorce votos, pues de otro modo no habría necesidad de reformar el reglamento; consecuentemente, la norma viene viciada de origen.
c) Por su parte, la iniciativa no se dio a conocer previamente, sino en el transcurso de la propia sesión tras la modificación del orden del día. Adicionalmente, una vez redactado el dictamen de reforma, éste no fue remitido a los integrantes de la Legislatura con la debida oportunidad y, por el contrario, fue presentado mediante la modificación del orden del día en la sesión de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; por lo que fue aprobado sin que todos los legisladores tuvieran pleno conocimiento del mismo, en transgresión de los principios de seguridad jurídica, debido proceso y deliberación parlamentaria.
d) A su vez, se incumplió lo previsto en los artículos 107 y 108 del reglamento, dado que el dictamen no fue entregado a la Mesa Directiva y no contiene las firmas autógrafas de los miembros de la Comisión. También se incumplió con lo previsto en el artículo 115, párrafo segundo, del reglamento, pues no se decretó un receso tras haber calificado la aprobación del dictamen como un asunto de urgente y obvia resolución ni tampoco se justificó dicha calificativa. Además, se transgredió el artículo 82 del reglamento, pues las sesiones se sujetan a la orden del día y ésta debe darse a conocer a los legisladores al menos veinticuatro horas previas a la sesión; lo cual no ocurrió en el caso, pues el dictamen de reforma se incluyó sin haberse listado previamente y fue en la propia sesión en la que se aprobó la modificación del orden del día.
e) De igual manera, en contravención a los entonces vigentes artículos 134 y 135 del reglamento, el decreto de reforma fue aprobado con una mayoría calificada de votos inconstitucional, pues se emitió con sólo trece votos a favor de los veinte integrantes, cuando la Constitución Local, la Ley Orgánica y el propio reglamento señalan que debe ser por dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.
f) Las diputadas relatan que, con fundamento en los artículos 82 y 130 a 137 del reglamento, al principio de la actual Legislatura del Congreso del Estado se determinó que por mayoría calificada de integrantes debía entenderse catorce de los veinte diputados; lo cual se configuró como una costumbre parlamentaria. Sin embargo, dada la falta de consensos y en violación al principio de legalidad, un grupo de trece integrantes decidió que la reforma impugnada debía considerarse como de urgente y obvia resolución y modificó el artículo 135 del reglamento, sin el número de votos necesario para ello, precisamente para definir que la votación por mayoría calificada podía redundar en una votación de trece votos a favor.
g) Este accionar en el procedimiento legislativo y el contenido que resultó del artículo reformado no es acorde al sistema de mayoría calificada imperante en Morelos, en el que se busca que los cambios trascendentales sean tomados más allá de una simple mayoría de acuerdo con los intereses particulares. Finalidad que, incluso, se encuentra en otras reglas del ordenamiento jurídico mexicano; por ejemplo, la regla de mayoría calificada de votos de la Suprema Corte en acciones y controversias. Dado que dos terceras partes de once son siete punto tres, es que se decidió que deben reunirse ocho votos de los Ministros para declarar la invalidez de una norma general. Lo mismo sucede en las votaciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otros órganos del Estado Mexicano.
h) Además, la propia Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2000, señaló que, en el Estado de Morelos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Local, prevalece un sistema de gobernabilidad multilateral "que privilegia el consenso entre las diversas fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias en una forma que pretende consolidar el sistema democrático."
i) Así, la reforma al artículo 135 del reglamento viola las reglas de votación y máxima publicidad que distinguen la función deliberativa; reforma que ha servido para aprobar otros actos y leyes sin la votación necesaria para ello, como la designación el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve de una Magistrada integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Consecuentemente, se estima que el fondo a dirimirse en el presente asunto es la interpretación del número de votos necesarios e indispensables para considerar la mayoría calificada, toda vez que el número actual de integrantes no es divisible exactamente entre tres y, de manera equivocada, en el Congreso del Estado se está interpretando el valor de una fracción.
j) SEGUNDO.—Se violan los principios de legalidad, fundamentación y motivación, así como los principios democráticos que establece el artículo 116 de la Constitución Federal, cuando el presidente de la Mesa Directiva del Congreso hace la declaratoria para declarar válida y legal la reforma al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, en clara contravención al artículo 44 de la Constitución Local. Hasta antes de su reforma, la mayoría calificada era de catorce votos a favor para emitir/reformar una ley o decreto.
