I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA, QUE SUJETA EL PLAZO PARA PROMOVERLA A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY Y NO A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA REFORMA IMPUGNADA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE UNA LEY LOCAL, AL CONSIDERAR QUE EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO POR EL QUE SE MODIFICÓ TRASTOCA, ENTRE OTROS, LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO (ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EN CONTRA DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS POR TRATARSE DE UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA MANIFESTACIÓN GENÉRICA DE QUE DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO DEBIDO A LOS ARGUMENTOS DADOS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA NO PUEDE SER ANALIZADA COMO UNA CAUSAL RELATIVA, AL NO REFERIRSE A ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE IMPROCEDENCIA DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. VII. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. SI BIEN LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS VEINTE DIPUTACIONES QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD CORRESPONDE A TRECE PUNTO TREINTA Y TRES, PARA CUMPLIR CON ESA MAYORÍA CALIFICADA LAS LEYES O DECRETOS, ASÍ COMO SUS REFORMAS, DEBEN APROBARSE POR AL MENOS CON CATORCE VOTOS. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA REFORMA APROBADA SIN HABER REUNIDO LA VOTACIÓN CALIFICADA NECESARIA DE CATORCE DIPUTACIONES, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y DE LEGALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 55, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA REFORMA APROBADA SIN REUNIRSE LA VOTACIÓN CALIFICADA NECESARIA DE CATORCE DIPUTACIONES, VULNERA EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 55, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. REVIVISCENCIA DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO IMPUGNADO PREVIO A LA MODIFICACIÓN CUYA INVALIDEZ SE DECLARA (REVIVISCENCIA DEL ARTÍCULO 55, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE FEBRERO DE DON MIL VEINTE). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 55, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126/2020. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 11 DE AGOSTO DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al once de agosto de dos mil veintidós.
VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 126/2020, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—El doce de febrero de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el Decreto Seiscientos Cuarenta y Siete mediante el cual se reformó el artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso de esa entidad federativa, que en esencia establece el número de personas legisladoras que pueden formar parte de las distintas comisiones legislativas.(1)
2. El texto del artículo previo a la mencionada reforma, así como el reformado es el siguiente:
Ver texto
3. SEGUNDO.—En contra de dicho decreto, por escrito recibido el trece de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió una acción de inconstitucionalidad.
4. TERCERO.—En la demanda señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 16 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. CUARTO.—La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos plantea a través de sus conceptos de invalidez que la aprobación del decreto que reforma el párrafo primero del artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso Local, se realizó con violaciones en el procedimiento legislativo. Además, expresó argumentos en los que combate la validez de la norma por vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica, la división de poderes y otros principios constitucionales. En concreto, expresó que:
• El decreto impugnado vulnera el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Morelos, vigente al momento de su expedición, que establece que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto es necesaria una votación nominal de las dos terceras partes de las diputaciones de la Legislatura, es decir, por al menos catorce diputaciones de las veinte que integran el Congreso del Estado, lo cual no sucedió.(2)
• El Poder Ejecutivo de Morelos sancionó y promulgó el decreto impugnado sin contar con facultades expresas para hacerlo.
• La entrada en vigor del decreto impugnado fue el mismo día de su aprobación por parte del Congreso, sin haber sido publicado previamente en el Periódico Oficial de la entidad, situación que vulnera los principios de certeza y seguridad jurídicas.
6. QUINTO.—Por acuerdo de uno de junio de dos mi veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó formar el expediente y registrar la acción de inconstitucionalidad con el número 126/2020 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para que instruyera el procedimiento correspondiente.
7. SEXTO.—El nueve de julio de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de acción de inconstitucionalidad, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de esa entidad, a los que emplazó para que rindieran los respectivos informes de ley. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
8. SÉPTIMO.—Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veinte, el presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió su informe. En síntesis, expuso:
Sobre la procedencia
• Que la acción de inconstitucionalidad es improcedente porque el decreto impugnado no es una norma de carácter general. Esto, porque el artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos únicamente regula la estructura y el funcionamiento del órgano legislativo local y, por ello, no se dirige a un grupo indeterminado de personas.
