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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA IMPUGNACIÓN DE CUALQUIER MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBE ENTENDERSE REFERIDA EN FORMA GENERAL, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN, ALUSIÓN O REFERENCIA ESPECÍFICA A ALGUNO DE ÉSTOS (ARTÍCULO 23, FRACCIÓN V, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PROMOVIDA POR UN ÓRGANO DEL ESTADO DE MORELOS DEBE ATENDER A LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, POR TRATARSE DEL MEDIO DE DIFUSIÓN AL CUAL SE REFIERE LA CONSTITUCIÓN LOCAL (ARTÍCULOS 19 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, 23, FRACCIÓN V, PÁRRAFOS OCTAVO Y NOVENO Y 40, FRACCIÓN LIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DERIVADO DE LA IMPUGNACIÓN DE UNA NORMA REFORMADA EN DIVERSO DECRETO ANTERIOR (ARTÍCULO 147, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 19 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, Y 23, FRACCIÓN V, PÁRRAFOS OCTAVO Y NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 758, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. FASES QUE LO COMPONEN. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. VALIDEZ DEL QUE CULMINÓ CON LA REFORMA DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 758, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA). X. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS. LA FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL PARA SOLICITAR AL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SU REALIZACIÓN Y DESARROLLO, NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS). XI. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. NO EXISTE UNA REGLA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE ESTABLEZCA QUE AQUÉLLOS SÓLO PODRÁN SER EJERCIDOS EN FORMA DIRECTA POR LA CIUDADANÍA Y ANTE CONSEJOS CIUDADANOS. XII. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE LA SOLICITUD RESPECTIVA, POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL, SE REALICE ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y NO ANTE LOS ANTERIORES CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL DE MORELOS, NO ES CONTRARIO A LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS). XIII. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE LA CALIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA CORRA A CARGO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, NO HACE NUGATORIO EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES Y PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES A TRAVÉS DE AQUÉLLOS (ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS). XIV. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS. NO EXISTE OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS IMPLEMENTEN ALGUNO EN ESPECÍFICO, SALVO LA INICIATIVA CIUDADANA, POR ESTAR EXPRESAMENTE PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). XV. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA REGULAR AQUELLA MATERIA, CONFORME A LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS QUE CONSIDEREN ADECUADOS. XVI. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE MORELOS. LA EXTINCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL CONGRESO DE ESE ESTADO PARA INICIAR AQUÉLLOS, SON ACTOS QUE SE REALIZAN EN EJERCICIO DE SU LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN (ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2016. · Registro digital (IUS): 29235
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-10
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 327.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2016. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 68/2016, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

I. Antecedentes

1. Reforma constitucional local. El seis de julio de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, cuya denominación es "Tierra y Libertad", el Decreto Número 758, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de participación ciudadana.

2. Demanda. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de reformas constitucionales precisado.(1) En la demanda, la Comisión actora señaló expresamente como actos impugnados, los siguientes:

"A. El Decreto Número 758 publicado con fecha 6 de julio de 2016, a fojas 151 en adelante, y que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.

"B. El artículo 19 Bis en su primer párrafo como aparece en la reforma constitucional local, que se combate y que suprime la figura de ‘Revocación de mandato’ como derecho del colectivo social.

"C. El artículo 40, fracción LIV, como aparece en la reforma constitucional que se combate y que pretende facultar al Congreso del Estado y no al Consejo de Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos sin intereses partidistas a solicitar el inicio de los procesos de participación ciudadana ...

"D. El artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Morelos, en los apartados que establecen:

"‘I. Los mecanismos de participación ciudadana que se convoquen, se deberán efectuar en tiempos electorales.

"‘II. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana calificará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum o revocación de mandato y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación ciudadana, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la normativa aplicable.’

"E. La fracción II del artículo 147 de la Constitución Local que se tiene como inconstitucional, pues plantea un mecanismo inconstitucional de reforma a la Constitución Local, que se opone al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..."

