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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR EL PROPIO ÓRGANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. V. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. VII. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE CONFORMARON LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LEGISLATURA 65, NO SON ACTOS QUE FORMAN PARTE DE DICHO PROCEDIMIENTO, POR LO QUE NO PUEDEN ACTUALIZAR ALGUNA IRREGULARIDAD QUE TRASCIENDA A LA VALIDEZ DE LAS NORMAS IMPUGNADAS (DECRETO 65-626, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL 23 DE AGOSTO DE 2023). VIII. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LOS PLANTEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE ORIGEN DE QUIENES INTEGRAN LA COMISIÓN PERMANENTE, EXCEDEN EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA QUE EL TRIBUNAL PLENO PUEDE REALIZAR A LA LUZ DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, RESPECTO DE LA REGULARIDAD DE UN PROCESO LEGISLATIVO (DECRETO 65-626, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL 23 DE AGOSTO DE 2023). IX. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS PRESIDENTA, SECRETARIAS Y SUPLENTE DE LA MESA DIRECTIVA PARA UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA, FORMAN PARTE DE DICHO PROCEDIMIENTO, POR LO QUE, EN CASO DE QUE SE ACTUALICE UNA IRREGULARIDAD DURANTE ESTA FASE, ES POSIBLE EVALUAR SI ÉSTA TUVO UN POTENCIAL INVALIDANTE. X. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA PROHIBICIÓN DE QUE LAS SECRETARÍAS SEAN DEL MISMO PARTIDO QUE LA PRESIDENCIA Y LA SUPLENCIA, NO PUEDE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE TANTO LAS SECRETARÍAS, LA PRESIDENCIA Y LA SUPLENCIA DEBAN SER DE PARTIDOS DIFERENTES. XI. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO SE VIOLÓ EL CUÓRUM LEGAL MÍNIMO EXIGIDO, AL HABERSE EMITIDO EL DICTAMEN DE LA INICIATIVA Y LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA EN LA QUE SE DISCUTIÓ Y VOTÓ, CON LA PRESENCIA DE SÓLO CUATRO DE LOS SIETE INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. XIII. MATERIA ELECTORAL. LAS REFORMAS A LAS NORMAS TENDENTES, ESENCIALMENTE, A SUSTITUIR EL NOMBRE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO LOCAL, NO TIENEN NATURALEZA ELECTORAL, POR LO QUE NO PUEDEN ACTUALIZAR UNA INOBSERVANCIA A LA VEDA LEGISLATIVA EN LA MATERIA (DECRETO 65-626, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL 23 DE AGOSTO DE 2023). XIV. MATERIA ELECTORAL. LA REFERENCIA A LOS "DISTRITOS ELECTORALES", CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR QUÉ DIPUTADO O DIPUTADA SERÁ PROPUESTA PARA INTEGRAR LOS ÓRGANOS EN LAS MATERIAS DE AGUAS Y DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD, NO PUEDEN CONSIDERARSE SUFICIENTES PARA ESTIMAR QUE SE TRATA DE UNA REGULACIÓN DE ESA NATURALEZA (DECRETO 65-626, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL 23 DE AGOSTO DE 2023). XV. MATERIA ELECTORAL. NO ES POSIBLE DETERMINAR SI LAS NORMAS REFORMADAS TIENEN ESA NATURALEZA A PARTIR DE SU RELACIÓN CON UN PRECEPTO QUE NO FUE IMPUGNADO (DECRETO 65-626, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL 23 DE AGOSTO DE 2023). XVI. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA SOLA ARMONIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO LOCAL, CONSISTENTE EN SUSTITUIR LAS MENCIONES DE LA "JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA" POR LA "JUNTA DE GOBIERNO", NO AUTORIZA A PRONUNCIARSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DIVERSO DECRETO, NO IMPUGNADO, QUE SENTÓ LAS BASES DE DICHA ARMONIZACIÓN (DECRETO 65-626, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL 23 DE AGOSTO DE 2023). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE UN TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL NO PUEDE SER TOMADO EN CUENTA EN EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD QUE SE REALIZA EN ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. XVIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ ORIENTADOS A SALVAGUARDAR DERECHOS DE PARTICULARES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 201/2023. · Registro digital (IUS): 33984
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-24
Promovente: DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.197.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 201/2023. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 28 DE ENERO DE 2025. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. Diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas impugnan la totalidad del Decreto No. 65-626, mediante el cual se reformaron disposiciones de varias leyes del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Ello al considerar que, durante el desarrollo del procedimiento legislativo de origen, así como previo a él, se actualizaron varias irregularidades que tienen un efecto invalidante. Asimismo, sostienen que las adecuaciones legislativas que se realizaron mediante el referido Decreto violan la veda legislativa en materia electoral, sus derechos político-electorales y diversos principios constitucionales.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 201/2023 promovida por diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas en contra de la totalidad del Decreto No. 65-626, mediante el cual se reformaron disposiciones de varias leyes del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Presentación del escrito inicial de la presente acción de inconstitucionalidad por diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas. Mediante escrito depositado en la oficina de Correos de México, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés,(1) el cual fue recibido el tres de octubre de la misma anualidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas,(3) promovieron la presente acción de inconstitucionalidad, señalando como norma impugnada y órganos emisores de la misma a los siguientes:

NORMA IMPUGNADA

DECRETO No. 65-626, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas; de la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tamaulipas; de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas; de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria para Tamaulipas y sus Municipios; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas; de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; y de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tamaulipas; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

ÓRGANOS EMISORES

- Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, las promoventes expusieron en sus conceptos de invalidez que durante el desarrollo del procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado, así como previo a él, se actualizaron diversas irregularidades que tienen un efecto invalidante. Asimismo, sostuvieron que las adecuaciones legislativas que se realizaron mediante el referido Decreto violan la veda legislativa en materia electoral, sus derechos político-electorales y diversos principios constitucionales. Para sustentar lo anterior, argumentaron, esencialmente, lo siguiente:

PRIMERO.

Las normas impugnadas son inconstitucionales porque tienen como finalidad anular las facultades y derechos del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para ejercer la dirección política del Congreso ante los demás poderes del Estado, así como quitarle las provisiones políticas, jurídicas y parlamentarias que tiene a su favor.

Se afectaron diversas garantías judiciales, contenidas en los artículos 1 y 17 constitucionales, ya que se inobservó lo resuelto en el expediente TE-RDC-04-2023 por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en la que ordenó restituirle sus derechos al presidente de la JUCOPO y se obligó a las autoridades responsables y vinculadas a no ejercer actos posteriores que afectaran sus derechos. Lo anterior, porque el Decreto impugnado tuvo por objeto armonizar diversas leyes con la reforma del ocho de julio de dos mil veintitrés, la cual eliminó las facultades del presidente de dicho órgano legislativo.

La armonización legislativa impugnada forma parte de un fraude legislativo precedido por el Decreto 65-619, constituye desacato, ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, todo lo cual puede dar lugar al inicio de procedimientos administrativos, imposición de sanciones por parte del Tribunal Electoral e incluso dar vista al Ministerio Público.

La expedición y reformas contenidas en los Decretos 65-619 y 65-626 constituyen una reiteración de actos que deben ser analizados bajo la óptica de un fraude legislativo para hacer nugatoria la restitución de derechos del otrora presidente de la JUCOPO, pues no le asiste la razón a los diputados de Morena que alegaron que el Decreto 65-619 fue expedido con anterioridad a la notificación de la sentencia del Tribunal electoral local. Lo anterior, porque de acuerdo con los criterios sostenidos por el Tribunal Pleno en el Recurso de Queja 8/2011 y en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 90/2011, las sentencias surten efectos de manera inmediata.

No se deben confundir diferentes momentos procesales, pues uno es el término de 24 horas que tienen las responsables a partir de la notificación de la sentencia para informar al Tribunal sobre su cumplimiento y otra es que una vez emitida se le dé cumplimiento de forma inmediata. En ese sentido, la notificación de la sentencia solo tiene relevancia para informar sobre su cumplimiento o para impugnarla.

