I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE QUIENES INTEGRAN UN CONGRESO LOCAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES EXPEDIDAS POR ESE MISMO ÓRGANO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CARÁCTER DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LOS PROMOVENTES PUEDE TENERSE POR ACREDITADO, COMO HECHO NOTORIO, CUANDO HA SIDO RECONOCIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVER UN ASUNTO DIVERSO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS CUESTIONES RELATIVAS A SU PROCEDENCIA SON DE ORDEN PÚBLICO Y, POR TANTO, DE ESTUDIO PREFERENTE AL ANÁLISIS DE FONDO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA QUE SEA PROCEDENTE ESTE MEDIO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, ES SUFICIENTE QUE SE HAGAN VALER ARGUMENTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES PROCESALES EN LA CREACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PREVIAMENTE AL ANÁLISIS DE FONDO, DEBEN EXAMINARSE LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A POSIBLES VIOLACIONES PROCESALES EN LA CREACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS PUES, DE RESULTAR FUNDADOS, PUEDEN JUSTIFICAR SU INVALIDEZ TOTAL. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA DETERMINAR LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA PUEDEN PLANTEAR LA CONTRADICCIÓN DE NORMAS GENERALES FRENTE A LA CONSTITUCIÓN GENERAL, YA SEA EN RELACIÓN CON SU PARTE DOGMÁTICA U ORGÁNICA. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CON IMPACTO EN LOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN CONSTITUCIONALMENTE A UNA MINORÍA LEGISLATIVA EN VIRTUD DE SU CARÁCTER DE PARLAMENTARIOS, NO IMPIDEN EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE, AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA, SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE ARTÍCULOS QUE, AUN CUANDO FUERON REFORMADOS POSTERIORMENTE A SU IMPUGNACIÓN, ÚNICAMENTE PRESENTAN CAMBIOS DE PALABRAS, REDACCIÓN U ORTOGRÁFICOS, QUE NO REPERCUTEN EN SU SENTIDO O ALCANCE (ARTÍCULOS 24, NUMERAL 1, 26, NUMERAL 1, 27, NUMERALES 1, 2 Y 3, 29, NUMERAL 1, Y 130, NUMERAL 4, DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO OBJETO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 1, 29 Y 53, NUMERAL 4, DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. ANÁLISIS SOBRE EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE VOTACIÓN POR MAYORÍA CALIFICADA EN EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO, COMO VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DEMOCRACIA, REPRESENTATIVIDAD Y LEGALIDAD (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL DECRETO No. 65-652, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 217/2023. DIPUTACIONES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 25 DE MARZO DE 2025. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y AUGUSTO ARTURO COLÍN AGUADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El doce de octubre de dos mil veintitrés, se publicó el Decreto No. 65-652, mediante el cual se reformaron los artículos 24, numeral 1; 26, numeral 1; 27, 29, numeral 1; 53, numeral 4 y 130, numeral 4, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. La reforma consistió en considerar a las diputaciones independientes o sin partido en la integración de los órganos internos (Junta de Gobierno, Junta de Coordinación Política y Diputación Permanente), así como el otorgamiento de determinadas prerrogativas (asignación de recursos, locales y subvenciones, la participación en las comparecencias de personas servidoras públicas, entre otras). También se ajustó el texto de las disposiciones para atender un lenguaje incluyente.
Un grupo de diputadas y diputados integrantes del Congreso local promueven la presente acción de inconstitucionalidad en contra del decreto precisado, por la presunta actualización de violaciones en el procedimiento legislativo que justifican su invalidación. En esta sentencia se analizarán las cuestiones jurídicas planteadas, con base en la siguiente estructura:
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 217/2023 promovida por un grupo de diputaciones integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, en contra del Decreto No. 65-652, mediante el cual se reformaron los artículos 24, numeral 1; 26, numeral 1; 27, 29, numeral 1; 53, numeral 4 y 130, numeral 4, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.(1) Los promoventes alegan que se actualizaron irregularidades en el procedimiento legislativo que conllevan la invalidez del decreto en su integridad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Publicación del Decreto controvertido. El doce de octubre de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el Decreto No. 65-652, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Organización del Congreso local, con el objetivo de incluir a las diputaciones independientes o sin partido en la conformación de los órganos internos y la previsión de ciertas prerrogativas, aunado a que se reformularon las disposiciones con un lenguaje incluyente, lo cual se ilustra en el siguiente comparativo:
Ver comparativo 1
2. Promoción de la acción de inconstitucionalidad y conceptos de invalidez. El trece de noviembre de dos mil veintitrés, un grupo de diputaciones integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas depositaron un escrito de acción de inconstitucionalidad en la oficina del Servicio Postal Mexicano de su localidad, la cual se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de noviembre siguiente.