• Que la ley cuya invalidez se demanda inició su vigencia el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por lo que el plazo de treinta días para promover la acción de inconstitucionalidad concluyó el tres de diciembre de ese mismo año. En esas condiciones, es evidente que la demanda se presentó extemporáneamente.
Sobre los conceptos de invalidez
• Que el proceso legislativo que culminó con la publicación del decreto impugnado no viola el derecho de seguridad jurídica, ya que éste sí fue votado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado.
• Que la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos es un acto formal y materialmente legislativo, razón por la cual está sujeto al cumplimiento de las distintas etapas que componen el procedimiento relativo, en las que no sólo participa el Poder Legislativo, sino también el Poder Ejecutivo.
• Que el Ejecutivo Estatal se encuentra facultado para promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos que apruebe el Congreso, excepto las que regulan su estructura y funcionamiento interno, puesto que dicha facultad se confiere al propio Poder Legislativo. Por lo que para el inicio de la vigencia de leyes que regulen tales aspectos no se requiere su publicación.
9. OCTAVO.—Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, rindió su informe. En síntesis, expuso que:
• No se vició el contenido material ni la forma o voluntad final plasmada en el acto legislativo, ya que el decreto impugnado no se sometió a ningún mecanismo de control político. El Congreso del Estado lo remitió al Ejecutivo con el objeto de que lo publicara en el Periódico Oficial, lo que no implicó que se le haya reconocido el derecho de veto, por lo que no se configuran violaciones de carácter formal que trasciendan al decreto.
• La publicación posterior del decreto impugnado no afecta la constitucionalidad de la norma porque el Congreso sí la pudo conocer desde su aprobación, aunado a que no se trata de un aspecto normativo que trascienda o sea aplicable más allá de la propia Legislatura.
10. NOVENO.—El fiscal general de la República no formuló pedimento en el presente asunto. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal tampoco realizó manifestación alguna.
11. DÉCIMO.—Concluida la sustanciación correspondiente, por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
12. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y un artículo de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(3)
13. SEGUNDO.—Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley sea publicada en el correspondiente medio oficial.(4)
14. La norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el doce de febrero de dos mil veinte, por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción transcurrió del trece de febrero siguiente al trece de marzo de dos mil veinte.
15. Dado que la demanda se presentó el trece de marzo de dos mil veinte, es evidente su oportunidad.
16. En consecuencia, y por una cuestión de orden lógico, debe declararse infundada la causa de improcedencia planteada por el Poder Legislativo de Morelos, el cual pretende sujetar el plazo para la impugnación a la expedición de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y no a la fecha de publicación del decreto por el que se reformó el artículo 55.
17. TERCERO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País dispone que los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas están facultados para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las Legislaturas.(5)
18. En el caso, la Comisión actora plantea la incompatibilidad de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos con la Constitución Política del País, al considerar que el procedimiento legislativo por el que se modificó el artículo 55 de ese ordenamiento está viciado, lo que trastoca, entre otros, los principios de legalidad y de seguridad jurídica, argumentos que resultan suficientes para reconocerle legitimación en la causa. En el mismo sentido y con las mismas consideraciones resolvió este Pleno la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020.(6)
19. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, aplicable en términos del artículo 59, ambos de la ley reglamentaria, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que, en términos de las normas que los rigen, estén facultadas para representarlas.(7)
20. En el caso, el escrito inicial fue firmado por el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lo que acreditó con copia certificada del Decreto Cuatrocientos Veinticinco del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de ese Estado, que contiene su designación.
21. Dicho servidor público, en términos del artículo 16, fracción I,(8) de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (vigente al momento de la promoción de la acción de inconstitucionalidad), es quien tiene la representación del referido organismo.