De diversas expresiones, entrevistas y publicaciones se advierte el “animus fraudandi” de quienes participaron en la emisión de las normas impugnadas, como se desprende de las ligas electrónicas: https://fb.watch/IFR6nF2LyZ/?mibextid=qC1 gEa, del medio periodístico Muro Político, https://www.eleese.com.mx/politica/2023/07/11/al-moyo-solo-lo-queremospara-que-lea-las-efemerides, de Eleese Noticias, y Organización Radiofónica Tamaulipeca, disponible en https://fb.watch/IKQcsWmJ-D/?mibextid=YCRyOi24/7; y https://fb.watch/IMgTUeMfXI/.

De conformidad con las manifestaciones realizadas por la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica durante el procedimiento legislativo origen del Decreto impugnado, así como en lo que se desprende de los informes justificados rendidos dentro del “incidente de imposibilidad de cumplimiento” dentro del expediente TE-RCD 04/2023 y de las redes sociales (https://fb.watch/mJJWJo3rdy/), se advierte que se considera cumplida la sentencia devolviendo al ex presidente de la JUCOPO una oficina en la que ya no puede ejercer ninguna de las facultades que le concede el marco legal estatal.

Finalmente, es evidente que la JUCOPO fue sustituida por la Junta de Gobierno no para realizar una actualización de los órganos legislativos, sino solo para informar la entrega de la primera para dar “cumplimiento” a la sentencia emitida por el Tribunal electoral local, sin respetar las consecuencias jurídicas de esta.

SEGUNDO.

Se debe declarar la invalidez del Decreto 65-626 mediante el cual se le despojó a la JUCOPO de sus atribuciones como órgano de dirección política del Congreso, ya que se actualizan diversas violaciones dentro del procedimiento legislativo.

El primero de ellos es un vicio de origen, ya que existieron irregularidades en el método de selección para integrar la Diputación Permanente y esta autoridad fue la que emitió la convocatoria para la sesión extraordinaria del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la cual forma parte del procedimiento legislativo origen del Decreto impugnado. Como se advierte de la versión estenográfica de la sesión del 30 de junio de 2023, la integración fue propuesta por la diputada Linda Mireya González Zúñiga, quien no formaba parte de la JUCOPO.

La irregularidad se actualiza porque los artículos 53, numeral 5 y 32 de la Ley Interna del Congreso facultan solo a quienes integran la JUCOPO para proponer al Pleno la integración de la Diputación Permanente. Por ende, no es legal la propuesta de votación efectuada por el presidente de la Mesa Directiva del Pleno. Sin que pueda considerarse dicha cuestión de forma y por tanto subsanable por el Pleno, ya que los artículos 40 y 106 de la Constitución local establecen la existencia de un órgano máximo de dirección política denominado JUCOPO, el cual tiene la responsabilidad de generar consensos entre las distintas fuerzas políticas.

En ese sentido, la fórmula propuesta tiene un vicio de origen, ya que una fue presentada por la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien fungía como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la JUCOPO; y otra, por la diputada Linda Mireya González Zúñiga, cuya integración en la JUCOPO no se encontraba establecida en Ley. Ello es equiparable a que una iniciativa sea presentada, por ejemplo, por un exdiputado.

En el momento en que se eligió a la Diputación Permanente, había una restricción respecto a quiénes podían integrarla, pues solo se permitía a grupos, fracciones y representaciones partidistas, no así a diputaciones sin partido. Si bien existe un reconocimiento a quienes no integran un partido de los beneficios parlamentarios que les permitan desempeñar sus funciones, ello no significa que gocen de los privilegios que sí tienen quienes forman parte de uno.

Ya que en el momento en que fue electa la Diputación Permanente no se permitía que diputaciones sin partido integraran la JUCOPO, entonces la participación de la diputada Linda Mireya González Zúñiga, así como su suma para quorum y votos son ilegales.

Además de todo ello, en la integración de la Diputación Permanente no se respetaron los principios de representación política de conformidad con el Grupo Parlamentario, ni la obligación de que las secretarías de la Mesa Directiva no correspondan al mismo grupo parlamentario que detenta la presidencia.