3. En su demanda, las diputaciones promoventes alegan que el Decreto No. 65-652 viola los artículos 1º, 6º, 14, 16, 17, 41, 49, 52, 94, 115, 116 y 133 de la Constitución Política del país; 2, 7, 8, 25, 28 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 9, 14, 17 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su único concepto de invalidez, sostienen la violación de los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, así como la afectación de su derecho al ejercicio del encargo, debido a que la reforma a la Ley de Organización del Congreso local proviene de un procedimiento en el que se actualizaron los siguientes vicios que justifican declarar su invalidez:
a) La Diputación Permanente no se integró legalmente. Plantean lo siguiente en relación con la designación de la Diputación Permanente realizada por el Pleno del Congreso local el treinta de junio de dos mil veintitrés, a través del Decreto 65-607:
• La conformación se propuso al Pleno por la Diputada Linda Mireya González Zúñiga, quien no tenía dicha facultad porque, al ser una diputada sin partido, no debía formar parte de la Junta de Coordinación Política. Los artículos 32 y 53, numeral 5, de la Ley de Organización del Congreso local(2) restringen la facultad de proponer al Pleno la integración de la Diputación Permanente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
• Se asignaron cuatro espacios de la Diputación Permanente al Grupo Parlamentario de Morena, mientras que al Partido Acción Nacional solo se le otorgaron dos. De conformidad con el artículo 53, numeral 4, de la Ley de Organización del Congreso local,(3) únicamente cuando un grupo parlamentario cuenta con la mayoría absoluta del Congreso le corresponden cuatro integrantes en la conformación de la Diputación Permanente, siendo que Morena no lo cumplía pues solo contaba con dieciséis diputaciones.
Entonces, Morena tuvo una sobrerrepresentación de un espacio, el cual debió asignarse al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Ello acarrea la nulidad de la incorporación de esa diputación adicional de Morena a la Diputación Permanente, tanto en sus sesiones como en las votaciones, sobre todo si su presencia fue esencial para cumplir el quorum.
• De la Ley de Organización del Congreso local se desprende que solo los grupos o facciones partidistas tenían derecho a formar parte de la Junta de Coordinación Política y de la Diputación Permanente. Por tanto, fue indebido que se incorporara a la Diputada Linda Mireya González Zúñiga en la Diputación Permanente.
• La participación del Diputado José Alberto Granados Fávila en las sesiones de la Diputación Permanente, en su carácter de suplente, presenta un vicio invalidante, debido a que pertenecía a Morena y los únicos ausentes eran miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo que viola los principios de proporcionalidad y representación, pues los espacios deben distribuirse de forma tal que reflejen en su configuración la pluralidad del Congreso.
Lo anterior, en términos del artículo 53, numeral 4, de la Ley de Organización del Congreso local.(4) La participación de ese quinto espacio de representación debe ser anulado, lo que acarrea que en las sesiones únicamente se reunieron cuatro diputaciones.
• La Presidencia y las Secretarías de la Diputación Permanente se asignaron a integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en contravención de los artículos 43, párrafo sexto, de la Constitución local y 15, numeral 2, cuarto párrafo, de la Ley de Organización del Congreso local,(5) lo cual tiene repercusiones graves para la condición imparcial de las sesiones. Esa disposición es aplicable a la Mesa Directiva, tanto en los periodos ordinarios como en los recesos, como establece el artículo 54 de la Ley de Organización del Congreso local.(6)
b) Falta de quorum en la sesión de la Diputación Permanente de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. En la reunión solo asistieron cuatro diputaciones integrantes de la Diputación Permanente, lo cual no cumple el quorum, pues los artículos 37 de la Constitución local y 76, numeral 1, de la Ley de Organización del Congreso local,(7) establecen que para que un órgano pueda actuar legalmente se necesita que esté reunida la mitad más uno de sus integrantes.