22. Por todo lo anterior, debe concluirse que la promovente tiene legitimación suficiente, y que quien compareció en su representación cuenta con facultades suficientes para ello.
23. CUARTO.—Causas de improcedencia. El Poder Legislativo del Estado de Morelos, de manera adicional a la extemporaneidad de la demanda (argumento desestimado en el considerando de oportunidad), planteó que el asunto es improcedente porque el decreto impugnado no puede ser combatido en la acción de inconstitucionalidad por no ser una norma de carácter general.
24. Es infundada la causa de improcedencia porque este Tribunal Constitucional determinó en la jurisprudencia P./J. 5/99, que la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos sí es una norma general frente a la cual procede la presente vía de control de constitucionalidad.(9)
25. En el caso de estudio, la Comisión accionante promovió este medio de control para combatir el decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, por considerar que vulnera diversos derechos consagrados en la Constitución Federal. Por tanto, la vía intentada es idónea para llevar a cabo el examen de regularidad constitucional de la norma impugnada.
26. Por otra parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, manifiesta de manera genérica que debido a los argumentos que expone en su informe por los que defiende la constitucionalidad de la norma debe decretarse el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad.
27. Tal afirmación no puede ser estudiada como una causal de sobreseimiento, pues no se refiere a alguna de las hipótesis establecidas en la ley reglamentaria de la materia, sino que guarda relación con los argumentos que sobre el decreto reclamado expone el Poder Ejecutivo de Morelos, los cuales están relacionados con el estudio de fondo que habremos de realizar en apartados posteriores.
28. Al no haberse planteado diversa causa de improcedencia, ni advertir de oficio alguna otra, lo procedente es realizar el estudio de fondo de los planteamientos expuestos por la Comisión Estatal accionante.
29. QUINTO.—Estudio de fondo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos plantea ante este Tribunal Pleno la revisión de la constitucionalidad de la reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, exponiendo al efecto los siguientes conceptos de invalidez:
• Primer concepto de invalidez. El decreto impugnado vulnera el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Morelos,(10) vigente al momento de la expedición de éste, en razón de que a pesar de que dicho numeral establece que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto es necesaria una votación nominal de las dos terceras partes de las diputaciones de la Legislatura, el acto controvertido no fue votado por esa mayoría calificada, esto es, por al menos catorce diputaciones de las veinte que integran el Congreso del Estado.
• Segundo concepto de invalidez. El Poder Ejecutivo de Morelos sancionó y promulgó el decreto impugnado sin contar con facultades expresas para hacerlo, por lo que se sometió a su control político la reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la entidad, lo que contraviene el artículo 16 constitucional.
• Tercer concepto de invalidez. La entrada en vigor del decreto impugnado, por el que se reformó el artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el mismo día de su expedición por parte del Congreso, sin haber sido publicado previamente, vulnera los principios de certeza y de seguridad jurídica, en atención a que la publicación produce los efectos vinculantes de las disposiciones legales, pues a partir de ésta son conocidas por la sociedad y los poderes públicos.
30. De la síntesis se advierte que el primer concepto de invalidez se refiere a una supuesta violación al procedimiento legislativo que culminó con la reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, cuestión que es de estudio previo del resto de argumentos de invalidez, puesto que, de haber sido violentadas las reglas del mismo de manera preponderante, ocasionaría un vicio de origen de la norma cuestionada, lo que haría innecesario el estudio de los otros temas, en términos de la jurisprudencia P./J. 32/2007.(11)
A. Parámetro de regularidad constitucional
31. Es necesario precisar que este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado en relación con la temática referida, es decir, respecto de las reglas procedimentales para la creación y emisión de decretos de ley por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos. De manera específica, en la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020.(12)
32. En dicho precedente la Suprema Corte estableció que de conformidad con los artículos 44 y 50 de la Constitución Política del Estado de Morelos, para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto debe ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura,(13) requisito que se exige a su vez para la reforma de esas leyes o decretos.