Como se desprende del Decreto respectivo, de los 7 espacios disponibles se otorgaron 4 al Grupo Parlamentario de Morena, 2 al del Partido Acción Nacional (PAN) y 1 al Grupo Parlamentario Sin Partido. Asimismo, se establecieron 3 suplencias, 1 para Morena, otra para el PAN y otra para el Partido de la Revolución Institucional. Lo cual resulta violatorio del artículo 53, numeral 4, el cual solo permite otorgar 4 de los 7 espacios al grupo parlamentario que tenga mayoría absoluta, lo cual no acontece en este caso, pues Morena solo tiene 16 diputaciones y no las 19 que se necesitan para cumplir el requisito. Por ello, existe una sobrerrepresentación de dicho partido.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 15, numeral 2, párrafo cuarto, de la Ley Interna del Congreso, la Mesa Directiva debe tener una representación plural en sus encargos, lo cual se traduce en que la presidencia y secretarías no deben estar integradas por diputaciones del mismo grupo parlamentario. No obstante, Morena detenta tanto la presidencia como dos secretarías de la Diputación Permanente, por lo cual se viola dicho precepto. Además, se afecta la conducción imparcial de las sesiones, los conteos de votaciones, las interpretaciones legales, así como las demás funciones que tiene encomendadas la Mesa Directiva. Dicha disposición es aplicable a la Mesa Directiva tanto en periodo ordinario como en los recesos, por disposición expresa del artículo 54 de la Ley Interna del Congreso.

En suma, ya que el órgano legislativo que recibió la iniciativa, la dictaminó y convocó a sesión extraordinaria se encontraba indebidamente integrado, entonces el proceso mediante el cual se expidió el Decreto impugnado es ilegal.

Finalmente, tanto en la emisión del Decreto 65-619 como del diverso 65-626, la Diputación Permanente sesionó y emitió las convocatorias respectivas sin el quorum mínimo legal que exigen los artículos 37 de la Constitución local y 76 de la Ley Interna del Congreso, los cuales establecen que las sesiones deben realizarse con al menos la mitad más uno de sus integrantes. Para el caso del Pleno se tiene quórum con 19 de las 36 diputaciones, mientras que en el caso de la Diputación Permanente se necesitan 5, ya que la mitad de 7 es 3.5, más 1, es 4.5, por lo que se debe redondear a 5. Luego, si en las sesiones solo estuvieron presentes 4 de 7 diputaciones, entonces no se cumplía con el requisito, por lo cual no tienen validez las convocatorias emitidas para la emisión de ambos Decretos. Ello es conforme con lo establecido en la controversia constitucional 110/2006.

Sirven como prueba de lo anterior las ligas electrónicas https://fb.watch/IFR6nF2LyZ/?mibextid=qC1 gEa, del medio periodístico Muro Político; https://www.eleese.corn.mx/politica/2023/07/11/al-moyo-sololo- queremos-para-que-lea-las-efemerides, de Eleese Noticias; y https://fb.watch/IKQcsWmJ-D/?mibextid=YCRy0i24/7, de Organización Radiofónica Tamaulipeca. De las cuales se desprende la intención de evadir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral de Tamaulipas, por lo cual se solicita al Alto Tribunal la inspección ocular de dichas ligas para evidenciar la intención de burlar una sentencia jurisdiccional.

TERCERO.

La norma impugnada y contenida en el Decreto 65-626 niega nuestro derecho a participar en cargos del servicio público en condiciones de libertad e igualdad ante la ley, nos discrimina por nuestras convicciones políticas y se aplican normas retroactivas en nuestro perjuicio.

De la lectura sistemática de los artículos 1, 4, 5, 35 y 133 de la Constitución Federal, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se desprende que los diputados y las diputadas del Congreso tienen todos los derechos inherentes al cargo en materia política, en condiciones de igualdad participando en los cargos relativos a la función. Las restricciones que limiten esos derechos deberán ser expresas y justificadas.

Las reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas excluyen e imposibilitan a acceder al cargo de presidente o presidenta de la JUCOPO a quienes suscriben la demanda y en el futuro a quienes no formen parte del Grupo Parlamentario con mayor cantidad de votos recibidos o mayor cantidad de distritos ganados. Lo anterior, constituye una limitación o restricción absoluta a los derechos y no supone una restricción valida o justificada del principio de igualdad. Se cita como fundamento la Tesis de Jurisprudencia P/J 9/2016, de rubro: PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.