La mitad de los siete integrantes de la Diputación Permanente equivale a tres punto cinco (3.5) y si se le suma uno resulta cuatro punto cinco (4.5). Si en una reunión comparecen cuatro diputaciones, se está por debajo del umbral mínimo de cuatro punto cinco (4.5). Para la celebración de las sesiones públicas extraordinarias, durante los periodos de receso, se requiere la convocatoria correspondiente, por lo que si esta se emitió en una reunión que no cumple el quorum, entonces dicha convocatoria es nula y acarrea la invalidez de todo lo discutido y votado en la sesión extraordinaria.
c) Incumplimiento de la regla de votación por mayoría calificada. Desde el año dos mil veintidós, en los artículos 3, numeral 3 y 109 de la Ley de Organización del Congreso local se establece que, para cualquier reforma o adición del propio ordenamiento, se requiere para su aprobación la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, lo que equivale a veinticuatro votos. En el caso, el decreto se aprobó con una cantidad inferior a la que exige la norma.
Se trata de una violación grave del proceso legislativo y es un vicio que conlleva la nulidad absoluta, pues es la norma conforme a la cual las diputaciones ejercen su encargo público. La Mesa Directiva del Congreso no tiene facultad de desplegar un control difuso de constitucionalidad respecto de la normativa que rige el procedimiento legislativo y, por ende, no puede simplemente inaplicarla.
Sumados los anteriores elementos, se concluye que los vicios dañan gravemente el procedimiento parlamentario para la emisión del decreto impugnado y, en consecuencia, se debe declarar su invalidez.
4. Registro y turno. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la demanda, ordenó la formación y registro del expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 217/2023 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la instrucción del procedimiento.
5. Admisión y trámite. El catorce de diciembre siguiente, la Ministra instructora emitió un acuerdo por el cual –entre otras cuestiones– admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del estado de Tamaulipas, para que rindieran sus respectivos informes; así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación y esfera competencial conviniera.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. El siete de febrero de dos mil veinticuatro, se recibió el informe rendido por el Diputado Eliphaleth Gómez Lozano, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, en los siguientes términos:
a) Los accionantes impugnan “el contenido total” del Decreto 65-652, arguyendo supuestas violaciones al procedimiento legislativo, pero omiten plantear cuestionamientos específicos de la invalidez de cada uno de los preceptos legales que contiene dicho decreto. Por tanto, se debe sobreseer en el asunto, pues no se hacen valer violaciones a la Constitución Política del país.
b) La modificación de las normas para el funcionamiento interno del Congreso local compete al Poder Reformador de la Constitución local y al propio Congreso, pues no se establece ninguna base obligatoria en el artículo 116 constitucional. La reforma de la Ley de Organización del Congreso local es conforme a la reforma a la Constitución Política del país de nueve de agosto de dos mil doce, que instituyó el derecho de la ciudadanía de acceder al poder público a través de las candidaturas independientes. Por tanto, el contenido del Decreto 65-652 no solo es válido, sino imperativo.
c) La Sexagésima Quinta Legislatura llevó el procedimiento legislativo, a partir del cual emitió el decreto respectivo, con total apego a la Constitución.
d) El cuestionamiento de los promoventes es improcedente por extemporáneo, ya que exponen “violaciones procesales” supuestamente cometidas en la expedición del Decreto 65-652, pretendiendo reclamar la integración de la Diputación Permanente nombrada por el Pleno el treinta de junio de dos mil veintitrés, mediante el Decreto 65-607.
Ese reclamo no se refiere a una norma general y se encuentra fuera del plazo legal para ejercer una acción de inconstitucionalidad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria. Por tanto, se debe sobreseer respecto a las supuestas violaciones procesales referentes al Decreto 65-607.
e) Es ineficaz e infundada la alegación sobre el número de integrantes de la Diputación Permanente que debía tener el Grupo Parlamentario de Morena, pues, conforme a la Ley de Organización del Congreso local, los grupos parlamentarios se reparten cuatro y dos espacios en la Diputación Permanente en orden a su número de integrantes y la restante a un grupo distinto. Por lo que es evidente que carece de sentido que a uno de tales grupos le hubieran correspondido tres lugares. Aún si se asumiera tal alegato, no tendría por consecuencia la invalidez de la norma.