k) La libertad de configuración del legislador secundario no debe entenderse absoluta. También se tienen límites; uno de ellos es el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas y la correcta aplicación de las reglas de votación; lo cual no se acató en el caso concreto.
l) TERCERO.—Es inconstitucional el decreto de reforma al artículo 135 del reglamento al contravenir el sistema de gobernabilidad multilateral del Congreso que, por regla general, obliga a buscar consensos. Sistema que se encuentra imbíbito en los artículos 41, 52, 54 y 116 de la Constitución Federal.
m) Por ende, debe declararse inválida la reforma a ese artículo 135, pues no hacerlo equivale a consentir el principio de sobrerrepresentación de las mayorías reflejada en un grupo de trece diputados del Congreso del Estado; separándose en forma sustancial de la ratio constitucional establecida en el referido artículo 52, que es precisamente evitar las cláusulas de gobernabilidad unilateral que se pretenden consolidar con el decreto impugnado.
n) CUARTO.—El decreto vulnera la garantía de motivación reforzada que la Suprema Corte está llamada a revisar en las normas provenientes de los Poderes Legislativos. Es decir, el decreto reclamado, lejos de ser acorde a los principios antes enunciados, es una estrategia legaloide para allanar el camino a los intereses particulares del gobernador. Siendo evidente que no cuenta con ninguna motivación reforzada para su emisión.
o) Además, dado que la votación calificada de dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura se utiliza para otras decisiones, como la designación de varios cargos públicos; incluyendo Magistrados, se estima que la reforma reclamada genera una violación al principio de división de poderes al permitir una disminución de la votación exigida en la Constitución Local y las leyes estatales.
Comisión Estatal de Derechos Humanos:(1)
a) PRIMERO.—El proceso legislativo que culminó con el decreto reclamado viola el derecho humano a la seguridad jurídica, por no haber sido votado por las dos terceras partes (mayoría calificada) de los integrantes del Congreso del Estado; que, como requisito formal para su validez, exige el artículo 44 de la Constitución Local. Es decir, las dos terceras partes únicamente se pueden alcanzar y predicar por catorce votos a favor de los veinte integrantes de la Legislatura; por ello, dado que el decreto se aprobó sin respetar dicha regla de votación carece, ab initio, de efectos jurídicos vinculantes de conformidad con el derecho fundamental a la seguridad jurídica tutelado en el artículo 16 de la Constitución Federal.
b) No pasa inadvertido que, precisamente, la materia del decreto reclamado fue modificar el artículo 135 del reglamento, en el sentido de establecer en esa norma inferior, cuya validez está condicionada por una norma superior (Constitución Local), lo que se debe entender por la mayoría calificada en términos del artículo 44 de la Constitución Local. Sin embargo, dicha actuación constituye más bien un "fraude a la Constitución", cuyo estudio además de guardar una relación con el procedimiento legislativo, es susceptible de combatirse por esta misma vía como violación material o sustancial. Es un fraude, pues frustra, viola o elude el espíritu que la anima y lleva a un resultado contrario al deseado.
c) La mayoría de dos terceras partes requiere catorce votos a favor, pues con esto se permite que las minorías parlamentarias participen en las discusiones y aprobaciones que requieran de una mayoría calificada; buscando proteger, como principio democrático, la deliberación parlamentaria y el principio de representación proporcional. Justamente la deliberación parlamentaria (como atributo democrático) busca que en un proceso legislativo se respete el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. Por ello, la interpretación que debe darse respecto al requisito de dos terceras partes del Congreso debe ser siempre a la alza cuando el número resulte fraccionado (catorce votos), logrando en mayor medida la participación de las minorías: pues si doce integrantes del Congreso son electos por el principio de mayoría representativa, con los catorce votos se optimiza la participación de las minorías en cumplimiento al principio de legitimidad democrática.
d) La Constitución Local de manera expresa señala la votación que se requiere. Si el Constituyente Local hubiera querido establecer fracciones para los efectos de la expedición de una ley, así lo hubiera hecho. No lo hizo en cuanto al requisito de dos terceras partes y, consecuentemente, al sacar el resultado de dos terceras partes debe aludirse solamente a "enteros".