3. Conceptos de invalidez. A continuación se sintetizan los conceptos de invalidez vertidos, en los que se expone, en esencia, lo siguiente:

Primer concepto de invalidez. El artículo 147, fracción II, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos es inconstitucional, porque establece la afirmativa ficta como parte del procedimiento de reformas a esa Constitución, con lo cual se inobserva lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues se exime de realizar una votación de las reformas propuestas; luego, como el Decreto 758 impugnado derivó de la implementación del artículo 147, fracción II, de la Constitución de Morelos, entonces ese acto vulnera lo previsto en la Constitución Federal.

En la expedición del decreto impugnado no se atendió a las normas vigentes al momento de su aprobación; además, no obran constancias, actas o algún otro documento el cual genere certeza de que se realizaron las votaciones correspondientes.

La modificación hecha al artículo 19 Bis de la Constitución Local es inaceptable porque atenta en contra del principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, pues previo a esa reforma, la Constitución Local ya reconocía e incluía la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana pero, por virtud de la reforma impugnada, esa figura se extrajo del Texto Constitucional Local. Al respecto, conforme al artículo 41, apartado C, punto 9, de la Constitución Federal, corresponde a los organismos públicos locales de las entidades federativas, la declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana que prevea la ley local, lo cual implica que los Estados pueden ampliar los derechos, mecanismos de participación ciudadana pero sin que éstos puedan limitarse o ser regresivos.

Incluso, conforme al artículo 39 constitucional, corresponde al pueblo la capacidad de modificar su forma de gobierno, lo cual permite que igualmente el propio pueblo deje sin efectos la designación previamente tomada vía voto, de un funcionario determinado.

Además, si bien al analizar la legislación de Chihuahua la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la Constitución Federal no regula la figura de la revocación de mandato y, por tanto, que su establecimiento es inconstitucional, ello debe ser nuevamente analizado dado que existen nuevas condiciones jurídicas y fácticas a considerar, pues la progresividad propia de los derechos humanos permite colegir al reconocerse una figura en beneficio de la ciudadanía, ésta no puede derogarse, en virtud de un nuevo acto legislativo.

En este sentido, el principio de progresividad permite la realización gradual de los derechos y el avance de derechos en los cuales están incluidos los civiles y políticos. Este principio (reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) impone deberes como la no regresividad, es decir, empeorar la situación de los derechos humanos o reducir los niveles de su protección a efecto de minimizar el alcance en el que se materializa el derecho.

Segundo concepto de invalidez (identificado como tercero).(2) La reforma al artículo 40, fracción LIV, de la Constitución Local elimina un derecho de democracia directa como es la participación ciudadana y, a cambio, impone un mecanismo de democracia representativa, pues resta ciertas atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana las cuales otorga al Congreso Estatal, haciendo ineficaz el derecho de participación ciudadana dado que el órgano legislativo local se convertirá en Juez y parte; esto porque conforme al Texto Constitucional reformado, será el Congreso Local quien solicite la realización de los mecanismos de participación ciudadana mediante los cuales se evalúe la actuación de los integrantes de ese órgano legislativo.

Tercer concepto de invalidez (identificado como cuarto).(3) La fracción V del artículo 23 de la Constitución de Morelos es inconstitucional en las porciones donde establece que: (I) los mecanismos de participación ciudadana que se convoquen, deberán efectuarse en tiempos electorales y, (II) el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana calificará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum o revocación de mandato y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación ciudadana, salvaguardando los derechos de los ciudadanos de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Estatal y la normativa aplicable.

La inconstitucionalidad del precepto en comento deriva de que se limita temporalmente y en forma injustificada, el derecho de participación de la ciudadanía, lo cual produce que ese derecho sea ineficaz ya que no tiene ningún sentido calificar en tiempos electorales a un funcionario que aún no ejerce su función, ni una política pública inexistente, o la rendición de cuentas de un gobierno que aún no comienza. Incluso, el texto de la Constitución Local previo a la reforma impugnada no limitaba la temporalidad para implementar esos mecanismos de participación ciudadana, lo cual denota que se contraviene el principio de progresividad.