f) Es infundado el planteamiento de que solo las agrupaciones de partido tenían derecho a formar parte de la Junta de Coordinación Política y de la Diputación Permanente, considerando la reforma constitucional de nueve de febrero de dos mil doce, que posibilitó el acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular de manera independiente.
g) Respecto al origen del método de selección de la Diputación Permanente, la Diputada Linda Mireya González Zúñiga actuó en su calidad de integrante de la Junta de Coordinación Política, como coordinadora del Grupo Parlamentario de diputaciones sin partido. Cualquier posible defecto de forma o de procedimiento es subsanable por el Pleno, de conformidad con la Jurisprudencia 117/2004.(8)
Desde el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la entonces Junta de Coordinación Política aprobó reconocer como parte integrante de sus miembros al grupo parlamentario sin partido. Con base en el principio de igualdad y no discriminación, sí tenía sustento la incorporación de una diputada sin partido.
h) En la reunión de la Diputación Permanente del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, sí actuó con el quorum legal, pues al estar compuesta por siete, se requerían de al menos cuatro diputaciones, ya que el artículo 37 de la Constitución local requiere la asistencia de más de la mitad. No es obstáculo el artículo 76, numeral 1, de la Ley de Organización del Congreso local, pues solo aplica a las sesiones del Pleno y no a la Diputación Permanente, pues la conformación de esta es un número impar.
Como no se puede fraccionar a los integrantes de la Diputación Permanente, el quorum legal para sesionar es la parte entera de tres más uno, por lo que se satisface con la asistencia de cuatro diputaciones.
i) Es infundado el planteamiento sobre la violación a la regla de votación. El artículo 3, numeral 3, de la Ley de Organización del Congreso local es contrario al artículo 67 de la Constitución local, pues este dispone que toda iniciativa adquiere el carácter de ley o decreto si se aprueba por mayoría de las diputaciones presentes. El artículo 116, segundo párrafo, de la Constitución Política del país, establece que los poderes de cada estado se organizarán conforme a la Constitución que adopte, por lo que existe una reserva de fuente respecto al funcionamiento del Congreso estatal.
La Ley de Organización del Congreso local es la única que para su modificación requiere de las dos terceras partes de integrantes del Congreso, lo cual es excesivo e implica una antinomia con el texto de la Constitución local. Por tanto, para aprobar el Decreto No. 65-652 no se requerían de veinticuatro votos de sus integrantes, sino que bastaba el voto favorable de la mayoría de las diputaciones presentes en la sesión extraordinaria.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. El mismo día, se recibió un escrito signado por Jorge Luis Beas Gámez, en su calidad de Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el que rinde el informe en representación del Poder Ejecutivo local, conforme a lo siguiente:
a) Respecto a la publicación del Decreto impugnado, manifestó que es cierto el acto reclamado, no así lo relativo a su promulgación, pues el artículo 40 de la Constitución Política del estado(9) establece que la legislación que establezca las normas de organización y funcionamiento internos del Congreso no necesitará de promulgación del Ejecutivo para tener vigencia.
b) La estricta publicación del Decreto No. 65-652 en nada vulnera los derechos de las diputaciones promoventes, por lo que se debe declarar la improcedencia de la acción por cuanto al Gobernador de Tamaulipas, ya que los conceptos de invalidez se refieren al contenido de la reforma a la Ley de Organización del Congreso local. El Ejecutivo local no puede ser parte, porque no tiene incidencia en asuntos de la organización interna del Congreso y su actuación tuvo fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción V, de la Constitución Política de la entidad.(10)
c) Por lo que hace a los conceptos de invalidez, se ignoran por no ser propios.
8. Cierre de la instrucción. El trece de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora emitió un acuerdo por el que tuvo por presentados los escritos de alegatos tanto de las diputaciones promoventes, como de las representaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado; hizo constar que la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no comparecieron; por lo que declaró el cierre de instrucción del asunto, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
9. Presentación de un escrito por el Poder Legislativo. El diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, el Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, en su carácter de Presidente de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura, presentó ante esta Suprema Corte un escrito por el cual solicita el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad, debido a que las normas reformadas en el Decreto No. 65-652 se reformaron nuevamente mediante el Decreto No. 65-887, aprobado por el Pleno del Congreso local el pasado catorce de agosto.