e) Así, trece votos de un órgano de veinte no son dos terceras partes. Por lo que resulta incuestionable que tanto el proceso legislativo como la materia del decreto reclamado incumplen con los requisitos exigidos en la norma que condiciona su validez, violando los derechos constitucionales de seguridad jurídica y legalidad, así como el principio de jerarquía normativa. Incluso, lo realizado por el Congreso escapa el alcance de su facultad reglamentaria, precisamente porque la materia de ésta consiste únicamente en normar la organización y funcionamiento del Congreso atendiendo a la Constitución y Ley Orgánica.
f) SEGUNDO.—El decreto reclamado viola el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, por haberse sometido al control político del Poder Ejecutivo. El Reglamento para el Congreso es un acto formal y materialmente legislativo; sin embargo, de acuerdo con los artículos 38 de la Constitución Local y 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, en el caso de esta ley orgánica y su reglamento, no hay veto y el Poder Legislativo no necesita promulgación expresa del Ejecutivo para que la norma emitida tenga vigencia. Contrario a estas disposiciones, de la lectura del propio decreto reclamado se puede observar que el Ejecutivo Local lo sancionó, promulgó y publicó en el Periódico Oficial del Estado.
g) TERCERO.—El decreto impugnado viola el artículo 16 de la Constitución Federal en tanto que su entrada en vigor se estableció de manera previa a su publicación en el Periódico Oficial.
h) Al respecto, en las acciones de inconstitucionalidad 40/2017 y sus acumuladas, y 83/2017 y sus acumuladas, se resolvió que no es posible decretar la vigencia de una norma previo a su publicación. Además, el artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado dispone que, una vez aprobada la reforma a esa ley o a su reglamento, el Congreso ordenará su publicación en el Periódico Oficial.
i) La publicación de la legislación interna del Congreso resulta necesaria, pues sólo de esta manera se hace patente el principio de publicidad de las normas jurídicas; conforme al cual éstas producen sus efectos vinculantes cuando se han dado a conocer con la debida oportunidad a la sociedad y a los poderes públicos (tal como se resolvió a su vez en el amparo directo en revisión 1807/2011). Por ende, el decreto reclamado viola los derechos a la seguridad jurídica y certeza al prever que la reforma al artículo 135 del reglamento entraba en vigor el mismo día de su expedición, sin haber sido publicado previamente.
3. Admisión y trámite. Por acuerdos de uno de junio de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte dio cuenta de las demandas presentadas por la minoría legislativa y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asignándole los números de expediente 121/2020 y 125/2020 (acumulando la segunda a la primera) y designando como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; sin embargo, dadas las circunstancias originadas por el virus SAR-CoV2 (COVID-19), al no ser uno de los asuntos de tramitación urgente previsto en el Acuerdo General 10/2020, se ordenó la suspensión del procedimiento.
4. Un mes más tarde, el propio Ministro presidente ordenó la reanudación de la instrucción del procedimiento. Consecuentemente, por acuerdo de primero de julio de dos mil veinte, el Ministro instructor dio cuenta de ambas demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado de Morelos como las entidades que emitieron y publicaron la reforma impugnada; asimismo, entre otros aspectos, solicitó el informe a estas autoridades y le dio vista del asunto al fiscal general de la República y al consejero jurídico del Gobierno Federal.
5. Informe del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por escrito recibido en esta Corte el veinticinco de agosto de dos mil veinte, rindió informe en el que expresó los razonamientos que se detallan a continuación:
a) Improcedencia de la acción. Con fundamento en los artículos 19, fracción VIII, 61, fracciones III, IV y V, y 65 de la ley reglamentaria de la materia, debe sobreseerse el asunto, pues la norma general impugnada no causa ningún perjuicio a las legisladoras demandadas ni se expresaron verdaderos conceptos de invalidez a partir de los cuales se precise el perjuicio que causa la norma controvertida y la contradicción que existe entre ésta y la Constitución Federal.
b) Por su parte, se afirma de manera genérica que, contrario a la posición de los promoventes, se cumplieron todas las formalidades esenciales del proceso legislativo.
c) Respuesta a conceptos de invalidez. Se sostiene que son infundados e inoperantes los razonamientos de inconstitucionalidad. La reforma al artículo 135 del reglamento cumple con los criterios de la Suprema Corte en cuanto a la fundamentación y motivación de los actos legislativos; satisfaciendo entonces los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. El Congreso del Estado cuenta con las facultades necesarias para reformar el reglamento y concurre una motivación legislativa, pues la organización interna del órgano legislativo es un aspecto que requiere ser regulado; sin ser necesaria una motivación reforzada. Además, en el procedimiento legislativo se plantearon razones suficientes para modificar dicha disposición reglamentaria, las cuales fueron dar certeza jurídica en cuanto a la aplicación de la votación calificada e incluir en la toma de decisiones a las representaciones minoritarias.