Por otra parte, al obligar a que sea un órgano del poder público quien califique la procedencia o improcedencia de los mecanismos de participación ciudadana, se desvirtúa el sentido de esos mecanismos ya que la finalidad de éstos es que la sociedad civil evalúe al poder público. Incluso, en el texto anterior, era el Consejo de Participación Ciudadana (previsto en el artículo 19 Bis el cual se derogó) a quien correspondía esa calificación.

Cuarto concepto de invalidez (identificado como quinto).(4) El artículo 147, fracción II, de la Constitución de Morelos es inconstitucional porque, conforme al numeral 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reformas a una Constitución deben garantizar la estabilidad y seguridad jurídica a efecto de que no se realicen reformas que no sean plenamente aceptadas por la mayoría del poder reformador, por ende, el establecimiento a nivel local de la afirmativa ficta como parte del procedimiento de reformas a la Constitución Estatal no atiende a esos principios.

Además, es obligación de los Congresos Locales el apegarse al texto de la Constitución Federal, lo cual implica no desatender el Pacto Federal en detrimento de la población, siendo que la omisión absoluta de los deberes constitucionales genera una violación directa de lo previsto en la Constitución Federal, por lo cual, el procedimiento de reformas a la Constitución Local debe ajustarse a lo previsto en la Norma Federal.

Quinto concepto de invalidez (identificado como sexto).(5) La reforma impugnada es violatoria del principio pro homine porque limitó arbitrariamente los derechos de participación ciudadana en Morelos, a pesar de que tales derechos no deben restringirse por tratarse de derechos humanos. Esto es, no existe motivo ni fundamento que razonablemente justifique la limitación de los derechos políticos de participación, pues en la exposición de motivos no se expuso una justificación que razonablemente permita excluir los derechos políticos constitucionalmente previstos a favor de la ciudadanía.

4. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la citada Comisión con el número 68/2016 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.(6)

5. El Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos y les solicitó la rendición de sus respectivos informes e, igualmente dio vista a la procuradora general de la República.(7)

6. Informes. El encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de esa Consejería rindieron el informe en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad,(8) quien hizo valer la causal de improcedencia que se sintetizará y estudiará en el apartado correspondiente, mientras que, por el Poder Legislativo lo hizo el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.(9)

7. Cierre de instrucción. Una vez realizadas las actuaciones procesales del caso, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(10)

II. Competencia

8. El Tribunal Pleno es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos contendidos en el decreto el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de participación ciudadana, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Oportunidad

9. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente día al en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, y que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente, así como que, cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.(11)

10. En atención a lo anterior, si el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el día seis de julio de dos mil dieciséis, entonces el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad inició el siete de julio y concluyó el cinco de agosto de ese año; por ello, si el escrito de demanda fue presentado el propio cinco de agosto de dos mil dieciséis, se concluye que se presentó de manera oportuna, con las salvedades que más adelante se indicarán.

IV.Legitimación

11. Conviene una breve reseña de lo considerado por este Pleno en cuanto a la legitimación de las Comisiones de Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo siguiente:

• Acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007.(12) En la ejecutoria correspondiente se indicó que el análisis de legitimación activa no requiere definir si las normas controvertidas vulneran o no derechos fundamentales o si realmente la acción ejercida por los organismos protectores de derechos humanos trasciende o se refiere a un derecho fundamental, pues esas situaciones no son propias del pronunciamiento sobre la legitimación activa, ya que basta con la expresión de los conceptos de invalidez en los que se expongan violaciones a la Norma Fundamental. Además, se indicó que "... la existencia o no de las violaciones a derechos fundamentales por parte de las normas, cuya validez se controvierte, constituye una cuestión que atañe al fondo del asunto y que será analizado con posterioridad al estudiarse los conceptos de invalidez planteados ...".(13)