33. Asimismo, esta Corte Constitucional ha fijado una doctrina judicial respecto de las violaciones en los procedimientos legislativos que traen consigo efectos invalidantes. Bajo la actual integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se destacan las acciones de inconstitucionalidad 43/2018, así como 121/2017 y sus acumuladas 122/2017, 123/2017 y 135/2017.(14)
34. Dichos precedentes, a su vez, se encuentran sustentados en lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 36/2013, 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, 9/2005 y las controversias constitucionales 63/2016, 41/2014 y 34/2014, en las que se establecieron lineamientos para analizar la validez de los procedimientos de producción normativa por los órganos legislativos.(15)
35. En primer término, se estableció el criterio de que la deliberación parlamentaria requiere ciertos presupuestos formales y materiales con los cuales materializar los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de democracia deliberativa. Su cumplimiento garantiza la legitimidad democrática de las normas, así como la representación popular que sustenta su creación, misma que obedece a las reglas de votación, publicidad de éstas y participación de todas las fuerzas políticas.
36. De esta manera, para este Tribunal Constitucional la violación a las formalidades del procedimiento legislativo debe estudiarse a la luz de la democracia liberal representativa, y de manera particular, como modelo de Estado de conformidad con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política del País. Motivo por el cual la evaluación del potencial invalidante de dichas irregularidades en el procedimiento debe compensar dos principios:
• Economía procesal: Tiene la finalidad de no reponer etapas procedimentales cuando ello no generaría un cambio sustancial en la voluntad parlamentaria expresada.
• Equidad en la deliberación parlamentaria: Consiste en no considerar irrelevantes de manera automática todas las infracciones procedimentales sucedidas en algún procedimiento legislativo que tiene como resultado la aprobación de una norma que respeta las previsiones legales correspondientes.(16)
37. Por este motivo, de conformidad a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020 y en la acción de inconstitucionalidad 124/2020, es que en cada caso debemos determinar con cuál supuesto cumple, en el análisis debe por lo menos cumplir con los siguientes estándares:
• El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. Lo que otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras o Congresos, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates.
• El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.
• Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.
38. Los anteriores elementos resultan de suma importancia para las minorías legislativas, pues garantizan que éstas hayan formado parte del debate, asegurando así, entre otros aspectos, que la información que será objeto de votación por los Plenos hubiera sido entregada con la anticipación detallada en la normatividad aplicable para efectos de que las personas legisladoras puedan emitir su voto libremente y en condiciones de igualdad, o de ser el caso, que se hubiera dado la correcta dispensa debido a la urgencia (con la adecuada motivación) de ciertos trámites legislativos, lo que asegura la participación igualitaria de las personas integrantes de la Legislatura.
39. De igual forma, para este Pleno es relevante el carácter deliberativo que deben tener los procesos de producción o creación normativa a cargo de los órganos legislativos, debido a que esa característica garantiza la representatividad popular de la función, pues dichos órganos deben ser, ante todo, deliberantes más que decisorios, pues con ello queda asegurada la expresión de los grupos (tanto mayoritarios como minoritarios), las diputaciones sin afiliación a alguno de ellos y las diputaciones independientes, proporcionando legitimidad democrática constitucionalmente exigida, de conformidad con el precedente citado con antelación.
B. Análisis del procedimiento legislativo en el caso
40. La promovente reclama la invalidez del primer párrafo del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el doce de febrero de dos mil veinte, la cual se transcribe a continuación: "Artículo 55. Las Comisiones Legislativas se integran de por lo menos tres diputados y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del Congreso del Estado. De los diputados que integren las Comisiones Legislativas habrá un presidente, por lo menos un secretario y vocales que sean designados. Ningún diputado podrá presidir más de cinco comisiones ordinarias o comités. ..."