En este caso es aplicable el análisis estricto de constitucionalidad por tratarse de una categoría sospechosa, ya que existe discriminación por nuestras opiniones políticas. Por ello, se debe analizar si las restricciones cumplen una finalidad constitucional imperiosa, que estén estrechamente vinculadas con la finalidad constitucionalmente imperiosa y que la medida sea lo menos restrictiva posible. No obstante, de la iniciativa de reforma, así como del diario de debates no se desprende argumento alguno que justifique la restricción a los derechos.

Respecto a la pugna entre partidos políticos y grupos parlamentarios, se cita la Tesis de Jurisprudencia 91/2011, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 68/2008, de rubro: GRUPOS LEGISLATIVOS MIXTOS. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ÓRGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PREVÉ SU CONFORMACIÓN AL INTERIOR DEL CONGRESO LOCAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 41, BASE I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

De acuerdo con ello, el legislador tiene una responsabilidad individual que no puede estar supeditada a la de los partidos políticos. En ese sentido, los grupos parlamentarios son una herramienta de las personas legisladoras para expresarse y concertar políticamente dentro del Congreso, y no los brazos legislativos de los partidos, como lo pretende Morena con los Decretos 65-619 y 65-626.

Por otro lado, si las únicas personas que pueden acceder a ciertos cargos son quienes pertenecen a un cierto grupo parlamentario, entonces dichas personas deben estar sujetas a lo que establecen los artículos 8, numeral 1, fracción II y 10, numeral 1, fracción II, de los Estatutos del grupo Parlamentario de Morena, los cuales establecen una serie de ideologías y postulados que no se comparten.

Si bien el artículo 41 constitucional establece que cada partido tiene derecho a establecer sus propias reglas y principios, es inconstitucional que se restrinja el acceso a los órganos de gobierno del Congreso a quienes no compartan la ideología y postulados de un cierto partido, pues la pertenencia a este se vuelve la única vía para acceder a puestos de poder directivos, lo cual restringe los derechos humanos a la libertad del trabajo y servicio público consagrados en los artículos 5 y 34 constitucionales.

Además, el cargo de presidente o presidenta de la Junta de Gobierno Política trae aparejado el llamado “voto de calidad” o “voto decisorio” en caso de empate, evitando que las fuerzas políticas busquen consensos entre sí, lo cual transgrede el principio de igualdad. Asimismo, privar a quienes suscriben de acceder al cargo de presidente o presidenta de la Junta de Gobierno, por considerar que solo se puede acceder a él mediante la afiliación al Grupo Parlamentario de Morena, constituye una violación al principio de igualdad y separación de poderes.

También se viola el principio de no retroactividad de la ley establecido en el artículo 14 constitucional, al haberse aprobado las reformas al artículo 29 de la Ley Interna del Congreso, ya que los días 29 de marzo y junio de 2022 se eligió en el Pleno por mayoría absoluta a un presidente de la JUCOPO, el cual tenía derecho a seguir ocupando dicho cargo hasta que se dieran las temporalidades siguientes:

A) Hasta que concluyera la legislatura el 30 de septiembre de 2024.

B) Hasta que se alcanzara una elección por 24 votos en términos del artículo 3 de la Ley Interna vigente, a favor de cualquier otro diputado o diputada del Congreso.

C) Hasta que se reformara la Ley Interna para disponer otra situación jurídica, conforme a las mayorías establecidas en la misma, es decir, por 24 votos.

D) Pidiera licencia al cargo.

Por ello, la norma reclamada es una ley privativa, prohibida por el artículo 13 de la Constitución Federal, además de que viola el principio de irretroactividad de la ley, al tener como efecto reiterar las funciones que le fueron otorgadas al presidente de la JUCOPO para dárselas a un nuevo ente (Junta de Gobierno), privándole de un derecho adquirido.