• Acción de inconstitucionalidad 22/2009. Este Pleno sostuvo que conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Ley Suprema, entonces sólo los derechos fundamentales previstos en ese ordenamiento pueden servir de parámetro de control en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los organismos de protección de los derechos humanos; sin embargo, al no existir un catálogo de derechos fundamentales tutelados por la Constitución General de la República a los que deban ceñirse dichos organismos al promover acciones de inconstitucionalidad, entonces todos los derechos fundamentales expresados en la Constitución pueden invocarse como violados, sin que proceda hacer clasificaciones o exclusiones de derechos susceptibles de tutelarse por esta vía; por ende, los organismos de protección de los derechos humanos también pueden denunciar violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica.(14)

• Acción de inconstitucionalidad 49/2009. En dicho asunto, la autoridad demandada sostuvo que la Comisión actora carecía de legitimación porque la potestad que para ello tiene no es absoluta, sino que está condicionada a que la norma impugnada viole derechos humanos. Al respecto, este Pleno concluyó que "... la cuestión relativa a si la norma combatida vulnera o no derechos fundamentales atañe al estudio de fondo del asunto...".

• Acción de inconstitucionalidad 30/2013.(15) En tal acción de inconstitucionalidad se estimó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad cuando se cuestionen aspectos relacionados con el diseño legislativo a nivel local de los organismos encargados de la protección de derechos humanos.

• Acción de inconstitucionalidad 42/2013.(16) En la ejecutoria respectiva se retomó lo considerado en las diversas acciones de inconstitucionalidad 22/2009 y 49/2009, en cuanto a que para tener por satisfecho el requisito de legitimación, es innecesario realizar un análisis preliminar sobre la constitucionalidad de la norma impugnada o hacer un pronunciamiento sobre si se expone la tutela o no de derechos humanos, puesto que ello es una cuestión que atañe al fondo del asunto pero que, en cambio, es indispensable determinar si la impugnación vertida está dirigida precisamente a la salvaguarda de esos derechos fundamentales, pues de no ser así se actualizaría la falta de legitimación para iniciar este medio de control, pues dichas Comisiones de Derechos Humanos tienen una limitación constitucional en materia de legitimación que se verifica en atención al tipo de violación constitucional que pretende impugnar, al señalar específicamente el Texto Constitucional que sólo podrán interponer acción cuando se aleguen violaciones de leyes o tratados internacionales a derechos humanos y no de otro tipo. Así, en ese caso, se concluyó la existencia de legitimación activa dado que la parte actora expuso que las normas impugnadas violan la Constitución Federal, particularmente lo dispuesto en los artículos 1o. y 102, apartado B.

• Acción de inconstitucionalidad 30/2016 y su acumulada 31/2016. En la ejecutoria correspondiente se indicó que la Comisión actora enderezó ese medio de impugnación en defensa de los derechos humanos aludidos en los conceptos de invalidez, ello con independencia de si las normas controvertidas vulneran o no esos derechos humanos "... pues esa determinación no es propia del pronunciamiento sobre la legitimación activa, pues basta con la expresión de los conceptos de invalidez en los que se expongan violaciones a la Norma Fundamental, para que se esté en aptitud de considerar que se materializa el supuesto de legitimación previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional ...".(17)

• Acción de inconstitucionalidad 118/2015. En sesión de 24 de abril de 2018, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo por mayoría de ocho votos(18) que el requisito que le da legitimación a una Comisión Estatal de Derechos Humanos es que impugne normas que considere contrarias a la Constitución Federal y que vulneren derechos humanos; y este análisis no se puede hacer sino hasta el momento en que se contesten los conceptos de invalidez.

12. De los asuntos reseñados se obtienen las premisas siguientes en cuanto a la legitimación de las Comisiones de Derechos Humanos:

• A diferencia del Poder Ejecutivo Federal y de las Cámaras del Congreso de la Unión (quienes tienen la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución General), para promover acciones de inconstitucionalidad, los organismos protectores de derechos humanos están condicionados a que las normas impugnadas sean cuestionadas por posibles violaciones a los derechos humanos, sin que sea posible impugnar normas o violaciones que escapen a dicha materia.