41. A juicio de este Tribunal Constitucional resulta fundado el concepto de invalidez a través del cual la Comisión accionante señala que la reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos se aprobó sin el quórum legal requerido para tal efecto, condición que genera una vulneración a las reglas de votación previstas en los artículos 44 y 50 de la Constitución de esa entidad federativa, violentando con ello el principio de legalidad.
42. Como se adelantó, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020, revisó la constitucionalidad del Decreto Seiscientos Cuarenta y Seis, mediante el cual se reformó el artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, publicado en la misma fecha que el impugnado en el presente asunto, esto es, el doce de febrero de dos mil veinte.
43. Al resolver ese asunto, el Pleno partió de la base de que de conformidad con los artículos 44 y 50 de la Constitución del Estado de Morelos, para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto debe ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura; requisito que se exige a su vez para la reforma de esas leyes o decretos.(17)
44. Además, a partir de una interpretación de las disposiciones de la Constitución Local, la Ley Orgánica y el reglamento para el Congreso de ese Estado, se advirtió que, particularmente en relación con las votaciones para la validez en la emisión de un decreto o ley:
• Todas las votaciones se verificarán por mayoría simple –más de la mitad de los diputados asistentes– a no ser en aquellos casos en que la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso de Morelos exijan mayoría absoluta o calificada. Para calificar los asuntos como de urgente y obvia resolución, se requieren como mínimo los votos de las dos terceras partes de las diputaciones presentes.(18)
• En el caso particular de formación o reforma de leyes o decretos, la Constitución Local exige una votación nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura.(19)
45. En términos de lo previsto en los artículos 4, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, así como 1 de su reglamento, estos ordenamientos no están sujetos a veto ni requerirán de su promulgación para tener vigencia y que la reforma del propio reglamento se sujeta al mismo procedimiento legislativo ordinario.(20)
46. Así, al revisar la modificación al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se determinó que no se cumplió con la mayoría calificada de votos requerida legalmente, lo cual produjo una desatención a las reglas que rigen el procedimiento legislativo, puesto que si el órgano legislativo local se integra por veinte diputaciones, el Decreto Seiscientos Cuarenta y Seis debió ser aprobado al menos por catorce diputaciones del Pleno, pues éste es el número que corresponde a las dos terceras partes del quórum establecido en el ordenamiento de Morelos.
47. De esta manera, el Pleno definió que, tratándose del Congreso de esa entidad, si bien aritméticamente las dos terceras partes de veinte diputaciones corresponden a trece punto treinta y tres (13.33), no era posible adoptar una aproximación por defecto, es decir, de trece votos a favor, sino que debíamos optar una por exceso que nos llevara a ajustar el número resultante al entero inmediato superior, esto es, catorce votos.
48. La posición interpretativa que adoptó el Pleno en el precedente mencionado es la que permitió salvaguardar los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de democracia participativa, debido a que la exigencia de lograr una votación de catorce diputaciones para la aprobación de los decretos o leyes y sus reformas obliga a que el resultado final sea producto de un acuerdo legislativo más robusto que es lo pretendido por la Constitución Local.(21)
49. En efecto, en dicho asunto el Pleno concluyó que el requisito de votación de dos terceras partes de las diputaciones integrantes de la Legislatura no debía interpretarse en el sentido de exigir menor representación democrática para aprobar un decreto o ley, ya que la pretensión del Poder Reformador morelense fue privilegiar un consenso legislativo robusto para dar lugar a este tipo de producción normativa, la cual orientó nuestra decisión con el propósito de hacer prevalecer la votación que implica una mayor legitimidad democrática, esto es, la de catorce diputaciones y no trece.
50. De esta forma, la reforma impugnada al artículo 135 del Reglamento del Congreso de Morelos se declaró inconstitucional, pues se concluyó que la libertad configurativa para la implementación de reglas para la votación de decretos/ley en el procedimiento legislativo correspondiente basada en establecer a la baja el modelo de votación de dos terceras partes, con fundamento en un argumento de operatividad legislativa, era una opción legislativa que afectaba frontalmente el modelo de decisiones parlamentarias adoptadas por amplio consenso democrático.