Por lo que concierne a la totalidad de diputados y diputadas del Congreso, con anterioridad a la emisión de los Decretos 65-504, 65-549, 65-614, 65-615, 65-619 y 65-626, tenían derecho a contender por el cargo de presidente o presidenta del órgano de dirección política, sin importar el nombre que tuviera, mediante voto secreto por cédula, respetando su dignidad y el derecho a ejercer el cargo, en los términos desarrollados en las acciones de inconstitucionalidad 62/2023 y 77/2023.

En suma, mediante la reforma combatida, se priva de ese derecho, reservándoselo únicamente a quienes son miembros del Grupo Parlamentario de Morena, se viola el principio de irretroactividad de las normas, se viola un derecho adquirido y se excluye a personas por sus convicciones políticas. Finalmente, al tratarse de una ley electoral, se violó lo establecido en el artículo 105, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución, el cual dispone que no deberán promulgarse y publicarles leyes de esa naturaleza por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. No obstante, esas reformas se realizaron con menos de un mes de antelación al inicio del proceso electoral, por lo que son nulas, invalidas y no son oponibles al siguiente proceso electoral de 2024.

CUARTO.

La norma reclamada vulnera los derechos humanos a un sistema democrático y principios constitucionales establecidos en los artículos 39, 40, 41, 49, 52, 105, fracción II, 116 y 133 de la Constitución Federal, así como 22, 26 y 59, fracción III, de la Constitución local, al supeditar la estructura de gobierno interno del Congreso a un poder ajeno al mismo, vulnerando la división de poderes y certeza electoral.

La división de poderes ha sido desde el siglo XIII uno de los pilares de la democracia, estableciendo límites entre los poderes públicos. La constitución mexicana de 1917 lo estableció y mantiene vigente hasta ahora, a pesar de la aparición de los órganos constitucionales autónomos.

En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido un parámetro para evaluar si un acto o norma atentan contra la separación de poderes, verificando si con dicha norma se establece una relación de subordinación, dependencia o intromisiones hacia o desde cualquier otro poder.

En el caso concreto, la reforma impugnada traslada el método de selección de un cargo del Congreso, pues ya no depende de la voluntad del Pleno, sino de cierto resultado electoral.

Sobre la naturaleza del voto, existen diversas perspectivas sobre el por qué las personas votan por una u otra opción electoral, sin embargo, en nuestro marco legal, de corte liberal y garante de la democracia representativa, considera que las razones que orientan el voto son un asunto de la esfera íntima de cada ciudadano y su libertad y responsabilidad deben ser respetadas, por lo que no se le debe dar mayor relevancia jurídica al voto que la elección de diputaciones para el Congreso local.

En ese sentido, atendiendo al principio de certeza electoral y a la convocatoria emitida por la jornada electoral, la ciudadanía elige a personas legisladoras libres para desempeñar sus funciones incluyendo la posibilidad de decidir quiénes serán los titulares de los órganos de dirección parlamentaria y política, no a partidos políticos que nombras personas delegadas al Congreso.

En un caso hipotético en que los miembros de Morena cambiaran de filiación, conforme a la norma vigente bastaría que dicho Grupo Parlamentario retuviera a 3 personas legisladoras para conservar el carácter de Grupo Parlamentario y con ello poder retener la presidencia de la JUCOPO, lo cual transgrede el principio de mayorías.

No se desconoce que los partidos políticos son entidades de interés público que facilitan a la ciudadanía el acceso al poder público de conformidad con el artículo 41 constitucional, además de que una vez pasada la elección pueden influir en la agenda legislativa de sus candidaturas que hayan resultado electas.

No obstante, ello no significa que pueden, sin fundamento constitucional, normativo, en algún criterio o convocatoria, considerar que la obtención del voto será ahora el criterio decisorio para el otorgamiento de cargos sobre los que les corresponde únicamente a las personas que integran el Congreso.

La garantía constitucional de autonomía de los Congresos implica que tampoco mediante mayorías s simples o calificadas o incluso unanimidad, sus integrantes se sometan a los poderes de los partidos políticos o sus dirigencias, máxime que es legal que las mismas designen a su coordinador parlamentario.