• El requisito que le da legitimación a una Comisión de Derechos Humanos para promover la acción de inconstitucionalidad es el impugnar normas que considere contrarias a la Constitución Federal y que vulneren derechos humanos, análisis el cual no se puede hacer sino hasta el momento en que se contesten los conceptos de invalidez.

• El determinar si las normas controvertidas vulneran o no derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en materia suscritos por México no es algo que deba realizarse al momento de analizar la legitimación activa, pues basta con la expresión de los conceptos de invalidez en los que se expongan violaciones a la norma fundamental; por ende, aquel aspecto será propio del fondo del asunto.

• En cambio, es indispensable determinar si la impugnación está dirigida a la salvaguarda de los derechos humanos pues, de no ser así, se actualizaría la falta de legitimación para promover ya que esos organismos tienen una limitación constitucional en materia de legitimación.

• Las Comisiones de Derechos Humanos pueden cuestionar aspectos relacionados con el diseño legislativo de los organismos constitucionales encargados de la vigilancia y protección de los derechos humanos.

13. Precisado lo anterior, de conformidad con el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59 de la ley reglamentaria de la materia,(19) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

14. En la especie, el escrito de demanda fue suscrito por Jorge Arturo Olivarez Brito, con el carácter de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Morelos, personalidad que acreditó con copia certificada de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo comprendido del veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, al veintidós de marzo de dos mil diecinueve.(20)

15. Asimismo, dicho funcionario ostenta la representación de la Comisión actora, en términos de lo dispuesto por los artículos 16, fracción I, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos(21) y 15o. de su reglamento interno;(22) y cuenta con la facultad expresa para promover cualquier tipo de acción, incluida la constitucional, para la defensa de los intereses de ese organismo ante cualquier autoridad local o federal.

16. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

17. En el caso, la parte actora no es la citada Comisión Nacional, sino una Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismos que en términos del Texto Constitucional están legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes locales que vulneren los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que México sea Parte.

18. Al respecto, a través de los conceptos de invalidez propuestos, la Comisión actora pretende evidenciar, entre otras cuestiones, que la reforma a la Constitución del Estado de Morelos contraviene los derechos de seguridad jurídica y el derecho político a la participación ciudadana porque, mediante esa modificación se derogó la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana al cual ya se tenía derecho a nivel local y se condicionó temporalmente el ejercicio de otros mecanismos de participación ciudadana; esto es, la parte actora pretende demostrar que la norma impugnada vulnera determinados principios aplicables a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por México, por ende, debe estimarse que la accionante cuenta con legitimación activa para instar al presente medio de control constitucional, sin que sea posible analizar desde este momento la existencia de las violaciones aducidas o si éstas contravienen los derechos humanos, pues ello será propio del fondo del asunto, al abordar los conceptos de invalidez.

19. Asimismo, no obsta que las normas impugnadas en forma específica formen parte de una Constitución Local; ello porque las Constituciones de los Estados están compuestas de normas de carácter general subordinadas a la Constitución Federal, en términos de los artículos 103 y 105 constitucionales, por lo que pueden ser controladas a través de la acción de inconstitucionalidad, tal y como fue reconocido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa acción de inconstitucionalidad 55/2016.(23)

20. En consecuencia, al ser la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, entonces procede reconocerse la legitimación activa en este asunto, con las salvedades que se indicarán más adelante.