51. A estas razones el Pleno añadió una consideración aritmética-porcentual para preferir la interpretación de que las dos terceras partes de la votación de las veinte diputaciones del Congreso de Morelos corresponde a catorce y no a trece. En esencia, este Pleno estableció que, si se concibe a las dos terceras partes de las diputaciones integrantes de la Legislatura morelense en términos de porcentaje, veinte que es el total que lo integra, representa el cien por ciento del órgano legislativo, por lo que la mayoría calificada exigiría la concurrencia del sesenta y seis punto seis por ciento (66.6 %) –las dos terceras partes– de los votos.
52. Consecuentemente, implementar la aproximación por defecto para ajustar la cifra de votación calificada a trece diputaciones que pretendía el Congreso Local hubiera implicado avalar como votación calificada la tomada por un equivalente al sesenta y cinco por ciento (65 %) –trece entre veinte es igual a punto sesenta y cinco (13/20 = .65)– de las diputaciones, esto es, un porcentaje menor que el requerido por la regla de mayoría que nos ocupa.
53. En cambio, se optó por ajustar la cifra a catorce diputaciones para alcanzar la votación de mayoría calificada, pues ese número equivale al setenta por ciento (70 %) –catorce entre veinte es igual a punto setenta (14/20 = .70)– de la integración del Congreso Local, el que, si bien resultó mayor que el sesenta y seis por ciento (66 %) requerido, en todo caso, la regla debía entenderse no para evitar que se tomen decisiones con una votación mayor a la requerida, sino menor, pues incluso, ese mayor respaldo legislativo se encuentra en sintonía con la finalidad de lograr consensos parlamentarios robustos.
54. Es fundamental hacer notar que el decreto que ahora se analiza es producto del mismo procedimiento legislativo ya analizado al resolver las acciones de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020 y 124/2020, en los cuales fueron aplicadas las reglas de votación relatadas en párrafos anteriores y que fueron declaradas inconstitucionales.
55. Esto porque, aunque el artículo impugnado derivó de una iniciativa distinta, el dictamen fue discutido y aprobado en la misma sesión y bajo las mismas reglas que los artículos impugnados en los precedentes referidos.
56. De esta forma, los vicios advertidos por este Pleno al resolverlos, y en lo particular la acción de inconstitucionalidad 124/2020 (en la que se invalidó el decreto por el que se reformaron el primer párrafo del artículo 22 y el artículo 23 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos), también impactan en la constitucionalidad del que ahora se analiza y, por tanto, las mismas razones adoptadas en aquellos asuntos son las que justifican la invalidez del artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.
57. Como ya se adelantó, la reforma impugnada al artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos tuvo lugar en la sesión ordinaria de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, que continuó el veintisiete de noviembre siguiente y finalizó el veintinueve de los mismos mes y año, y es la siguiente:
Ver reforma
58. Con base a las constancias del expediente electrónico, y de las que integran la acción de inconstitucionalidad 121/2020 y su acumulada 125/2020,(22) que de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 son un hecho notorio,(23) el procedimiento legislativo de la reforma cuestionada se desarrolló de la manera siguiente:
a) Presentación de la iniciativa: El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, fue presentada por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.(24)
b) Turno a comisión dictaminadora: En la misma fecha, la iniciativa se turnó a la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Morelos, para su estudio y dictaminación.(25)
c) Trabajo en comisión dictaminadora: Ese mismo día, esto es, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la referida Comisión analizó y aprobó, por unanimidad de sus tres integrantes (las diputadas Elsa Delia González Solórzano, Ana Cristina Guevara Ramírez y Dalila Morales Sandoval), el dictamen correspondiente, lo remitió a la Mesa Directiva y solicitó
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31149-bcadf53f/i-accion-de-inconstitucionalidad-debe-desestimarse-la-causal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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