La Tesis de Jurisprudencia 91/2011 reconoce la posición correcta que tienen los partidos políticos en la Constitución Federal para asegurar que no cometan intromisiones o creación de relaciones de dependencia en los procesos de los parlamentos.

El diseño constitucional de los grupos parlamentarios, como pieza fundamental de la JUCOPO o el órgano encargado de buscar el consenso político, no solo tiene como objetivo la adopción de resoluciones por mayoría, sino dotar de sentido de las normas procesales y promover la democracia deliberativa. Quitarle relevancia a la elección del Pleno del Congreso y trasladarla a un factor exterior como el resultado electoral, desincentiva el dialogo y negociación al interior de la JUCOPO, rompiendo los principios desarrollados en la Tesis de Jurisprudencia 73/2001, de rubro: CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASÍ CONOCIDO, QUE ASEGURABA EM LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES).

Los artículos 70 de la Constitución Federal y 40 de la Constitución local, reconocen a los Congresos su soberanía para dictar sus normas internas, sin necesidad de que sean promulgadas y la imposibilidad de veto, del Ejecutivo en atención al principio de división de poderes. Dicha autonomía no debe interpretarse en contravención a la Constitución ni puede renunciarse a ella. Como prueba de la desviación del entendimiento constitucional, se anexa el comunicado de prensa 5894, del 8 de agosto de 2023, disponible en la liga electrónica: https://www.congresotamaulipas.gob.mx/SalaPrensa/Boletines/boletin.asp?IdBoletin=6232.

La redacción del Decreto genera una hipótesis legal que crea conflictos de aplicación en las integraciones futuras del Congreso, pues el partido que obtenga más votos en el Estado no necesariamente será quien gane más distritos de mayoría. Asignar un cargo parlamentario entre dos opciones que pueden ser excluyentes, puede generar un conflicto que violenta el principio de certeza electoral. Además, es una intromisión a los asuntos parlamentarios, una regresión al derecho de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad y consolida un sistema de tipo partidocrático más que representativo.

De conformidad con los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, así como de la Ley electoral estatal, el proceso electoral para renovar el Congreso del estado comenzó la segunda quincena de septiembre, pero no se establece la elección de algún cargo parlamentario, por lo que no se puede establecer en una Ley Interna que el resultado electoral tendrá efecto en la asignación de algún cargo parlamentario.

Finalmente, permitirle al Congreso funcionar bajo dicha disposición sería el equivalente a considerar constitucional una Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que los secretarios de estado solo pueden ser militantes del partido o coalición electoral que tuviera más votos en la elección presidencial.

Por todo lo anterior, el Decreto impugnado es ilegal, contrario a los principios de certeza y seguridad jurídicas, las garantías de democracia representativa y deliberativa, por lo que debe ser declarado inconstitucional.

3. Preceptos que se consideran vulnerados. Las promoventes consideraron como tales los artículos 1°, 4, 6, 13, 14, 16, 17, 35, fracciones II y VI, 41, 49, 52, 94, 99, 115, 116, 123, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 7, 9, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 9, 14, 17 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 26, 27, y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

4. Radicación y turno. El cuatro de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 201/2023; y, por razón de turno, designó como instructora a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

5. Admisión y trámite. El catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, tuvo como autoridades emisoras de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y ordenó darles vista para que, dentro del plazo de quince días hábiles, rindieran sus informes correspondientes.

Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, solo si considerase que la materia de la acción trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniere.

Finalmente, negó la suspensión del Decreto impugnado solicitada por las promoventes, al considerar que, tratándose de normas generales, no procede otorgarla.

6. Recepción de informes y requerimiento. El veinte de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora tuvo por rendidos los informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas. Asimismo, requirió a este último para que adjuntara copia certificada de la iniciativa del Decreto impugnado.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. El Poder Ejecutivo del Estado, manifestó, esencialmente, lo siguiente:

El Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas ordenó la publicación del Decreto impugnado, en cumplimiento de los artículos 68 y 91, fracción V, de la Constitución del Estado, 3, 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen que es facultad del Gobernador promulgar y publicar las leyes y Decretos expedidos por el Congreso.

La prom

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33984-f68aa291/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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