V. Causales de improcedencia

21. Previo a analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas, el Pleno de esta Suprema Corte analizará las causas de improcedencia hechas valer por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como las advertidas de oficio, con fundamento en los artículos 65 y 19 de la ley reglamentaria.(24)

V.1 Causas de improcedencia planteadas por las partes

22. A efecto de analizar las causas de improcedencia que puedan actualizarse, es conveniente tener en consideración que, en virtud del decreto impugnado fueron reformados los artículos 14, fracción I; 19 Bis, primer párrafo; 23; 26, fracción IV; 32, último párrafo; 40, fracciones LII y LIV; 60, fracción VII; 70, fracción XXXII; 99, fracción XIII; 117, fracción V; 134, segundo párrafo; 136; último párrafo, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo, fueron adicionados un párrafo segundo al artículo 1; dos párrafos al artículo 19 Bis; y un último párrafo al artículo 119, todos de ese ordenamiento y; finalmente, se derogaron la fracción IV del apartado A del artículo 19 Bis y el apartado B de ese precepto de la Constitución Local.

23. Esto es, dentro de los artículos modificados por virtud del Decreto Número 758 (identificado como punto A, de la parte relativa de la demanda) están los numerales 19 Bis, primer párrafo; 23 y 40, fracción LIV, de la Constitución del Estado de Morelos, por ende, la impugnación hecha respecto del citado decreto debe entenderse formulada, en forma concreta, a las modificaciones realizadas a esos artículos, máxime que éstos también son impugnados en forma destacada por la accionante al identificarlas mediante los puntos B, C y D del apartado correspondiente de la demanda.

24. Esto es, la parte actora cuestiona en forma particular las siguientes porciones normativas del decreto impugnado:

• En el primero y quinto (identificado como cuarto en la demanda) conceptos de invalidez aduce que el artículo 147, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos es contrario a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por implementar un mecanismo de reformas constitucionales diferente al previsto en el último de los preceptos indicados.

• En otra parte del primer concepto de impugnación alega que el artículo 19 Bis, primer párrafo, de la Constitución de Morelos es contrario al principio de progresividad por eliminar como mecanismo de participación ciudadana, la referencia expresa a la revocación de mandato y sólo reconocer con tal carácter al plebiscito, referéndum, a la iniciativa popular y la rendición de cuentas.

• En el segundo concepto de invalidez (identificado como tercero en la demanda) expone la inconstitucionalidad del artículo 40, fracción LIV, de la Constitución Local por facultar al Congreso del Estado a solicitar el inicio de los procesos de participación ciudadana y no así prever tal potestad en favor del Consejo de Participación Ciudadana.

• En el segundo concepto de invalidez (identificado como tercero en la demanda) aduce la inconstitucionalidad de diferentes porciones normativas de la fracción V del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos:

1. La relativa a la condición temporal para convocar a la realización de mecanismos de participación ciudadana, prevista en su noveno párrafo del texto publicado en Periódico Oficial del Estado de Morelos, a través del decreto ahora impugnado.

2. La que establece la facultad del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana calificará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum o revocación de mandato, prevista en el octavo párrafo del texto publicado en Periódico Oficial del Estado de Morelos, a través del decreto ahora impugnado.

25. Cabe precisar que la impugnación concerniente al octavo párrafo de la fracción V del artículo 23 de la Constitución Local de la entidad precisada, relativa a facultad para calificar la procedencia o improcedencia de los mecanismos de participación ciudadana ahí previstos, debe entenderse referida en forma general; es decir, por cuanto hace a la potestad de calificar cualquier mecanismo de participación ciudadana, con independencia de la denominación, alusión o referencia específica a alguno de éstos. Ello porque sus argumentos no están encaminados a demostrar que tal potestad deba estar prevista a favor de una autoridad diferente en relación con un mecanismo de participación ciudadana; por el contrario, la accionante tiende a cuestionar la potestad intrínseca que, en virtud de tal norma se establece a favor de una autoridad determinada. Por ende, la impugnación realizada se formula al margen de que en esa porción normativa exista o no una referencia específica a algún mecanismo de participación ciudadana, como lo es la prevista al señalar: "... de las solicitudes de plebiscito, referéndum o revocación de mandato ...".

26. Precisado lo anterior, se procede al estudio de los motivos de improcedencia. Al respecto, al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos afirmó que la acción era improcedente por resultar extemporánea la presentación de la dem

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29235-9df0b9ad/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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