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la competencia para analizar las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política del país, de conformidad con los artículos 105, fracción II, párrafos primero y segundo, inciso d), de la Constitución Política del país(11) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(12) —aplicable en términos del artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro—.(13)
11. En el caso, un grupo de integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas impugna el Decreto No. 65-652, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, al considerar que contraviene diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno para resolver la presente.
II. PRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES RECLAMADAS
12. En el escrito de demanda, las diputaciones promoventes identifican como norma general impugnada “[e]l contenido total del Decreto No. 65-652”, por la presunta materialización de violaciones en el procedimiento legislativo.
13. Si bien en varios puntos del escrito inicial cuestionan la regularidad de la designación de la Diputación Permanente, aprobada por el Pleno a través del Decreto No. 65-607, que se publicó en el Periódico Oficial del estado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, estos planteamientos se dirigen a reclamar esa determinación como parte del procedimiento del cual surgió el Decreto No. 65-652. Cabe recordar que esta Suprema Corte ha considerado que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general que emana del mismo, de tal forma que en una acción de inconstitucionalidad no procede impugnar cada acto legislativo individualmente, sino a partir de la publicación de la norma general.(14) 14. En ese sentido, no se advierte que la pretensión de los accionantes haya sido promover la presente impugnación en contra del Decreto No. 65-607, lo cual además sería inviable, porque dicho acto formalmente legislativo propiamente no es una norma general, sino una determinación sobre la conformación de un órgano interno del Congreso local.(15) Por tanto, únicamente se tiene como norma reclamada el Decreto No. 65-652 en su integridad.
III. OPORTUNIDAD
15. El artículo 60(16) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(17) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y que su cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en la que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo es inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.
16. El Decreto No. 65-652 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el doce de octubre de dos mil veintitrés,(18) por lo que el plazo legal transcurrió del viernes trece de octubre al sábado once de noviembre. Como el último día del plazo era inhábil,(19) la demanda se podía presentar hasta el lunes trece de noviembre, que era el día hábil próximo.
17. Los promoventes depositaron el escrito de demanda en una oficina del Servicio Postal Mexicano del estado de Tamaulipas, precisamente, el trece de noviembre de dos mil veintitrés.(20) Como tienen el carácter de diputadas y diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas, se presume que radican fuera del lugar de residencia de esta Suprema Corte (Ciudad de México), por lo que debe entenderse que la demanda se presentó en esa fecha, en términos del artículo 8º de la Ley Reglamentaria.(21) Con base en lo razonado, se concluye que la acción de inconstitucionalidad se promovió oportunamente.
18. No pasa desapercibido que el Poder Legislativo planteó en su informe la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad respecto al Decreto No. 65-607, debido a su presentación de forma extemporánea. Sin embargo, tal como se justificó en el apartado previo, el decreto señalado no debe tenerse como norma impugnada en esta acción de inconstitucionalidad, por lo que se desestima la causa de improcedencia planteada.
IV. LEGITIMACIÓN
19. De conformidad con el inciso d) del segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política del país,(22) el equivalente al treinta y tres por ciento (33 %) de quienes integran la legislatura de una entidad federativa pueden ejercer una acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por el propio órgano.
20. En ese sentido, del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas se desprende que el Congreso se integra por treinta y seis diputaciones (veintidós electas por el sistema de mayoría relativa y catorce según el principio de representación proporcional). En el asunto, la demanda de la acción de inconstitucionalidad está firmada por trece personas que se ostentan como diputadas y diputados del Congreso de Tamaulipas,(23) número que equivale al treinta y seis punto once por ciento (36.11 %) del órgano.
21. El carácter de los promoventes como integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Tamaulipas fue reconocido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(24) al resolver la acción de inconstitucionalidad 160/2023,(25) lo cual se invoca como un hecho notorio,(26) en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(27) de aplicación supletoria.(28) Dicha calidad también se corrobora con la publicación del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el que consta el Acuerdo No. IETAM-A/CG-108/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.(29)
22. Entonces, se cumple con lo previsto en el artículo 62, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria, en cuanto a que la demanda en la que se ejerza la acción debe estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de las personas integrantes del órgano legislativo. Asimismo, las diputaciones promoventes pretenden controvertir la constitucionalidad de un decreto emitido por el mismo órgano legislativo al que pertenecen, a través del cual se reformó la Ley de Organización del Congreso local. Por las razones expuestas, las diputaciones promoventes tienen legitimación procesal para promover esta acción de inconstitucionalidad.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de orden público y, por ende, de estudio preferente. En consecuencia, se deben estudiar las causas de improcedencia invocadas por las autoridades emisoras de las normas reclamadas o las que se adviertan de oficio, para determinar si se justifica el estudio de fondo de los conceptos de invalidez que se hacen valer.