d) En los conceptos de invalidez sólo se argumentan contravenciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, pero no se expresa manifestación alguna tendente a demostrar la contravención del decreto impugnado al artículo 1o. de la Constitución Federal.
e) Es incorrecto el argumento donde se refiere que se incumplió lo previsto en los artículos 107 y 108 del reglamento y que el dictamen no fue entregado a la Mesa Directiva y que no contiene las firmas autógrafas de los integrantes de la comisión. Por el contrario, la iniciativa se presentó durante una sesión del Pleno y el artículo 36, fracción VII, de la Ley Orgánica para el Congreso permite al presidente de la Mesa Directiva someter a aprobación la modificación del orden del día. En el caso, se aprobó esa modificación y la iniciativa de reforma se entregó a los legisladores y se decretó un receso. Posteriormente, se dictaminó y, si bien el procedimiento de aprobación se llevó a cabo de manera ágil, eso no impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de conocer la iniciativa planteada.
f) Por otro lado, los sucesos ocurridos en torno a la discusión y aprobación del dictamen no trascienden de manera fundamental a la norma y, por ende, no son motivos suficientes para declarar la invalidez del procedimiento legislativo. Se desarrollaron todas las etapas del procedimiento legislativo, por lo que guarda aplicación lo fallado por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 48/2012 y sus acumuladas.
6. Informe del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del gobernador del Estado de Morelos, por escrito recibido electrónicamente el catorce de agosto de dos mil veinte, rindió informe en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa y expuso los siguientes razonamientos:
a) Por lo que hace a su ámbito, debe declararse improcedente la acción de inconstitucionalidad 121/2020. Por un lado, no se hacen valer conceptos de invalidez por vicios propios respecto a la participación del Ejecutivo en el decreto impugnado; siendo que en este punto es imprecisa y obscura la demanda de la minoría legislativa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Local y precisamente en cuanto a una modificación al Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, el Poder Ejecutivo no tiene competencias en el procedimiento legislativo. Esa facultad le corresponde en exclusiva al Poder Legislativo, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso, el Ejecutivo no tiene facultad de veto ni se requiere su promulgación o publicación para la vigencia de las normas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado o de su Reglamento.
b) Respecto a la acción de inconstitucionalidad 125/2020, se destaca que existen particularidades en las etapas de sanción, promulgación, publicación e inicio de vigencia de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y de su Reglamento. El Poder Ejecutivo no puede vetar su emisión o reformas; no se requiere su promulgación para adquirir vigencia; la publicación es sólo con el objeto de su divulgación, y su vigencia no está supeditada a la promulgación expresa por parte del Ejecutivo.
c) Así, se sostiene que la Comisión actora en su demanda confunde las etapas del procedimiento en su demanda (sic), al señalar que el Ejecutivo no tenía facultades para sancionarlo ni para dar la orden de publicación (promulgación). Ello, ya que es notorio que no llevó a cabo ningún mecanismo de control en la reforma impugnada. Por el contrario, su participación consistió únicamente en promulgar (que, en este caso, significó una acción lingüística que implicó meramente su publicación formal) y publicar el decreto en el Periódico Oficial cumpliendo con lo dispuesto en su propio artículo tercero transitorio. Consecuentemente, contrario a la postura de la accionante, los actos llevados a cabo de promulgación con la implícita publicación del Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis no restan validez y vigencia a la norma emanada del Congreso del Estado.
d) Por su parte, respecto al tercer concepto de invalidez de la Comisión accionante y contrario a su postura, la reforma realizada por el Congreso sólo atañe a su funcionamiento y organización interna. De ahí que no es el pueblo de Morelos el destinatario de la norma y, de prosperar la impugnación, sería la propia Comisión la que en su caso vulneraría la autonomía del Congreso al combatir normas que rigen el funcionamiento de otro Poder bajo una pretendida defensa de la regularidad constitucional. A saber, el Decreto 654 no tiene los efectos de aplicación hacia la ciudadanía en general que le pretende atribuir la Comisión accionante. Su destinatario es el Congreso y la publicación del decreto se hizo con mero objeto de "mayor difusión"; por lo que su validez y vinculación no se ve condicionada por su necesaria publicación.
e) La publicación del decreto entonces no trasciende a la validez y constitucionalidad de la norma y, por ende, debe sobreseerse la acción por cuanto al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
7. Pedimento. El fiscal general de la República y el consejero jurídico del Gobierno Federal no formularon pedimento en el presente asunto.
8. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
II. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos a) y g), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y un precepto del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
III. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
10. Por un lado, respecto a la demanda interpuesta por las diputadas integrantes del Congreso del Estado de Morelos, se llega a la convicción de que se cuestiona de manera genérica la totalidad de la modificación que sufrió el artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos (publicada mediante el Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis), tanto por lo que hace a su procedimiento legislativo como en torno al nuevo contenido normativo (esto último, ya que se alegan afectaciones al principio de seguridad jurídica, contradicción con la Constitución Local y afectación de la división de poderes).
11. Al respecto, si bien en la página seis de la demanda, en el apartado de normas impugnadas, se hace referencia al párrafo cuarto del artículo 135, haciendo un análisis integral del escrito de demanda, esta Corte advierte que los primeros argumentos de invalidez están destinados a cuestionar el procedimiento legislativo que dio lugar a los actuales párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 135 y que lo dispuesto en el cuarto párrafo está necesariamente interrelacionado con el contenido del tercero y quinto párrafos reformados; por ende, guarda lógica entender a esos párrafos como una sola norma y que la impugnación de la minoría legislativa abarque la modificación realizada integralmente a esos párrafos del artículo 135.
12. Por su parte, en relación con la demanda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es evidente que se cuestiona globalmente el Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis que contiene la reforma al artículo 135 del reglamento, al plantearse conceptos de invalidez en torno a su procedimiento legislativo y a su nuevo contenido normativo.
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13. Por tanto, en suma, la materia de impugnación en el presente asunto es la modificación realizada al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, publicada el doce de febrero de dos mil veinte mediante el Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis; modificación que consistió en reformar el tercer párrafo de ese artículo y en adicionar los párrafos cuarto y quinto. Precepto del reglamento que se considera como una norma general cuya regularidad constitucional es revisable a partir de la acción de inconstitucionalidad, pues fue emitido por el Poder Legislativo del Estado de Morelos y cumple con las características de generalidad, abstracción e impersonalidad al regular contenidos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.
14. Siendo importante resaltar que no es la primera ocasión en que, a través del presente medio de control constitucional, analizamos normas generales que rigen al Congreso de una entidad federativa que se encuentran formalmente en un reglamento legislativo. En la acción de inconstitucionalidad 39/2013,(2) resuelta por este Tribunal Pleno el dos de junio de dos mil quince bajo la ponencia de la Ministra Luna Ramos, se analizó y declaró la validez del artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En ese caso se dijo que, aunque era una norma reglamentaria de una ley, dicha disposición cumplía con los requisitos de generalidad, abstracción, obligatoriedad e impersonalidad y era un acto formalmente legislativo susceptible de ser analizado en una acción de inconstitucionalidad, al haberse emitido por el órgano legislativo estatal y ser precisamente la reglamentación de una ley que rige al propio Congreso Estatal.
IV. OPORTUNIDAD
15. Por regla general, el párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(3) (de ahora en adelante la "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; incluyendo cuando se impugna la norma de un Reglamento de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo,(4) tal como se refleja en el criterio plasmado en la tesis: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA."(5)
16. En el caso, el Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis que reformó el artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el miércoles doce de febrero de dos mil veinte, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del jueves trece de febrero al jueves trece de marzo siguiente. Consecuentemente, dado que ambas demandas se presentaron el trece de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, consideramos que se satisface el presupuesto procesal de oportunidad.
V. LEGITIMACIÓN
17. Se cumple a su vez con el requisito procesal de legitimación por lo que hace a ambas demandas; ello, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación.
Demanda de las diputadas
18. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal(6) y 62, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(7) uno de los supuestos de legitimación en una acción de inconstitucionalidad es que la demanda sea promovida por integrantes de algún órgano legislativo estatal, en contra de leyes expedidas por ese órgano, siempre y cuando se satisfaga que:
a) Las personas que promuevan el escrito de demanda sean integrantes del órgano legislativo estatal.
b) Representen, cuando menos, el equivalente al treinta y tres por ciento del órgano legislativo correspondiente y;
c) La acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el órgano legislativo del que sean integrantes.
19. En relación con el primero de los requisitos, el escrito de demanda fue interp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30003-43fbb849/i-accion-de-inconstitucionalidad-es-posible-analizar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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