24. Cabe recordar que el planteamiento del Poder Legislativo respecto a la improcedencia de la acción por su extemporaneidad ya fue atendido en el apartado correspondiente.
V.1. Omisión de formular conceptos de invalidez
25. El Poder Legislativo del estado argumenta en su informe que, cuando se hacen valer violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a las normas generales impugnadas, pero se omiten formular conceptos de invalidez específicos en contra del contenido de estas, deben prevalecer porque gozan de una presunción de validez.
26. También plantea que el objeto de la acción de inconstitucionalidad es la tutela abstracta de las disposiciones contenidas en la Constitución, por lo que los sujetos legitimados solo están facultados para denunciar la posible contradicción entre una norma general y el texto constitucional; no para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera causar una norma. Al respecto, hace referencia a la Jurisprudencia 129/99, de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN”.(30)
27. Por los motivos señalados, establece que debe sobreseerse en el asunto, pues no se hacen valer violaciones a la Constitución Política del país, ya que los accionantes omiten plantear la no conformidad con la Constitución de las normas generales contenidas en los artículos 24, numeral 1; 26, numeral 1; 27, 29, numeral 1; 53, numeral 4, y 130, numeral 4, de la Ley de Organización del Congreso local.
28. Este Tribunal Pleno considera que no le asiste razón al Poder Legislativo. En primer lugar, porque parte de una premisa incorrecta al sostener que, si se hacen valer violaciones al procedimiento legislativo, también se deben desarrollar argumentos orientados a demostrar la inconstitucionalidad del contenido de las disposiciones creadas o modificadas mediante el decreto que se impugna.
29. En el marco de los medios de control previstos en el artículo 105 constitucional, esta Suprema Corte ha distinguido entre las violaciones procesales y las de fondo o sustantivas. Ambas suponen una contravención a la Constitución, pero difieren en cuanto a su origen e implicaciones. Las primeras se refieren a los vicios en el procedimiento de creación de las normas generales (como la inobservancia de formalidades que impactan en su calidad deliberativa o falta de consulta previa), mientras que las últimas versan sobre su contenido.
30. En principio, las violaciones procesales afectan la validez integral del acto legislativo reclamado y las de sustancia solamente las disposiciones en particular que presentan el vicio planteado. Precisamente por ello es que este alto tribunal ha adoptado como metodología estandarizada el estudio primordial de las violaciones procesales, pues de ser fundadas justifican la invalidez total de la ley o decreto reclamado, lo que hace innecesario valorar los vicios de fondo que se señalen.(31)
31. En consecuencia, resulta válido que, como en el caso, en una acción de inconstitucionalidad únicamente se aleguen violaciones procedimentales, las cuales comprenderían la totalidad de previsiones que hayan sido materia de adición, reforma o derogación mediante el decreto impugnado. Por tanto, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, debido a que sí se plantean violaciones a la Constitución Política del país, aunque sean de carácter procesal.
32. Por otra parte, también se desestima el señalamiento de que en una acción de inconstitucionalidad no cabe el estudio de los planteamientos dirigidos a salvaguardar los derechos propios de quienes ejercen la acción de inconstitucionalidad. Si bien los diputados promoventes alegan que la modificación del marco normativo interno del Congreso, sin cumplir con las formalidades constitucionales y legales para tal efecto, incide en su derecho al ejercicio del encargo; lo cierto es que también argumentan que las violaciones procedimentales suponen una violación en abstracto de los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.
33. Asimismo, esta Suprema Corte ha considerado, consistentemente, como parte del parámetro para evaluar la regularidad constitucional de un procedimiento legislativo, el principio de deliberación democrática en correlación con el derecho a la participación, en condiciones de libertad e igualdad, de todas las fuerzas políticas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33969-c7b9f552/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-treinta-y-tres · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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